Las políticas anticorrupción implementadas en Argentina y en la mayoría de los países de América Latina, impulsadas por los organismos internacionales, se sustentan en el enfoque del agente principal. Tales políticas pretenden reducir los incentivos a la comisión de actos de corrupción incrementando los costos de los comportamientos corruptos mediante mayores controles y transparencia. Sin embargo, dichas acciones a la luz de los resultados alcanzados, si bien pueden ser efectivas para situaciones de corrupción acotadas, no lo son para aquella corrupción con características endémicas y sistemas, como la que afecta a países como el nuestro. En tales contextos, la corrupción debe considerarse "un problema de acción colectiva", que es aquél en el cual nadie o sólo algunos cooperan porque desconfían que los demás lo vayan a hacer. De allí la necesidad de replantear el diagnóstico y las estrategias de intervención para combatir las redes de corrupción. Esta perspectiva de la corrupción como fenómeno complejo que involucra distintos actores de la estructura económica, política y social, hace que la estrategia pública anticorrupción bajo el enfoque de la acción colectiva institucional adquiera una importancia significativa. En Argentina, existe un conjunto de instituciones y organismos con competencias vinculadas al combate a la corrupción: oficina anticorrupción, órganos de control, órganos de Información, Unidad de Inteligencia Financiera, Fiscalías Especializadas, jueces y tribunales. Sin embargo, no se advierte un esquema relacional institucionalizado entre dichos órganos, con competencias complementarias en lo que respecta al combate a la corrupción, a los fines de garantizar la necesaria cooperación e intercambio de información que contribuya a hacer más eficaz la actuación de cada uno de ellos y del conjunto. No obstante, identificamos cierta institucionalización, a través de foros permanentes, en las relaciones entre órganos con idénticas o similares competencias en los distintos niveles de gobierno. La falta de institucionalización de un esquema de cooperación entre las distintas instituciones atenta contra la efectividad del sistema. Es por ello que este estudio se basa en la Teoría de la Acción Colectiva Institucional, para analizar los factores que condicionan la predisposición o propensión a la cooperación intergubernamental.
The anti-corruption policies implemented in Argentina and in most Latin American countries, promoted by international organizations, are based on the principal agent approach. Such policies aim to reduce incentives to commit acts of corruption by increasing the costs of corrupt behavior through greater controls and transparency. However, in light of the results achieved, these actions, although they may be effective for limited corruption situations, are not effective for corruption with endemic characteristics and systems, such as that affecting countries like ours. In such contexts, corruption must be considered "a problem of collective action", which is one in which no one or only some cooperate because they distrust others to do so. Hence the need to rethink the diagnosis and intervention strategies to combat corruption networks. This perspective of corruption as a complex phenomenon that involves different actors of the economic, political and social structure, makes the public anti-corruption strategy under the focus of institutional collective action acquire significant importance. In Argentina, there is a set of institutions and bodies with powers related to fighting corruption: anti-corruption office, control bodies, Information bodies, Financial Intelligence Unit, Specialized Prosecutor's Offices, judges and courts. However, there is no institutionalized relational scheme between these bodies, with complementary powers in relation to fighting corruption, in order to guarantee the necessary cooperation and exchange of information that contributes to making the actions of each one more effective. theirs and the whole. However, we identified certain institutionalization, through permanent forums, in relations between bodies with identical or similar powers at different levels of government. The lack of institutionalization of a cooperation scheme between the different institutions threatens the effectiveness of the system. That is why this study is based on the Theory of Institutional Collective Action, to analyze the factors that condition the predisposition or propensity for intergovernmental cooperation.