Esta investigación procura determinar las limitaciones que enfrentan hoy los órganos de control externo de la hacienda pública en Argentina en el combate de la corrupción, para luego proponer un conjunto de herramientas que se pueden incorporar para mejorar su performance en tal sentido.
A partir de ello, se plantea la necesidad de establecer un combate más eficiente contra este terrible vicio desde el ámbito específico de los Tribunales de Cuentas (TdC) y las Auditorías Generales (AG), exponentes del control externo público (OCE) en la República Argentina.
Una vez realizado el diagnóstico referido al funcionamiento actual de los OCE de Argentina, se identifican oportunidades de mejora de las actividades que actualmente realizan y de algunas de sus facultades (sin generar una súper estructura), con la convicción de que, a través de ello, se optimizará su cometido en la prevención, detención y castigo de las irregularidades ocurridas en el Estado pero también contribuirá con una más eficaz acción gubernamental, reduciendo por esta doble vía el ámbito e incentivo para la existencia de actividades ilegales.
This research seeks to determine the limitations that the external control bodies of public finances in Argentina face today in the fight against corruption, and then propose a set of tools that can be incorporated to improve their performance in this regard.
From this, the need arises to establish a more efficient fight against this terrible vice from the specific sphere of the Courts of Accounts (TdC) and the General Audit Offices (AG), exponents of public external control (OCE) in the Republic Argentina.
Once the diagnosis has been made regarding the current operation of the ETOs in Argentina, opportunities to improve the activities they currently carry out and some of their powers (without generating a superstructure) are identified, with the conviction that, through this , its role in the prevention, arrest and punishment of irregularities occurring in the State will be optimized, but it will also contribute to more effective government action, thereby reducing the scope and incentive for the existence of illegal activities.