Introducción

Las acciones colectivas de los docentes durante la primera mitad de la década del setenta resultaron muy significativas a nivel provincial y nacional. Se produjo en el país una importante reconfiguración de las organizaciones nacionales que agrupaban a distintos sindicatos provinciales con variados niveles de inserción territorial, dando lugar, hacia 1973, a la conformación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que tendrá un rol fundamental en las décadas posteriores.

Los docentes santafesinos^[1] no fueron ajenos a este proceso de sindicalización acelerado a partir de 1971, producto de la fuerte conflictividad con el gobierno dictatorial de la provincia, y que generó la emergencia de nuevos sindicatos docentes que tuvieron una importante actuación en los años previos al golpe de Estado de 1976. En este marco de creciente movilización, se analizan las acciones sindicales de los docentes entre 1973 y 1976, atendiendo, especialmente, a las actuaciones de las nuevas organizaciones gremiales que se desplegaron en ese período.

Qué conflictos docentes se presentaron, cuáles fueron las razones de estos, cómo se llevaron adelante, cómo se organizaron, qué organizaciones sindicales docentes cobraron relevancia, son los interrogantes claves que han guiado la investigación. Se trata de un estudio cualitativo basado en entrevistas realizadas a docentes y representantes sindicales, y en documentos donde sus acciones quedaron registradas, como artículos de diarios de tirada provincial y regional. El estudio se encuadra en el análisis de la acción colectiva, desde la perspectiva de Charles Tilly^[2], a partir de la cual se han indagado las fuentes escritas y orales que fundamentan el trabajo.

Sobre la historia del sindicalismo docente del período determinado para el análisis, existen diferentes trabajos. Uno de los más reconocidos es el de Silvia Vázquez y Juan Balduzzi^[3], que brinda abundante información respecto del desarrollo sindical docente a nivel nacional y de algunas provincias entre los años 1957 y 1973. En lo que refiere al caso santafesino, se encuentra el libro compilado por Guillermo Ríos^[4], editado por la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) donde se presentan diferentes artículos que vinculan historia, memoria y educación. En esta obra resultan relevantes los artículos de Guillermo Ríos^[5], Nora Lijtmaer^[6] y Luciano Manuel Alonso^[7]. Estos centran su estudio en las acciones sindicales, en algunas de sus principales dirigentes y en las organizaciones gremiales que jugaron un rol destacado en la década del setenta. Otro trabajo que resulta interesante es el de Fabiana Alonso^[8], en cual se hace un análisis de las identidades que construyeron los docentes como trabajadores de la educación y las tensiones que se generaron con otras identidades que coexistieron en el interior de las organizaciones gremiales entre finales de la década del sesenta y comienzo del setenta. Finalmente, la investigación de Guillermo Ríos^[9], hace un aporte sustantivo en tanto toma como objeto de estudio el proceso de sindicalización docente en la provincia de Santa Fe, centrando el análisis en dos organizaciones sindicales conformadas durante ese periodo, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Rosario (SINTER) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Santa Fe (SINTES).

La organización del trabajo que aquí se presenta, comienza haciendo una breve contextualización del período previo caracterizado por la fragmentación de las organizaciones sindicales docentes y los diferentes ensayos de unificación entre 1960 y 1973, que se cristalizaron en la creación de la CTERA a nivel nacional. En los siguientes apartados se aborda el desarrollo sindical en la provincia de Santa Fe, la emergencia de nuevas organizaciones gremiales que se aglutinaron en la Federación Única de Sindicatos de Trabajadores de la Educación (FUSTE), y las principales acciones colectivas que se produjeron entre 1974 y 1976.

Fragmentación organizativa y ensayos de unificación sindical docente entre 1960 y 1973

Hacia la segunda mitad del siglo XX, las organizaciones gremiales docentes permanecían fragmentadas tanto a nivel provincial como nacional. Las acciones colectivas de los trabajadores docentes eran aisladas con escaso nivel de confrontación, aunque se registraron algunas huelgas importantes.^[10] No obstante, entre 1957 y 1959^[11], la lucha por la sanción del Estatuto del Docente^[12] y los aumentos salariales instaló a la huelga como un mecanismo de presión sistemático frente a las autoridades gubernamentales. Como señala Gindin, a partir de este trienio se produjo un cambio significativo: las huelgas aparecieron de manera generalizada y afirmaron su presencia en el escenario educativo argentino^[13], generando la primera unificación de la organización sindical de los docentes a nivel nacional: la Junta Docente de Acción Gremial, el 9 de abril de 1960.

Sin embargo, no fue la única experiencia, ya que durante la década del sesenta se pueden reconocer varios intentos de unificación nacional. Uno de estos fue el Comité Unificador Docente de Acción Gremial (CUDAG), de 1961, conformado por la Federación de Asociaciones Gremiales de Educadores (FAGE), la Confederación Argentina de Maestros y Profesores (CAMYP), la Comisión Coordinadora Intersindical Docente (CCID) y la Unión Nacional de Educadores (UNE). Otro intento importante fue la Confederación General de Educadores de la República Argentina (CGERA), fundada en 1967, liderada especialmente por el peronismo y cuya mayor influencia se dio en las provincias del norte y cuyo.^[14]

En la década del setenta muchas de estas organizaciones confluyeron en el Acuerdo de Nucleamientos Docentes (AND), integrado por la CAMYP, la CGERA, la CCID^[15] y la UNE^[16]. Posiblemente, la reforma educativa impulsada por el onganiato^[17] fue un incentivo importante para aglutinar el rechazo de gran parte de los docentes. En este sentido, el AND llevó adelante distintas acciones para resistir su implementación: el Congreso Nacional de Educación realizado en Tucumán y una huelga en noviembre de 1970, una sucesión de huelgas de 24, 48 y 72 horas contra la reforma entre 1971 y 1972.

En este marco, la participación gremial y política de docentes en organizaciones contestarias y críticas conformaron hacia 1972 otra organización nacional: la Central de los Trabajadores de la Educación (CUTE). La integraron el Sindicato del Magisterio de Mendoza, Federaciones de La Pampa y Río Negro, representantes de base de Santa Cruz, Neuquén, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Misiones, San Luis, San Juan, SINTER (Sindicato de Trabajadores de la Educación de Rosario), docentes privados de Córdoba, los distritos de Almirante Brown, General Sarmiento, La Matanza y San Isidro de la provincia de Buenos Aires.^[18] Entre sus objetivos más importantes estaba la constitución de una organización sindical única, que se encuadrara en la Ley de Asociaciones Profesionales para representar a todos los trabajadores de la educación del país.

En la provincia de Santa Fe, los docentes se agruparon en diferentes organizaciones sindicales de alcance nacional, provincial o local. En las escuelas primarias y secundarias dependientes de la nación, tuvieron influencia la Asociación de Profesores Diplomados de Santa Fe que integraba la Confederación Argentina de Maestros y Profesores (CAMYP), la Asociación de Maestros Láinez, la Asociación Gremial de Educadores de Santa Fe (AGESF), que aglutinaba a maestros primarios e integraba la Federación de Asociaciones Gremiales de Educadores (FAGE), de orientación católica. También actuó la Unión de Docentes Argentinos (UDA).^[19] Aunque esta última, como veremos más adelante, tuvo mayor protagonismo a partir de 1973, ya que junto a la Asociación de Maestros de Enseñanza Práctica (AMEP) tuvieron una importante presencia en las Escuelas Nacionales de Educación Técnica que estaban bajo la órbita del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET).

Por el contrario, en las escuelas que dependían del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, los sindicatos docentes con mayor influencia fueron la Federación Provincial del Magisterio^[20] y la Asociación del Magisterio Católico, al menos hasta principios de 1972, cuyos afiliados eran mayoritariamente docentes de escuelas primarias. También había pequeños sindicatos que asumieron la representatividad de docentes de niveles específicos dentro del sistema educativo provincial, cuyas acciones no fueron permanentes durante la década: la Asociación Santafesina de Docentes y Administrativos de la Enseñanza Media, Especial y Superior (ASDAEMES)^[21], la Asociación de Maestros de Enseñanza Manual y la Asociación de Educadores Particulares. Estas últimas conformaron, entre 1966 y 1971, la Comisión Pro Mejoras Económicas del Magisterio de Santa Fe^[22] bajo la dirección hegemónica de la Federación Provincial del Magisterio y de la Asociación del Magisterio Católico. La Comisión Pro Mejoras, como generalmente se la reconocía entre los docentes, funcionó como una instancia de acuerdos y coordinación de carácter intersindical. Creada en 1946, fue reeditada en las huelgas de 1957 y 1971.

Aunque la Comisión Pro Mejoras permitía unificar fuerzas ante los funcionarios de turno, estos sindicatos presentaban una organización relativamente débil. Los docentes entrevistados reafirman este carácter cuando señalan que los aportes de los agremiados a la Asociación del Magisterio de Santa Fe, por ejemplo, no se hacían por vías formales ni de manera compulsiva. Por el contrario, era voluntario y el propio gremio, a través de personal específico, recorría los domicilios de los docentes cobrando el aporte mensual a los afiliados.^[23] Además, el sindicato no contaba con personería gremial, solo era reconocido como asociación civil con personería jurídica. La personería gremial se obtuvo en la década del ochenta, y en el caso de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, fue el 11 de septiembre de 1985.^[24]

Estas organizaciones sufrieron un fuerte impacto luego de la huelga de 1971^[25], ya que los cuestionamientos al funcionamiento interno de la organización y los resultados insuficientes del proceso de lucha abrieron una crisis en el seno de la Comisión Pro Mejoras generando una fractura insalvable entre los sindicatos que la integraban. La Asociación del Magisterio Católico, ASDAEMES, docentes independientes y reemplazantes, decidieron retirar sus delegados de la Comisión Pro Mejoras y generar una nueva organización que aglutinase a todos los sectores docentes (primarios y secundarios) y que funcionara bajo la lógica de un sindicato unificado. En función de estos objetivos crearon la Comisión de Reorganización Gremial de los Trabajadores de la Educación del Departamento La Capital, en 1972.

En cierta medida, este proceso de reorganización se cristalizó en la emergencia de nuevos sindicatos en la provincia de Santa Fe. En 1972 se conformó el Sindicato Único de Trabajadores de Santa Fe, conocido posteriormente como el SINTES que, por otra parte, emulaba el SINTER^[26], fundado el 22 de octubre de 1971, y el SUTEN (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Norte), con sede en la ciudad de Reconquista. También se pueden reconocer similares organizaciones en otros departamentos de la provincia, como el SITES, del Departamento Castellanos, por ejemplo. Eran la expresión del desacuerdo con la conducción de la Federación Provincial del Magisterio y con la Comisión Pro Mejoras y de nuevas concepciones respecto del rol del docente y de sus organizaciones gremiales. Todos estos sindicatos locales o departamentales se agruparon en 1972 en la FUSTE (Federación Única de Sindicatos de Trabajadores de la Educación)^[27], y a nivel nacional en la CUTE (Central Única de Trabajadores de la Educación), que caracterizamos más arriba.

Estas nuevas organizaciones sindicales que surgieron en el marco de conflictos locales y nacionales tuvieron criterios bastante amplios para definir a sus integrantes, ya que incluían a trabajadores docentes estatales o privados^[28], de jurisdicciones nacional, provincial o municipal, de nivel primario, secundario, intermedio, superior o técnico, de trabajadores educacionales, administrativos y de servicio que no eran necesariamente docentes. También incluían a personal de servicio y administrativos. Por otra parte, la primera Comisión que se formó estuvo integrada por militantes que respondían a las otras organizaciones que venían actuando desde hacía varios años (ASDAEMES, AEP, Magisterio Católico). Tuvieron un importante crecimiento entre 1973 y 1976, cuestión que se puso en evidencia, tanto en su participación pública, como veremos a continuación, así como en la cantidad de afiliados.^[29]

La FUSTE en la provincia y la unificación nacional de los trabajadores docentes en 1973

Luego de las elecciones del 11 de marzo de 1973, donde ganó la fórmula del peronismo encabezada por Héctor Cámpora^[30], especialmente entre los meses de abril-mayo y antes de la asunción de las nuevas autoridades democráticas, se sucedieron una serie de huelgas en el ámbito provincial y nacional.

En Santa Fe, la FUSTE adquirió mucho protagonismo durante esta transición y organizó diferentes tipos de medidas: reuniones de padres, asambleas con otras organizaciones de la comunidad, actos públicos, huelgas. Denunciaban diferentes arbitrariedades que se producían tanto en el sector privado como estatal. Por ejemplo, se cuestionaba la prolongación indefinida de los interinatos, los nombramientos fantasmas, el otorgamiento de cargos de mayor jerarquía sin escalafón, etc.^[31] Entre los objetivos más importantes que perseguían se pueden reconocer la anulación de la reestructuración de los institutos de profesorado de la provincia, el incremento del presupuesto educativo, aumento salarial y el pago en término y de manera simultánea a todos los trabajadores docentes de la provincia, disminución de las horas de trabajo del personal de servicio, estabilidad docente en las instituciones privadas, la situación laboral de los docentes de la escuela intermedia.^[32] Por otra parte, estas organizaciones denunciaban la política represiva del gobierno dictatorial y exigían en cada intervención que llevaban a cabo, la libertad de los presos políticos, estudiantiles y gremiales.^[33]

En general, las huelgas de la FUSTE tuvieron mayor adhesión en escuelas privadas y en institutos del profesorado de reciente creación que presentaban problemas por la reestructuración inconsulta de los planes de estudio y por los escalafones. Las críticas del SINTES y de la FUSTE a la Asociación del Magisterio y al AND estaban centradas en el verticalismo burocrático y en la tibia oposición que asumían frente al gobierno dictatorial. De esta manera, tanto en la acción como en el plano discursivo se presentaban como una organización alternativa, expresando profundas diferencias políticas e ideológicas^[34] respecto de la forma de actuar y organizar el sindicato. No obstante, las distancias políticas no les impidieron actuar en determinadas circunstancias de manera conjunta ante coyunturales políticas del gobierno.^[35] En este sentido, el AND inició un plan de lucha que abarcó varios días del mes de abril y mayo de 1973, en las cuales también participó la FUSTE a través de la CUTE a nivel nacional, aunque manteniendo las diferencias con el AND.^[36]

Con la asunción del nuevo gobierno en la Provincia de Santa Fe^[37] y la designación del escribano Juan Manuel Naput como ministro de Educación y Cultura, el carácter contencioso de las huelgas de los primeros meses se diluyó y los sindicatos docentes asumieron una actitud dialoguista. La renovación democrática pareció abrir canales antes vedados y generó mejores expectativas. En este sentido, las formas que asumieron las acciones de los docentes fueron mayormente el memorándum, las entrevistas, las peticiones escritas. Los pedidos siguieron siendo los mismos: la jubilación a los veinticinco años de servicio con el 82% móvil, incrementos salariales, régimen de concurso para ingreso y ascenso en la carrera docente, incorporación de docentes privados y universitarios en el Estatuto, entre otros.

No obstante, hubo dos conflictos importantes que enfrentaron al nuevo gobierno con los sindicatos. Por un lado, la continuidad de algunos funcionarios del gobierno militar generó la reacción de los gremios, especialmente del SINTES, en el departamento La Capital, y de la FUSTE, a nivel provincial. Estos asumieron posiciones intransigentes exigiendo la renuncia y reemplazo de aquellos agentes estatales que habían cumplido funciones durante la dictadura. Fue tal la presión que el gobierno debió ceder ante el reclamo.^[38] Por otro lado, un conflicto inusitado generado por un proyecto de ley propuesto por el gobierno para titularizar de manera masiva los cargos vacantes, enfrentó a los dirigentes sindicales con sus representados, en este caso, los docentes interinos. Esta situación puso en evidencia distintos criterios entre los dirigentes sindicales que estaban a favor de los concursos de ingreso —reivindicación en la cual coincidían tanto la Federación del Magisterio como la FUSTE—, y los docentes interinos que se movilizaban para apoyar y avalar el proyecto de ley.^[39] Finalmente, la legislatura provincial dio lugar al pedido de los gremios, aunque incorporando algunos planteos de los docentes de base que permitió licuar el enfrentamiento entre los dirigentes y sus bases.

La lucha y experiencia sindical acumulada en períodos previos se trasladó al interior de las organizaciones sindicales, donde el debate en torno a la construcción de una única central de trabajadores docentes a nivel nacional adquirió centralidad y signó los últimos meses de 1973. En esta empresa se concentró la mayoría de los sindicatos nacionales, provinciales y locales del país. La provincia de Santa Fe no fue ajena a este proceso, y los sindicatos con mayor inserción en la docencia participaron de los distintos encuentros donde se informaba y discutía sobre las características y objetivos del proceso de unificación.^[40] El primer congreso se llevó a cabo en la localidad de Huerta Grande (Córdoba) durante la semana comprendida entre el 30 de julio y el 4 de agosto. A pesar de no lograr un acuerdo respecto de la metodología para conformar la nueva organización, la CUTE “decidió concurrir al encuentro de Huerta Grande, como una muestra más de su misión unificadora y sentar allí los principios de sus bases, en lo que hace a una verdadera democracia sindical”.^[41] Mientras que el segundo encuentro se realizó en Capital Federal el 8, 9 y 10 de septiembre, donde confluyeron las diferentes organizaciones gremiales, tales como la Asociación de Maestros de Escuelas Láinez, la Asociación de Profesores Diplomados, la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación, la Asociación de Educadores Particulares, el SINTES y la Asociación del Magisterio de Santa Fe.^[42]

En general, la gran mayoría de las organizaciones sindicales provinciales, así como las nacionales —el AND y la CUTE—, expresaron un proceso de unidad signado por acciones y discursos identificados con el movimiento obrero, que tuvieron una amplia influencia entre 1972 y 1973, configurando una acumulación de experiencia organizativa que empalmó en la mayor organización nacional de trabajadores docentes: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Los primeros pasos de la CTERA y su impacto en la provincia (1974-1976)

En 1974, ya con un perimido general Perón en el gobierno y con el Pacto Social resquebrajándose (De Riz, 2000), se produjo una nacionalización de los conflictos y la nueva organización nacional —CTERA— de reciente formación^[43], se puso a prueba liderando un plan de lucha en algunos puntos fundamentales. Por un lado, se pedía un aumento salarial^[44], la aplicación del artículo 52 del Estatuto Docente (jubilación sin límite de edad, con veinticinco años de servicio y con el 82% móvil), el retorno de la Obra Social para la Asistencia Docente (OSPLAD) a la órbita del Ministerio de Educación, que su manejo quede a cargo de los trabajadores de la educación y que se incluyera a todos los docentes del interior. Por otra parte, reclamaban mayor extensión de tiempo para debatir con exhaustividad y profundidad los alcances y contenidos de una nueva Ley de Educación Nacional que el gobierno de Cámpora había establecido como una prioridad de la política educativa.[45]

Los sindicatos adheridos a la CTERA que llevaron adelante el plan de lucha conformaron en la ciudad de Santa Fe la Mesa Coordinadora de Entidades Gremiales Docentes.[46] La misma estaba integrada por: Asociación del Magisterio, SINTES, Asociación de Educadores de Adultos, Asociación de Profesores Diplomados, Asociación de Maestros Láinez, Asociación de Profesores de la Escuela Universitaria del Profesorado, Asociación de Maestros de Educación Manual, Asociación de Educadores Particulares.[47] El plan de lucha comenzó con actos y movilizaciones simultáneas en las ciudades más importantes del país el día 14 de mayo, declarado como “Día Nacional de Protesta”.[48] Luego prosiguió con paros escalonados de cuarenta y ocho horas en los días 28 y 29 de mayo y de setenta y dos horas para el 4, 5 y 6 de junio. Resulta interesante destacar la masiva participación en estas protestas y el carácter amplio y representativo que adquirió el acto, ya que los oradores fueron docentes que representaban a diferentes sectores con problemáticas específicas. En este sentido, se puede mencionar a representantes por los jubilados, por el nivel primario, por reemplazantes, por educadores privados, por el nivel medio y por universitarios.[49]

Un dato relevante de este plan de lucha radica en las medidas represivas y los atentados que sufrieron distintas entidades gremiales del país^[50]. En el congreso de la CTERA, llevado a cabo el 8 de junio en la ciudad de Buenos Aires, se denunciaba la conciliación obligatoria impuesta a los docentes de Córdoba, la represión en Misiones, el ataque armado a las escuelas del distrito de La Matanza, el ataque con bombas a las entidades gremiales de Jujuy y la aplicación de la Ley de prescindibilidad a los trabajadores de la educación.^[51] Ante la situación, la decisión del confederal de CTERA fue realizar un “Día nacional de petición” y un “paro de rechazo” para el 14 de junio. Sin embargo, el gobierno nacional abrió canales de diálogo que llevaron a la Junta Ejecutiva de la CTERA a suspender la medida.

Durante este impasse entre el gobierno y la CTERA, se produjo la muerte del presidente Juan D. Perón, el 1 de julio de 1974, que acentuó la crisis política y social. En este marco de profunda convulsión, se realizó en la ciudad de Santa Fe el Primer Congreso Nacional extraordinario de la CTERA, donde se decidió el ingreso a la Confederación General del Trabajo y la continuidad del plan de lucha suspendido. En este sentido, se definieron movilizaciones para todo el mes de agosto y paros de cuarenta y ocho horas para el mes de septiembre, la difusión del problema docente a través de los medios de comunicación, volantes, solicitadas, entrevistas a partidos políticos y gremios, y un documento sobre la Ley de Educación para difundirlo masivamente.

Este plan de lucha no tuvo un resultado muy satisfactorio, sobre todo, teniendo en cuenta la dureza de la posición del gobierno nacional a la hora de hacer concesiones efectivas a los reclamos docentes, producto de una política económica que avanzaba hacia una forma solapada de reducción o racionalización del empleo público.^[52] Sumado a esto, se había iniciado una persecución de algunos referentes sindicales considerados conflictivos en el marco del accionar de la Alianza Anticomunista Argentina.^[53] En este sentido, fueron muy indicativos los dichos del secretario de Estado de Educación e Interino de Cultura, Carlos Frattini, a comienzos de 1975, acerca de que había que “luchar” contra el ausentismo y, sobre todo, “limpiar” a la educación de elementos “perturbadores”.^[54]

Para el poder de turno, los “elementos perturbadores” claramente estaban nucleados en la CTERA, que estaba resuelta a mantener la contienda por la representación sindical, particularmente, porque a comienzos de marzo de 1975 el gobierno reconoció como única entidad gremial docente a la UDA. A esta gremial se le otorgaron todas las facilidades de los organismos técnicos de las carteras educativas, además del libre ingreso a los organismos escolares “para establecer contactos con los docentes”.^[55]

¿Por qué este reconocimiento explícito y pleno aval hacia esta organización sindical y desautorización de otras (la CTERA preferentemente)? Por un lado, porque para las autoridades ministeriales la UDA era peronista y progobierno.^[56] Por otro lado, la CTERA, aparecía como el gremio antigobierno, puesto que en 1974 había dispuesto “5 paros docentes en menos de tres meses”, razón más que suficiente para que las autoridades ministeriales le privaran de la posibilidad de obtener la personería gremial y, por esa razón, la desautorizaron para “desempeñar cualquier tipo de labor”.^[57]

Esta situación fue sensiblemente notable en la provincia de Santa Fe, donde el conflicto entre UDA y CTERA y una de sus organizaciones de base de la provincia, la Federación Provincial del Magisterio de Santa Fe, atravesaron todo el último período predictatorial. Así, en febrero del 75 se menciona un reclamo elevado por la Federación Provincial del Magisterio de Santa Fe “ante la cancelación de la representación gremial de la entidad en la oficina de Movimiento de Personal del Consejo General de Educación”.^[58] Algunos partidos opositores al peronismo provincial, como el Partido Demócrata Progresista, se hicieron eco de la confrontación y denunciaron la “persecución” a las instituciones del gremialismo docente, particularmente la inconsulta medida de negarle la representatividad a la CTERA y entregársela a la UDA “como gratuita entrega de una herencia que dicen les viene de 1955”.^[59]

A lo largo del 75, mientras la CTERA se movilizaba y denunciaba la cesantía, persecución y asesinato de docentes^[60], la UDA iniciaba a pleno su trabajo gremial en las escuelas de la provincia, que además ahora contaba con la personería gremial y aval para realizar descuentos compulsivos a los docentes.^[61] En la zona del centro santafesino, por ejemplo, la Delegación Rafaela de la UDA manifestaba que comenzaría a visitar los establecimientos escolares para brindar información sobre las características, objetivos, funcionamiento y requisitos para afiliarse al gremio. A su vez, comunicaba que como integrante de la CGT, enviaría un delegado para la próxima reunión de la Confederación. También ponía en conocimiento de los docentes de la zona, las actividades que la gremial estaba desarrollando a nivel nacional:

1. -Estudio de los nuevos valores a proponer a las autoridades nacionales para los índices básicos a aplicar en las asignaciones mensuales (se introducirían reformas en las asignaciones por antigüedad, que beneficiarían a los docentes en relación con los años de servicios computados, más la creación de una bonificación por jerarquía)

   -Sobre el salario real, las autoridades de UDA, referían que no se trataba solo del monto mensual percibido por remuneración a la tarea, sino que lo integraban “otras facilidades” (por ejemplo, planes de vivienda, préstamos personales y familiares, fondo que facilitaría la venta de artículos del hogar, etc.) que colaborarían con ciertas necesidades de los docentes y sus familias.

   -Respecto de la asistencia social, se trataba de cubrir al afiliado en caso de enfermedad, “desgracia”, pero también hotelería, turismo y residencias de tránsito en las principales capitales del país.

   -Estudio para la creación de una Caja Compensadora que intentaría llegar al 100% del sueldo del docente en actividad.^[62]

A pesar del intenso accionar de este sindicato y de sus propuestas, que se decían estar concertando con un gobierno proclive a aumentar los salarios en términos reales para fomentar el mercado interno^[63], la realidad docente distaba bastante de este objetivo, ya que los sueldos no iban mucho más allá de las necesidades básicas en el marco de una economía cuyos niveles de inflación iban claramente en aumento; a la par de una crisis institucional que parecía no tocar fondo.

A la política más negociadora de la UDA, se contraponía una más confrontativa de la CTERA. Para julio del 75 siguió estando presente el reclamo salarial por parte del gremio de los trabajadores de la educación en el marco de las medidas impulsadas por el entonces ministro de economía Celestino Rodríguez. En este caso, la voz de su secretario gremial, Alfredo Bravo, reclamaba por la forma de aplicación del aumento del 50% anunciado para los docentes. Según Bravo, “desde 1973 todos los aumentos han tenido carácter masivo, es decir que no han incrementado el valor del índice sobre el que se calcula la antigüedad docente. Vale decir, se nos ha defraudado continuamente”.^[64]

El 16 de julio, los docentes de la provincia de Santa Fe de todos los niveles iniciaron un paro de actividades por cuarenta y ocho horas.^[65] La UDA, por su parte, informaba que comenzaría a efectivizarse el adelanto del 50% sobre el sueldo actual de los docentes de todo el país. Ante la consulta acerca del porcentaje total al que ascendería el aumento, UDA señalaba que: “fluctuaría entre el 80 y 130%, ya que la comisión técnica asesora de política salarial de la Unión tiende a lograr un mayor porcentaje para promover a los docentes del grado más bajo del escalafón, puesto que siempre han sido los menos beneficiados, cuando se acuerdan aumentos porcentuales.”^[66]

A fines de julio, la CTERA convocó nuevamente a realizar paros de actividad de cuarenta y ocho y setenta y dos horas y nuevamente de setenta y dos horas a partir de la segunda semana de agosto, en rechazo de la política de educación vigente y por mejoras salariales.^[67] Esto en el marco del anuncio de un nuevo plan de emergencia económica nacional, presentado por el nuevo ministro de economía Pedro Bonanni, quien reemplazó a Celestino Rodrigo, luego de la debacle que supuso la implementación del “mega-ajuste ortodoxo” conocido como Rodrigazo.^[68]

A la par del nuevo plan de emergencia económico planteado por el gobierno, y la mención por parte del Secretario General de UDA de un aumento superior al 100%, CTERA continuó con las medidas de fuerza.^[69] Para fines de agosto, se realizaron a nivel provincial jornadas de paro de cuarenta y ocho horas dispuesto por la Asamblea provincial del Frente Coordinador de Entidades integrantes de CTERA.^[70] Las razones de la huelga giraban en torno a la reincorporación de maestros cesanteados; el pago de deuda con interinos, reemplazantes y docentes privados; bonificaciones a jubilados; rechazo al incremento de descuentos (particularmente el compulsivo a UDA y el fondo compensador —“que invalida[ba] la imagen publicitada por el gobierno alrededor de los citados aumentos”—), entre otros viejos reclamos, como la “erradicación de las escuelas ranchos, aumento de presupuesto educativo y de las partidas de copa de leche y comedores escolares”; particularmente sobresalía el reclamo que desde 1973 se venía planteando respecto de la Ley de Educación, pidiendo mayor participación de los docentes y sectores populares.^[71]

El año 1975 se cerró con un balance negativo para los docentes provinciales y de todo el país. Además de los reclamos salariales y de política educativa, se sufrían amenazas y atentados en las sedes gremiales. En septiembre de ese año una bomba destruyó parte de la Casa del Maestro de la ciudad de Santa Fe. Sus autores habían dejado el siguiente panfleto:

“CTERA: Por tratar de prostituir el sistema educativo en la provincia. Por ser cochinos marxistas disfrazados de argentinos. Éste es el primero [sic] y último aviso. En caso de reincidir y tratar de declarar una huelga, serán ejecutados sus responsables. Comando Juan Domingo Perón.”^[72]

En el mismo sentido, un testimonio refiere a la difícil situación que vivían quienes oficiaban de representantes gremiales: “…íbamos de delegados a la Asociación del Magisterio y teníamos custodia, porque volaron la Casa del Maestro en Rosario, pasaba de todo, estábamos perseguidos...era una época bien dura, durísima. Eso fue en noviembre…y en marzo cae Isabel.”^[73]

Pero también hay que señalar, las divisiones internas que se evidenciaban entre las agrupaciones que representaban a los trabajadores docentes en Santa Fe. De la entrevista a un destacado gremialista, encontramos que para comienzos de los 70 ( más precisamente a partir de 1971), los liderazgos estaban sectorizados en un perfil más tradicional, asociado a las viejas formas de participación docente de la Federación del Magisterio, y otro vinculado a las recientes formaciones regionales del SINTER, SINTES, SUTEN, que nucleaban a los grupos más jóvenes, en su mayoría militantes o simpatizantes de la nueva izquierda y, por lo tanto, proclive a posiciones más radicalizadas; todos convergían en la CTERA, pero cada uno, desde su perspectiva política. Así, el gremialista refería:

“En 1975 se hizo el último congreso de la CTERA, porque la unidad nacional fue CTERA, se hizo el último congreso porque en el 76 no se hizo porque ya estaba el proceso. En el 75 la comisión gremial del congreso que debate el documento de la política gremial que hay que llevar adelante la presentó la FUSTE. Había un solo [documento]. … trabajo sobre eso… y me mandaron a mí a esa comisión, y de Buenos Aires mandaron a uno que era contrario a los sindicatos y estaba la FUSTE que tenía 4, 5 o 6 [delegados]. Lo único que les dije fue: “si ustedes quieren que este se haga, y se haga rápido, vamos a hacer un sindicato, pero no es necesario que ahora pongamos la palabra `sindicato´, y les dije `pongamos organización única´, gremial, se entiende, sindical. Organización sindical única por provincia y sacá la palabra `sindicato´ y vas a ver que pronto la vamos a hacer. Vos ponés `sindicato´ y hay muchos que lo van a rechazar… porque, en realidad, estaban rechazando al obrero que tenían todos sindicatos… Qué es lo que hay que pelear, no como se llama, sí lo que hay que debatir es otra cuestión. Lo llamaron a Bravo[74] que era el secretario general y dice 'tiene razón usted, hagan eso, después vemos como…' Bueno, estuvieron de acuerdo y fue la primer falluteada que yo conocí (…) porque leyeron el documento y dijeron 'sindicato único por cada provincia', hay cagamos dije. (…)

Porque el sindicato tenía todos los partidos y no había problema. Era democracia sindical, así como se nombra ahora: todos pueden debatir, todo esto, todo aquello. No me hables de los partidos, querido... No me hagas diferencia porque no hay que hacer diferencia. Nunca se nombraba un partido y todo el mundo discutía y hacía el planteo de su partido porque hablaba un comunista y hablaba de lo que pensaba el comunismo, hablaba el demócrata que decía eso, hablaba… así el radical decía lo que dice su partido, pero nada de llevar la banderita. No, no. Si llevás una bandera llevá la del gremio y a mí eso me gustaba. Y los otros chicos te iban a poner la bandera de los peronistas porque eran jóvenes (…) Y ahora se acepta… que lleven la bandera del partido, pero bueno [el gremio] ya está maduro, antes era un riesgo llevarlo y riesgo con aquellos que no lo querían.”^[75]

“No a los peronistas”, “ese era el lema”, nos refería otra docente y sindicalista^[76] de la época, en consonancia con la cita anterior. Atendiendo a estos testimonios, parecía que para el momento en el que el sindicalismo docente estaba tratando de consolidarse a nivel nacional a través de la CTERA, para algunos docentes usar la palabra sindicato o exteriorizar formas identificatorias partidarias, debilitaban la unificación y potenciaban las posturas ideológicas. Así, las posiciones más tradicionales de la vieja militancia docente veían con suspicacia a los jóvenes militantes o simpatizantes más radicalizados que visibilizaban sus posturas políticas en los nuevos sindicatos. A pesar de los intentos de unificación, las divisiones eran significativas, y eso se evidenció en las últimas acciones de lucha previas al golpe militar.

A días del inicio del ciclo escolar 1976, la Federación del Magisterio dispuso un paro de una semana, “en repudio al plan Mondelli^[77] por hacer responsable al conjunto de los trabajadores de la crisis que vive el país”. Más concretamente reclamaban:

“1) Aumento de emergencia acorde con la creciente desvalorización de la moneda, que permita al docente cubrir sus necesidades básicas. 2) Supresión de la política de racionalización implementada por el Ministerio de Educación a expensas de la fuente de trabajo docentes. 3) Supresión del descuento para La Unión Docentes Argentinos (UDA) y reconocimiento de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) como entidad representativa de la docencia argentina. 4) Libertad de los docentes presos en la provincia de Santa Fe.”^[78]

El 15 de marzo, fecha en que se inició la semana de paro, salieron dos comunicados en un matutino de la región del centro provincial. En uno, se aclaraba que el paro había sido organizado por la Asociación del Magisterio filial La Capital, “y no por la Federación del Magisterio como se anunciara”. El otro, vino de parte de UDA, negando su participación en el paro y dando cuenta de que en lugar de protestar por el “plan Mondelli”, se encontraba realizando una labor sindical “en procura de mejoras salariales”. Por otra parte, dos días después, se indicaba en otra noticia que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Santa Fe (SUTES)^[79] ratificaba el paro de actividades por tiempo indeterminado. De acuerdo con un comunicado de la entidad, “el paro alcanza[ba] exclusivamente a los docentes dependientes del ámbito del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Santa Fe, tanto oficiales como privados, de las distintas ramas y niveles.”. En la misma noticia se informaba que, según una minuta de la Federación Provincial del Magisterio de Santa Fe, se suspendían las medidas de fuerza previstas ante la apertura del diálogo por parte de las autoridades educativas de la provincia y las clases iniciarían normalmente. En estas idas y venidas de comunicados públicos, saltan a la vista los diferentes posicionamientos y las relaciones de los gremios docentes con las autoridades provinciales de la cartera educativa que negociaban sectorialmente los reclamos. Era evidente que la postura más “moderada” o más propensa a la negociación de la Federación, facilitaba la apertura en los canales de diálogo con el Ministerio.^[80]

El 18 de marzo de 1976 el Ministerio de Educación y Cultura de la provincia, sacó un anuncio aclarando cada uno de los reclamos que derivaron en el plan de lucha del SUTES. Con el paso de los días el conflicto pareció agravarse y al paro, se agregaron las asambleas y las presiones a los diferentes afiliados. Paralelamente a la huelga por tiempo indeterminado que había organizado el SUTES desde el 17 de marzo, la Federación resolvió iniciar un paro por cinco días a partir del 22 de ese mes, fundamentándose en las exigencias ya elevadas al Ministerio previamente. Nuevamente aquí, los reclamos se desdoblaron.

Mientras tanto, el Confederal de CTERA iniciaba a nivel nacional un plan de medidas circunscripto a: la jerarquización de la función docente; determinación de la escala salarial en base a un sueldo mínimo de 20.000$^[81]; la participación de CTERA en la Comisión de Política Salarial y el Instituto de Remuneración; el plan de lucha; el repudio del Plan Mondelli; la organización de un próximo Confederal.

A los pocos días, se produjo el golpe militar. Luego del 24 de marzo, las protestas y las movilizaciones entraron en un cono de sombras y prácticamente no aparecieron noticias respecto de algún tipo de acción colectiva. Por el contrario, las noticias daban cuenta de medidas estatales que evidenciaban un fuerte control social.

El 8 de abril se intervino la UDA, designando al Mayor Luis Castiella López como interventor. La medida se adoptó con el pretexto de regularizar anomalías que se observaban en el movimiento sindical argentino. Se inició una política de cesantía de personal docente y no docente en establecimientos educativos de diferentes órdenes “invocando el decreto ley 21.260 de la Junta Militar, que establecía que, `hasta el 31 de diciembre de 1976 todos los entes estatales, por razones de seguridad pueden declarar prescindible a su personal permanente, contratado o transitorio´”.^[82] A partir de aquí se procedió a “reorganizar” el sistema educativo vigente, hacia “objetivos nacionales claramente definidos”. ¿Definidos mediante qué? Por medio de la restauración del orden en todas las instituciones escolares, y al “precio previo” de la disciplina.^[83]

Palabras Finales

En este artículo se abordaron las acciones sindicales que protagonizaron los trabajadores de la educación de la provincia de Santa Fe durante el gobierno del tercer peronismo. Un repaso breve de las situaciones precedentes sobre los conflictos y las organizaciones sindicales docentes a nivel nacional y provincial permitió contextualizar el recorte temporal analizado y el desarrollo posterior. De esta forma, se pudo observar el proceso de transición de un sindicalismo disperso y fragmentado hacia una unificación nacional que tuvo varios ensayos anteriores a la conformación de la CTERA en 1973, hito ineludible para la lucha y organización en el trienio posterior. Ese año, al tiempo que se renovaban las autoridades ejecutivas de la nación, se terminaba de cristalizar una entidad que concentraría a la mayor parte de las representaciones docentes nacionales, provinciales y locales del país, de la que Santa Fe no fue ajena.

Durante estos años se evidenció un alto proceso de sindicalización y una gran participación de jóvenes en nuevos sindicatos que incorporaron el nombre de “trabajadores de la educación”, y que se articularon con organizaciones provenientes del movimiento obrero. Estos sindicatos tuvieron un importante desarrollo en la provincia de Santa Fe, entre 1973 y 1976, cuestión que se evidenció en el protagonismo que adquirió la FUSTE en la vida política y sindical, tras poner en tensión la hegemonía de las organizaciones más tradicionales, como lo eran la Federación del Magisterio de Santa Fe y la Asociación del Magisterio Católico.

Los planes de lucha que inició la Confederación entre 1974 y 1976 contaron con un total apoyo de los sindicatos docentes de la provincia que adhirieron a ella. Así, a la par que se discutía por la política salarial en un contexto de inflación, ajuste y recesión, los docentes luchaban ante la política educativa, las cesantías, los descuentos compulsivos de UDA y el reconocimiento de la CTERA. En este marco, el golpe de Estado de 1976 no hizo más que clausurar un proceso de creciente sindicalización, politización e identificación con el movimiento obrero de un importante sector de los trabajadores de la educación.

Finalmente, resulta necesario señalar que este trabajo, lejos de ser concluyente, es una aproximación inicial a un período de la lucha sindical docente de cuya profundización pueden desplegarse nuevos interrogantes y renovadas líneas de análisis.

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Notas

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