Introducción

Este trabajo versa sobre el gobierno de la localidad santafesina de Rafaela, sus políticas públicas y las relaciones que entabló con diferentes sectores vinculados con la última dictadura militar. Al momento de empezar a escribir sobre estos temas, la bibliografía encontrada^[1] fue escasa y de distinta naturaleza. Por un lado, es posible reconocer aquellos trabajos que abordan el rol y la centralidad del espacio municipal para las dictaduras militares de los años setenta, no solo en la Argentina (Canelo, 2013; 2015; 2016), sino también en Chile (Valdivia Ortíz de Zárate, Álvarez Vallejos y Donoso Fritz, 2012; Gómez, 2016) y Uruguay (Marchesi, 2009; Demasi, 2013; Correa Morales, 2016). Por otro lado, se encuentran aquellas investigaciones que abonan al tratamiento de las relaciones locales de poder, a la estructura cívico–militar en el ámbito municipal, y los diferentes vínculos entre régimen dictatorial y sociedad civil, los comportamientos y las actitudes sociales a escala local, en diferentes espacialidades de la Argentina (García Delgado y Silva, 1985; González Bombal, 1985; Ozlack, 1991; Rodríguez, 2009; Lvovich, 2009; 2010; Máspoli, 2013; Solís, 2016; Menazzi, 2013). En la provincia de Santa Fe, el espacio del que forma parte el universo de análisis de este artículo, estos tópicos han cobrado diferentes análisis (Águila, 2008; 2014; 2019; Alonso y Citroni, 2008; Citroni, 2011; 2018; Alonso, 2016; Ponisio, 2016a; 2016b; Larker y Monzón, 2017; Schenquer, 2019; Tonon, 2021) y han posibilitado un marco referencial inestimable para esta investigación. La mayor parte de estos trabajos se centran en las dos ciudades más importantes de la provincia: Santa Fe (capital provincial), y Rosario, mientras que solo algunos se circunscriben a pequeñas localidades del norte, centro y sur.^[2]En este escrito, se tratará de una ciudad intermedia de la zona Centro–oeste,^[3] que se alza como la tercera ciudad de la provincia, a la zaga de las dos mencionadas anteriormente.

La historia de Rafaela se asocia con el proceso de colonización agrícola de fines de siglo XIX, a partir del cual surgieron numerosas colonias, particularmente en el departamento Castellanos, del que es su capital. Desde sus inicios, se volvió uno de los distritos más productivos de la provincia, a partir de las inversiones ferroviarias (Martirén, 2015) y la explotación agrícola, primero, luego, gracias a la explotación ganadera ligada al tambo, entre las décadas de 1920 y 1930. Acompañando estas actividades económicas se desarrolló una incipiente industria metalmecánica, tras la aparición de numerosas herrerías, carpinterías y hojalaterías destinadas al arreglo y confección de piezas de maquinaria agrícola. Paralelamente surgieron fábricas transformadoras de bienes primarios, como lácteas, frigoríficas y molineras (estas últimas en menor medida). Entre las décadas de 1960 y 1970 se desarrollará la industria autopartista, dando lugar a un tejido industrial diversificado que va a caracterizar el perfil económico de la ciudad. Es esta estructura industrial, que se desarrolla sin abandonar la explotación agrícola–ganadera, lo que hace de ella un modelo económico caracterizado como un cuasi–distrito a la italiana (Quintar, Ascúa, Gatto y Ferraro, 1993), es decir, como una aglomeración social y económica distintiva y única, siguiendo los clásicos estudios sobre los distritos italianos.^[4] Estudios recientes han permitido evidenciar de qué manera la clase gobernante fue acompañando este desarrollo económico y el progreso de la localidad, en su mayoría circunscribiéndose a contextos epocales recientes (desde la década de 1990 hasta la actualidad), y desde perspectivas más bien económicas, geográficas y politológicas.^[5] Sin embargo, el interés de este trabajo está puesto en explicitar, desde una perspectiva histórica, que estas actitudes de las elites políticas locales no son nuevas, sino que vienen de antes, atendiendo específicamente al período 1976–1983, momento en el que se consolidaron proyectos de reordenamiento administrativo, planificación económica y desarrollo urbano, aspectos que se verán favorecidos por el contexto dictatorial.

El artículo deviene de una línea de investigación abierta en el marco de una tesis doctoral,^[6] retomada en virtud de la obtención de nuevas fuentes, tanto escritas como orales. Las mismas se circunscriben a resúmenes de gestión municipal, material periodístico y entrevistas a exfuncionarios, militantes políticos y periodistas. En base a este soporte documental, y la lectura de bibliografía sobre la temática, se esbozaron las siguientes preguntas de investigación: ¿qué actitudes adoptó la fuerza política que gobernaba en relación con el golpe militar de 1976? ¿Cuáles fueron las políticas públicas llevadas adelante por la gestión municipal de facto? ¿Qué relaciones entabló con los gobiernos provinciales y nacionales de turno para poder llevarlas a cabo? A partir de ellas se esbozó la siguiente hipótesis: el demoprogresismo (1973–1976), una fuerza política tradicional de la ciudad,^[7] actuó en «colaboración» y apoyando el golpe militar, lo que redundó en relaciones de negociación y conveniencia durante su gestión de facto para garantizar la pervivencia del desarrollo de la localidad.

La propuesta se inscribe en el cuerpo de antecedentes mencionados al comienzo, del que se vale para recuperar categorías analíticas, conceptos y conocimientos fundamentales para poder analizar y cotejar el caso seleccionado. En este estudio microanalítico, en diálogo permanente con estos aportes, se espera contribuir con la comprensión de las políticas públicas de las agencias estatales locales durante el período de la última dictadura militar en un territorio determinado, entendiendo que fueron parte de los espacios privilegiados del Plan Político del régimen dictatorial (Canelo, 2015).

Para poder abordar estos tópicos, el desarrollo de la propuesta se inicia con una caracterización de la situación política local previa al golpe militar, para luego pasar al tratamiento de las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno municipal durante el período dictatorial, cerrando con algunas reflexiones finales, en las que se intenta recuperar las problemáticas planteadas.

El gobierno demócrata progresista en la ciudad (1973–1976)

El 11 marzo de 1973 se llamó a elecciones generales en todo el país para restituir la institucionalidad democrática perdida luego del golpe de Estado de 1966. Esto sucedió en un país atravesado por el auge de la guerrilla revolucionaria, los enroques políticos que desde el exilio movilizaba Perón y una sociedad alterada por los fantasmas constantes de la inflación y una economía deteriorada.

En Rafaela, los resultados electorales^[8] reflejaron lo siguiente:

Composición del concejo:

PDP: 4 miembros (PERETTI, Luis; CARDONE, Ana María; RIVAROSSA, Florentino; TAMAGNINI, Luis)

FREJULI: 3 miembros (LAVALLE, Ricardo; IMFELD, Elvio; BOIOLA de Valenti, Nelly)

PJ: 1 miembro (ACTIS, Rafael)

Los datos locales revelaron una tendencia inversa a los resultados nacionales y provinciales,^[9] que llevaron a la victoria a los representantes del Frente Justicialista de Liberación Nacional (FreJuLi), Cámpora y Solano Lima y, en Santa Fe, a la fórmula Silvestre Begnis y Cuello. En Rafaela, triunfó cómodamente el candidato de la Alianza Popular Federalista (APF),^[10] un viejo militante del Partido Demócrata Progresista (PDP), Virgilio Cordero.^[11] En segundo lugar, salió el representante del FreJuLi, que era un hombre del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), seguido por el candidato del Partido Justicialista (PJ).^[12] Muy por detrás de estas fuerzas quedó la Unión Cívica Radical (UCR), que no pudo acceder a una banca en el Concejo Deliberante. De acuerdo con los primeros resultados, la distribución en el Concejo pareció pareja y «todos los nucleamientos que se presentaron a las elecciones municipales en la ciudad [tuvieron] representatividad en el Concejo Deliberante».^[13] Sin embargo, como puede verse, la posible banca para el radicalismo fue ganada por el FreJuLi.^[14]

Estas elecciones evidenciaron el crecimiento lento, pero permanente del peronismo en la localidad, la vigencia del PDP como fuerza política tradicional y una caída singular de la UCR, hecho que también se evidenció a nivel nacional (De Riz, 2000, p.119). Probablemente, un importante caudal de votos radicales pasaron a la lista de la APF, particularmente porque los candidatos radicales no eran figuras conocidas para el electorado rafaelino.

Al asumir la nueva gestión, el 25 de mayo de 1973, el panorama se perfilaba complejo. Del informe realizado por la nueva administración, los resultados mostraban una municipalidad endeudada con diferentes entes públicos, y sin recursos propios para sortear los pagos inminentes de sueldos y los gastos de funcionamiento general.^[15] De este modo, el gobierno de Cordero inició su gestión con el compromiso de una política de austeridad, orden y control de los recursos municipales. Estos aspectos, que fueron los ejes de la campaña electoral, fueron divulgados en un medio local al inicio de la gestión. La información se acompañó con frases positivas como que se desarrollaría un «estudio exhaustivo de la situación municipal en todas las áreas»; la «búsqueda o elección de soluciones inmediatas y realistas para superar los obstáculos económico–financieros que se registra[ba]n desde hace tiempo», el «ordenamiento de la administración», la atención de dificultades «que aqueja[ba]n a la ciudad en materia de obras y servicios públicos», y la solución de problemas inmediatos (…) en los distintos barrios de la ciudad.^[16]

A los dos años de gobierno, se emprendieron acciones concretas de ordenamiento y mejoramiento de la situación municipal. De todas ellas, cabe destacar la reforma impositiva, con moratorias y aumentos de la tasa municipal, para disminuir el déficit fiscal local; el tratamiento de los desagües industriales; remodelaciones de espacios públicos y, sobre todo, un impulso importante para la comunidad empresarial de la ciudad, cristalizado en las obras de infraestructura para la creación del Parque Industrial.^[17]

Cambios y continuidades de la política local en el contexto de la última dictadura militar

El segundo mandato demócrata progresista elegido directamente por el pueblo en la historia institucional de la localidad no pudo culminar su mandato. El 24 de marzo de 1976, producto del golpe de Estado que inauguró el período denominado «Proceso de Reorganización Nacional», cesaron en sus tareas el intendente y los miembros del cuerpo legislativo, haciéndose cargo momentáneamente el jefe de Policía departamental, a la espera de «un militar con grado de coronel». Pero Cordero no abandonó su lugar en el Ejecutivo, sino que fue confirmado como Comisionado Comunal Interino, de acuerdo con la Ley Orgánica de Comunas Nº 2439 del decreto Nº 0015 de la Intervención militar. Lo ejerció por muy poco tiempo, puesto que unos meses más tarde fue nombrado Subsecretario de Educación de la Provincia.^[18] Tal como refiere Gabriela Águila (2008):

(…) en muchas pequeñas ciudades y comunas, varios de los partidos que actuaban legalmente proveyeron parte del elenco gobernante a la dictadura, marcando una interesante línea de continuidad con el período previo a 1976 que pareció no alterar en estos casos el marco político local. (p.273)

En consonancia con esta cita, en Rafaela se mantuvo el gobierno pre–golpe, tras una negociación con el gobierno militar. De acuerdo con las palabras de un entrevistado:

Lo que pasa es que, en su momento, y esa sí la conozco bien de adentro (…), estaba designado ya un tipo de la marina, porque Santa Fe era de la marina. Los milicos se dividen las provincias, Córdoba es para el ejército, Santa Fe para la marina y para Rafaela ya estaba designado un tipo, un capitán de fragata una cosa así. Que es cuando se empiezan a mover los radicales y el PDP, sobre todo, tratando de quedarse con la mayor cantidad posible de municipios y comunas. ¿Por qué?, pensando en el futuro…porque no iban a ser los mil años de Hitler.^[19]

Las expresiones del testigo son muy elocuentes, puesto que indicarían no la adhesión abierta, pero sí un cierto consenso,^[20] en el sentido que algunos partidos políticos estuvieron dispuestos a ocupar cargos por conveniencia, más que por su adhesión ideológica al Proceso.^[21] De esta forma, en el marco del nuevo régimen dictatorial, se podrían seguir preservando los factores que caracterizarían a Rafaela: la producción, el trabajo, el ahorro, que se entroncaban fuertemente con aquellos valores arraigados en el rafaelino promedio, descendiente de inmigrantes, y que le permitían aislarse de los conflictos.

Así, en esta como en tantas otras localidades más pequeñas de la región, se convocaron a «los que estaban» para reponerlos en los cargos, previa consulta con las instituciones del pueblo o de la ciudad:

R.S.: Si, en todos los pueblos chicos, convocaban a los que estaban…

Entrevistadora: Discúlpeme, ¿hubo, así, alguna entrevista? ¿Le preguntaban la afiliación política o algo por el estilo, o no?

R.S.: No, no, en realidad, no. Me llamaron, (…) me acuerdo de que me llamaron un día a la Casa de gobierno, el militar que estaba a cargo me preguntó si estaba dispuesto a reasumir las funciones, y bueno, que fue que se hizo una consulta a las instituciones del pueblo. Sí, me acuerdo, que ahí se hizo una consulta a todas las instituciones del pueblo. Que me dieron una nota, si las instituciones del pueblo, y…

Entrevistadora: ¿Como para avalarlo?

R.S.: Avalarme, sí, sí. En general hubo eso.^[22]

Esta implicancia de las instituciones en los espacios urbanos medianos y pequeños desde el comienzo del Proceso respondería a una medida pragmática de las Fuerzas Armadas. Las mismas vieron en la continuidad de administraciones anteriores, consensuadas por la comunidad, una solución al problema de cubrir con personal militar idóneo las diferentes localidades del país (Yanuzzi, 1996); esto sin perjuicio de la importancia que cobrarán las «fuerzas vivas»^[23] en las relaciones entre gobiernos locales y el poder militar (Lvovich, 2010).

La intendencia finalmente recayó en otro representante del PDP, el contador Juan Carlos Borio,^[24] quien se desempeñaba en ese momento como subsecretario de Hacienda de la municipalidad. Joven (tenía tan solo 29 años cuando asumió en el Ejecutivo), rafaelino de nacimiento, con una carrera en el oficio público «meteórica», diría el matutino Castellanos, pero desconocido en el ambiente político:

Fue un rarísimo caso. Porque Virgilio Cordero se dio el lujo (…) de designar su heredero. Porque Juan Carlos Borio fue un heredero de Cordero, y absolutamente desconocido en su presentación como integrante del gabinete de Cordero. Yo recuerdo que fue presentado en una conferencia de prensa y nadie lo conocía. El único que lo conocía era el periodista que estaba por LT 28, porque era primo de Borio, los demás no lo conocíamos.^[25]

Desconocido en el ámbito político, un outsider, un técnico que provenía de la administración pública, Borio encajaba con algunos de los criterios de «idoneidad, representatividad y honestidad», que Albano Harguindeguy, ministro del interior en aquel momento, había estipulado para ratificar o remover a los intendentes y lograr así la adhesión al proyecto del régimen (Rodríguez, 2009; Canelo, 2015). En este sentido, la característica del nuevo intendente de ser un ignoto dentro de la política local le permitió desligarse en cierta manera de la dirigencia política anterior (a pesar de su labor dentro de la gestión fugaz de Cordero), y gobernar de acuerdo con sus antecedentes profesionales, y una importante ascendencia en las asociaciones económicas de la localidad.

Su gobierno^[26] estuvo signado por tres aspectos fundamentales: control del gasto público, gestión de recursos y una importante obra pública.^[27] Las primeras acciones en relación a la racionalidad del gasto se evidenciaron en la reducción y no incorporación de empleados municipales: «austeridad y replanteo administrativo, adecuándolos para ser funcionales y productivos».^[28] Es notable la mención permanente en los diarios^[29] al ajuste en torno a la cuestión «personal municipal»,^[30] como titularía Castellanos a uno de los apartados de la primera conferencia de prensa realizada por el Intendente. Estas medidas deben contemplarse en el marco de la sanción por el Poder Ejecutivo Nacional de la ley Nº 21. 260, del 29 de marzo de 1976, y sus modificatorias, que estableció un régimen de prescindibilidad o normas de despido del personal del área pública (Orlandi, 2001, p.8). En la provincia de Santa Fe, se articuló esta legislación con la reglamentación de la ley N° 7.854 (baja por razones de seguridad) y, posteriormente, la N° 7.859 (baja, por razones de servicio).^[31]

Por otra parte, el funcionario recibió inversiones derivadas de sus propias gestiones en Buenos Aires y en la provincia con diferentes entes y autoridades estatales: Dirección Provincial de la Vivienda y Urbanismo, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Ministerio de Bienestar Social de la provincia, Vialidad Nacional, Ferrocarriles Argentinos, Ministerio de Educación de la Nación, Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Nación,^[32] Banco de la Nación Argentina, Obras Sanitarias, Ministerio de Trabajo, Comandos en Jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y Presidencia de la Nación.^[33] Una significativa red de vinculaciones se fue tendiendo con los principales referentes nacionales y provinciales, a los fines de obtener recursos y beneficios para la ciudad, aunque también para la región.^[34] Así, el «congelamiento» de la vida política tras el golpe, que subordinó la actividad local a la supervisión de obras, actos y celebraciones (Águila, 2008), en Rafaela, fue reforzado por una notable política de obra, gestión y servicio, en la que el municipio aparecía como un espacio accesible, disponible, abierto a las fuerzas vivas:

(…)la relación del gobierno municipal fue muy fuerte, con el Centro Comercial (…), con la gente de la rural (…) y también muy buena relación con la CGT (…), aparte porque era una relación muy rápida. Yo, que era secretario privado, por ejemplo, me llamaba [nombre] «Hola, [nombre], tenemos que hablar con Borio, esta tarde, ¿podemos ir, esta tarde, a las 4? Uh, dame 10 minutos y te llamo. Pum, lo llamaba: Che, Juan, te quieren venir a hablar los del sindicato de Luz y Fuerza. (…). En ese momento, todo era tan chico, todo el mundo se conocía, teníamos buena relación.»^[35]

En correspondencia con este testimonio, sería conveniente atender a las singularidades que podrían estar evidenciando las localidades intermedias, al menos en territorio santafesino y, en particular, en el Centro–oeste.^[36] Ese orden de lo pequeño, lo chico, en el que todo el mundo se conoce, define la vida cotidiana de las personas y marca, en cierta forma, la socialización política (Taylor y Flint, 2002). De modo tal que, allí donde el gobierno de la localidad hace, produce, fabrica, ejecuta, se subordinan las identificaciones partidarias en aras del bien de ciertos sectores y, por extensión, de la comunidad en general. Este «localismo» atravesó la política especialmente durante la dictadura, y, tal como refiere Demasi (2013), habitualmente aquel gobernante que se transforme en portavoz de alguna demanda local puede tener la seguridad de que va a concitar gestos de apoyo de las fuerzas vivas. Asimismo, Demasi sostiene que:

(…) en cada localidad el apoyo al régimen está gestionando por un grupo (a veces importante) de notabilidades que oficia de mediador entre las demandas locales y el gobierno central, pero que no necesariamente está dispuesto a ligar definitivamente su destino con el del régimen militar ni apuesta permanentemente al éxito global del proyecto de la dictadura. (…)

Entonces parece posible imaginar la relación entre las elites locales y la dictadura militar como un fluido espacio de negociación en la que los poderes locales aportan apoyo explícito al régimen, a cambio de la selección del lugar como beneficiario de determinadas ventajas materiales. (pp.225–226)

Esto que discurre para la dictadura uruguaya, se considera oportuno extrapolar al universo de análisis que se está indagando, con la mención no menos importante de que también los militares argentinos hicieron frente común con el nivel municipal (Rodríguez, 2009; Zapata, 2010; Canelo, 2015; Canelo, 2016; Águila, 2017); no solo en el marco de la última dictadura militar, sino ya desde las dictaduras de orientación corporativa de la primera mitad de siglo XX (Anunzziata, 2015) y de los años sesenta (Gómez, 2011).

El influjo de los espacios de negociación entre gobierno local y régimen dictatorial redundaron en la cristalización de una innumerable cantidad de obras en los dos primeros años, tales como: plan de 500 viviendas del FO.NA.VI. (el más grande que había tenido la ciudad hasta el momento), incremento de la red telefónica (juntamente con la instalación de servicio de telex y construcción de un nuevo edificio), ampliación y mejoramiento de principales arterias urbanas y rutas que atravesaban la ciudad, construcción y mejoramiento del hogar para madres menores, establecimientos educativos primarios y secundarios (de la ciudad y de la región),^[37] compra y restitución de terrenos para la construcción de espacios de esparcimiento, viviendas, y del Parque Industrial de Rafaela,^[38] como así también, la ampliación de la obra de agua corriente, el acueducto Esperanza – Rafaela.^[39] Otros recursos con los que contó la administración, provenían del traspaso de la Usina Municipal a la empresa nacional Agua y Energía^[40] y, en menor medida, pero no por ello menos importante, de la reforma del sistema tributario local, realizado ya bajo el gobierno de Cordero y ampliado durante esta gestión.

La obra pública merece un tratamiento especial, particularmente porque es donde las recetas de racionalización del gasto y la inversión se pusieron en evidencia en la ciudad, en tanto constituyeron dos de los principales objetivos propuestos por el área de Hacienda de la municipalidad.^[41] Del presupuesto total para 1979, el rubro Obras y Servicios públicos obtuvo el 81,14%, el resto se distribuyó en Administración general y una ínfima parte, 2,47%, para promoción cultural. Todo esto con una deuda pública que ascendió al 0.31%.

Mientras que el total del presupuesto para 1979 fue de $10.423.133.000,^[42] para 1980, se duplicó, por un total de $24.868.075.000 para la continuidad de las obras emprendidas a finales de los setenta:

• 85 obras públicas

• pavimentación de 245 cuadras

• incorporación de 88 unidades al parque de maquinarias y automotores

• ampliación de 60% de desagües^[43]

Los datos presupuestarios de 1981 evidenciaron una casi duplicación del presupuesto del año anterior: fueron $42.310.718 000 utilizados, sin déficit. De ese monto, el 81,18% del total se destinó a «obras y servicios públicos, educación, cultura y acción social».^[44] Teniendo en cuenta las divisiones de los presupuestos de años anteriores, se estima que la mayor parte de este porcentaje fue para el primero de estos rubros. Sin embargo, cabe singularizar este año, puesto que se trató de una fecha muy significativa para la localidad: la celebración del Centenario.

Para esta época, varias localidades que, como Rafaela, se habían conformado bajo el sistema de colonización privada de fines de siglo XIX, comenzaron a cumplir sus cien años de vida y, por tanto, a homenajearlos con todas las galas. La tercera ciudad de la provincia tenía que festejarlos «dignamente», con la «calidad y jerarquía acordes con la trascendencia de la celebración y la imagen de Rafaela».^[45] Para ello, se organizó ya desde el año 1979 una «Comisión Provisoria del Centenario»,^[46] de la que participaban todas las instituciones de la ciudad, que fue sustituida posteriormente por la «Comisión Ejecutiva del Centenario de Rafaela». Los festejos se extendieron a lo largo de 1981 y todo se tiñó de Centenario: el nombre de una reconocida escuela primaria del centro de la ciudad, una plazoleta, el Templete y la Campana recordatorios, el hermanamiento con la localidad alemana de Sigmarigendorf (pueblo nativo del empresario colonizador Guillermo Lehmann), por mencionar algunos de los más renombrados sucesos, que mantuvieron a la ciudad en un movimiento constante e inusual.

Fisuras en la Perla del Oeste^[47]en el marco de la transición democrática

Durante 1980 y 1981, el «diálogo político» convocado por los militares conformó la primera fase transicional hacia una «democracia tutelada» (González Bombal, 1991). Se prefiguró, así, cierta inflexión de la vida política que daría paso, en el gobierno de Viola, a un mayor aperturismo y a un clima general de distención de la sociedad civil, que fuera coronado en materia política con la conformación de la Multipartidaria, en julio de 1981.^[48] A pesar de los denodados esfuerzos de los últimos gobiernos militares por conferir legitimidad a un régimen cada vez más inestable, la derrota de Malvinas, en 1982, aceleró su crisis y, junto con ella, los procedimientos de apertura política que ya venían reclamándose desde períodos previos (Quiroga, 2014).

En Santa Fe, también se percibieron algunas alternaciones, como el reemplazo del entonces gobernador contraalmirante —r— Rodolfo C. Luccheta por el civil Roberto Enrique Casís, y los efectos que produjo esta situación en los ámbitos municipales y comunales. Comenzaron a aparecer renuncias en municipalidades y comunas, para ubicar en ellas a elementos identificados con la línea política del nuevo gobernador.^[49] En Rafaela, si bien circularon versiones en los diarios locales de un posible recambio de intendentes,^[50] el ejecutivo municipal continuó a cargo de Juan Carlos Borio.

Pero el hecho más significativo, que vino a alterar el denodado clima de orden y estabilidad fortalecido por el gobierno de facto citadino, fue una protesta vecinal,^[51] con características inéditas en una localidad renuente a la radicalización política que caracterizó a gran parte de estos años, tanto en el aspecto de la movilidad sindical como en el de la actuación de grupos de izquierda.^[52] Entre agosto y octubre de 1982, casi contemporáneamente a los «vecinazos» en los partidos del Gran Buenos Aires (González Bombal, 1985) y en Córdoba (Solís, 2016), se desarrollaron diferentes manifestaciones en contra del aumento de la Tasa General de Inmueble. Se trató de una protesta con una identidad social bastante heterogénea, organizados en una Comisión de vecinos, en la que interactuaron trabajadores y sindicalistas, juntamente con representantes de los diferentes partidos políticos que comenzaron a nuclearse en la Multipartidaria local. En este marco, se desplegaron diferentes repertorios de acción: como discusiones asamblearias, toma del espacio público —concentración en la plaza principal de la ciudad y marcha hacia el palacio municipal—, manifiestos en los diarios locales y regionales, reuniones con los representantes del Estado local y provincial.

La protesta marcó la expresión de matices disidentes dentro de la aceptación general que evidenciaba la gestión, y lo hizo con un tono recargado en varias instancias. Como referiría uno de los manifestantes:

…cien tipos caminando, cortando el tránsito en Avenida Santa Fe (…) fue un hecho que, para esa altura de las cosas, que no se podían expresar, que nunca ni chicha ni limonada, era importante estar, hacer y decir «mirá, no estamos conformes con esto».^[53]

Sin embargo, la medida del gobierno municipal fue cancelar unilateralmente el conflicto, apostando a brindar datos de guarismos de gastos del municipio, además de mencionar ejemplos de aumentos de tasas en otros municipios de la provincia, aseverando que «Rafaela esta[ba] en categoría segunda “A”» y que había sido «el aumento más bajo de todos».^[54] La protesta no pudo contrarrestar la fuerza del Estado local y movilizar a la sociedad rafaelina en general, frente a los cuestionamientos que se estaban planteando y que atravesaban a todos los contribuyentes. Por el contrario, la renuencia por parte del Ejecutivo local a cualquier tipo de manifestación que comportara una ruptura del orden social, el apoyo a la política municipal por parte de las «fuerzas vivas», y el contexto que, como nos refería un entrevistado, «no daba mucho para protestar»,^[55] terminaron por congelar el tibio despertar ciudadano en esta localidad.^[56]

En enero de 1983 apareció en los periódicos locales una solicitada firmada por la «Comisión de Vecinos de Rafaela» en la que se describían características y actitudes del ente vecinal, respecto de las del gobierno local, evidenciando una clara diferencia y una posición bipolar en el modo de accionar frente al conflicto de la tasa. De una parte, la Comisión reivindicaba su origen «popular», derivado del «mandato de una Asamblea de vecinos» y de las firmas de cinco mil ciudadanos que habían avalado el reclamo, a la vez que se destacaba la «vocación dialoguista» y el «espíritu democrático» que todo el tiempo habían manifestado durante el conflicto. Por otra parte, criticaban al gobierno local que, elegido por un «Almirante, de espaldas a la conducta de la voluntad popular», atentaba contra el «federalismo», haciendo «imposible la autonomía municipal».^[57]

En la comunicación se reconoció que no se habían logrado los objetivos propuestos por la actitud «vanidosa», «arrogante», «injusta» por parte de las autoridades municipales, pero que, por otra parte, significó una toma de conciencia de los vecinos, un reconocimiento de sus derechos, para lograr formas «viables» de participar en el manejo de los intereses comunitarios. Uno de los asambleístas entrevistado, indicaba que:

…no sé si se ganó, se perdió, se empató, no importa. A los 15 o 20 días o al mes, no me acuerdo…vos ves que no hay resultados, tenés que cortar. ¿Por qué? Porque si no te vas muriendo solo y perdés como un pelotudo. ¿Qué hacés?: – «muchachos, hasta acá llegamos». No tuvimos fuerza, empatamos, tal vez perdimos o ganamos...^[58]

La protesta por el aumento de la Tasa General de Inmuebles entró en un cono de sombras luego de esta solicitada aparecida en enero de 1983. La idea del «empate» trunco es sugestiva en esta lucha porque, si bien quedó más que claro para los manifestantes que la gestión municipal había salido victoriosa; el fracaso tras no haber podido cumplir con los objetivos inmediatos propuestos, no fue más que una evocación cuyo trasfondo reveló una victoria: la de haber construido un «hecho político».^[59]

Reflexiones finales

A partir de los datos esbozados puede decirse que la gestión demoprogresista, encarnada en la figura de Borio, marcó una impronta de gobierno en la ciudad. Fue el segundo intendente^[60] que más años estuvo en el cargo ejecutivo de manera prolongada, al menos hasta 1983, y que posibilitó una continuidad en la política local:

En Rafaela el clima fue más suave, más calmo, acá no hubo cosa extraña, no hubo delegados militares para la intendencia de Rafaela y no fue porque Rafaela era demasiado chica, Sunchales los tuvo,^[61] acá siguió Borio. […] Yo creo que fue un hombre democrático. Estuvo bien. […] ...como tiene un estilo calmo, tranquilo, no se enojaba con la gente, estaba en el extremo distinto de ser autoritario, me parece que hizo lo suyo, medianamente bien.^[62]

Provenir de las filas de un partido tradicional, de tesitura calma, tranquila, con una tendencia a la negociación más que a la confrontación, a anteponer el profesionalismo y la veracidad de los números, le permitieron a este «desconocido» presentar una administración renovadora. Borio era un profesional que venía de las ciencias económicas y toda su gestión, desde la importancia dada al saneamiento de las cuentas municipales, pasando por una importante apuesta a la obra y servicio público, hasta la preocupación por la publicación de los montos invertidos, es decir, que los rafaelinos supieran en qué «se gastaba la plata», manifestaron una apuesta a la modernización en la administración del Estado municipal. El propio Borio hizo notoria esta situación:

«(…) la experiencia cotidiana muestra la creciente complejización de la función de gobierno municipal», lo que estaría señalando la necesidad de «contar con un buen equipo de colaboradores, integrado con profesionales o especialistas en las distintas materias, lo que no significa caer en la tecnocracia…»^[63]

En todo este período hubo una apuesta por la eficiencia y el mejoramiento en general, que hizo mella fundamentalmente en las «fuerzas vivas» dirigentes de los sectores productivos, sindicales, eclesiásticos copulares, vecinales, etc., y así ha quedado en la memoria colectiva. Durante esta etapa, es posible observar el crecimiento de la ciudad asociado a una política de negociación con organismos públicos y privados, gestión y racionalización de recursos, de inversión en infraestructura por parte del gobierno municipal, sumado a la inversión privada. Esta tendencia modernizadora parece coincidir con cierta aquiescencia del «pueblo rafaelino», poco proclive a las movilizaciones sociales. Cuando hubo alguna muestra de politización y de movilización social, como en el caso de la protesta vecinal, fue zanjada a favor del municipio. En este sentido, se podría decir que el gobierno municipal rafaelino resultó un buen ejemplo de la capilaridad del gobierno militar en estas esferas, del que se sirvió para revistar un margen de consenso dentro de la ciudad y su impronta en la región,^[64] a la vez que posibilitó la pervivencia del modelo de desarrollo de la Perla del Oeste.

Referencias Bibliográficas

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Notas

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