Terror y Consenso es el resultado del proyecto de investigación «Cultura, comunicación y ‘acción psicológica’. Políticas culturales y planes oficiales de la última dictadura militar argentina (1976-1983)». El libro analiza las políticas culturales y comunicacionales que desplegó el gobierno de la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1981, en conjunto con diferentes actores con el fin de construir legitimidades y consensos al proyecto dictatorial. Tal como plantea Laura Schenquer, consenso refiere «a [los] instrumentos estatales dispuestos estratégicamente para motivar y ganar la adhesión de un pueblo -aunque fuese a través de pura propaganda y manipulación de la realidad- y, a la vez, identificar actitudes sociales favorables a las demandas del poder» (p. 18).

La publicación se divide en dos partes. En la primera sección, titulada «Agencias y circuitos de circulación de legitimación y consenso; las leyes, reglamentos y la legalidad-ilegalidad», se analizan las estrategias denominadas «acción psicológica» y las políticas culturales del poder dictatorial en perspectivas más generales. Se compone de los trabajos de Julia Risler, «Acción psicológica y gobierno de las emociones durante la última dictadura argentina (1976-1981)»; Laura Graciela Rodríguez, «Las políticas culturales de la última dictadura y la búsqueda de apoyos entre la población»; y Moira Cristiá y Laura Schenquer, «La «acción psicológica» en el ámbito internacional. Los planes de comunicación de la dictadura argentina en el extranjero (1976-1978)». La segunda parte del volumen, denominada «La productividad escrita y visual», reúne investigaciones más específicas en torno a producciones cinematográficas, editoriales y de publicidad, y discursivas desde la gestión municipal de Osvaldo Cacciatore. Abre esta sección el artículo de Maximiliano Ekerman, «Censura, propaganda y adecuación: las estrategias cinematográficas de la dictadura argentina (1976-1981)»; se continúa con los trabajos de Evangelina Margiolakis y Alicia Dios, «Políticas culturales en la última dictadura argentina: el entramado discursivo en una revista oficiosa», y Eduardo Raíces y Laura Schenquer, «¿Antes ‘cirujas’, hoy ‘golfistas’? El discurso modernizador autoritario de la gestión de Cacciatore en la obra Buenos Aires. Hacia una ciudad mejor (1981)»; finalmente, cierra la sección y el volumen un segundo trabajo de Julia Risler, «Campaña ‘Ganar la paz’ (1977-1978), un temprano vínculo entre agencias publicitarias y dictadura». El libro fue prologado por Cora Gamarnik y Ana Longoni y constituye un aporte significativo para estudiar la dimensión productiva de la dictadura y reflexionar acerca de las modalidades que se implementaron en el plano de las transformaciones culturales; el entramado político entre distintos sectores militares y civiles, agencias gubernamentales y empresas privadas; y las formas de represión menos transitadas por la bibliografía especializada.

El programa militar, en un primer momento, se centró en la estrategia «ganar la guerra» que implicó la «lucha contra la subversión». Si bien el centro de esta estrategia lo constituía el plan de exterminio de los «enemigos de la nación», con su dispositivo concentracionario y sus prácticas sistemáticas de secuestros, tortura y desaparición; en paralelo, como analiza Julia Risler, se desarrollaron acciones para naturalizar la presencia de las fuerzas armadas y de seguridad en el gobierno y en la vida cotidiana, presencia que debía interpretarse como garantía del orden, la seguridad y la capacidad de reorganizar y refundar un país. Asimismo, se necesitó construir la imagen del enemigo interno —ya presente en el ejército debido a la influencia de la Doctrina de Guerra Revolucionaria francesa y la Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana. La cúpula castrense sabía que necesitaba de legitimidad social y, por ello, ya en 1968 había reglamentado el documento RC 5-2 «OPERACIONES SÓCOLÓGICAS».

Las acciones castrenses necesitaron del acompañamiento de diversas empresas, medios de comunicación, sectores financieros y empresariales, agencias publicitarias, entre otros actores y organizaciones. A modo de ejemplo, las publicaciones periodísticas de gran alcance como Gente, Somos participaron en la elaboración y difusión de los discursos militares, cuestión que también lo ha demostrado Gabriela Águila en su reciente libro Historia de la última dictadura militar. Argentina 1976-1983 (2023).

El libro Terror y Consenso aborda transversalmente la segunda estrategia denominada «ganar la paz» entre los años 1976 y 1981, considerado por lxs autores el período de mayor auge de producción cultural y comunicacional en pos del consenso. La «acción psicológica» implementada por los militares sobre la sociedad implicó, según Julia Risler, un nuevo modo de ejercicio del poder (p. 32). Es así que se crearon y modificaron políticas y programas culturales, educativos y comunicacionales, se financiaron publicaciones gráficas, revistas culturales y proyectos cinematográficos con el fin de obtener adhesiones y consensos, promover y difundir valores morales, éticos y patrióticos de raíces occidentales y cristianas, asentar imaginarios, construir nuevas formas de pensar, de actuar y de comportarse; en definitiva, modelar y fabricar las subjetividades. El gobierno apeló a la población para que participara en la «refundación nacional», asumiera la responsabilidad que le correspondía y se comportara según el ideal militar del «buen ciudadano» y el «buen argentino». De tal modo, más que hablar de un vaciamiento cultural hay que dar cuenta del amplio abanico de producciones simbólicas y culturales funcionales a la dictadura, cuyo circuito de «acción psicológica» articuló información, inteligencia, comunicación y producción, y estaba constituido «por un conjunto de técnicas, procedimientos y saberes orientados a conducir emociones, imponer comportamientos y modelar actitudes y valores en la población» (p. 32).

La institución que jugó un rol central en la estrategia de «acción psicológica» fue la Secretaría de Información Pública (SIP). Esta ejerció el control en los medios de comunicación (Canal 7, Canal 11, Canal 13, Radio Argentina, entre otros), en los programas educativos, en el cine, en la política editorial, en la agenda teatral, en los espectáculos públicos, en las producciones cinematográficas, y, además, desarrollando una diplomacia cultural. Entre 1976 y 1981 se impulsaron diversas iniciativas destinadas a mejorar la imagen del gobierno y lograr el involucramiento y el apoyo de un amplio público, como también a contrarrestar lo que la dictadura denominaba «campaña antiargentina» (que en realidad eran las denuncias realizadas desde el exterior por las violaciones a los derechos humanos).

Por otra parte, la SIP impulsó desde el sistema educativo dos operaciones: la de «acción psicológica» y la de «acción cívica», que debían «conducir a la consolidación del orden social de la nación, enseñar los derechos occidentales y cristianos, y reafirmar los sentimientos nacionales» (pp. 69-71). Tal como demuestra Laura Rodríguez, en educación se implementó el «Operativo Claridad» (que elaboró «listas negras»), hubo cambios en la currícula y en las prácticas educativas, se ejercieron prácticas represivas hacia la planta educativa, se elaboraron materiales en los que se indicaban los elementos para detectar a supuestos docentes y estudiantes «subversivos», y hubo prohibiciones intelectuales y actitudinales. Frente a este accionar, Evangelina Margiolakis y Alicia Dios concluyen que hubo medios de comunicación que acompañaron a los militares mediante notas periodísticas que sirvieron para justificar las intervenciones en el sistema educativo, asentar la concepción de una educación con la lógica de mercado y no de derechos, y justificar la persecución, la prohibición y las distintas formas represivas con el fin de lograr legitimidad y aceptación social.

El análisis, que da inicio a la segunda parte del libro, realizado por Maximiliano Ekerman acerca de las producciones cinematográficas de la época da cuenta de que el cine también fue afectado por la estrategia de «acción psicológica» y que hubo colaboración entre militares y funcionarios civiles. Con la intervención del Instituto Nacional de Cinematografía (INC), la Junta Militar, en consonancia con la supervisión de la SIP, estableció las pautas de las producciones nacionales que debían respetarse si querían ser financiadas o exhibidas, reservándose así la dirección y el control de los contenidos de consumo social (p. 115). Asimismo, las regulaciones del acceso a las salas eran impuestas por el Ente de Calificación Cinematográfica (ECC). Se puede hablar de tres tipos de producciones: a) los cortometrajes oficiales que idolatraban el accionar militar, como se puede ver en el audiovisual Ganamos la paz (1977); b) los largometrajes oficiales, y c) los filmes «oficiosos». Estos últimos producidos por el sector privado, pero con la supervisión e intervención de los militares.

Las producciones tuvieron diversas tramas: construir un «nosotros» enfrentado a un «otro» extranjero (generalmente marxista y subversivo); generar una visión positiva de las fuerzas de seguridad; exaltar su accionar y naturalizar su presencia en la vida cotidiana; reafirmar los valores tradicionales, la jerarquía patriarcal, la exacerbación del rol femenino como madre y ama de casa, el respeto por los preceptos católicos y el nacionalismo patriótico; y construir el ideal juvenil y el lugar que debían ocupar éstos como se proyecta en el filme Juventud sin barreras de Ricardo Montes (1979). Sin embargo, también se financiaron películas que parecían contradecir algunos postulados militares pero cuya función era entretener y evadir las tensiones sociales.

La prensa ocupó un lugar central en la estrategia psicosocial. A partir del estudio de la revista cultural Pájaro de Fuego, Evangelina Margiolakis y Alicia Dios muestran las relaciones entre militares y empresas privadas y la importancia que le atribuyó el ejército a la esfera simbólica y cultural. Como analizan las autoras, la línea editorial de esta publicación acordaba con que la «guerra» que libraron los castrenses tenía varios frentes: el «bélico» contra los «enemigos de la nación», y el cultural, necesario para crear una nueva sociedad. De modo que en sus páginas se «construyó una trama simbólica y narrativa cercana a la retórica oficial, en particular, desde sus editoriales y notas de fondo» (p. 150) que sirvió para mostrar al exterior la legitimidad social del régimen, el ideal de un país «pacífico y unido», y lograr consensos en los lectores.

En la misma línea, Julia Risler expone la relevancia que tuvo la propaganda, como técnica de construcción simbólica, en la prensa «oficiosa». A partir del estudio de las publicidades diseñadas por distintas agencias privadas bajo el lema «ganar la paz», y publicadas en la revista Mercado entre febrero y julio de 1978, la autora analiza el entramado discursivo que daba sentido a dicho lema —de qué paz se habla, qué y quiénes ganan, etc. — y cómo se interpelaba al público lector para que adhiera a los valores del gobierno militar. Así, las agencias publicitarias nucleadas en la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (AAAP) y las publicaciones como Revista 7 Días, Gente, Clarín, entre otros, contribuyeron a la retórica oficial a través de avisos publicitarios o como voceros de las campañas progubernamentales.

A nivel internacional, como explican Moria Cristiá y Laura Schenquer, a partir del decreto secreto Número 961/76, el gobierno militar contrató empresas publicitarias. La investigación expone los vínculos de la agencia estadounidense Burson-Marsteller con Videla por medio de la SIP, y del Centro Piloto en París, creado en julio de 1977, con Massera, mediante la Dirección General de Prensa y Difusión. Estas instituciones brindaron asesoramiento y contactos en materia propagandística y comunicacional, trazaron una política exterior estratégica (principalmente para una apertura económica liberal y antiestatista), y establecieron canales de diplomacia cultural para promover visitas de personalidades extranjeras al país mediante eventos internacionales. Además, se relacionaron con empresarios extranjeros e impulsaron viajes con comitivas formadas por celebridades de distintas áreas. A su vez, la SIP se encargó de la producción propagandística para las embajadas para contrarrestar la denominada «campaña antiargentina» y afirmar la imagen del gobierno.

En la misma línea, Eduardo Raíces y Laura Schenquer al investigar la gestión de Osvaldo Cacciatore (1976-1982) dan cuenta de otra dimensión represiva: la exclusión social y la erradicación de las «villas miserias». La política estatal municipal de reestructuración metropolitana y el discurso autoritario, modernizante y excluyente, formaron parte de las prácticas represivas e implicaron una disputa por los sentidos del espacio público (p. 196). El «discurso normalizador» posrepresivo estructuró el espacio con una lógica neoliberal y de mercado, a través de elementos legales y coercitivos, privilegiando a las clases medias y altas en pos de expulsar y segregar a los no deseados o sin derechos.

Para finalizar, es importante mencionar que el soporte de esta labor investigativa lo constituye un diverso conjunto de fuentes (revistas, películas, decretos, etc.), pero, principalmente fue posible por la apertura de nuevos archivos y de documentos clasificados que hoy se encuentran disponibles para la consulta pública (www.archivosenuso.org).

El libro Terror y consenso se inscribe en un conjunto de textos que desde hace unos años indaga y reflexiona sobre los elementos complementarios del proceso represivo del régimen dictatorial. En la medida en que la dictadura no apeló sólo a la violencia del dispositivo concentracionario, la cuestión es poder pensar esa articulación entre el terror y sus apoyos, voluntarios e involuntarios; como también el principio de subsidiariedad del Estado a partir de la transferencia de funciones a sectores privados. Aunque ceñido principalmente a investigaciones de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, el análisis de las diversas prácticas para generar adhesiones, consensos y legitimidad —en los medios de comunicación, en el sistema educativo, en las políticas editoriales y cinematográficas, y en la remodelación del espacio urbano— constituye un aporte significativo que invita a ser continuado.

Notas de autor