DESARROLLO INDUSTRIAL, ESTRATEGIA REPRESIVA Y CONFLICTIVIDAD
SOCIAL EN EL NORESTE DE CHUBUT: EL “OPERATIVO VIGILANTE” Y EL TRELEWAZO DE 1972
EN PERSPECTIVA HISTÓRICA
INDUSTRIAL DEVELOPMENT, REPRESSIVE STRATEGY AND SOCIAL CONFLICTIVITY IN
THE NORTHEAST OF CHUBUT: THE "SECURITY OPERATION" AND THE TRELEWAZO
OF 1972 IN HISTORICAL PERSPECTIVE
AXEL BINDER (INSHIS / UNP)
Instituto de Investigaciones Históricas
Universidad Nacional de la Patagonia
Resumen:
En este artículo
abordaremos el fenómeno de masas del Trelewazo de octubre de 1972,
entendiéndolo como una expresión regional del proceso de lucha de clases del
periodo, y en particular, como el resultado combinado tanto del acelerado
proceso de industrialización como de la incorporación de la región al circuito
represivo general. Ambos procesos dieron lugar a nuevas relaciones sociales,
estimulando una creciente politización cuya “gimnasia”
deliberativa y organizativa (en asambleas y comisiones) resulta fundamental
para comprender de manera más íntegra las dinámicas de la pueblada. El
“Operativo Vigilante” que dio lugar al Trelewazo, propició
el alineamiento de las fuerzas políticas que
se oponían al régimen, entorno a una demanda central que los supo articular: la
libertad de los presos políticos y la defensa de los derechos humanos.
Palabras clave:
Polo de
desarrollo - Polo represivo - comisiones - Operativo Vigilante - Trelewazo
Abstract:
This article approaches the mass protest of Trelewazo
in October 1972, understood it as a regional expression of the class struggle
process of the period, and in particular, as the combined result of both the
accelerated industrialization process and the incorporation of the region into
the general repressive circuit. Both processes gave rise to new social
relations, stimulating a growing politicization whose deliberative and organizational
"gymnastics" (in assemblies and commissions) is essential to
understand the dynamics of the protest. The "Vigilant Operation" led
to the alignment of the political forces that opposed the regime, around a
central demand articulated them: the freedom of political prisoners and the
defense of human rights.
Keywords:
Development pole - repressive pole - commissions -
Vigilant Operation - Trelewazo
Recibido: 17/09/2019 - Aceptado: 05/11/2019
DESARROLLO INDUSTRIAL, ESTRATEGIA REPRESIVA Y CONFLICTIVIDAD
SOCIAL EN EL NORESTE DE CHUBUT: EL “OPERATIVO VIGILANTE” Y EL TRELEWAZO DE 1972
EN PERSPECTIVA HISTÓRICA
AXEL BINDER (INSHIS / UNP)
Seguridad y Desarrollo:
dos caras de una misma estrategia de dominación.
Las medidas de
promoción industrial para el Noreste de Chubut[1], se enmarcan en la
política de Polos de Desarrollo que impulsa la “Revolución
Argentina” desde mediados de 1969 (Schvarzer, 1987;
Gatica, 2010; Cifuentes, 2015, Ibarra y Hernández, 2016; Pérez Álvarez, 2016). La industrialización que promueve la dictadura de Onganía, tiene un
destacado contenido geopolítico y de control social que responde tanto a su
crisis orgánica de dominación como al auge de los proyectos revolucionarios y a
la profundización de un ciclo de rebelión que tendrá en el Cordobazo uno de sus
hitos más sobresalientes.
A
ese proceso de industrialización subsidiada, lo denominaremos “desarrollismo en
clave de seguridad nacional”, para
destacar el estratégico sentido de dominación y de control social que subyace a
la política económica. Si bien las FFAA siempre consideraron a la
Patagonia como una región vacía de gente y cargada de recursos estratégicos -y
su defensa un objetivo militar primordial para el interés y desarrollo de la
Nación-, hacia mediados de la década del ’60 esa combinación entre Seguridad
(represión) y Desarrollo (acumulación) comienza a adoptar connotaciones y
articulaciones específicas.
La ley de
Defensa Nacional 16.970 que decreta Onganía en octubre de 1966, constituye el
núcleo de una nueva estructuración del Estado y de un sistema represivo, del
tipo contrainsurgente.[2] En su artículo 1º
establecía “las bases
jurídicas orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación y ejecución
de la Defensa Nacional, con el fin de lograr y mantener la Seguridad Nacional
necesaria para el desarrollo de las actividades del país, en procura de sus
objetivos nacionales”.[3] El
vago objetivo de esa “Seguridad Nacional” era procurar que “los intereses vitales de la Nación se hallen
a cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales”. El Consejo
Nacional de Seguridad (CONASE) era uno de esos órganos para tal fin; entre sus
competencias, la ley 16.970 fijaba que el CONASE podría a su vez crear los
organismos que considerase necesarios, establecer normas legales, zonas de
seguridad, fijar estrategias y coordinar su acción con el CONADE (Consejo
Nacional de Desarrollo) “a fin de
armonizar los planes respectivos”.[4]
CONASE y CONADE encarnan institucionalmente la necesidad
del régimen de “ordenar” la sociedad
y “normalizar” la economía, acorde
a las exigencias del patrón de acumulación bajo hegemonía del capital
monopólico extranjero.[5] Reflejan la decisión política
de institucionalizar la relación entre seguridad y desarrollo. Simbólicamente
fuerte, y abonando a la idea de que el corazón del estado contrainsurgente son
los organismos de seguridad nacional (Marini, 1978), el CONASE se instaló en el
edificio del Congreso Nacional, ejerciendo también un rol “legislativo”:
“Antes de su promulgación, todas las leyes son
enviadas a CONADE para que se determinen sus efectos sobre el desarrollo
económico y a CONASE para un examen de sus efectos sobre la seguridad nacional.
Cada consejo tiene el poder de ‘veto-suspensivo’, puesto que las leyes
consideradas en detrimento del desarrollo y/o de la seguridad son devueltas a
los ministros responsables para' su revisión”.
(Snow, 1972: 73).
En el contexto
de la guerra fría y de la asimilación de la Doctrina de Seguridad Nacional
(DSN), el “desarrollo” era pensado por estos sectores militares como
prerrequisito de “seguridad” y reaseguro del orden (y viceversa). Osiris
Villegas, secretario CONASE desde 1968 sostenía que “no puede haber seguridad sin desarrollo, como tampoco desarrollo sin
seguridad”.[6]
En su libro “Políticas y estrategias para el desarrollo y la seguridad
nacional”, explicaba que
“Los
conceptos sobre Desarrollo, Seguridad y Defensa Nacional están íntimamente
ligados, son interdependientes e interrelacionados entre sí, como los intereses
y valores deseados, la capacidad de contener presiones opuestas a su logro y la
aptitud para rechazar agresiones. Constituyen así una verdadera trilogía,
partes de una unidad, de un todo, que es la política nacional, una unidad
dentro de la cual se apoya y complementan mutuamente y en donde la falta o
ausencia de uno de ellos, prácticamente neutraliza a los otros.” (Villegas,
1969: 80)
Esto suponía
que el control inmediato de la protesta social (competencia de la “seguridad”)
permitiría una mejor aplicación de las medidas desarrollistas; éstas a su vez,
propiciarían un despegue económico que ayudaría a enfriar la conflictividad
entendida como amenaza a la “Seguridad Nacional”. Belén Zapata sostiene que el
programa de la FFAA se proponía integrar “espacios vacíos”, reparar la desigual
distribución de la población, el deficitario desarrollo infraestructural en
ciertas zonas y otorgar prioridad a la explotación de algunas industrias
consideradas prioritarias (Zapata, 2014: 40).
La estrategia
de acumulación y la estrategia represiva son complementarias, representando dos
caras de una misma estrategia de dominación, que buscaba soslayar la crisis
orgánica (de hegemonía). Al hablar de industrialización en clave de seguridad
nacional, buscamos enfatizar esa particular articulación del binomio
seguridad-desarrollo que se ensaya en Patagonia, donde el despliegue industrial
se combina con la estrategia represiva y los dispositivos de “seguridad” que
monta la dictadura. La idea de los polos de desarrollo (planificación a cargo
de CONASE y CONADE) cuya puesta en marcha por el gobierno nacional se acelera
luego del “Cordobazo”,
debe ser leída como la respuesta de la clase dominante a un marco de
rebelión social y de ofensiva de la clase obrera. A partir de ese momento el
régimen militar acrecienta cada vez más su perfil contrarrevolucionario y
represivo, haciendo eje discursivamente en la “Seguridad Nacional”.
Inmediatamente
después del Cordobazo, Onganía removió a todo su gabinete ministerial (entre
ellos la cuestionada figura de Krieger Vasena, asociada a los trust y monopolios extranjeros) y
anunció la llegada del “Tiempo Social”, esperando con estas medidas
“gatopardistas” recuperar cierto margen de gobernabilidad. En ese marco se da
impulso a la promoción patagónica, cuyas políticas transformarían especialmente
la estructura económico-social del NE de Chubut. Estas medidas de
industrialización constituyen a su vez medidas de “seguridad”, en tanto que
tienen principalmente por objeto descentralizar las regiones conflictivas del
país (que son las de mayor desarrollo fabril e industrial), desarrollando
regiones económicamente “postergadas” y estimulando la relocalización tanto de
capitales industriales como de mano de obra (Varesi, 2013).
En primer
término, ello se expresa con la puesta en marcha del proyecto de COPEDESMEL[7] para la producción de
aluminio, anunciada el 10 de julio de 1969. Este proyecto -sostenía Onganía-
implicaría “la creación de un polo de desarrollo patagónico” que traería
aparejado “la radicación estable de habitantes en la provincia del Chubut, con
todas las repercusiones que ello representa para la economía de la zona”
(Diario Jornada, 12/7/69). Seis meses más tarde promulgaría el decreto 18.447/69
de “Promoción Industrial de la Patagonia” (que eximía a las
empresas del impuesto a las ventas por otros 10 años más); y al mes siguiente del anuncio del nuevo
régimen, el interventor de la Provincia (Contralmirante
Pérez Pittón) hacía colocación de la piedra fundamental (Diario Jornada, 11/12/1969) del Parque
Industrial de Trelew (PIT) donde se concentraría la actividad textil. El
ministro de Economía de la provincia de Chubut sostuvo en ese acto que
“Todos
los hombres y mujeres de cualquier lugar de la provincia deben comprender que
la instalación de una planta de aluminio en Puerto Madryn, la implantación de
un centro textil en Trelew, la reactivación pesquera en el puerto de Rawson, el
desarrollo de un polo metalúrgico y mecánico en Comodoro Rivadavia o la
creación de un centro turístico en Esquel, benefician individual y
colectivamente a la comunidad entera del Chubut” (Diario Jornada, 11/12/1969, tapa).
Al mismo tiempo
que se anuncian estas medidas para el desarrollo regional, comienzan a ser
trasladados al penal U6 de Rawson los
presos políticos del Cordobazo, incorporándose la región al circuito represivo
en calidad de “Siberia Argentina”, y generando inmediatas reacciones políticas
de solidaridad. Así en el NE de Chubut, a la conformación de un
polo de desarrollo industrial se le habría de ir superponiendo, a su vez, la
constitución de un polo represivo (Bahía Blanca/Base Puerto Belgrano –
Trelew/Base Zar – Rawson/U6) a cargo de la Armada Argentina, que tendría su
bautismo de terror el 22 de agosto de 1972.[8] Se irán combinando así
políticas de desarrollo (promoción industrial) con medidas de “seguridad”,
dinamizando procesos que reconfigurarían el espacio regional y que impactarían
profundamente en las relaciones sociales que se tejen al interior de ese
territorio.
Aquí se anida
la especificidad regional que imprime características locales a una
conflictividad social de raíz “nacional”. De aquí se desprenden dos factores
sin los que difícilmente puede pensarse el Trelewazo: 1) como resultado del
proceso acelerado de industrialización, una fuerte corriente migratoria de mano
de obra que genera una urbanización espontánea y precaria; 2) como resultado de
la incorporación de la región al circuito represivo general, se consolidan
prácticas y redes de solidaridad política en torno a los dispositivos
represivos en la región. Ambos factores impulsan procesos de politización dando
lugar a las “Comisiones Barriales” y a las “Comisiones de Solidaridad”.
Migración interna,
urbanización espontánea y Comisiones Barriales
En el
Trelewazo, se expresa materialmente una fuerza social opositora que revierte la
relación de fuerzas en favor del campo popular (siendo la “pueblada” el observable
empírico). En ella, ocupa un lugar central la clase obrera migrante; los nuevos
trabajadores que llegan al polo industrial se erigen como una de las
principales fuerzas políticas, (junto a los estudiantes) que logran movilizar
miles de cuerpos que habitan las barriadas populares, en las márgenes de la
ciudad. Por eso sostenemos que sin el estudio de las transformaciones de la
estructura económica regional, no se llega a dimensionar la conformación de ese
grupo social y la impronta que su praxis política tuvo en nuestra historia
regional y en Trelewazo. Sin su presencia y movilización, no se hubiese
constituido una fuerza social (integrada por sectores de la clase obrera y la
pequeña burguesía) capaz de revertir la relación de fuerzas con el régimen militar
para imponer sus demandas.
El boom demográfico que se registra desde fines de los
’60, corre en paralelo con el despoblamiento del interior de la provincia;
Cristian Hermosilla sostiene que
“Es factible
decir que entre 1947 y 1991 parte de la población rural dispersa haya migrado
hacia otras regiones, siendo el momento más álgido entre la década del 70 y el
80, en coincidencia con la promoción industrial que terminó convirtiendo a
algunas ciudades de la provincia en verdaderos polos de atracción.” (Hermosilla
Rivera, 2013: 63)
Las políticas
de Polos de Desarrollo transformaron la estructura económico- social de la
región, alterando su dimensión
material y afectando la dinámica de sus relaciones sociales (Pérez Álvarez,
2016). La población en el NE de Chubut (departamentos de Biedma y Rawson) se duplicó respecto del número registrado en 1960,
pasando de 23mil a 41mil habitantes en 1970.
Desde 1960, Trelew se había
posicionado después de Comodoro Rivadavia, como la segunda ciudad más poblada
de la provincia. Un censo a fines de 1968 realizado por el IDES
(Instituto de Estudios Superiores), arrojaba para Trelew una población de
18.252 habitantes (Diario Jornada,
23/11/1968), mientras que en 1970 se censarían unos 24.214 habitantes y 6870 viviendas.[9]
La tasa de crecimiento anual de la población durante la década 60-70 fue del
12%, y entre 1970 y 1972 ascendería al 20% (Diario Jornada, 20/10/1972),
momento que coincide con el “boom” del empleo textil.
El dinamismo
que imprimieron las medidas de promoción industrial, trajo aparejado una
corriente migratoria de mano de obra textil en Trelew que pasará de emplear 704
personas en 1970, a ocupar unas 2.473 hacia 1974, creciendo en un 213% (Gatica,
2010: 147). Las medidas de promoción industrial para la región posteriores al
Cordobazo, motorizaron un crecimiento geométrico de la población, tal como era
de esperarse para una industrialización que proyectaba hacer uso extensivo de
mano de obra. Según estimaciones de Irusta y Rodríguez (1993), la evolución de
la población de Trelew fue de 27.000 personas en 1971; 30.000=1972; 34.000=1973
y 38.000=1974.
No obstante,
este proceso no estuvo acompañado de una debida planificación que solventase la
demanda habitacional en aumento, profundizando la marginalidad y los problemas
sociales que se derivan de unas pésimas condiciones de vida. El boom
demográfico (impulsado por la apertura de puestos de trabajo en la industria textil
y metalúrgica) desató un déficit habitacional, que dio lugar a
las tomas de tierras (Hermosilla, et al 2016) y a un acelerado proceso de
urbanización.[10]
En el barrio “Norte”, se censaron tan sólo 71 viviendas precarias; al año
siguiente en 1972, se registrarían unas 625; mientras que el Barrio “La
Laguna”, donde habitaban unas 600 familias, se registraron unas 200 viviendas
de tipo precario, y algunas de calidad constructiva media (Caracotche e Ibarra,
1973: 40). En total las estimaciones oficiales calculaban que para ese momento
en Trelew,
“más
de once mil personas (casi el 40 % de la población total) habitaban en
unas dos mil viviendas precarias, construidas por ellos mismos en tierras
baldías, en sitios que carecían de urbanización previa y de servicios básicos.
Solo el 20% contaba con acceso al agua corriente y la energía eléctrica”
(Fernández Picolo, 2014: 139-140. Subrayado nuestro)
Fueron
surgiendo así de manera casi espontánea, nuevos asentamientos obreros en la
periferia de la ciudad (hacia el noreste, en las proximidades del Parque
Industrial), donde la carencia de infraestructuras y de servicios básicos (agua, cloaca, gas, escuelas, etc.) sometía a sus habitantes a unas
paupérrimas y denigrantes condiciones de vida.[11]
Haciendo un balance de todo este proceso, Ibarra concluye que
“Por las características apuntadas, esta urbanización explosiva ha sido
no planificada e improvisada desde el punto de vista urbanístico, irracional
desde el punto de vista socioeconómico, y vejatoria desde el punto de vista
humano. Ha significado la constitución de monstruos urbanos fuera de control
que seguirán creciendo en condiciones opresivas para la mayoría de sus
habitantes en tanto las elites se refugian en sus ghettos de privilegio.” (Ibarra y Hernández, 2016: 103)
Se irían acumulando así una serie de derechos negados y de demandas
insatisfechas (tanto materiales como de inclusión social y
participación política) que no tardarían en gestar una articulación política,
en torno a asociaciones barriales. Estas comisiones que surgen en el seno del
barrio estimularon una “politización” en torno a estas luchas, cuya “gimnasia
(deliberativa y organizativa, en asambleas y comisiones) resulta fundamental
para comprender de manera más íntegra las dinámicas del Trelewazo de 1972.
Fueron los
problemas en torno a la posesión de las tierras y al aprovisionamiento de agua
potable, los que en principio estructuraron las luchas de las comisiones
barriales, ganando de a poco espacio en los medios de comunicación y planteando
el debate en la sociedad.[12] En paralelo, fueron
aumentando también los reclamos de acceso a los servicios educativos y de
salud, así como también la demanda de políticas de ayuda social al municipio y
la provincia. Sin embargo –explica Fernández Picolo-
“la lucha más significativa fue la que se llevó
adelante para alejar la amenaza del desalojo, obtener la legitimación de la
tenencia de las tierras ocupadas y alcanzar el reconocimiento al derecho
adquirido por las ‘mejoras’ materiales realizadas. En este proceso tuvo lugar
la constitución de comisiones barriales –incluso, en Rawson, llegó a formarse
una comisión ‘Inter-barrial’- y la intensificación de la disputa política.”
(Fernández Picolo, 2014: 140).
Analizando el rol de
la Juventud Peronista en Rawson, su militancia y su inserción barrial, Jessica
Murphy da cuenta de numerosas comisiones vecinales que para la misma época,
reclaman también por agua potable (Barrio Perito Moreno) y los servicios
públicos (Barrio Ribera y Belgrano), encontrando un núcleo fuerte de
politización “surgido al calor de las necesidades de infraestructura y demandas
barriales” (2017: 37).
Es así como en
pleno proceso de expansión territorial de la ciudad (1969-1972), se consolidan
las primeras formas de organización política en los barrios populares. Surgidas
por iniciativa y necesidad de sus propios habitantes, estas comisiones
autónomas representaban los intereses del barrio y su lucha por integrarse, a
una ciudad en franca expansión que les daba la espada. La acuciante situación
socioeconómica de sus habitantes, y la insalubridad de sus condiciones de vida,
no tardarían en ganar espacio en el debate público y comenzar a ejercer presión
política:
“La
zona Barrio Norte-La Loma constituye en la actualidad uno de los conglomerados
más importantes, por su extensión y población, y sin embargo continúa
padeciendo, por una parte, la deficiente prestación de servicios esenciales, y
por otra, una situación de notorio marginamiento físico y social. Se impone una
fuerte promoción del sector, que procure su rehabilitación e integración al
resto de la ciudad” (Caracotche e Ibarra, 1973: 14)
Hacia
mediados de 1972, toma injerencia en el asunto el ministro provincial de
Bienestar Social, y el Estado comienza a desarrollar incipientes planes de
apoyo, sin abandonar los planes paralelos para erradicar esas “villas miseria”.
En agosto de 1972, el estado provincial avanza en la
expropiación de las tierras de Melecio González, donde se emplazaba el populoso
barrio “norte”. Mediando institucionalmente a través
de las comisiones de vecinos, se obtiene así en el barrio La Laguna un
rudimentario suministro de agua potable, materiales y maquinarias para la
mejora de viviendas, ropas, frazadas, colchones, y hasta elementos de cocina
(donados por la esposa del interventor provincial). Esto generó cruces entre el
municipio y el poder provincial. Relata Barberena que el ministro de bienestar
Nores Martínez se dirigió
“a la municipalidad y en un duro cuestionamiento a las autoridades
municipales les reclamó la insensibilidad ante las condiciones de vida de la
población. El debate le costó la renuncia al intendente, quien recibió el apoyo
de la organización de comerciantes” (2009:14).
En paralelo a
la injerencia gubernamental en la problemática territorial de la clase obrera,
entre 1968 y 1972 se acrecienta y consolida también la inserción en los barrios
de las organizaciones políticas de base: primero del PC (Partido Comunista) y
de la izquierda peronista (Juventud Peronista[13] y Frente de Izquierda
Popular) y desde 1973 del marxismo (Frente Antiimperialista al Socialismo). El
órgano de prensa del FIP, da cuenta para octubre de 1972, de disputas
territoriales con la JP, tanto en Trelew como en Comodoro:
“En
esos momentos apareció un auto con un altavoz ocupado por varios miembros
(según dijeron) de la Juventud Peronista. Venían del centro, como es lógico. El
altavoz comenzó a propalar consignas del Partido Justicialista mientras que el
auto se esforzaba por colocarse a la cabeza de la columna. El hecho causó
visible desagrado entre los manifestantes, algunos de los cuales recogieron
piedras de las calles (no son asfaltadas) y comenzaron a ensayar su puntería
contra las ventanillas del rodado (...) posteriormente llegaron al local de la
Junta Popular "Albino Argüello' del Barrio San Martín varias personas que
se identificaron como miembros de la Juventud Peronista y ocupantes del
automóvil sin ventanillas. Protestaron por los destrozos al rodado. Se les
preguntó si acostumbraban a usurpar manifestaciones ajenas, al modo de Lanusse
respecto al gobierno de la nación. Prometieron volver, suponemos que para
discutir, ya que en las calles hay demasiadas piedras. Nos llama la atención
el hecho, porque también en el acto de Trelew, ante cuatrocientos trabajadores,
integrantes de la Juventud Peronista llegaron intempestivamente y pretendieron
hablar” (Izquierda Popular, núm.
4, 16 a 30 de octubre de 1972, p.7, subrayado nuestro).
Los principales
enfrentamientos por la dirección barrial, especialmente desde 1974, se
suscitarían más bien con los sectores de la derecha peronista; que además de
servirse de la violencia armada para dirimir las disputas políticas, conforman
también nuevas y paralelas Juntas Vecinales que rápidamente serán
institucionalizadas, desarticulándose así las primigenias organizaciones
autónomas[14]
(Barberena et al, 2011).
La
masacre del 22 de agosto de 1972, y la pueblada del 11 de octubre de ese mismo
año, acontecen en pleno proceso de expansión barrial y organización
política (vecinal), cuya politización adoptará especial efervescencia entre
1973 y 1976. Una de las primeras muestras de esa creciente organización barrial
y de su capacidad de movilización popular, tuvo lugar el 8 de octubre de 1972,
cuando el FIP organizó
“un
acto en un viejo galpón del Barrio La Laguna, que contó con una concurrencia de
400 pobladores. Hablaron los compañeros Such y Medrano y un compañero del
barrio y el clima de entusiasmo no decayó durante las dos horas que duró el
acto. Al finalizar el mismo, los compañeros presentes, constituidos en
asamblea, decidieron formar la Junta Popular del Barrio La Laguna, adherida el
Frente de Izquierda Popular” (Izquierda Popular, núm. 4, 16 a 30 de octubre
de 1972, p.7)
Por su
parte, el diario Jornada consigna que
en ese acto los oradores remarcaron
“la necesidad de la organización
revolucionaria de la clase trabajadora para asegurar que el movimiento nacional
responda a los verdaderos intereses de sectores populares y no a minorías
privilegiadas. La única seguridad de esa salida, parte entonces de la
participación activa del pueblo en las grandes soluciones nacionales, para la
cual debe contar con dirigentes de base comprometidos y decididos a defender
los intereses populares a cualquier precio” (Diario Jornada, 9/10/1972).
Tres días más
tarde las fuerzas armadas llevarían a cabo el “Operativo Vigilante”, abriendo
paso a la rebelión popular:
“El 8 de octubre el Frente de
Izquierda Popular realizó un acto público en el barrio La Laguna, al que
asistieron 400 personas entre trabajadores y pobladores de la populosa
barriada. Este hecho fue una de las excusas para que las fuerzas de ocupación
que a la fecha han sido aumentadas al desproporcionado número de 7.000 hombres, desataran el operativo de ‘caza
de brujas’ que terminó con la detención de 16 ciudadanos” (Izquierda Popular, núm. 5, 26 de octubre
al 9 de noviembre de 1972, p.6)
Sistema represivo, militarización de la sociedad y comisiones de
solidaridad
La estrategia
de dominación y control social de la Revolución Argentina, (esto es la política
represiva que instrumentan las FFAA), se orientó en principio a contener la
movilización social, la huelga de masas y las insurrecciones populares; y ad-hoc fue combinando (sobre todo
post-cordobazo) una táctica represiva, crecientemente clandestina y terrorista,
para eliminar la “subversión” y desarticular el aparato político de las
organizaciones armadas.
En ambos casos
las medidas de “seguridad” siempre buscaron descentralizar las fuerzas
políticas opositoras y romper sus organizaciones, para dividir sus cuerpos y
aislar al “enemigo interno”. La estrategia del poder históricamente ha tendido
a obturar las relaciones sociales que entrelazan sectores opositores, para
restarles fuerza material y capacidad organizativa.
Los reglamentos
de contrainsurgencia dan cuenta de las tácticas y de la preparación que reciben
las fuerzas armadas para combatir una protesta social.[15] En el Reglamento
Codificado 8-3 del Ejército Argentino (1969), se la conceptualiza como
“subversión urbana” entendiendo por ello
“una
manifestación principal o muy importante de la actividad enemiga que ya ha
sobrepasado a las fuerzas de seguridad (…) La subversión urbana será, por
naturaleza, relativamente rápida, inflamatoria y destinada a enardecer y
provocar un descontento agudo; podrá ser general o quedar localizada en
determinados sectores humanos (gremios, estudiantes, etc.)” (RC 8-3: II, 1).[16]
El reglamento
también distinguía según el tipo, entre: disturbio civil, insurrección urbana, muchedumbre, manifestación[17],
turba[18],
tumulto[19],
guerrilla urbana. El
principal objetivo era la contención y/o disuasión de las grandes multitudes
para propagar su “energía movilizadora” (Escobar y Velázquez, 1975) y restarle
fuerza social al campo opositor.
Pero el fusilamiento de 16
presos políticos el 22 de agosto en la base A. Zar de Trelew, marca un punto de
inflexión en la estrategia represiva del régimen: “a
partir de ese momento entramos en una situación distinta. Hubo un salto
cualitativo en la represión ilegal que nos llevó a interpretar que estábamos
ante lo que llamamos muchas veces, el doctor Duhalde y yo, el «Ensayo general
del Terrorismo de Estado»” (Rodolfo
Mattarollo, 2012). Desde la Masacre de León
Suárez (1956) que el Estado no cometía un asesinato en masa de esta índole.[20]
La represalia (contraofensiva) del régimen
militar ante la fuga de prisioneros del penal U6 el 15 de agosto de 1972, se
expresaría primero en la Masacre de Trelew y luego -50 días más tarde- durante
el Operativo Vigilante. No sólo constituyen las primeras acciones
explícitas de violencia contrarrevolucionaria[21]
en la región, sino que representan -por
sobretodo- actos fundantes de un embrionario sistema de terror.
A la legislación
“anticomunista”[22]
y a las prácticas clandestinas de contrainsurgencia (simulacros, operativos,
infiltraciones, secuestros, torturas) que hacían a la estrategia represiva, se
suman ahora en Trelew la ejecución extrajudicial de prisioneros y los
mecanismos posteriores para encubrir el crimen y deslindar responsabilidades[23]. El
mensaje de terror completa la escena. Dos semanas
después de perpetrada la Masacre, el capitán de navío Horacio Mayorga dirigió
(al personal y a la sociedad trelewense en general) un amenazante discurso
desde la Base Zar:
“Los hechos ocurridos (en Trelew) han
despertado dos actitudes en la gente que nos rodea. Unos pretenden acusar a la
Armada de haber provocado una masacre intencional. Los otros, ante el hecho
consumado, lo justifican y hasta lo aplauden, dada la peligrosidad de los
presos. Ni unos ni otros tienen razón. La Armada no asesina. No lo hizo, no lo
hará nunca. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no
hay culpa. No caben los complejos que otros tratan de crear. La muerte de seres
humanos es siempre una desgracia. Estos muertos (alude a los sediciosos) valen
menos, en el orden humano, que el guardia cárcel Valenzuela (muerto el 15 de
agosto en el operativo de fuga de la conducción guerrillera), que los humildes
argentinos del orden público muertos en servicio.” (La Prensa, 6 de
septiembre de 1972).
La militarización de la sociedad bajo la “Zona de
Emergencia” desde la fuga/masacre de agosto, la persecución ideológica y el
hostigamiento reflejados en el Operativo Vigilante del 11/10/1972, y la plena
vigencia del PLACINTARA[24] (Plan de Contención
Interna de la Armada), son otros de los elementos que nos llevan a pensar que
estamos en presencia de un embrionario sistema de terror o ante un “ensayo
general” de Terrorismo de Estado.
Resta destacar en este
escenario represivo, la creciente centralidad de los órganos de inteligencia.
La información que acumulan las distintas agencias del Estado, es el
combustible de la maquinaria represiva y el principal insumo para la
persecución ideológica. Tanto sus mecanismos “legales” (aparato jurídico) como
los ilegales (prácticas “clandestinas” de contrainsurgencia) se asientan en
gran medida sobre la información que se construye, recaba y organiza en torno a
la figura del “enemigo interno”. Los
servicios de inteligencia, y la comunidad informativa que estructuran, aportan
la principal materia prima para organizar y coordinar la represión en este
periodo.
Luego de la Masacre de Trelew (siete semanas
después), el segundo acto de violencia contrarrevolucionaria es el Operativo
Vigilante; y la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)
representa el nexo y la continuidad entre las violencias de agosto y octubre en
Trelew. Al catalogarlos como actos
explícitos de violencia contrarrevolucionaria, buscamos diferenciarlo de un
mero acto represivo y otorgarle especificidad histórica. En esos dos
episodios se expresa la ofensiva contrainsurgente y anti-insurreccional de la
dictadura cuya finalidad es desmovilizar y dispersar a la sociedad.
Las Comisiones de
Solidaridad
Paradójicamente, muchas veces las tácticas
“desmovilizadoras” y militaristas en pos de la “Seguridad Nacional”, acabaron
retroalimentando -directa o indirectamente- la fuerza social que buscaban
reprimir. Así lo entendían también las propias fuerzas represivas:
“Estas
actividades (investigación y detenciones) podrán molestar e irritar a ciertos
sectores de la población; pero la responsabilidad de estas medidas deberá ser
imputada a los elementos subversivos. Por otra parte, será necesario hacer todo
lo posible para que estas actividades no resulten tan severas que puedan
estimular a los civiles a colaborar, por resentimiento con el enemigo” (RC 8-3:
90)
La estrategia para aislar a los presos políticos en la
Patagonia argentina, buscaba romper los lazos solidarios y
políticos que envolvían a los militantes presos: sus abogados, sus familias y
amigos, compañeros, etc.[25] No obstante, ello generó localmente
un núcleo de politización y de participación social en torno al dispositivo U6
que tuvo como principal materia prima la solidaridad con los presos políticos.
La primera
Comisión de Solidaridad la forma el sindicato de Luz y Fuerza de Trelew, en
junio de 1969, ante el traslado de los presos políticos y gremiales del
Cordobazo; en 1971, se organizan familiares, amigos, docentes y profesionales
de la zona en torno a la detención de Ángel Bel, militante comunista de Trelew;[26] en septiembre de ese
mismo, se conforma la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP),
y el 20 de agosto de 1972, se organiza una Comisión por la Libertad de Mario
Abel Amaya, abogado trelewense defensor de presos políticos y miembro de la
Gremial de Abogados.
La Comisiones
de Solidaridad, y especial la CSPP, permitían romper el aislamiento de los
presos políticos a la vez que generaba todo un movimiento en la sociedad local
que se organiza para tales fines. En torno suyo se fueron tejiendo nuevas
relaciones sociales que promovían el contacto solidario y horizontal entre
personas. Los servicios de inteligencia del Estado advirtieron rápidamente esta
nueva forma de actividad política:
“Desde
el mes de setiembre de 1971, fecha en que es trasladado para su alojamiento en
la Unidad Carcelaria de Rawson un grupo de detenidos subversivos, se suscitan
en la zona -Rawson, Trelew, Madryn- una serie de acontecimientos que perturban
en cierto modo la tranquilidad de la zona, aunque no se han registrado hasta el
presente hechos o acciones de corte subversivo propiamente dicho.
Inmediatamente de concretado el traslado de los detenidos, bajo el auspicio de
elementos izquierdistas y peronistas de línea dura, se organiza la
"Comisión de Ayuda y Solidaridad con los Presos políticos y Sociales de
Rawson". Hasta el momento, la única actuación de la mencionada comisión ha
sido la de promover manifestaciones y declaraciones públicas,
"Solicitadas" en los diarios locales y cierta ayuda a los familiares
de los detenidos que generalmente son provenientes de la provincia de Córdoba”.
(Armada Argentina. Informe Periódico de Inteligencia del 1/10/1971 al
15/5/1972).[27]
Los miembros de
la Comisión de Solidaridad visitaban una vez por semana a los presos políticos
del penal de Rawson. Cada persona tenía asignado a un detenido, llevándole
medicamentos, ropa, cartas, etc. Incluso muchos sus integrantes y/o allegados,
alojaron y dieron contención en sus casas a los familiares de los detenidos que
lograban llegar a la zona.[28] Coincidimos con Murphy
(2017) al observar que la cárcel de Rawson abre un espacio de politización en
torno a las acciones de solidaridad. Tanto sus miembros como el resto de los
“apoderados legales”[29], eran vecinos de la
ciudad con un marcado compromiso social. Muchos de ellos sin filiación
partidaria, pero con claras convicciones éticas y políticas; otros directamente
provenían del peronismo, de la UCR y del PC, o directamente compartían un
ideario socialista. En este contexto, la CSPP constituye un artefacto político,
cuya praxis solidaria en pos de la defensa de los DDHH, logra sortear la
censura y proscripción que impone la dictadura;
“Para
quienes la solidaridad se constituye sin exclusiones, el rechazo a la represión
se convierte en reclamo de libertad a los detenidos. En protesta que cuestiona
el orden instituido por la dictadura sumándose al movimiento de oposición
generado desde las comisiones de solidaridad y en que concluyen las protestas
de los barrios, de los jóvenes, de los gremios, como nuevas expresiones de
participación”. (Fernández Picolo et. al, 1991: 118)
El
Operativo Vigilante
Durante la madrugada
del 11 de octubre de 1972, las fuerzas armadas y de seguridad ejecutaron en el
NE de Chubut (Trelew, Rawson, Madryn y Pirámides) el “Operativo Vigilante”, a
cargo del V cuerpo del Ejército -con sede en Bahía Blanca-. El comunicado que
emitieron radialmente exponía:
“Se
comunica a la opinión pública que en la madrugada de hoy, 11 de octubre,
efectivos del Ejército dependientes de este comando, de la Armada Argentina, de
Gendarmería Nacional y de las Policías Federal y Provincial, efectuaron
diversos procedimientos en distintos sectores de las ciudades de Trelew, Rawson
y Puerto Madryn. Esta actividad ha sido desarrollada para garantizar el orden y
la tranquilidad pública de la comunidad de Trelew que ha sido directamente
afectada por la acción de elementos vinculados a actividades subversivas. En
consecuencia, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.081[30] y en
atención a diversas denuncias realizadas por distintos sectores de la población
y las investigaciones efectuadas, se han dispuesto los procedimientos
mencionados’. (Firma: Gral. Aníbal Medina, segundo comandante del Vº
Cuerpo de Ejército)”. (Diario Jornada, 13/10/1972, p.6)
Atendiendo al
reglamento de “Operaciones
contra la subversión urbana” que regía al V cuerpo estipulaba, podríamos
catalogar el operativo de Trelew como una “incursión”, esto es una “operación,
normalmente de pequeña envergadura, que consiste en atacar por sorpresa al
enemigo con el objeto de obtener información, producirle bajas y confusión o
destruir sus instalaciones” (RC 8-3: 73).
Durante el operativo
se allanaron cientos de domicilios particulares; muchos pertenecían a los
“apoderados legales” de los presos políticos, cuya lista ascendía a más de 50
(Ibarra y Hernández, 2016) o a gente vinculada con las comisiones de
solidaridad. Se realizaron decenas de detenciones, y finalmente se llevaron
secuestrados a 16 personas (sin orden judicial a Villa Devoto). Todos ellos
tenían algún grado de participación o de vinculación con el movimiento de
solidaridad política, lo que les valió la infundada acusación de haber
colaborado con la fuga y de estar implicados en “actividades subversivas”. Las
personas detenidas bajo sospecha de subversión, eran consideradas –según el
reglamento de la fuerza armada- miembros de “un movimiento de insurrección
urbana que [trataba] de ejercer un control psicológico y físico sobre la
población. Dicho control lo logrará por una red de dirigentes que operará de
manera abierta o encubierta en las distintas manzanas o barrios de la ciudad”
(RC 8-3: 38). Por razones estratégicas, consideraban “de particular importancia
el ubicar: los lugares favorables para el ocultamiento y/o actuación del
enemigo (villas de emergencia, universidades, fábricas, sectores no
urbanizados, etc.).
Según explicarían las
FF.AA. con el correr de los días, las detenciones se enmarcaban en el “proceso de investigación que se desarrolla
actualmente en averiguación del plan de intimidación pública programado
por distintos elementos subversivos para los próximos días” (Diario Jornada, 17/10/1972, tapa. Subrayado
nuestro). Esto se ajustaría a la “recomendación” del Reglamento Codificado de
que “en el caso de una inminente alteración del orden público el arresto
anticipado de sus jefes y de los activistas contribuirá enormemente a
desarticular las acciones del enemigo” (RC 8-3: 92).
Los oficiales del V cuerpo del Ejército que
interrogaron a los detenidos en Devoto, en repetidas ocasiones hicieron
hincapié en supuestos actos que se programaban para el día de la “lealtad
peronista”:
Lendzian declararía ante la prensa
que “le dijeron durante el interrogatorio de que los habían detenido en
prevención de 'actos contra la propiedad privada' que se llevarían a cabo el
17" (Diario El Chubut, 24/10/1972). A Del Villar le preguntaron si,
"¿Tenía conocimiento de los movimientos que se programaban para el día
17?”; mientras que a Echeverría, le preguntaron sí “¿Sabía que en Trelew se
estaba gestando un gran movimiento de fuerza para los días 17 y 18? (Diario Jornada,
18/10/1972. p.4). Claramente la capacidad de articulación política y de
movilización popular era algo que especialmente preocupaba al régimen
Durante esa mañana del
11 de octubre, se bloquearon las rutas de
acceso a esas ciudades, y se registró minuciosamente cada uno de los vehículos
que por allí circulaban (muchos de los cuales iban hacia sus lugares de
trabajo). Los camiones del ejército patrullando las calles; los retenes y los
soldados apostados; los vuelos rasantes, el avión Hércules C-130 en el
aeropuerto de la ciudad y la instalación allí de tiendas de campaña, generaban
un particular clima de incertidumbre y tensión, dando todo el aspecto de una
ciudad “tomada”.
La estrategia del
poder provincial (y en general de los sectores alineados con la dictadura, como
sindicatos y prensa) será ante todo buscar desmovilizar y desactivar la
protesta popular para encausarla institucionalmente (Pérez Álvarez y Binder,
2019). Esa misma noche, el interventor Jorge Costa emitió un mensaje[31],
desvinculando de cualquier responsabilidad al Estado provincial y relacionando
el operativo “Vigilante” con la Masacre de agosto, buscó enmarcarlo como una
medida más de “seguridad nacional”, tal como indicaba el RC 8-3:
“el
enemigo necesitará hacer participar a la población y lanzarla como instrumento
capaz de realizar sus propósitos, con el objeto de: desmoralizar a las
autoridades legales, producir la caída del gobierno y conquistar el poder. Le
corresponderá por lo tanto al gobierno movilizar a la opinión pública a su
favor mediante una conveniente campaña de acción sicológica, teniendo en cuenta
la necesidad de preservar el orden y conseguir el repudio del enemigo interno”
(84)
Pero
la zozobra que provocaban las intimidaciones de las FFAA y la complicidad del
Estado provincial, no fue suficiente para paralizar la acción política; menos
aún para desmovilizar la reacción popular en una región que, desde la fuga del
penal U6 en agosto, había sido declarada “zona de emergencia”. El “objetivo básico de aislar a la población del enemigo” (RC 8-3: 21) que
persiguió el Operativo Vigilante al secuestrar a 16 habitantes separándolos de
la comunidad (en Devoto), paradójica e inversamente, indujo una reacción
defensiva y en masa de esos vínculos.
“El Pueblo”
demostró en las calles su fuerza social acumulada, y en el Teatro Municipal
desarrolló una praxis política asamblearia, horizontal autónoma y autogestiva.
La “Asamblea del Pueblo”, dispositivo propio de la clase obrera, fue el
principal mecanismo deliberativo de la fuerza opositora. Y esa organización
alternativa y experiencia de democracia directa, sin mediaciones y más
radicalizada, era precisamente lo que se buscaba castigar y “domesticar”. El
Operativo Vigilante, a siete semanas de la Masacre de Trelew, apuntó a romper
las relaciones
sociales de autonomía y de solidaridad política entre sectores del proletariado
y de la pequeña burguesía.
Las posiciones
de ataque y defensa[32] son operadores metodológicos que nos permiten analizar las
correlaciones de fuerzas (Marín, 2009: 82) y ponerle orden a la
trayectoria dialéctica de los hechos de violencia, identificando los usos
tácticos y sentidos estratégicos detrás de cada episodio. Esto nos permite ir
estableciendo posibles conexiones dialécticas entre las los principales hitos
(y “violencias”) del periodo en la región: así concebida, la masacre del 22 de
agosto Trelew constituye una “respuesta” defensiva del poder militar ante la
afrenta que significó la fuga del 15; y el Trelewazo, es la respuesta defensiva
del pueblo al ataque que significó el Operativo Vigilante de octubre. La masacre
de agosto representa el primer acto de terrorismo de estado y en la pueblada de
octubre, por primera vez una movilización popular le “arrancó” presos políticos
a la dictadura de la “Revolución Argentina”, haciéndola retroceder aún más.
Conclusiones
En el
Trelewazo, el sector obrero migrante que conforma las barriadas populares, se
integra a un movimiento colectivo de protesta que es la expresión política de
una fuerza social (de masas) opositora. Sin esta fracción del proletariado, no
hubiese habido pueblada posible; fue la sumatoria de esos cuerpos la que
permitió revertir la relación de fuerzas con el régimen y conseguir la
liberación de los presos políticos. Esta “nueva” fracción de la clase obrera
surge, desde 1969, de las transformaciones en la estructura económico-social y
sus fenómenos derivados.
Uno de ellos
fue que la dinámica explosiva del desarrollo local -regida por la
industrialización asistida-, alentó un boom migratorio que generó un patrón de
asentamiento espontáneo en las márgenes de la ciudad, donde la carencia de
servicios básicos -cómo la luz o el agua- se solapaba con una larga serie de
demandas sociales y habitacionales insatisfechas. De esos barrios proviene el principal aporte de cuerpos que
hizo posible el hecho de masas.
Su problemática de clase, no se circunscribía en lo inmediato
a la relación obrero/patrón, sino a los problemas derivados de su situación de
marginalidad producto de una urbanización no planificada. Por más que sus
demandas parezcan de corte “ciudadano” o vecinal, hacen esencialmente a su
condición de clase obrera y a las dificultades que enfrentan para vivir y
reproducirse. Y su consolidación como fuerza política se estructura
en torno a la necesidad de hacer frente a los problemas cotidianos del barrio y
a sus hostiles condiciones de vida.
H. Lefebvre
(2013) veía al espacio urbano como el ámbito principal en el que se realiza la
reproducción de la fuerza de trabajo, y M. Castells (1988), afirmaba que la
vivienda era uno de sus elementos centrales; definiría al proceso de
planificación urbana como “la intervención de lo político sobre las diferentes
instancias de una formación social (incluido lo político) y/o sobre sus
relaciones, con el fin de asegurar la reproducción ampliada del sistema”
(Ordovás, 1998: 317). En suma, los problemas que de
allí se derivan y su búsqueda de solución, hacen a la relación de fuerzas y a
la lucha de clases, pero desde el ámbito reproductivo de las relaciones
sociales. (Martínez López, 2003).
Fueron esos problemas derivados de la materialidad de sus
condiciones de vida el principal mecanismo de
politización, y no la protesta (Trelewazo) en sí. Las comisiones barriales, son el observable empírico
que así lo sugiere.[33] Y la organización
asamblearia, la herramienta deliberativa que da curso a esa politicidad, habilitando una experiencia de
participación alternativa, diferente de la electoral.
En este
sentido, coincidimos con González Canosa, cuando sostiene que “en este contexto de cambios, más allá de los partidos
políticos, se genera en la región cierta activación social y política que si
bien puede articularse con ellos en algunos casos, excede sus canales de
participación” (2005: 35. Subrayado nuestro). Pero disentimos con
ella cuando sostiene que la protesta no debe
reducirse al principio unificador último de la lucha de clases (2005: 30, 116).
Para nosotros, la participación política de los barrios durante el
Trelewazo (en asambleas y en movilizaciones) expresa una de las tantas facetas
que puede asumir la lucha de clases en un conflicto determinado. Que el mismo
se presente y exprese lejos del ámbito del capital, sin que se tensen
directamente las relaciones de producción, no lo convierte en un episodio ajeno
a la lucha de clases. Si bien el Trelewazo constituye una lucha de tipo política,
el factor económico que -aparece subsumido- es también constitutiva de la
misma:
1) porque la fuerza política que mayor número
de personas que moviliza proviene de la clase obrera, y en especial de los
nuevos trabajadores migrantes que atrae el proceso de promoción industrial.
2) porque su
politización, expresada en las organizaciones barriales, se deriva de los
problemas que trae aparejado el boom industrial, que a su vez es resultado de
una estrategia específica de acumulación, en clave de “seguridad nacional”.
3) porque la
estrategia de dominación expresada en el Operativo Vigilante, refleja que
apuntaba a desarticular las Comisiones de Solidaridad y a perseguir a los
apoderados legales, buscando romper las relaciones sociales de solidaridad política. Los derechos humanos, eran, desde
nuestra perspectiva y en este contexto, un insumo para la lucha política (de
clases) del momento, pero no gestora de la misma. Además, los presos políticos
y su traslado al sur, eran el resultado de la política represiva que la
dictadura instrumentó para asegurar el interés del capital monopolista y de la
gran burguesía nacional, en un contexto de crisis orgánica (hegemonía) y de
ascenso de la lucha de clases.
Se trata entonces de inscribir esa forma de
enfrentamiento social históricamente situada (llámense puebladas, “azos”,
movimientos de masas, insurrecciones populares, etc.) dentro del proceso
general de acumulación de capital (y de pauperización de las clases populares)
que va cargando de contenido las luchas sociales, y alentando procesos de
formación de poder (y acumulación de fuerza) en los sectores subalternos. Las
puebladas son tan solo una de las formas que asume la lucha de clases en el
periodo. Antes que
reducir el fenómeno, se busca entender cómo se inserta en una totalidad aún más
grande que la condiciona. Para ello es necesario atender a la dimensión
estructural, tanto en lo que hace a la promoción industrial como al sistema
represivo.
Las políticas que CONASE y CONADE instrumentaron,
en buena medida fueron delineando el “escenario” y los “repertorios” de acción
que asumirían las luchas sociales en la región. La
industrialización acelerada del NE de Chubut desde fines de 1969, combinado con
la incorporación del penal U6 a la estrategia represiva de la dictadura
transformaron las relaciones sociales y dinamizaron sus prácticas políticas. El
“Polo de Desarrollo” (industrialización) y la “zona de emergencia”
(militarización) influyeron y condicionaron la forma regional que asumió la
lucha de clases general del periodo.
Las “comisiones
de solidaridad”, fueron la respuesta “autóctona” a ese entramado represivo que
se va montando regionalmente; y el Operativo Vigilante la respuesta militar
para castigar y horadar esas relaciones sociales. La solidaridad constituye una
de las armas morales[34] de los expropiados y
oprimidos; es una argamasa que permite vincular cuerpos y acumular energía para
conformar fuerza política. Metafóricamente, la solidaridad es lo que el cemento
a los ladrillos de la pared. Y el ataque a esas relaciones “solidaridarias”
dinamizó las contradicciones políticas y precipitó la situación de masas en
Trelew. No es que haya sido su fundamento; sino más bien el percutor que abrió
un espacio de protesta común sincronizando la lucha
previa de vastos sectores de la sociedad, y liberando la presión política
acumulada
La injusticia explícita en los fusilamientos en la Base Zar de Trelew
(que evidencian la naturaleza represiva y criminal del régimen) se combina con
la certeza de la legitimidad del reclamo popular, alimentando una fuerza moral
que empuja a la acción colectiva. Es esa convicción “la
que le otorga materialidad a la fuerza moral contenida en esa fuerza social de
enfrentamiento”. (Balvé, 1989: 146). La militarización de la región influyó rápidamente
en el “humor” de la sociedad, y lejos de paralizarla, más bien indujo una
bronca e incomodidad generalizada que incrementó la oposición y el rechazo a la
dictadura militar. El “Operativo Vigilante” fue el acto represivo que permitió
articular las disidencias y acabó estimulando precisamente eso que buscaba
limitar: la movilización popular. Y esa respuesta popular de masas no hubiese
sido capaz de alterar la relación de fuerzas, sin la participación de los
trabajadores que migraron al naciente polo textil de Trelew.
El
desafío teórico radica entonces en poder enmarcar la coyuntural reacción
popular dentro de los parámetros más generales (estructurales y orgánicos) del
proceso de acumulación que rigieron y dinamizaron la lucha de clases del
periodo. Esto supone pensar la situación de masas (acontecimiento) cómo
síntesis histórica de múltiples determinaciones (como “unidad de lo múltiple”[35]).
Las contradicciones que se manifiestan en el NE de Chubut, abrevan tanto de su
condición de polo industrial como de polo represivo. En octubre de 1972, nos
encontramos con múltiples problemas y conflictos que se desprenden tanto del
“desarrollo” industrial como de la estrategia represiva de “seguridad
nacional”.
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Tesis de posgrado.
[1] La región NE de
Chubut, comprende los departamentos de Rawson (las ciudades de Rawson y Trelew)
y Biedma (Puerto Madryn y Península Valdés).
[2] Ruy Mauro Marini, ha sostenido
que la característica que define a un Estado de tipo contrainsurgente o
contrarrevolucionario, es que en su estructuración vertical -propia de las
FFAA- pueden identificarse dos ramas: la militar (el Estado Mayor Conjunto) y
la económica, “representada por los ministerios económicos, así como las
empresas estatales de crédito, producción y servicios, cuyos puestos clave se
encuentran ocupados por tecnócratas civiles y militares” (Marini, 1978). Marini
sostiene que el órgano supremo es el Consejo de Seguridad Nacional, “en el que
se entrelazan los representantes de la rama militar con los delegados directos
del capital; y los órganos del servicio de inteligencia, que informan, orientan
y preparan el proceso de toma de decisiones (…) Así, el Consejo de Seguridad
Nacional es el ámbito donde confluyen ambas ramas, entrelazándose, y se
constituye en la cúspide, el órgano clave del Estado de contrainsurgencia”
(Marini, 1978).
[3] Ley de Defensa Nacional 16.970,
publicado en Colección de Debates
Parlamentarios de la Defensa Nacional: Antecedentes legales y parlamentarios
1944-1986, Ministerio de Defensa, 2010.
[4] Ley de Defensa Nacional 16.970,
art.13, op. cit.
[5] Sostiene Eduardo Basualdo al
respecto que “…el aparato estatal se
adecuó a las necesidades del proceso de acumulación de las fracciones de capital dominantes (…) El estado fue uno de los
sustentos fundamentales para el fortalecimiento de las empresas oligopólicas
industriales a través de múltiples mecanismos redistributivos (sobreprecios en
las compras estatales, líneas de crédito a tasas de interés negativa, regímenes
de promoción industrial, subvaluación de insumos industriales producidos por
las empresas del estado, excepciones arancelarias para insumos, etc.” (Estudios
de Historia Económica Argentina, Buenos Aires, Ed. S XXI, 2010, pp.76-77)
[6] Osiris Villegas, Guillermo,
"Seguridad, Política, Estrategia", Temas Militares I: 4, febrero
1968, p. 5, citado en Snow, Peter (1972).
[7] La Comisión Permanente de
Planeamiento del Desarrollo de los Metales Livianos, fue el organismo
dependiente de la Fuerza Aérea que tuvo a su cargo el proyecto de la planta de
aluminio, explotando el puerto de aguas profundas en Madryn, y construyendo una
usina hidroeléctrica en Futaleufú que proveería energía a bajo costo,
permitiendo la competitividad de la producción de aluminio en Puerto Madryn.
[8] La Masacre de Trelew fue el
fusilamiento en la Base Zar de 19 militantes revolucionarios que se habían fugado
del penal de Rawson una semana antes, el día 15 de agosto. En esa madrugada del
22 de agosto, “cerca de las 3.30, fueron despertados con patadas en las puertas
y gritos. Sosa, Bravo, Del Real, Herrera, Marandino y Marchant los obligaron a salir de las celdas y
a formar dos filas en el pasillo, con la cabeza hacia el piso, para luego abrir
fuego sobre los diecinueve, descargando por completo sus ametralladoras. Cuando
finalizaron las ráfagas, quienes todavía se encontraban vivos fueron rematados
con tiros de gracia. A pesar de ello, lograron sobrevivir seis de los presos
-María Antonia Berger, Ricardo Haidar, Alberto Camps, Miguel Ángel Polti,
Alfredo Kohon y Rubén Bonet-, quienes luego de estar mucho tiempo en el piso de
sus celdas desangrándose y sin recibir ningún tipo de atención médica, fueron
llevados en camillas hacia la enfermería, donde se los dejó varias horas más
sin atenderlos, esperando que murieran. Finalmente, fallecieron Kohon y Polti
durante el transcurso de la mañana, y Rubén Bonet en horas del mediodía,
fusilado de un tiro en la cabeza.” [Binder et al, Diario del Juicio. La masacre de Trelew 40 años después, Rawson,
Secretaría de Cultura de la provincia de Chubut, 2015, p. 34]
[9] Censo Nacional de Población,
Familias y Viviendas de 1970.
[10] “Durante los últimos años se han
multiplicado en Trelew los asentamientos humanos de este tipo, en los que el
carácter precario de muchas viviendas debe sumarse la falta de servicios
públicos indispensables y la situación de inestabilidad y marginamiento social”
(Caracotche e Ibarra, 1973: 13)
[11] Muchos vivían en “casitas
‘liliputienses’ muy precarias, algunas de adobe; ya sin lugar donde construir
las familias usaron como vivienda los vagones abandonados del trencito
patagónico en el interior del galpón del ferrocarril (…) Obtenían el agua de
las canillas de la estación del tren, a varias cuadras de sus casas y la
juntaban en todos los recipientes que podían”. [Barberena, Daniel, Los barrios populares de Trelew en la década
del `70, Trelew: Ed. TER, 2009, p. 12]
[12] “Expusieron problemas Vecinos de
un Barrio. Organizadores de la reunión decidieron invitar a representantes
municipales a efectos de encontrar el asesoramiento imprescindible para iniciar
acciones (…) quienes sugirieron en principio la formación de una comisión
vecinal receptora de los problemas del barrio y a la vez canal de soluciones
adecuadas en estrecha colaboración con las autoridades comunales (…) El barrio
Gesi está constituido por un grupo de humildes construcciones edificadas en un
sector de la ciudad poco favorecido por las características de la tierra y
ciertamente desprovisto del buen amparo que ofrecen los servicios públicos.
Entre las necesidades inmediatas los vecinos solicitaron el enripiado de
algunas de las calles del barrio, por cuanto en las actuales condiciones y
entre otros inconvenientes se limitan las posibilidades de provisión de agua
potable…” (Diario Jornada, 1/07/1970).
[13] “Durante una reunión realizada el
4 de mayo en la unidad básica ‘22 de agosto’ del barrio La Laguna y con la
presencia de numerosos vecinos, quedó constituida la comisión de ese barrio”
(Diario Jornada, 7/5/1973, p.5). La
presencia barrial de esta organización política puede rastrearse al acto de
bienvenida a Héctor Cámpora en el Aeropuerto de Trelew, en julio de 1972. Allí
pudo observarse la militancia barrial con una bandera con la siguiente
inscripción: “Los prisioneros de guerra se liberan con la guerra. Juventud
Peronista. La Laguna” (Archivo fotográfico Diario Jornada, 9/07/1972).
[14]
En 1973 se reglamenta (bajo ordenanza 323) el
funcionamiento de las Asociaciones Vecinales y en 1974 se comienza a subdividir
el “Barrio Norte”, dando lugar al barrio Pte. Perón (ordenanza 388/74) y Oeste
(Irusta y Rodriguez, 1993: 138)
[15] Sobre RC-2-1 (Conducción para las
fuerzas terrestres), RC-2-3 (Zonas de Emergencia) RC 8-2 (Operaciones contra
fuerzas irregulares), RC-8-3 (Operaciones contra la subversión urbana),
RC-15-80 (Prisioneros de Guerra), RC-5-2 (Operaciones sicológicas) y RC-9-1 (Operaciones
contra elementos subversivos) ver
en Pontoriero, Esteban, “El tratamiento de los prisioneros de “guerra
subversiva” en los reglamentos de contrainsurgencia del Ejército argentino
(1955-1976)”, Revista www.izquierdas.cl, núm. 19, 2014, pp.
131-142.
[16] Ejército Argentino (1969), RC 8-3
“Operaciones contra la subversión urbana”: Instituto Geográfico Militar. En
línea: http://www.ruinasdigitales.com/revistas/dictadura/Dictadura%20-%20Manual%20Operaciones%20Urbanas.pdf)
[17] “… ( o demostración) Es una
multitud sicológicamente unificada en virtud de un interés común. Se
caracteriza por estar organizada, y exteriorizar sus sentimientos hostiles o de
apoyo a determinadas personas, causas o situaciones políticas, económicas o
sociales.” (RC 8-3: III)
[18] “Es una multitud desordenada,
aparentemente fuera de control. Actúa bajo el estímulo de una intensa
excitación o agitación, pierde el sentido de la razón, el respeto a la ley y
pasa a obedecer a individuos que toman la iniciativa de dirigir acciones
desatinadas y delictivas” (RC 8-3: III)
[19] “Desacato al Orden, llevado a
cabo metódicamente por una multitud en apoyo de un objetivo común; se realiza
mediante una acción planeada contra las personas o bienes que se desea
vulnerar” (RC 8-3: III)
[20] El capitán Luis Emilio Sosa, uno
de los principales responsables de los fusilamientos en Trelew (condenado a
cadena perpetua en 2012 por crimen de lesa humanidad), integraba el Batallón de
Infantería de Marina BIM 4, fuerza que en 1956 había participado también de
otro crimen de Estado como lo fue el bombardeo a Plaza de Mayo.
[21] La violencia
contrarrevolucionaria es ante todo una política represiva de carácter defensivo
(Marín, 2009). La caracterización de “contrarrevolucionario” le imprime
especificidad (e historicidad) al sistema represivo. Si bien el contenido
coercitivo del Estado capitalista es invariable, lo que cambia es su morfología
acorde a las circunstancias históricas. El carácter contrarrevolucionario, no
refiere tanto a la cuestión de si estaba en ciernes o no un real proceso
revolucionario, sino a las acciones y modificaciones que ante esa hipótesis
asume el Estado para etiquetar, reprimir y anular toda resistencia y oposición
social que viniese a obstaculizar el programa de gobierno de las FF.AA. Es la
violencia característica que ejerce un Estado de tipo Contrainsurgente (R.
Marini, 1978) para ordenar la economía (en función del sector monopolista) y
controlar las luchas sociales. No perdemos de vista que el fundamento principal
del Estado capitalista es el monopolio de la violencia; lo que nos interesa
observar es como ese Estado debe reorganizar (en función de la coyuntura histórica
y de la situación de la lucha de clases) el conjunto de sus aparatos
institucionales, administrativos y legales de los que se vale para tal fin
represivo (esto es, la represión de las insurrecciones populares, el movimiento
de masas, las huelgas obreras y el accionar de las organizaciones armadas).
Denominar esa violencia como contrarrevolucionaria nos permite situar la
especificidad del periodo para diferenciarla así de la represión estatal en
otros contextos históricos, como por ejemplo, el de la post-dictadura.
[22] Decreto-ley 16.984 de 1966
(prohibía la distribución por correo de propaganda “comunista”); ley 17.401 de
1967 (de represión al “comunismo” y a la “subversión”); ley 18.234 de 1969
(modificación a la 17.401 que sanciona hasta la actividad ideológica); ley
18.799 (reducción de hábeas corpus) de 1970; la ley 19.081 de 1971, que
autorizaba a las FF.AA en operaciones de seguridad interior o la ley 19.053 del
mismo año, por la cual fue creada la Cámara Federal en lo Penal, entre otras.
[23] En concreto, el decreto-ley
19.797 del 22/8/1972 que penaba a todo aquel que difundiera imágenes o
cuestiones relacionadas a los militantes políticos, y a la Masacre de Trelew,
obligando a difundir las versiones oficiales del hecho. Por este decreto, Tomás Eloy Martínez
fue despedido de la revista Panorama
luego de publicar irregularidades y contradicciones entre las distintas
versiones oficiales.
[24] Las pruebas documentales
presentadas en el juicio por la Masacre de Trelew (2012), permiten inferir
desde mediados de 1972, la vigencia de ese plan de “capacidades”. PLACINTARA
estipulaba la organización interna para la represión. En él se divide a la
Armada en 11 fuerzas, siendo la Fuerza de Tareas nº 7 la asignada al NE de
Chubut; su jefatura la Base Zar de Trelew. Integraban la FUERTAR 7 -denominada
AGRUPACIÓN TRELEW- el Batallón de I.M. Nº 4, el Apostadero Naval Golfo Nuevo,
la Prefectura Madryn, la Prefectura Rawson y las dependencias de la Armada y
Prefectura Naval Argentina en la Zona de Trelew, Rawson, Golfo Nuevo, Península
Valdéz y zonas portuarias de Madryn y Rawson; Departamentos de Telsen, Gastre,
Gaiman, Viedma y Rawson de la Provincia de Chubut.
[25] “Las modificaciones introducidas en el
sistema legal reducirán el tiempo de cada proceso, evitarán la concentración de
extremistas y dificultarán la comunicación entre la dirección insurreccional
-parcialmente detenida- y sus cuadros. Teniendo en cuenta la responsabilidad
directa en el control operacional de las Unidades Carcelarias por parte de las
Fuerzas Armadas, se hace necesario extremar las medidas de seguridad en dichos
establecimientos, ya que una eventual fuga produciría importantes dividendos
psicológicos para la subversión, a la vez que implicaría una seria -aunque
circunstancial- derrota para el Gobierno y las FF.AA.” (Armada Argentina,
“Informe Periódico de Inteligencia del 1/10/71 al 15/5/72”, -documento interno
de la fuerza, presentado como prueba en el juicio por la “Masacre de Trelew”-,
2012)
[26] “Habitantes de la provincia del
Chubut se encuentran privados de su libertad y alojados en la cárcel de Rawson
como medida represiva por sus ideas./ Los abajo firmamos, conscientes de la
arbitrariedad que significa encarcelar a un ser humano por lo que ha querido
llamarse delito de pensar, característica ésta de la raza humana y dentro de
ella de los hombres que independientemente de su profesión política, luchan por
un mundo mejor, reclamamos su inmediata libertad./ (…)Abran las cárceles a
quienes vieron adonde conducía esa conducta y tuvieron el valor de predecirla y
más aún expresarla!/ Hoy ya nadie calla. Que el libre juego de las ideas eche a
correr. Que los hombres todos sean los responsables de un destino. Que quien
los gobierne lo haga por mandato popular/ Abra el gobierno ya las cárceles si
como ha manifestado es su intención pacificar y llamar a todos los argentinos a
participar en el quehacer nacional” (Diario Jornada,
4/5/71)
[27]
documento interno de la fuerza, presentado como prueba en el juicio por la
“Masacre de Trelew” (2012)
[28] “desplegaron un conjunto de
prácticas e iniciativas alrededor del vínculo y contacto con los familiares.
Estas tenían que ver con el apoyo logístico y la puesta a disposición de
infraestructura (casas, alimentos, etc.) para quienes venían de visita y carecían
de los medios para permanecer en el lugar a la espera de la entrada a la
cárcel. Muchos llegaban con limitaciones económicas, tenían un viaje largo y
dificultades para poder pagar un alojamiento. La mayoría era gente humilde,
ancianas y madres. Esto habilitó la masificación y ampliación de la red de
solidaridad local con el objetivo de realizar dicho apoyo logístico”. (Murphy,
2017: 61). Para ampliar sobre la CSPP ver: Fernández Picolo, “Los presos
políticos en Rawson y la Solidaridad”, op.
cit.; González Canosa, “La
Comisión de Solidaridad con los presos políticos y sociales de Rawson y los
apoderados legos”, op. cit.
[29]
“ante la dificultad de actuación de los propios
abogados de los detenidos dado su aislamiento, distintos pobladores de Trelew
gestionaron poderes ante una escribanía que les permitieron convertirse en sus
“apoderados legos”, es decir no abogados. Esto les permitía representarlos,
hacer gestiones en su nombre, encontrarse con los detenidos en el penal una vez
por semana, charlar con ellos y llevarles lo que necesitaran (González Canosa,
2005: 42).
[30] Este decreto del 16/6/71 firmado
por Lanusse, dotaba de respaldo jurídico a los militares para actuar en
territorio propio: “Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional a emplear durante la
vigencia del estado de sitio en el territorio de la Nación, en sus aguas
jurisdiccionales y su espacio aéreo, las fuerzas armadas que considere
conveniente en operaciones militares, a fin de prevenir y combatir la
subversión interna, el territorio y demás hechos conexos.”. En el art.4, fijaba
que las policías y demás FFSS quedarían bajo control operacional de los
respectivos comandos militares, “ejecutando
las funciones, misiones y tareas que se les impongan”. La zona queda de facto bajo control total de las FFAA.
[31] “lamentando los episodios vividos
en la ciudad de Trelew el 22 de agosto pasado, cuyos efectos promovieron los
procedimientos realizados el miércoles y los explicó diciendo que habían sido
ordenados por la autoridad militar, aclarando que en él no tuvo participación
el gobierno de la provincia. Expresó que la seguridad de la población reclamaba
este tipo de acciones preventivas y formuló un llamado a la comprensión
ciudadana para tolerar las molestias circunstancias en que los mismos se llevan
a cabo” (Diario Jornada, 13/10/1972, p.7)
[32] “El ataque procura la
apropiación, la alteración de una relación social, mientras que la defensa
pretende la preservación de una relación y por lo tanto dirige toda su fuerza a
la acción del oponente. Por esta razón, es precisamente este último gesto el
que desata, en términos estrictos, el inicio del conflicto” (Pierbattisti, Damián
y Rebón, Julián, “Introducción”, Cuaderno 8 ed. PICASO, 2009, subrayado nuestro).
Metodológicamente, Marín explica que “ataque” constituye “Toda acción, todo
proceso, toda secuencia que altere las relaciones sociales de un espacio
social. Y defensa es todo proceso que tenga como consecuencia el
restablecimiento de las condiciones iniciales de ese espacio social. Este
modelo tiene una virtud: una gran universalidad de aplicación”. (Marín,
2009:83)
[33]
“La actividad de estas comisiones comenzará a ganar
un espacio relevante en el marco de las prácticas comunitarias, excediendo a su
vez dicho ámbito para convertirse en una cuestión de debate en el seno de la
sociedad trelewense. Además, a partir de la experiencia acumulada en las
asociaciones vecinales y de la actividad de diversos militantes políticos en
estas zonas, progresivamente las demandas puntuales comienzan a adquirir un
carácter social más amplio”. (González Canosa, 2005: 35).
[34] La solidaridad, la injusticia o
los discursos políticos (por mencionar solo algunos elementos), pueden
convertirse en armas morales capaces de generar consenso, agrupar cuerpos,
articular fuerzas y predisponer voluntades para la lucha
[35] Karl, Marx,
Introducción general a la Crítica
Política, México, Siglo XXI, 1989, p.28.