Contenciosa, Año VIII, nro. 10, 2020 - ISSN 2347-0011

EL FORTÍN DEL ORDEN”: LA POLICÍA DE MENDOZA EN EL COMBATE A LA “SUBVERSIÓN”


THE FORT OF ORDER: THE MENDOZA POLICE IN THE FIGHT AGAINST "SUBVERSION"



LAURA RODRÍGUEZ AGÜERO

Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA)

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET)

Dorrego, Argentina

lrodriguezaguero@gmail.com



Resumen:

Este trabajo se propone estudiar el rol que cumplió la policía provincial en el despliegue de acciones represivas durante la última dictadura militar (y los años previos). En esa dirección nos proponemos, en primer lugar, analizar el rol que cumplió la policía de Mendoza al mando del vicecomodoro Julio Cesar Santuccione en el desarrollo del accionar represivo legal e ilegal entre 1975 y 1976, identificando rupturas y continuidades. En segundo lugar, analizaremos la centralidad del Departamento de Informaciones 2 (D2) y su funcionamiento desde un enfoque diacrónico teniendo en cuenta las perspectivas de género y clase. Este trabajo, será realizado a partir de fuentes orales, testimonios y documentos judiciales obtenidos en los sucesivos juicios de lesa humanidad.


Palabras clave: Represión - Clase - Género - Policía - Historia reciente


Abstract:

This work aims to study the role played by the provincial police in the deployment of repressive actions during the last military dictatorship (and the previous years). In this direction, we propose, first of all, to analyze the role played by the Mendoza police under the command of Vice Commodore Julio César Santuccione in the development of legal and illegal repressive actions between 1975 and 1976, identifying breaks and continuities. Secondly, we will analyze the centrality of Department of Information 2 (D2) and its operation from a diachronic approach taking into account gender and class perspectives. This work will be carried out from oral sources, testimonies and judicial documents obtained in the successive trials against humanity.


Key words: Repression – Class – Gender – Police - Recent history


Recibido: 16/6/2020 – Aceptado: 21/07/2020


EL FORTÍN DEL ORDEN”: LA POLICÍA DE MENDOZA EN EL COMBATE A LA “SUBVERSIÓN”1





LAURA RODRÍGUEZ AGÜERO

lrodriguezaguero@gmail.com



La policía tiene ánimo sobrado de eliminar física y moralmente a quien no cumpla con la ley […] Los convoco alrededor de este fortín del orden, de la disciplina para que junto con vuestra policía pasemos a combatir a los apátridas, a los sin Dios que hoy están flagelando el cuerpo de la Nación”

(vicecomodoro J. C. Santuccione, 11/12/1975).







Introducción

En Argentina, entre 1976 y 1983, se produjo la más sangrienta dictadura militar de toda su historia. En un contexto signado por una creciente agudización de las protestas sociales y de procesos dictatoriales en el Cono Sur, las Fuerzas Armadas (FFAA) tomaron el poder e impusieron un plan genocida que dejó un saldo de 30000 personas desaparecidas, miles de presas y presos políticos, exiliados y exiliadas, niños y niñas apropiadas ilegalmente y privadas de su identidad. Como hemos señalado en trabajos anteriores, la violencia paraestatal no comenzó el 24 de marzo de 1976.2 En el caso de Mendoza, ya desde 1974 bandas parapoliciales actuaban infundiendo terror en la población, y los calabozos del Departamento de Informaciones 2 (D2) albergaban a personas secuestradas desde 1975. A su vez, en noviembre de ese año, y a partir de las modificaciones producidas por los decretos 2770/71/723 que formalizaban la participación de las FFAA en la represión, Mendoza se integraba a la Zona 3 (junto a Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, y Jujuy) que correspondía al Comando del III Cuerpo del Ejército con sede en Córdoba, por lo que la provincia quedó bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez. A su vez, Mendoza, San Luis y San Juan constituyeron la Subzona 33 dependiente de la VIII Brigada de Infantería de Montaña con asiento en la primera, y cada una de ellas abarcó un área de operaciones, correspondiéndole a Mendoza la número 331.

En el desarrollo de la estrategia represiva, la dictadura implicó, sin lugar a dudas, cambios radicales y profundos, pero también algunas continuidades. En este estudio de caso analizaremos tanto dichas continuidades como rupturas, a la luz del accionar de un actor fundamental, la policía provincial. Tal como ha planteado Gabriela Águila (2018), el estudio de las policías permite profundizar y complejizar algunas interpretaciones sobre el accionar represivo estatal y paraestatal, “que han tendido a invisibilizar la actuación de esta fuerza y a robustecer una visión monolítica de la represión”.4 Además, su estudio “permite problematizar periodizaciones, temporalidades y modalidades del accionar represivo, cuestionar su papel en las tramas y configuraciones represivas y abordar las relaciones intra e inter fuerzas en diferentes escalas y contextos”.5

Nuestro interés por estudiar a la policía provincial surge, por un lado, a partir del rol fundamental que cumplió en el despliegue de acciones represivas durante los años previos al golpe de Estado y en dictadura; y por otro, debido a la importancia que tuvo su Departamento de Informaciones 2 (D2) en la puesta en marcha y en el desarrollo de prácticas represivas ilegales. En esa dirección nos proponemos, en primer lugar, analizar el rol que cumplió la policía de Mendoza al mando del vicecomodoro Julio Cesar Santuccione en el desarrollo del accionar represivo legal e ilegal entre 1975 y 1976, identificando rupturas y continuidades en dicho accionar. En segundo lugar, analizaremos la centralidad del D2 y su funcionamiento desde un enfoque diacrónico y teniendo en cuenta las perspectivas de género y clase. Este trabajo, será realizado a partir de fuentes orales, testimonios y documentos judiciales obtenidos en los sucesivos juicios de lesa humanidad registrados en los blogs del colectivo Juicios Mendoza. 6



La policía provincial: prácticas represivas legales e ilegales

Este trabajo está guiado por ciertos postulados planteados por Gabriela Águila sobre el accionar policial en el denominado combate a la “subversión”. Esta autora problematiza el uso acrítico que, en los estudios sobre las policías, se ha hecho de la categoría “militarización”, que “alude al papel central cumplido por las FFAA en el mantenimiento del orden interno”.7 En ese sentido, en primer lugar, señala las tensiones entre una perspectiva que alude a “un proceso de militarización sin demasiada explicitación y una interpretación de la militarización “como subordinación o “subsunción” completa y sin matices de las policías a las FFAA”.8 Otra cuestión que menciona Águila, en relación con ciertos atributos que se le asignan al proceso de militarización -como la participación de la policía “en la persecución y represión del “enemigo político” y no exclusivamente del delito común”- es el papel histórico que la policía ha cumplido en la represión de los sujetos “peligrosos”.9 En esa dirección señala que no “configuraría una novedad que se hizo presente en los años 60-70 de la mano del proceso de militarización o de la adopción de estrategias represivas diseñadas por los militares, sino que remite a una larga historia de persecución político-ideológica realizada por la policía. 10

En ese marco, a partir de nuestro caso de estudio, podemos señalar que los métodos represivos ilegales efectivamente tenían larga data en la fuerza, y que durante los años previos al golpe de Estado se produjo una agudización de la persecución de sujetos considerados peligrosos, en este caso “delincuentes comunes” y mujeres en situación de prostitución. Al relevar diarios de la época, con el objetivo de reconstruir el accionar represivo paraestatal en Mendoza en los meses previos a la dictadura, nos encontramos con crónicas que relataban cómo jóvenes de sectores populares, vinculados/as la mayor parte de las veces a negocios ilegales como la quiniela clandestina, las drogas ilegales o la prostitución, aparecían asesinados/as en los mismos lugares y con los mismos métodos que las y los primeros militantes víctimas del terror. Estos hallazgos nos llevaron a preguntarnos de qué manera estas muertes se articularon con la trama represiva que estaba siendo puesta en marcha en ese momento.11 Si bien el acceso a fuentes es escaso, de hecho solo contamos con diarios, traeremos a colación un caso y algunas cifras aproximadas y provisorias producto de investigaciones de organismos de Derechos Humanos (DDHH), de la justicia y propias. En 1974 se registraron 4 muertes de personas ligadas a la prostitución. Entre enero de 1975 y el 24 de marzo de 1976 sabemos de 16 asesinatos vinculados a “negocios ilegales” (8 NN y 8 que fueron identificados) y otros 28 casos, entre asesinatos y desapariciones por razones políticas; lo que implica un total aproximado –y provisorio- de 50 personas muertas y/o desaparecidas producto de la violencia estatal / paraestatal.12 Las noticias de estas muertes aparecían de manera paralela a las de militantes asesinados/as, solo que tenían menor repercusión.

Sofía Tiscornia, quien se ha dedicado a investigar la violencia policial, caracteriza a las víctimas de estas prácticas de la siguiente manera:

jóvenes y adolescentes que habían traicionado los pequeños negocios de la ilegalidad policial; que se negaban a ser “buchones”; que estaban en la esquina del barrio cuando el patrullero los confunde con otros de quienes querían vengarse, o pobres diablos engañados para lo que sería luego la escenificación de un falso “operativo” policial, obviamente exitoso. Todas esas muertes eran muertes naturalizadas”.13

En la dirección que Tiscornia señala, traemos a colación el caso del joven Hugo Alaniz, para ejemplificar cómo en un contexto de “puesta a punto” del aparato represivo, procedimientos habituales de la policía se articularon con el accionar propio de la denominada lucha contra la “subversión”. Alaniz fue detenido días antes del golpe de Estado por agentes de civil durante un baile de carnaval y falleció producto de las torturas. El joven, tal como declaró su madre a Los Andes, fue aprehendido por cinco hombres que “se identificaron como pertenecientes a la sección Robos y Hurtos de la Dirección de Investigaciones”.14 Según el mismo Alaniz alcanzó a comentar a sus amigos, le querían adjudicar un robo en Palmira, pero él se negó en todo momento. Fue llevado al Centro Clandestino de Detención (CCD) D2 donde fue sometido a brutales torturas, luego fue liberado y llegó a su casa con fuertes dolores abdominales por lo que fue llevado al hospital Central, donde falleció. Vale la pena mencionar que días antes, había muerto también producto de torturas en el D2, el militante peronista y delegado sindical, Miguel Ángel Gil.

En cuanto a las mujeres en situación de prostitución, y respecto de la violencia policial, encontramos que parte de las operaciones llevadas adelante por la banda parapolicial Comando Moralizador Pío XII15, además de secuestros y asesinatos de mujeres en situación de prostitución, consistió en atentados con bombas a clubes nocturnos que se negaban a pagar coimas. En esa dirección, contamos con un testimonio que da cuenta del “negocio” que hubo detrás de las campañas moralizadoras. Comenta Alberto Atienza, editor de policiales del diario El Andino durante esos años:

El Comando tenía dos líneas, una era una supuesta defensa de la moral y las buenas costumbres y otra económica, de extorsión (...) Esta segunda línea consistía en ir a lugares de la noche, que todo el mundo sabe, se maneja mucho dinero y pedir cierta cantidad a cambio de seguridad. Uno de esos cabarets era el famoso La Noche, ahí había un griego, al que le piden dinero y no quiere pagar la cantidad que pedían y estalla una bomba. Ocurre algo similar con otro boliche Barrabás, de Néstor Sierra. Me cuenta ese hombre que habían ido dos hombres a verlo y me consulta que podía hacer y le dije, si podés, pagales, pero explicales que es por única vez, que hasta allí te alcanza. Les pagó y nunca le pasó nada”.16

En este punto nos preguntamos; ¿De qué modo se imbricaron las ideas del “delincuente común” con la del “delincuente subversivo”? Al respecto Tiscornia señala:

La categoría de delincuente no incluye solamente a aquellas personas que atentan contra la vida o propiedad de otras. Es justamente su fuerte dependencia del poder político la que resulta en que, según las circunstancias, disidentes y opositores políticos o grupos que defienden sus derechos sean considerados en la misma categoría de “delincuentes - peligrosos - enemigos”. Y, en general, todos aquellos que puedan homologarse con las “clases peligrosas” según las épocas: migrantes, mendigos, pobres, vendedores ambulantes; o que expresan diferencias: homosexuales, travestis”.17

Este señalamiento realizado por Tiscornia nos permite comenzar a echar luz sobre la homologación que, en un contexto de violencia paraestatal, se realizó entre “delincuentes subversivos”, “delincuentes comunes y prostitutas”. Todos/as ellos/as fueron víctimas de un mismo modus operandi: secuestros seguidos de torturas, muertes violentas, cadáveres muchas veces calcinados con impactos de bala y manos atadas, y cuerpos arrojados en zonas montañosas, algunas veces con marcas infamantes.18 En el caso de los “delincuentes comunes”, según las crónicas periodísticas, las víctimas aparecían muertas luego de haber sido detenidas y “liberadas” por la policía. En el caso de las y los militantes, algunas veces fueron detenciones amparadas en la ley 20840 que penaba actividades subversivas, y otras, secuestros ilegales. Las mujeres en situación de prostitución en cambio, eran aprehendidas de modo legal ya que el Código de faltas amparaba esas acciones. Muchos de estos sujetos y sujetas “peligrosas” pasaron por los calabozos del D2, que ya desde 1975 funcionaba como CCD.

Por otro lado, y siguiendo una vez más a Águila, nos interesa pensar la “articulación entre “rutina y novedad” en el ejercicio de la represión” a la luz de lo analizado, pero también a partir de ciertas prácticas legales llevadas a cabo por la policía provincial antes del golpe de Estado, entre las que hay que mencionar las detenciones masivas de personas en operaciones callejeras. Ya desde mediados de 1975, los diarios de la época registraban numerosos operativos que se agudizaban hacia finales de ese año. En uno de ellos, realizado a comienzos de octubre, participaron 15 seccionales y fueron demoradas 1000 personas “por averiguación de medios de vida y antecedentes”, y en otro, llevado a cabo el 21 de noviembre, fueron detenidas más de 800 personas.19 En todos ellos también eran demoradas mujeres de “vida irregular” y, en un contexto de tejido de redes represivas en el Cono Sur, ciudadanos/as chilenos/as sospechosos/as de ser exiliados/as. Las detenciones de mujeres en situación de prostitución, al igual que otras disposiciones locales como la modificación del Código de Faltas o la reglamentación del carnaval, respondían también a la tónica moralista que tuvo la represión paraestatal en la provincia. En relación con esto último, semanas antes del golpe y anticipándose a la dictadura, el jefe de policía a través de una resolución que tenía como objetivo “asegurar la moral y el orden público” prohibió “el uso de caretas y disfraces, banderas o insignias” que afecten los intereses patrióticos. También “vestiduras sacerdotales, policiales o militares”, así como cantos y danzas indecentes o que “por lo sugestivas e insinuantes choquen al sentimiento moral y costumbres del pueblo y su idiosincrasia”.20 Vale la pena mencionar que la “prevención” de los desórdenes durante el carnaval actuó como excusa para que la policía acentuara las razzias y detenciones arbitrarias, como ocurrió con el joven Hugo Alaniz, muerto luego de las torturas sufridas en el D2.21

Un rasgo característico del organigrama represivo local, que queremos traer a colación, tiene que ver con la presencia de la Fuerza Aérea en la conducción de la policía provincial. Desde 1974 y hasta comienzos de 1982, los vicecomodoros Julio C. Santuccione, Alcides Paris Francisca y Mario Laporta estuvieron al frente de la jefatura de la policía; mientras que los oficiales Pedro Sánchez Camargo, Ricardo Miranda y Juan Agustín Oyarzabal estuvieron a cargo del D2. Estos, pusieron al aceitado D2 al servicio del aparato terrorista estatal, y algunos de sus agentes se integraron a la “Comunidad Informativa” (CI) que coordinaba las inteligencias de las distintas fuerzas. A través de los juicios de lesa humanidad sabemos que Armando Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk, eran agentes de inteligencia que servían de enlace con el resto de las fuerzas.

Por último, a partir de lo analizado y en relación a la tensión entre rutina y novedad, comprobamos que, en este contexto, las policías adecuaron los dispositivos represivos ya existentes y aceitaron sus mecanismos coercitivos para perseguir a personas consideradas subversivas, que fueron víctimas del modus operandi probado en la lucha contra otros sujetos “peligrosos”. A continuación, analizaremos el rol que cumplió el D2 entre 1975 y 1976, intentando dilucidar” si dicho accionar se agudizó y generalizó, y las modalidades represivas que adquirió durante esos años.



El Departamento de Informaciones 2 (D2)

En el entramado represivo local, el D2 fue fundamental debido a que desde allí se realizaron tareas de espionaje de personas sospechosas de desarrollar actividades “subversivas”, sus patotas fueron encargadas de realizar detenciones y secuestros en el marco de las leyes “antisubversivas” como la 20840, y sus calabozos se convirtieron en el lugar de depósito de personas secuestradas más significativo del período.

El D2 fue creado en 1970 por ley orgánica 3677 de la policía de Mendoza, la cual dividió a dicha fuerza en una jefatura y cinco departamentos (D1: personal; D2: informaciones policiales; D3: operaciones policiales; D4: logística; D5: judicial). El Departamento Informaciones Policiales constaba además de cuatro dependencias: Investigación de informaciones, Reunión, Planes e instrucción y Central. Tal como señala el fiscal Dante Vega, en sus orígenes, el D2 no se dedicó a la delincuencia común sino a acumular datos sobre militantes, organizaciones y todo cuanto fuera sospechoso de actividades políticas”.22 Esta sigla se repite en dependencias policiales de otras provincias. Este CCD habría tenido su “bautismo de fuego” según Vega, con el “Mendozazo” del 4 de abril de 1972. Al año siguiente, el gobierno peronista de Alberto Martínez Baca “se limitó a ordenar la quema de todos los expedientes que estaban en su poder, medida simbólica que sus integrantes fácilmente burlaron con el simple recurso de extraer copias de cada legajo”.23 Además, le otorgó un lugar en el nuevo edificio de la policía, obra en la que trabajaría una persona que luego fue secuestrada y llevada a ese lugar. Nos referimos a Fernando Rule quien ha señalado que la construcción comenzó a principios de esa década y que le llamó la atención “las dimensiones de los calabozos, inapropiadas para albergar una persona, circunstancia que mereció incluso un cuestionamiento de un organismo internacional”.24

El Departamento de Informaciones 2 fue inaugurado en julio de 1974 por el jefe de policía vicecomodoro Julio César Santuccione, personaje célebre por haber creado los comandos paraestatales Comando Anticomunista Mendoza (CAM) y Comando Moralizador Pío XII. Es decir que ya en los años previos al golpe de Estado de marzo de 1976, desde el Departamento de Informaciones se realizaban acciones no solo de “información” sino también de inteligencia hacia la población, además del accionar represivo paraestatal. A partir de noviembre de 1975, luego de la sanción de los decretos que colocaban a las FFAA al mando de la represión, sus patotas continuaron realizando tareas de espionaje y amedrentamiento habituales, ahora bajo control operacional de las FFAA. En este escenario, al producirse el golpe de Estado, el D2 estaba en pleno funcionamiento. Su personal ya llevaba meses de entrenamiento en la obtención de datos bajo tortura, en la violación de domicilios, en secuestros, violaciones, robo y homicidios.

A continuación, haremos un breve análisis del funcionamiento del D2 desde una perspectiva diacrónica, atendiendo a la advertencia de Rodrigo González Tizón quien señala que los CCD deben ser estudiados en perspectiva temporal, de lo contrario aparecen como estáticos. En segundo lugar, indagaremos en la pertenencia de clase y género de las personas que estuvieron allí secuestradas, partiendo de la hipótesis de que el CCD policial fue el lugar al que fueron a parar trabajadores/as y militantes de izquierda, lo que parecería indicar cierto criterio de clase entre las fuerzas armadas y de seguridad, al momento de distribuir a las personas secuestradas.



Funcionamiento del D225

El historiador Rodrigo González Tizón, en su investigación sobre El Vesubio, propone un análisis diacrónico de los CCD, teniendo en cuenta que si bien la operatoria cotidiana “se basó en una serie de elementos permanentes –la práctica del secuestro clandestino, la tortura y el destino final de desaparición, asesinato o liberación de los cautivos–, los CCD atravesaron cambios significativos en su actividad represiva con el transcurso del tiempo”26. En esa dirección, González Tizón advierte que las aproximaciones a espacios de cautiverio que no contemplen estas transformacionescorren el riesgo de perder de vista su condición de productos históricos y ofrecer una visión esencialista de su funcionamiento”.27 Teniendo en cuenta estas advertencias y la propuesta metodológica del autor, haremos un ensayo de periodización -provisoria- del CCD, apuntando a establecer distintas fases, para lo cual tendremos en cuenta las identidades políticas de las víctimas y la intensidad de los operativos de secuestro.

En el funcionamiento del D2 podemos distinguir por lo menos dos fases. Una primera que abarcaría los años 1975 y 1976 cuando se ponen en marcha los dispositivos represivos, las víctimas son estudiantes y trabajadores/as de la izquierda marxista y peronista y de organizaciones armadas, y se registra la actividad más intensa del CCD; y una segunda de 1977 a 1980 cuando la actividad represiva desciende notablemente y las víctimas pertenecen a agrupamientos políticos periféricos y no armados. En esta oportunidad nos detendremos en el análisis de la primera de ellas, la que a su vez dividiremos en dos momentos (de marzo del ´75 a enero del ´76 y de febrero del ´76 a fines de ese año).



Primera fase28

El inicio de la actividad represiva del D2 se remonta al primer tercio de 1975 y se irá agudizando a medida que el accionar represivo paraestatal se acentúe. Dentro de esta primera fase identificamos dos momentos: uno primero desde comienzos de 1975 hasta enero de 1976, lapso en que la actividad represiva fue dispersa y solo registramos dos grandes operativos; y un segundo momento de febrero a fines de 1976, cuando la actividad represiva alcanza mayor intensidad.

El primer momento de esta fase remite a las primeras detenciones de las que tenemos registro, que se producen entre marzo y abril del ´75, tal es el caso del militante peronista Edgar Chacho Godoy quien fue secuestrado a fines de marzo y llevado allí, y de Hortensia Espínola detenida en el aniversario del Mendozazo quien corrió la misma suerte. No obstante, según registros obtenidos en los juicios de lesa humanidad, ubicamos el inicio de un accionar sistemático en agosto de ese año cuando se produjo el secuestro de un grupo de once militantes de OCPO (Organización Comunista Poder Obrero). En junio habían sido detenidas María Angélica Hechin, Juan Carlos Dolz, Rosa Benuzzi y Jaime Torrens; y en agosto Luz Faingold, León Glogowsky, Susana Liggera, Ricardo D´Amico, Juan Carlos Yanzón, Blas Yanzón, Raquel Miranda, Ismael Calvo, Hugo Tomini, Prudencio Mochi y Mario Cisterna. En este primer procedimiento comenzó a delinearse el modo de operar de las bandas policiales: las víctimas fueron detenidas por agentes de esta fuerza que actuaron en connivencia con el Poder Judicial. Fueron trasladadas al D2 -donde padecieron torturas y todo tipo de vejámenes- luego fueron llevadas a declarar frente a miembros de la Justicia Federal y posteriormente a cárceles legales, en la mayor parte de los casos.

Durante ese mismo año, y a partir de los decretos 2770, 2771 y 2772, el 22 de noviembre el gobierno provincial anunció un redoblamiento de las medidas de seguridad invocando dichos decretos y se produjo el secuestro de numerosas personas entre las que se encontraban el militante peronista Samuel Pringles –asesinado– y el estudiante y militante de TUPAC (Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista y Combativa) Luis Moriña quien fue llevado a dependencias del Ejército y continúa desaparecido. Esa noche más de 20 personas fueron alojadas en el D2. Lo que resta del año se producen nuevas detenciones y secuestros, pero no presentan un carácter sistemático.

Un segundo momento de esta primera fase, se iniciaría en febrero de 1976 cuando se produce un gran operativo contra delegados/as estatales vinculados a la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y militantes de la izquierda peronista. La operación comenzó el 6 de febrero con el secuestro de Daniel Rabanal, a lo que siguieron Marcos Ibáñez, Silvia Ontivero y su hijo Alejo Hunau, Fernando Rule, Rodolfo Molinas, Stella Maris Ferrón y su pequeña Yanina Rossi, Miguel Ángel Gil, Olga Vicenta Zárate, Guido Actis, Ivonne Larrieu y Alberto Muñoz con su beba María Antonia. También integró la causa la abogada Haydeé Fernández, detenida el 16 de marzo de ese año. En el “Operativo Rabanal”, nombre asignado por la justicia, participó además del Cuerpo Motorizado de Vigilancia y el Cuerpo de Infantería, la Dirección de Investigaciones del D2. Una de las víctimas de este operativo, Miguel Ángel Gil, murió en febrero del ´76 como consecuencia de las torturas en este CCD.

Una vez producido el golpe de Estado, las patotas del D2 protagonizaron sendos operativos a veces de modo conjunto con el Ejército.29 Entre marzo y julio se produjo el pico de secuestros. Algunos de ellos/as fueron: Alicia Peña, Alberto Scafatti y Francisco Hipólito Robledo en abril. Y a partir de mayo Edesio Villegas y Jorge Vargas quienes se encuentran desaparecidos, Roque y Carlos Luna, Rosa Gómez, David Blanco, Héctor García, Elbio Miguel Belardinelli, Alicia Morales junto a su bebé Mauricio y su hija Natalia Galamba, María Luisa Sánchez y sus pequeñas Josefina y Soledad Vargas, Antonio Savone, Alberto Córdoba, Daniel Ubertone, Leopoldo López Muñoz, Mario Díaz, José Luis Bustos, Jesús Manuel Riveros y Alfredo Ghilardi. Estas detenciones que quedaron englobadas en lo que la justicia denominó “causa Luna”30, incluyó además una lista de personas “prófugas” que, a excepción de Emilio Vernet y Rosa Navarro, están desaparecidas: José Antonio Rossi, Ricardo Sánchez Coronel, Carlos Assales, Alicia Cora Raboy, Rosario Aníbal Torres y los mencionados Villegas y Vargas.31 Dentro de esta causa se encuentra un grupo numeroso de trabajadores bancarios que será analizado en el próximo apartado.

Otro de los grandes operativos ocurridos en este lapso aconteció entre el 11 y el 16 de mayo, y se dirigió contra la Juventud Guevarista y Partido Revolucionario de los Trabajadores- Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Estos secuestros incluyeron a numerosas personas que continúan desaparecidas.32 En ese marco la patota del D2 secuestró a militantes de la Juventud Guevarista (Eugenio Paris, Víctor Sabatini,Vivian Acquaviva, Raúl Acquaviva, Edith Arito, Graciela Leda Silvia Schvartzman, Nélida Lucía Allegrini, Liliana Tognetti, Antonio Siro Vignoni, Carlos Roca) que fueron alojados en sus calabozos y que, en su mayoría sobrevivieron. No corrió la misma suerte Daniel Moyano quien se encuentra desaparecido.

Al analizar esta fase de intensa actividad represiva y los operativos llevados a cabo por los agentes del D2, así como al observar el universo de personas que estuvieron allí alojadas, advertimos algunas características comunes entre las víctimas en relación a su pertenencia de clase y género, lo que nos lleva a plantear los siguientes interrogantes: ¿Es posible determinar cierto carácter de clase en el ejercicio del terror?¿Existió una distribución de tareas entre las fuerzas armadas y de seguridad en función de criterios de clase y género?. Y, ¿de qué modo se manifestó el carácter sexo genérico de la represión en los circuitos clandestinos? ¿Las prácticas represivas sexuadas perpetradas por policías presentaron rupturas o continuidades una vez producido el golpe de Estado?

Atendiendo a las perspectivas mencionadas, y en vistas a responder los interrogantes planteados, nos detendremos en el operativo contra delegados y miembros de las CGI bancarias, y en el operativo contra delegados/as estatales de febrero del ´76, intentando identificar modalidades de las prácticas represivas policiales.



Represión, clase y género33

A partir de investigaciones propias y en concordancia con planteos realizados por el fiscal Dante Vega, entendemos que la mayor parte de los y las trabajadoras secuestradas en el Gran Mendoza34 fueron a parar al D2. Al respecto, el fiscal ha señalado que las personas detenidas “con cierta posición institucional (políticos, profesionales, intelectuales, periodistas, abogados, médicos, actores, etc.) o económica fueron trasladados/as al Liceo Militar, al Casino de la Compañía de Comandos y Servicios (en el caso de las mujeres) y a la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8. La mayor parte de las y los “militantes políticos de izquierda, los dirigentes estudiantiles, sindicalistas o delegados gremiales (…) pasaron por el D2 donde fueron brutalmente torturados antes de ser recluidos en la penitenciaría provincial o desaparecieron”.35

Un ejemplo ilustrativo es el caso del colectivo de trabajadores bancarios, que fue uno de los más castigados por la represión.36 Desde fines de la década del 60, los bancos de la provincia registraron un acelerado proceso de radicalización política. Desde las Comisiones Gremiales Internas (CGI) de cada banco se encararon sostenidos planes de lucha convirtiéndose este sector, en uno de los más movilizados del periodo. Las acciones de vigilancia sobre los delegados bancarios por parte de agentes del D2 comenzó antes del golpe tal como señala Roberto Burgos integrante de la CGI del Banco de Previsión Social (BPS).

Es algo que nosotros sabíamos, había policías de civil en el banco que eran del D2 y nos tenían re fichados a todos, estaban para botonear nomás, no para custodiar el banco de los ladrones, era para botonear lo que había adentro. Convivían con nosotros día a día. Eran custodios de civil, todos sabíamos que iban a hacer ahí, eran épocas donde estábamos todos muy jugados”37

Estos custodios, a partir de la información que obtenían, abrían legajos de los/as “sospechosos/as”, y luego planeaban y llevaban a cabo los operativos de secuestros. Otro delegado del BPS, Hermes Ocaña, recordó en su declaración en el marco del IV Juicio por delitos de Lesa Humanidad –la Megacausa- que “antes del golpe, en el Banco se había formado un grupo de seguridad bancaria, pero que no era precisamente para seguridad del banco, sino para hacer inteligencia”.38 Aseguró que sus integrantes eran policías del D2 e identificó a varios de ellos. También Alberto Córdoba, integrante de la CGI del banco Mendoza comenta “Había gente que trabajaba en el banco que sabíamos que pertenecían a los servicios o a la policía, en ese momento no nos importaba porque tampoco sabíamos lo que se venía. En la parte de personal había un gerente de personal que era colaborador”.39 También José Lozano, delegado del BPS, recuerda la permanente vigilancia: “venía un gordito y nos decía que lo mandaban a tomar lectura y a botonear, él mismo se identificaba cumpliendo esa tarea”.40 Comenta Lozano que cuando fue detenido se sorprendió de la abultada información que tenían de él: “me leyeron la ficha de todas las intervenciones desde que yo era delegado, que fue a los pocos meses de entrar, creo que en el 70. Me comentaron todas las exposiciones que yo había hecho en las asambleas. Tenían un sistema de información bastante aceitado”. 41

Las detenciones, secuestros y acciones represivas parapoliciales sobre este sector de trabajadores comenzaron a mediados de 1975. En setiembre había sido detenido Vicente Antolín, integrante de la CGI del banco Mendoza, quien fue llevado al D2, donde recibió golpizas y picana. En octubre, varios/as miembros de la Asociación Bancaria y delegados fueron víctimas de la represión paraestatal. Anselmo Barredo (secretario administrativo del sindicato y director gremial del banco Mendoza) y Luis Ocaña sufrieron atentados con bombas en sus domicilios. Este último, luego del atentado fue secuestrado y llevado al D2. Por su parte Francisco De Robledo (secretario de organización) y Fuad Surballe (secretario general), fueron detenidos. También fue desvalijada la casa del delegado del BPS y militante del PST (Partido Socialista de los Trabajadores) Felipe Cervine.

Hacia fines de 1975 la represión se agudizó. Felipe Cervine recuerda “comenzó una dura y siniestra represión. El jefe de policía vicecomodoro Santuccione, forma la Triple A mendocina: el comando Pío XII”. José Lozano señala que, a principios de octubre de ese año, Santuccione lo citó junto a otros dos bancarios en su oficina, y les comentó que de continuar con las movilizaciones “los liquidaría”. Les advirtió que “desde hace un tiempo a esta parte, desde río San Juan hacia el sur, se han creado fuerzas parapoliciales para combatir todo este tipo de manifestaciones”.42 Y luego los increpó:

ustedes habrán visto lo que ha venido ocurriendo aquí en el Challao, [donde aparecían personas asesinadas a diario] y nos advirtió que íbamos a correr igual suerte si no cambiábamos nuestra pelea. Y nos dio toda una lección de todo lo que él se proponía para que en Mendoza no hubiera gente indeseable ni por cuestiones morales ni por cuestiones políticas o gremiales”.43

Las palabras del jefe de policía no tardaron en hacerse realidad. El 8 de diciembre, volviendo en auto de San Rafael junto a su esposa Laura Botella y su sobrino, Osvaldo Jara, Lozano se detuvo en una estación de servicio para cargar nafta y hacer compras, y al regresar ni sus familiares ni su coche estaban allí. Comenzó entonces una búsqueda desesperada en las comisarías de la zona, ya que los empleados de la estación le habían comentado haber visto un operativo policial. Finalmente, en una de las tantas dependencias a las que acudió, fue detenido y trasladado a Mendoza en un patrullero donde también estaba su sobrino. El destino de ambos, y de su esposa Laura fue el Centro Clandestino de Detención D2, lugar en el que fueron sometidos a torturas.

A la detención de Lozano se sumó la desaparición de José Vila, miembro de la Comisión Gremial Interna del Banco Mendoza y militante del PRT-ERP. Estos hechos motivaron nuevas medidas de protesta que fueron rápidamente levantadas debido a que se consiguió una audiencia con la Secretaría General de la Gobernación para conocer los cargos contra Vila y Lozano. El secuestro de Vila fue presentado como un supuesto “rescate de sus compañeros de organización”. También en diciembre fue secuestrado –y continúa desaparecido- Napoleón Araneda, bibliotecario y trabajador del Banco Mendoza.

Apenas ocurrido el golpe de Estado se produjeron nuevas detenciones. El 26 de marzo fue el turno de Roberto Burgos, quien luego de sufrir un allanamiento, se presentó -por consejo de una conocida- voluntariamente al Liceo donde quedó detenido. Entendemos que, por ese motivo fue el único bancario que no fue llevado al D2. Burgos menciona las diferencias entre “el Liceo y la VIII de Comunicaciones” en comparación con el D2: “en el Liceo y la octava no fue tan terrible, teníamos relatos de gente que venía del D2 y la cosa fue tremenda…nos contaban que estaban viendo cosas muy fuleras, picanas, violaciones a las mujeres”.44 Uno de los que llegó con esas “noticias” fue otro bancario, Hermes Ocaña, quien fue detenido junto a sus compañeros Arturo Galván y Horacio Lucero. Según Hermes relató en el marco de la Megacausa, los tres trabajadores fueron convocados por un comisario Sánchez a la oficina de Personal del Banco y los trasladaron en un vehículo particular primero a Investigaciones y luego al D2, donde fueron interrogados bajo tortura.

Durante junio del ´76 continuó la ola de secuestros de bancarios por las patotas del D2. El día 2 fue detenido David Blanco, el 4 Ricardo Sánchez Coronel y el día 7 Héctor García, los tres delegados del Banco Mendoza. Blanco fue trasladado al D2 donde se lo sometió a un interrogatorio bajo intensas torturas que pudo relatar con valentía durante el II Juicio por delitos de Lesa Humanidad. En los interrogatorios le preguntaban sobre sus compañeros/as de militancia y sobre la actividad gremial. Ricardo Sánchez Coronel, quien era delegado gremial y militante del peronismo montonero, en cambio corrió otra suerte. Fue secuestrado el 4 de junio en su lugar de trabajo -el Banco de Mendoza- por personas vestidas de civil. Hasta el día de hoy continúa desaparecido. Por testigos que declararon en el marco de los Juicios, se conoce que estuvo en el D2, donde fue salvajemente torturado. Héctor García, secuestrado en su domicilio, fue llevado al D2 donde lo sometieron a torturas que, en su caso, produjeron un tumor en el brazo. A medida que avanzaba el primer –y más cruel- año de dictadura, la represión se tornaba más virulenta. Entre el 30 y el 31 de julio, otros dos delegados del Banco Mendoza, Daniel Ubertone y Alberto Córdoba, fueron detenidos. Ubertone, militante de la Juventud Trabajadora Peronista, fue secuestrado en el amanecer del 31 de julio, en una parada de micro, en Godoy Cruz. Encapuchado, lo trasladaron al D2, donde fue sometido a golpes y torturas con picana hasta el 14 de octubre, fecha en que pasó “en depósito” a la Unidad Regional 1 de la policía de Mendoza. En ese lugar advirtió la presencia de otros bancarios como Alberto Córdoba, David Blanco y Eduardo Morales. En los interrogatorios, señaló Daniel, querían datos sobre Sabino Rosales, delegado también del Banco Mendoza quien fue asesinado. En el caso de Córdoba, el secuestro se produjo el 30 de julio cuando manejaba por la costanera y se le interpusieron algunos autos de los que bajaron personas con barbas y cabellos largos y postizos. Córdoba fue sacado de su vehículo -maniatado- fue llevado al D2, donde fue interrogado bajo tortura.

A partir de lo descripto podemos comprobar cómo, previo al golpe de Estado, gran parte de los integrantes de las CGI ya habían sido detenidos/secuestrados y en algunos casos asesinados o desaparecidos. En dicho accionar las patotas del D2 tuvieron un rol central, no solo por las acciones de inteligencia sobre sectores de trabajadores/as combativos/as, en este caso bancarios, sino también por sus acciones callejeras y por su desempeño al interior del CCD del Palacio Policial. Sus técnicas delictivas, consistentes en violación de domicilios, robos, golpes, torturas y violaciones, estuvieron presentes en todos los operativos contra sectores radicalizados de la clase trabajadora.

El carácter sexo genérico de la represión

En relación con la dimensión sexo genérica (en articulación con la perspectiva de clase) partimos de la idea de que el castigo aplicado tanto a aquellos denominados “subversivos/as” como a las mujeres en situación de prostitución, se hallan inscriptos en relaciones asimétricas entre los géneros sexuales, y que la última dictadura implicó, además de una “revancha clasista”, una de corte “heteropatriarcal”.45 Analizando estos procesos desde el punto de vista de la interseccionalidad podemos decir que el castigo al que fueron sometidas las mujeres durante la última dictadura militar se explica a partir del entrecruzamiento de diversas relaciones de poder y a un conjunto variado de opresiones tales como el género, la clase, la sexualidad y en algunos casos la raza.46 En esa dirección analizaremos una de las prácticas represivas sexuadas presente en el operativo de febrero del 76 contra delegados/as estatales y militantes peronistas.

La persecución contra trabajadoras/es estatales, quienes habían protagonizado una radicalizada experiencia gremial cuando conformaron luego del Mendozazo (1972) el combativo gremio SOEP (Sindicato de Obreros y Empleados Públicos) se inició tempranamente.47 Luego de la destitución del gobernador Alberto Martínez Baca, y en un contexto de correlación de fuerzas desfavorable para los sectores radicalizados de la clase trabajadora, en junio de ese año, una asamblea del SOEP, que sesionaba en el sindicato de obreros mosaístas fue atacada a balazos. Frente al temor y a los obstáculos que el nuevo gobierno provincial interponía a experiencias gremiales radicalizadas, este sindicato decidió disolverse (para luego incorporarse a ATE). El ex delegado Fernando Rule recuerda que uno de los hechos que comenzó a causar temor y preocupación fue justamente el ataque sexual a una delegada: “Recuerdo que los compañeros más asustados o débiles no te saludaban. Habían secuestrado a una compañera a fines del 74...la violó toda la comisaría... pero casi no se hablaba de eso”.48

Este hecho, lejos de ser aislado, fue anticipatorio de lo que ocurriría más adelante. Dentro de las víctimas del operativo de febrero del ´76, Silvia Ontivero declaró que fue atacada sexualmente todos los días de su cautiverio en el D2, reiteradamente, de día y de noche: “Tuve que soportar la violación de cuanto señor estaba de turno, varias veces al día. No solo yo, todas las mujeres”.49 Silvia compartió cautiverio con Stella Maris Ferrón y Vicenta Olga Zárate (otra delegada estatal), quienes también fueron objeto de ataques sexuales, según lo detalló la propia testigo. “Pagamos el precio de ser mujeres”, reflexionó Ontivero al referirse a los tormentos sexuales que sufrieron ella y sus compañeras.50 Ivonne Larrieu y Stella Maris Ferrón también declararon sobre las torturas y vejámenes sexuales sufridos por ellas y el resto de las detenidas.51 El caso de Vicenta Olga Zárate es emblemático. Vicenta tenía 45 años al momento de su secuestro, trabajaba en ENTEL (una empresa telefónica estatal) y era delegada gremial. El 12 de febrero estaba internada en el Policlínico de Cuyo, tras haber sido operada del útero en la jornada inmediatamente anterior, y allí se le asignó una custodia policial hasta el 21 de febrero, cuando una mujer ingresó a la sala, vendó sus ojos, le colocó gafas oscuras y el personal de Infantería la trasladó al D2. Esa misma noche, y en otras oportunidades también, fue violada en el interior de una minúscula celda. Días después fue sumada a una “pirámide humana” que provocó la muerte del delegado estatal Miguel Ángel Gil52. Otras mujeres que sufrieron violencia sexual en el D2 por parte de la policía provincial fueron aquellas que se hallaban en situación de prostitución y que diariamente eran llevadas a los calabozos de ese mismo CCD. Tanto para ellas como para las prisioneras políticas de cárceles o centros clandestinos de detención, esta práctica represiva generizada apuntaba a ultrajarlas y doblegarlas para colocarlas “en posición de víctimas y no de adversarios políticos para redoblar los efectos deshumanizantes, despersonalizantes y destructivos de la estrategia represiva”.53

A partir de los casos analizados aquí y en trabajos anteriores, podemos afirmar que la violencia sexual fue una práctica diaria y extendida no solo a las mujeres secuestradas en el marco del Operativo Febrero del ´76 sino a la mayor parte de las que pasaron por el D2. En el resto de los operativos de secuestro protagonizados por agentes de la policía, durante esta primera fase, también encontramos otros casos, algunos emblemáticos como el de Rosa Gómez y Luz Faingold. Rosa, compañera del delegado bancario desaparecido Ricardo Sánchez Coronel, estuvo detenida en el D2 desde su secuestro, el 2 de junio, hasta febrero de 1977. Allí sufrió el repertorio de tormentos conocidos y declaró que fue agredida sexualmente “hasta el último momento”.54 En un principio estuvo vendada y maniatada, pero después de un tiempo fue violada “a cara descubierta”.

Luz, quien fue secuestrada en el marco del operativo de agosto del ’75 contra la OCPO, siendo menor fue violada por agentes del D2. Este caso es significativo debido al accionar cómplice de la justicia federal. Luego de su paso por los calabozos de ese CCD, fue llevada a declarar frente al ex magistrado Luis Miret, quien le hizo un interrogatorio que apuntaba a estigmatizar su conducta en relación a qué hora solía volver a su hogar o si lo hacía sola o acompañada, así como otra serie de presupuestos que dejaban entrever que estas conductas eran indebidas para una mujer. De hecho, el mismo juez se negó a entregar a Luz a sus padres con el argumento de que estaban “divorciados”, y resolvió enviarla a un hogar para niñas. Otra víctima, no solo del accionar policial sino también de la complicidad judicial, fue la delegada estatal Silvia Ontivero, quien declaró frente a Miret haber sido violada en el D2, frente a lo cual el juez le respondió: “¿No te habrás caído?”. Estos casos son solo algunos ejemplos de las múltiples acciones en las que la justicia federal fue responsable de delitos de lesa humanidad. De hecho, en 2017, fueron condenados a prisión perpetua cuatro ex jueces federales mendocinos tras ser acusados de formar parte del aparato terrorista estatal

Luego de la descripción de una de las prácticas represivas generizadas usada por los perpetradores, y volviendo a las preguntas iniciales entendemos que, en primer lugar, las agresiones sexuales “no configuraron situaciones aisladas, sino que formaron parte del plan general de aniquilamiento y degradación de la subjetividad de las personas”.55 En segundo lugar, la violencia sexual no fue algo inédito, sino que más bien se reactualizó en un contexto de violencia estatal y paraestatal. Al respecto Marta Vasallo señala cierto “continuum en la violencia sexual contra las mujeres, que dificulta establecer una frontera nítida entre los hechos generados por la represión ilegal y muchos que se producen sin necesidad de ese marco”.56 Vasallo también advierte que “todas las mujeres y adolescentes internadas en asilos, correccionales, cárceles, psiquiátricos, son especialmente vulnerables a los abusos de sus guardianes”.57 El continuum entre la violencia sexual ejercida contra las mujeres en el marco de crímenes de lesa humanidad y en el de delitos comunes no se aplicaría a los hombres, advierte esta autora. En tercer lugar, la violación tuvo una intención disciplinadora ya que apuntaba a “ubicar” a las mujeres y cuerpos feminizados en los roles “naturales” que supuestamente les correspondían. Tal como ha señalado Angela Davis al analizar la violencia sexual hacia esclavas negras, el objetivo de la misma era “ponerlas en su sitio”. Si ellas “habían alcanzado un sentido de su propia fuerza y habían desarrollado un poderoso impulso a resistir, las agresiones sexuales les recordarían su feminidad esencial e inalterable”, que en la perspectiva machista de la época “significaba pasividad, obediencia y fragilidad”.58

Es decir que el modus operandi policial, de fuerte sesgo clasista y genérico, tampoco parece haber sido inédito, solo que en este contexto tomó otra dimensión. Bajo el paraguas de la lucha antisubversiva, la policía de Mendoza reciclo prácticas rutinarias y las adaptó al plan sistemático de exterminio, que ahora incluyó la desaparición de personas. Es decir que los tormentos sufridos por los “delincuentes comunes” así como las practicas misóginas y violentas hacia mujeres en situación de prostitución se trasladaron y extendieron a las y los denominados “delincuentes subversivos” y adquirieron otra dimensión y sistematicidad.



A modo de cierre

En este trabajo hemos intentado aportar al campo de estudios sobre la represión en la historia argentina reciente, a través del estudio de un caso particular: la participación de la policía de Mendoza en el desarrollo de una estrategia represiva antes y durante la última dictadura militar. En esa dirección nos concentramos en la articulación rutina/novedad, en vistas a conocer qué papel cumplieron en la trama represiva local sus agentes y dispositivos represivos, qué mecanismos preexistentes fueron utilizados y cuáles fueron novedosos; y siguiendo a Gabriela Águila, de qué manera eso influyó en ciertas temporalidades y modalidades del accionar represivo.

A partir de esos interrogantes pudimos observar, tal como advierte González Tizón, que el D2 sufrió significativas transformaciones durante los años abordados. Un primer momento de inflexión fue noviembre de 1975 cuando a raíz de la puesta en marcha de los “decretos de aniquilamiento”, el modus operandi represivo adquirió características similares a las de la dictadura. A su vez, a partir del 24 de marzo de 1976, los rasgos represivos preexistentes se acentuaron y los operativos adquirieron gran intensidad, la cual descendió notablemente a partir de finales de 1976 y comienzos de 1977.

En segundo lugar, en relación con las prácticas represivas previas, entendemos que los mecanismos coercitivos ilegales puestos en juego en la persecución de sujetos “peligrosos” tales como “delincuentes comunes” y mujeres en situación de prostitución, se actualizaron y extendieron a las personas consideradas “subversivas”. La perspectiva de género permitió ubicar a la violencia sexual, en un continuum de prácticas represivas generizadas dirigidas históricamente hacia mujeres y diversidades. A la vez, permitió advertir las dimensiones y “móviles” reactualizados que adquirieron en un contexto dictatorial: ahora formaron parte de una “revancha heteropatriarcal” de carácter sistemático, que buscaba revertir la subversión de las relaciones intergenéricas que venía produciéndose desde los ´60. Algo similar ocurre con las acciones de inteligencia y persecución de trabajadores y trabajadoras. Como analizamos en el caso de bancarios, dicho accionar comenzó antes del 24 de marzo de 1976. De hecho, cuando los delegados y miembros de CGI fueron secuestrados, el objetivo de la tortura, tal como declaró José Lozano, no fue obtener información. Todo este accionar represivo tanto legal como ilegal, nos lleva a suponer que por lo menos en esta fuerza, no hubo “una ruptura con procedimientos rutinarios” una vez producida la dictadura, sino más bien una generalización e intensificación de los mismos.



Entrevistas

Fernando Rule, ex SOEP y militante Montonero. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, Mendoza, marzo de 2013.

Daniel Ubertone. Entrevista realizada por Daniel Flores y Pablo Miranda. Espacio Provincial de la Memoria, ex D2, Mendoza, marzo de 2016.

David Blanco. Entrevista realizada por Natalia Baraldo. Mendoza, junio de 2002.

Felipe Cervine. Entrevista realizada por Natalia Baraldo (vía correo electrónico). Octubre de 2012 y agosto de 2016.

José Lozano. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero (vía telefónica), Mendoza, junio de 2016.

Luis Ocaña. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, Mendoza, marzo de 2013.

Roberto Burgos. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, Daniel Flores, Pablo Miranda y Mario Montecchiari. La Bancaria, Mendoza, junio de 2016.

Vicente Antolín. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, Daniel Flores y Pablo Miranda. La Bancaria, Mendoza, junio de 2016.

Coco Yañez. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, Daniel Flores, Pablo Miranda y Mario Montecchiari. La Bancaria, Mendoza, setiembre de 2016.

Alberto Córdoba. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, Daniel Flores, Pablo Miranda y Mario Montecchiari. La Bancaria, Mendoza, setiembre de 2016.



Diarios

Los Andes de mayo de 1974 a abril de 1976 en Hemeroteca Biblioteca Gral. San Martín, ciudad de Mendoza.



Laura Mercedes Rodríguez Agüero

Licenciada y Profesora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Doctora en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. Investigadora de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Investiga sobre la represión en la historia argentina reciente, historia del movimiento argentino obrero, historia de mujeres.



1 Agradezco el título a Julia Alexa López y Paula Gianina Ferreira.

2 Rodríguez Agüero, Laura, “Centralización de la represión, violencia paraestatal y redes internacionales represivas en la Mendoza predictatorial”, Cuadernos del CISH: Sociohistórica, N° 33, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, segundo semestre 2014.

3 Mediante el decreto 2770 se creaba el Consejo de Seguridad Interna a través del cual los comandantes generales de las FFAA asesorarían a la presidencia en la lucha contra la “subversión”. El decreto 2771 permitía al Consejo de Seguridad Interna suscribir convenios con las provincias para que el personal penitenciario y policial quedara bajo control operacional de las FFAA; el decreto 2772 declaraba el carácter nacional de la lucha “antisubversiva”.

4 Águila, Gabriela, “Policías, represión y «lucha antisubversiva»: exploraciones sobre el rol de las policías en el accionar represivo de los años 70 en Argentina”, Folia Histórica del Nordeste, Nº32, mayo-agosto 2018, págs. 121-146.

5 Águila, Gabriela, “Policías, represión y «lucha antisubversiva» …”, op. cit., pág. 5.

6http://juiciosmendoza.blogspot.com/ Primer y Segundo juicio de Mendoza,

https://juiciosmendoza.wordpress.com/ para Cuarto juicio y https://juiciosmendoza6.wordpress.com/ Sexto juicio. Estos blogs cubren todos los juicios de la ciudad de Mendoza (el primer y quinto juicio pertenecen a San Rafael).

7 Águila, Gabriela, “Policías, represión y «lucha antisubversiva» …”, op. cit, pág. 25.

8 Águila, Gabriela, “Policías, represión y «lucha antisubversiva» …”, op. cit, pág. 26.

9 Águila, Gabriela, “Policías, represión y «lucha antisubversiva» …”, op. cit, pág. 9.

10 Águila, Gabriela, “Policías, represión y «lucha antisubversiva» …”, op. cit, pág. 9.

11 Rodríguez Agüero, Laura, “Violencia institucional y represión paraestatal. Algunas reflexiones a partir del caso mendocino”, Trabajos y Comunicaciones, N°46, 2017.

12 A continuación, nombraremos algunos de esos casos: una mujer de 35 años cuyo cuerpo calcinado es hallado en Canota; un hombre no identificado que presenta impactos de bala y las manos quemadas; Alfredo Zabaleta de 25 años quien había sido detenido por averiguación de antecedentes y su madre lo buscaba desde el momento en que había salido en libertad de la seccional Tercera, Margarita Albornoz, mujer en situación de prostitución quien fue asesinada y su cuerpo hallado el 12 de abril de 1974 en Canota; Félix “Nene” Morales y José “Pepe” Morabito quienes horas antes de su desaparición, a comienzos de 1975, habían estado detenidos en Unidad Regional Primera. Sus cuerpos calcinados aparecieron en Papagallos. También Roberto Lascano de 31 años, “ex ladrón de autos”; dos mujeres en situación de prostitución Claridad Gonzalez y Ramona Suarez, encontradas el 1/05/1975 desnudas (con signos de violación y tortura) y con disparos en sus cabezas (habían sido secuestradas la noche anterior por un comando); Gaspar Aguilera quien había estado preso por hurto y “trata de blancas” encontrado acribillado en Papagallos,” igual que Miguel Ángel Sánchez “el cachorro chico”, quien había estado detenido también por averiguación de antecedentes. A todos ellos se sumaban otros cadáveres que aparecieron calcinados en los mismos parajes montañosos pero que nunca fueron identificados (quedaron como NN). Rodríguez Agüero, Laura, “Violencia institucional y represión paraestatal…”, op. cit.

13 Tiscornia Sofia, Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. El caso Walter Bulacio, Canadá, Editores del Puerto, 2008, pág. 2.

14 Rodríguez Agüero, Laura, “Violencia institucional y represión paraestatal…”, op. cit.

15 Al respecto ver Rodríguez Agüero, Laura, “Violencia paraestatal y construcción del “enemigo interno”. El caso de Mendoza (Argentina), 1973-1976, Revista A Contracorriente, N°1, Vol. 11, Fall 2013, North Carolina State University. Department of Foreign Languages and Literatures, Estados Unidos, 2013.

16 Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero a Alberto Atienza, ex editor de la sección policiales del diario El Andino, Mendoza, marzo de 2008.

17 Tiscornia Sofia, Activismo de los derechos humanos…, op. cit. pág. 8.

18 El militante del PRT ERP Amadeo Sánchez Andía que apareció asesinado en julio de 1975, tenía en el cuerpo pintado “Por traidor Monto”. En setiembre de ese mismo año una mujer en situación de prostitución fue secuestrada y se lo pintaron en el cuerpo las siglas de Comando Moralizador Pío XII. Cfr. Rodríguez Agüero, Laura, “Mujeres en situación de prostitución como blanco del accionar represivo: el caso del Comando Moralizador Pío XII. Mendoza 1974-1976”, en Andujar, Andrea et. al (comp.), De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los ´70 en América Latina, Buenos Aires, Editorial Luxemburg, 2009.

19 Rodríguez Agüero, Laura, Ciclo de protestas, experiencias organizativas y represión paraestatal: Mendoza, 1972-1976, Tesis de posgrado, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2013, en línea en Memoria Académica: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.889/te.889.pdf, consulta: 22 de mayo de 2020.

20 Rodríguez Agüero, Laura, Ciclo de protestas, experiencias organizativas…, op. cit.

21 Rodríguez Agüero, Laura, “Violencia institucional y represión paraestatal…”, op. cit.

22 Vega, Dante, “Las dos fases del terrorismo de Estado en Mendoza”, en Vega, Dante et al (comp.), El libro de los juicios, Mendoza, EDIUNC, 2014, pág. 34.

23 Vega, Dante, “Las dos fases del terrorismo…”, op. cit., pág. 35.

24 Vega, Dante “Las dos fases del terrorismo…”, op. cit., pág. 35.

25 En el gran Mendoza funcionaron, además del D2, otros CCD tales como la Comisaría 7 de Godoy Cruz, la 25 de Guaymallén y la 16 de Las Heras; la Compañía de Comunicaciones, el Casino de Suboficiales, el Liceo Militar Gral. Espejo y la Compañía de Telecomunicaciones 141 (Campo Los Andes) del Ejército; la Penitenciaría Provincial; y el Campo Las Lajas dependiente de la Fuerza Aérea.

26 González Tizón, Rodrigo, "¿Un centro clandestino? Una aproximación al desarrollo histórico del dispositivo represivo dictatorial en Argentina a través del caso de El Vesubio (1976-1978)", Tempo, Niterói, pág. 5, (en prensa).

27 González Tizón, Rodrigo, "¿Un centro clandestino?...”, op. cit., pág. 6.

28 Para la descripción de esta primera fase se recurrió a las crónicas del IV Juicio por Delitos de Lesa Humanidad de Mendoza https://juiciosmendoza.wordpress.com/. Y a Ilardo, Ivana; Lopez Julia y Rodríguez Agüero, Laura, “Cuarto juicio. La complicidad judicial”, en Ciriza Alejandra; D´Andrea Sofía et. al, Memorias de los Juicios por delitos de lesa humanidad (Mendoza, 2010-2018), Centro de Investigaciones. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2019.

29 En esta fase registramos la participación del ejército en algunos secuestros ocurridos en marzo de 1976, tal es el caso del desaparecido Santiago Illa, la familia Nardi y de algunas personalidades mendocinas como Horacio Martínez Baca, Antonio Di Benedetto, Carlos Venier y de un grupo de periodistas. También en el operativo contra el PRT-ERP de mayo de ese año.

30 La denominada “causa Luna” comprendió los secuestros ocurridos en los meses de mayo y junio de 1976, entre los que se encuentran las desapariciones de Edesio Villegas estudiante de la Escuela de Comunicación Colectiva, delegado del Sindicato de Obreros y Empleados Públicos (SOEP) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que pertenecía a la estructura sindical de Montoneros y el abogado laboralista y dirigente Montonero Jorge Vargas.

31 Ilardo, Ivana; Lopez Julia; Rodríguez Agüero, Laura, “Cuarto juicio. La complicidad judicial”, op. cit., pág, 129.

32 Jorge Daniel Moyano, Santiago José Illa –retirado de la cárcel donde estaba detenido–, Virginia Adela Suárez, Edmundo Beliveau, Héctor Pablo Granic, Julio y Hugo Talquenca, Mario Luis Santini, María Silvia Campos y Blanca Graciela Santamaría. El 26 de mayo continuaron con Rosa Sonia Luna en San Rafael. El 28 asesinaron a Juan Bernal y a su esposa Raquel Herrera. También secuestraron a su hermano, Alberto Bernal. Poco después, los primeros días de junio arremetieron contra Lidia De Marinis, Mercedes Vega de Espeche y María Cristina Lillo.

33 El análisis de la dimensión sexo genérica en este trabajo es acotada. En investigaciones anteriores me he centrado en ese aspecto: Rodríguez Agüero, Laura y D´Antonio, Débora, “El carácter sexo-genérico de la represión estatal en la Argentina de la década del setenta”, Sémata Ciencias Sociales e Humanidades, N°3, Santiago de Compostela, 2019.

34 El Gran Mendoza comprende Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Luján y Las Heras.

35 Vega, Dante, “Las dos fases del terrorismo…”, op. cit., pág. 34.

36 Al respecto ver Rodríguez Agüero, Laura, “Violencia estatal y paraestatal sobre trabajadores bancarios en Mendoza (1972-1977)”, Revista de Historia Regional, Villa Constitución, 2018, págs. 1 – 17.

37 Roberto Burgos. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, Daniel Flores, Pablo Miranda y Mario Montecchiari. La Bancaria, Mendoza, junio de 2016.

38 Luis Ocaña. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, Mendoza, marzo de 2013.

39 Alberto Córdoba. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, Daniel Flores, Pablo Miranda y Mario Montecchiari. La Bancaria, Mendoza, junio de 2016.

40 José Lozano. Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero (vía telefónica), Mendoza, junio de 2016.

41 José Lozano. Entrevista…, op. cit.

42 José Lozano. Entrevista…, op.cit.

43 José Lozano. Entrevista…, op. cit.

44 Roberto Burgos. Entrevista…, op. cit.

45 Ciriza Alejandra y Rodríguez Agüero, Laura, “La revancha patriarcal. Cruzada moral y violencia sexual en Mendoza (1972-1979)”, Rosario, Avances del Cesor, Vol. XII, 2015.

46 En este trabajo no nos ocupamos de la persecución de lesbianas, gays y personas por fuera de la heterónoma. Tampoco abordaremos la dimensión étnica/racial.

47 Este gremio, entre junio y julio 1973 en un clima de “primavera camporista” protagonizó un proceso tomas de los lugares de trabajo, y logró la conquista de la principal herramienta legal que los estatales han tenido y tienen: el Estatuto del Empleado Público. Sin embargo, la correlación de fuerzas hacia fines de 1973 y comienzos de 1974, desfavorable para los sectores radicalizados de la clase trabajadora, y el miedo generado a partir de la violencia paraestatal llevó a que SOEP se disolviera y se integrara a ATE, y a fines de 1975, frente a un posible triunfo de los ex SOEP, el gremio fuera intervenido por la derecha peronista.

48 Entrevista a Fernando Rule, ex SOEP y militante Montonero. Realizada por Laura Rodríguez Agüero, Mendoza, marzo de 2013.

49 https://juiciosmendoza.wordpress.com/2014/06/02/

50 https://juiciosmendoza.wordpress.com/2014/06/02/

51 https://juiciosmendoza.wordpress.com/2014/06/16/

52 Algunos de los casos de estas trabajadoras fueron abordados con mayor detalle en Rodríguez Agüero, Laura y D´Antonio, Débora, “El carácter sexo-genérico…”, op. cit.

53 Rodríguez Agüero, Laura y D´Antonio, Débora, “El carácter sexo-genérico…”, op. cit, pág. 4

54 Ilardo, Ivana; López Julia y Rodríguez Agüero, Laura, “Cuarto juicio. La complicidad judicial”, op. cit., pág, 132.

55 Balardini, Lorena; Oberlin, Ana y Sobredo, Laura, “Violencia de género y abusos sexuales en centros clandestinos de detención. Un aporte a la comprensión de la experiencia argentina”, Hacer justicia. Nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.

56 Vasallo, Marta, “Introducción”, en Aucía et al. (comp.), Grietas del silencio. Una investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado, Buenos Aires, CLADEM, Insgenar, 2011, pág. 3.

57 Vasallo, Marta, “Introducción”, op. cit., pág. 22.

58 Davis, Angela, Mujeres, raza y clase, Madrid, Akal, 2005, pág. 32.