Contenciosa, Año VIII, nro. 10, 2020 - ISSN 2347-0011

Reseña de la Mesa: “Memoria y Derechos Humanos. Desafíos en el contexto actual”, Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF, 2020)

MARIANA PAGANINI (FFyL-UBA)

Museo Etnográfico J.B. Ambrosetti

Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

marianapaganini@filo.uba.ar


PAULA ZUBILLAGA (IDH-UNGS/CONICET)

Instituto de Desarrollo Humano

Universidad Nacional de General Sarmiento

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Buenos Aires, Argentina

paulazubillaga@gmail.com





Recibido: 26/08/2020 - Aceptado: 28/08/2020





El pasado 20 de agosto se llevó adelante la mesa de debate “Memoria y Derechos Humanos. Desafíos en el contexto actual”. El encuentro virtual estuvo moderado por el Licenciado en Ciencias Políticas Matías Cerezo y contó con la participación del Doctor Daniel Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Doctora en Sociología y presidenta del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Elizabeth Jelin y el Doctor en Ciencias Sociales y Director Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación, Eduardo Jozami. La actividad estuvo organizada por el Centro de Estudios de Memoria e Historia del Tiempo Presente de la UNTREF (CEM), que el propio Jozami dirige.1

El primero en tomar la palabra fue el juez Rafecas, quien disertó sobre los procesos por delitos de lesa humanidad que siguen en marcha pese al aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). Lejos de considerar al contexto actual como un obstáculo, el magistrado sostuvo que terminó siendo una “oportunidad” para el proceso de justicia. Planteó que debe matizarse la idea de “desafío” y que en realidad se está trabajando mejor, de una forma más articulada. Para ejemplificar, tomó el caso de la identificación de un nuevo centro clandestino de detención tortura y exterminio bajo la órbita de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cerca de Automotores Orletti, en la calle Bacacay (Floresta, CABA), en el que estuvieron prisioneras personas de nacionalidad uruguaya.2 Asimismo, comentó que se ha avanzado de manera considerable en la investigación de la masacre del pabellón séptimo del penal de Villa Devoto producida en el año 1978, en la que murieron más de sesenta personas.3

Por otra parte, reforzando la idea de "oportunidad" antes mencionada, Rafecas destacó que, desde que comenzó el ASPO, en el juzgado federal que preside, han podido tomar alrededor de treinta declaraciones a sobrevivientes, e incluso han realizado indagatorias a algunos represores. En efecto, si bien al principio predominó el desconcierto, el juzgado retomó enseguida el ritmo de trabajo y, la modalidad remota, le ha permitido al propio Rafecas participar de una mayor cantidad de audiencias y tomar declaraciones a testimoniantes que residen en otros países. Finalmente, hizo énfasis en la importancia de la pronta implementación de la modificación del sistema de justicia hacia un modelo acusatorio, que según él ofrece mejoras sustantivas con respecto a la celeridad, eficacia y modernización del sistema.4 Pese a que para el magistrado el aislamiento no significó ni un obstáculo ni un desafío -por lo que tampoco puede ser una excusa para interrumpir o demorar los procesos judiciales- resulta interesante, en línea con lo que plantea la abogada Guadalupe Godoy,5 pensar en la situación de las víctimas que deben declarar desde sus hogares. Teniendo esto en cuenta, puede cuestionarse si para los/las sobrevivientes es también una oportunidad, dado que pierden el acompañamiento colectivo. En respuesta a esta cuestión, Rafecas sostuvo que si bien no pueden hacerse los trabajos de contención que se realizan siempre en la presencialidad y pese a que han existido situaciones difíciles o incómodas -en especial con quienes declaran por primera vez-, el valor del testimonio obliga a seguir adelante.

Por su parte, Elizabeth Jelin habló sobre la relación entre el movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista en Argentina. Se preguntó por los mutuos aprendizajes y la convergencia entre ambos.6 En este sentido, recomendó y compartió un video de la serie Insumisas, producida por Memoria Abierta, que desarrolla ese vínculo desde la dictadura.7 La socióloga consideró que las historias de ambos movimientos no son “paralelas” -como en otros trabajos ella misma ha sostenido-, sino que son interdependientes, y se han entrecruzado en distintos momentos. Así, las luchas en las que en el presente los involucran, tienen una larga historia de confluencia. Según Jelin, de cara al futuro se requieren abrir más espacios de escucha que permitan integrar las demandas de ambos movimientos y romper el silencio sobre la agencia de mujeres tanto en el pasado como en la actualidad, visibilizando sus distintas experiencias.

Asimismo, en el marco de la sobrecarga de trabajo femenino en el contexto de aislamiento,8 se refirió a la pertinencia de repensar las responsabilidades sociales del cuidado, la desigualdad de género persistente, la violencia doméstica y la subordinación de las mujeres. Desde su perspectiva, el contexto de la pandemia plantea el desafío, y también la oportunidad, de poner en el centro del análisis, no solo los derechos, sino también las responsabilidades sociales de cuidado de todos/as. Propuso para ello trascender la noción universalista y liberal de los derechos humanos y atender a las demandas y reivindicaciones de grupos específicos como las mujeres, las disidencias sexuales y los pueblos originarios, históricamente invisibilizados y silenciados.

Por último, Eduardo Jozami realizó un pequeño balance de los logros en materia de memoria, verdad y justicia en la Argentina: la continuidad de los juicios, la renovación constante de la legitimidad del movimiento de derechos humanos y la influencia de las políticas estatales en la sociedad. Consideró que no se produjo el gran retroceso temido durante la última gestión nacional, que se evidenció, entre otras acciones, en el fuerte rechazo social a los discursos negacionistas y al fallo 2X1. Desde su punto de vista, la resistencia popular y el consenso social respecto de las reivindicaciones del movimiento de derechos humanos han sido centrales en este sentido. Asimismo, señaló lo que siguen siendo los pendientes de la democracia: los femicidios, la violencia institucional, la persistencia de cierto discurso punitivo autoritario y los abusos en el sistema penitenciario.

El director del CEM destacó la importancia de la renovación generacional dentro del movimiento de derechos humanos y llamó la atención sobre la postergación de reflexiones críticas dentro del mismo sobre la violencia revolucionaria. Desde su perspectiva, uno de los desafíos principales del presente es la revisión del legado de la experiencia militante de los años sesenta y setenta, y una discusión amplia y respetuosa sobre las causas de la derrota política de las organizaciones de aquel entonces. Para ello, advirtió sobre la necesidad de volver a observar y discutir en profundidad el periodo comprendido entre 1973 y 1976, fundamentalmente para desarrollar una acción política en el presente.9 Propuso que la clave está en transformar el legado de las generaciones de los setenta, es decir, que los/las jóvenes que hoy integran o se están incorporando al movimiento de derechos humanos recuperen, pero a la vez rompan, con aquellos aspectos de las experiencias pasadas que no sean productivas en el contexto actual.

Otro aspecto interesante de la intervención de Jozami estuvo dado por sus comentarios acerca de los proyectos que está llevando a cabo como flamante Director Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación. Comentó que una de sus prioridades centrales es la vuelta atrás respecto de las medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri en relación con las Fuerzas Armadas. En particular, se refirió a la importancia de una separación nítida entre justicia y seguridad y a la necesidad de dejar de cortejar a las mismas para integrarlas con responsabilidad al sistema democrático.

Los/las tres reconocieron que la pandemia y el aislamiento pusieron en primer plano las desigualdades existentes, magnificando patrones preexistentes en la vida cotidiana de los/las argentinos/as. Aunque también coincidieron en que a partir de aquí se abren posibles oportunidades de cambio. Una de ellas es el creciente reconocimiento social de la importancia del rol activo del Estado para aminorar dichas desigualdades.

La realización de la mesa da cuenta de la vigencia de la temática y su constante dinamismo. Cuando en 2016, a menos de un año de gobierno de la Alianza Cambiemos, el CEM realizó la mesa de debate “Políticas de Memoria, Verdad y Justicia: balances y perspectivas” con los/las mismos/as expositores/as, las intervenciones fueron en otra dirección. Estuvieron vinculadas en principio a los posibles cambios en materia de juzgamiento del pasado reciente que podían producirse por futuros fallos de la Corte Suprema, a partir de la por entonces incorporación a la misma de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. En aquella oportunidad también señalaron con preocupación el desfinanciamiento de los sitios de memoria, los despidos de profesionales que cumplían tareas de investigación para aportar pruebas en los juicios que en ese momento estaban en curso, y los intentos de vincular al movimiento de derechos humanos con hechos de corrupción.10 Existen no obstante una serie de inquietudes y apreciaciones que se mantienen con los años, como la transmisión de memorias y el trabajo con las nuevas generaciones, las condiciones en las que se encuentran los presos en las cárceles argentinas, la situación de las mujeres, y la necesidad de una perspectiva amplia de la noción de derechos humanos que abarque a los temas más silenciados.


Mariana Paganini

Profesora en Enseñanza Media y Superior en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA) y Magíster en Historia y Memoria por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Docente del Área de Extensión Educativa del Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti, del Departamento de Historia y de la Especialización en museos, transmisión cultural y manejo de colecciones antropológicas e históricas de la FFyL-UBA.

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Paula Zubillaga

Profesora y Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y doctoranda en Historia por la UNLP. Docente del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNPAZ. Becaria interna del CONICET con sede de trabajo en el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (IDH-UNGS).






























1 Para conocer más sobre el CEM puede consultarse su sitio web oficial: https://www.untref.edu.ar/instituto/centro-de-estudios-de-memoria-e-historia-del-tiempo-presente

2 El hecho tuvo amplia repercusión, véase entre otros “Identifican un nuevo centro clandestino de detención en Floresta, cerca de Orletti”, Télam, Ciudad de Buenos Aires, 2 de julio de 2020, en línea en: https://www.telam.com.ar/notas/202007/484539-el-juez-rafecas-identifico-un-nuevo-centro-clandestino-de-detencion-en-floresta.html#:~:text=El%20juez%20federal%20Daniel%20Rafecas,fotogr%C3%A1fico%20del%20s%C3%B3tano%20del%20lugar, consulta: 23 de agosto de 2020.

3 Dicha masacre fue declarada crimen de lesa humanidad en 2014. Véase “Declaran crimen de lesa a la masacre del pabellón séptimo de Devoto”, Infojus, Ciudad de Buenos Aires, 15 de agosto de 2014, en línea en: http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/declaran-crimen-de-lesa-a-la-masacre-del-pabellon-septimo-de-devoto-5243.html, consulta: 23 de agosto de 2020.

4 Rafecas se refiere al nuevo Código Procesal Penal, votado por unanimidad el año pasado, que sustituye al sancionado en 1971, durante el gobierno de facto de Lanusse. Algunos de los cambios principales que introduce el nuevo Código son: la instauración del proceso acusatorio (el fiscal investiga, el juez juzga); se privilegia la oralidad; se establece el proceso de flagrancia que acelera los tiempos de la Justicia (en un mes debe juzgarse la situación de la persona imputada); se instituye un plazo máximo de duración de los procesos (entre 3 y 6 años); se instaura el Juicio por jurados y se habilita que en algunos casos las declaraciones pueden realizarse mediante videoconferencia. Véase “Las diez claves del nuevo Código Procesal Penal Federal”, 08 de febrero de 2019, en línea en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/las-diez-claves-del-nuevo-codigo-procesal-penal-federal, consulta: 23 de agosto de 2020.

5 Guadalupe Godoy, abogada querellante en causas por crímenes de lesa humanidad de La Plata, llama la atención sobre la complejidad de desarrollar las instancias de toma de declaraciones a testigos en forma virtual y la necesidad de no olvidarse de la importancia del acompañamiento a las víctimas. Véase entre otros: “Los juicios de lesa humanidad durante la pandemia”. Entrevista a Guadalupe Godoy, La Retaguardia FM, Ciudad de Buenos Aires, 21 de mayo de 2020, en línea en: https://ar.radiocut.fm/audiocut/juicios-lesa-humanidad-durante-pandemia/, consulta: 23 de agosto de 2020; “Lesa humanidad en La Plata: el juicio "1 y 60", más cerca de empezar”, Página 12, Ciudad de Buenos Aires, 25 de junio de 2020, en línea en: https://www.pagina12.com.ar/274568-lesa-humanidad-en-la-plata-el-juicio-1-y-60-mas-cerca-de-emp, consulta: 23 de agosto de 2020.

6 Por supuesto, no es la primera vez que la socióloga da cuenta de estos cruces. Dentro de las intervenciones más recientes de Jelin al respecto, puede mencionarse una entrevista elaborada por el equipo de la revista Aletheia en 2018, donde se le preguntó por los saberes del movimiento de derechos humanos que resultan fundamentales para el movimiento feminista y cómo podría el movimiento de derechos humanos contribuir al movimiento de mujeres y de sexualidades disidentes. Véase “Las disputas por el pasado reciente y la actualidad de los derechos humanos. Pasiones, sentidos y reapropiaciones de la memoria social. Entrevista a Elizabeth Jelin”, Aletheia, Vol. 9, N°17, La Plata, 2018, en línea en: https://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/ATHv9n17a24/10770, consulta: 23 de agosto de 2020.

7Memoria Abierta, Insumisas, encuentros del feminismo y el movimiento de derechos humanos, en línea en: https://www.youtube.com/playlist?list=PLO2MPpHCy1nwggslsS9ciKskLfC4n4c7t, consulta: 23 de agosto de 2020.

8 Desde el inicio del ASPO se han llevado adelante distintas iniciativas para relevar y analizar la situación de las mujeres argentinas en dicho contexto. Recientemente se publicó un interesante informe que visibiliza los impactos específicos sobre las mujeres en términos de desigualdad socioeconómica, sanitaria, ambiental, de género y étnico-racial. Véase Bidaseca, Karina, Brighenti, Maura, Guimarães Costa, Michelly y Ruggero, Santiago, “Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas, y disidencias en el contexto de COVID-19. Resumen ejecutivo”, CONICET, 21 de agosto de 2020, en línea en: https://www.conicet.gov.ar/como-impacta-la-pandemia-en-mujeres-rurales-y-urbanas-y-disidencias/, consulta: 23 de agosto de 2020.

9 Jozami formuló la que es para él la pregunta central sobre aquellos años: “¿Cómo fue posible que la fiesta popular del año 73, en menos de tres años, desembocara en la irrupción de la más feroz de las dictaduras?” Desde su mirada, la discusión no debe partir de la idea de los errores cometidos por el campo popular, porque la última dictadura tenía razones más profundas que la represión de la guerrilla, entre ellas, la reestructuración regresiva de la sociedad en los ámbitos económico, político y cultural. Sin embargo, planteó otro interrogante interesante: “¿Cómo se desarmó el gran frente político del 73 y se ahondó la fractura peronista mientras la adhesión activa a las organizaciones revolucionarias fue reduciéndose a los núcleos más militantes?” Pese a afirmar que la respuesta a esta pregunta en el presente es más sencilla que en el pasado, sostuvo que durante las dictaduras y en el marco de la proscripción del peronismo, el ejercicio de la violencia era legítimo e indiscutible como formas de resistencia a la opresión, mientras que luego de 1973 el enfrentamiento político podría haberse dirimido sin el ejercicio de la violencia.

10 Véase Paganini, Mariana y Zubillaga, Paula, “Reseña de actividad: Mesa de debate “Políticas de Memoria, Verdad y Justicia: balances y perspectivas”, Aletheia, Vol. 7, N|13, La Plata, 2016, en línea en: https://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/ATHv7n13a22/11046, consulta: 23 de agosto de 2020.


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