LA REPRESIÓN LEGAL E ILEGAL EN EL TERCER GOBIERNO PERONISTA (1973-1976): LA OFENSIVA SOBRE EL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (PST)

LEGAL AND ILLEGAL REPRESSION IN THE THIRD PERONIST GOVERNMENT (1973-1976): THE OFFENSIVE AGAINST THE PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (PST)

Los trabajos sobre la represión en la Historia Reciente profundizaron el debate sobre las temporalidades, los agentes represivos, las modalidades y los “rostros” de las víctimas. En este trabajo se ensayan respuestas desde el estudio del caso de la represión legal e ilegal llevada adelante desde 1973 a 1976 contra el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), enrolado dentro de la izquierda no armada que contó con legalidad, participación electoral e inserción en la juventud y la clase trabajadora.

Palabras claves: Represión legal - Represión ilegal - Izquierdas - Peronismo

The works on repression in Recent History deepened the debate on temporalities, repressive agents, modalities and the “faces” of the victims. In this work, responses from the case study of the legal and illegal repression carried out from 1973 to 1976 towards the Partido Socialista de los Trabajadores (PST), enlisted within the non-armed left that had legality, electoral participation and insertion in youth and the working class.

LA REPRESIÓN LEGAL E ILEGAL EN EL TERCER GOBIERNO PERONISTA (1973-1976): LA OFENSIVA SOBRE EL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (PST)

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la articulación de la represión hacia el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en el período de 1973 a 1976 en el marco de los ataques represivos hacia la clase trabajadora, activistas obreros y las izquierdas que desafiaron al Pacto Social diseñado por Gelbard durante el gobierno de Juan D. Perón y las políticas del gobierno de María Estela Martínez, así como a las prácticas de las conducciones sindicales tradicionales.

Partimos de la hipótesis de la existencia de una articulación de la represión legal e ilegal para eliminar la conflictividad social emergente y para ello, desarticular la vinculación entre la izquierda no armada y el activismo obrero antiburocrático. Este último se manifestó de manera concentrada en el Gran Buenos Aires, aunque también tuvo expresiones en todo el país. Para el presente trabajo se analizaron archivos de diverso tipo: entrevistas a ex-militantes de la organización, archivos internos del PST, volantes y folletos de la organización y las publicaciones de su órgano central Avanzada Socialista. Asimismo, el análisis se complementa con registros periodísticos, la prensa de otras organizaciones del universo de las izquierdas y referencias de los archivos de inteligencia recuperadas en otros trabajos.

En la primera parte del artículo se establece un marco de referencia sobre los debates acerca de las periodizaciones de las prácticas represivas. Posteriormente, se analiza la relación de la represión legal e ilegal, así como la diversidad de “rostros” que asumió el “enemigo interno”. En la última parte del trabajo se analizan los más relevantes ataques dirigidos hacia la militancia y la organización del PST en estos años.

Las prácticas represivas en el “tercer peronismo” se enmarcan dentro de una temporalidad cuya periodización se ha puesto en discusión en los trabajos de los últimos años. Partimos de considerar que para comprender la represión y la articulación de los agentes represivos en el “tercer gobierno peronista”, debemos mirar tiempos y periodizaciones “más largas”. Planteamos algunos elementos centrales de las diferentes líneas que, aunque con matices, señalan las continuidades represivas, más allá de los cortes que se pueden establecer entre los distintos gobiernos y su profundización en el marco de la última dictadura.

Resulta pertinente señalar que desde 1973 a 1976 se encuentran mecanismos represivos comunes a años anteriores, visibles a partir de 1955. Estos “elementos recurrentes y novedosos” como sostiene Franco¹ se articulan y se encuentran presentes en una etapa de mayor alcance cuyas fronteras lindan con el año 1983. Otros autores como Esteban Pontoriero y Juan Luis Besoky² han trabajado diversas aristas de esta problemática bajo la misma perspectiva.

Gabriela Águila, por otro lado, considera que la represión implementada contra el “enemigo interno” no comienza a partir del 24 de marzo de 1976, aunque desde este momento podemos explicitar características específicas y dimensiones superiores. Es necesario trabajar no solo las diferencias desde 1976 con la represión anterior y posterior a la última dictadura sino también “continuidades, vínculos y rupturas” en relación con las prácticas represivas de los años previos.³

Roberto Pittaluga⁴ en su análisis sobre la Masacre de Trelew considera que a partir de este significativo acontecimiento en 1972, se inaugura un modus operandi que apunta a la eliminación física del “enemigo interno”, la aniquilación de la “subversión”, práctica que se incrementará en 1974 y 1975 y da un salto de magnitud en 1976. Silvia Simonassi, por su parte, analiza los archivos empresariales observando rupturas y continuidades en las prácticas de disciplinamiento hacia la clase trabajadora entre 1930 y 1980, en particular en la observación de las fábricas metalúrgicas de capitales nacionales.⁵

Desde el análisis de las modificaciones en la legislación, decretos y el reglamento interno de las Fuerzas Armadas, Ranalletti y Pontoriero consideran que en el período que se desarrolla entre 1955 y 1976 se producen modificaciones sustanciales que abonan al incremento de la política represiva y la persecución de los opositores políticos por parte del Estado, dinámica que se incrementa cualitativamente en 1976.⁶ Por su parte Barragán y Zapata, en el estudio de las prácticas represivas en Bahía Blanca y Mar del Plata, sitúan estos casos dentro de un proyecto general de las fuerzas represivas enmarcadas en la “Doctrina Contrainsurgente” desarrollada desde los años ‘60. Asimismo, encuentran un énfasis y profundización de esta modalidad previa a 1976 durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón en los años 1974 y 1975.⁷

Teniendo en cuenta estos debates, nuestro trabajo se ubica dentro de las investigaciones que plantean que el paradigma represivo fue parte de un período “largo” en el que se buscaron ensayar a nivel estatal distintas respuestas contra la creciente inestabilidad y conflictividad social⁸ producida no solo en Argentina, sino en todo el subcontinente. Se trata del desarrollo progresivo de la “doctrina militar contrainsurgente” y contrarrevolucionaria que comienza a desarrollarse en 1955, con saltos en 1966 y 1976 y que adoptó formas particulares en los sucesivos gobiernos y regímenes. En el caso del período analizado, desde julio de 1973 con la renuncia de Cámpora y la toma del mando por parte de Lastiri y el posterior triunfo de la fórmula Perón-Perón, se inicia el gobierno del “tercer peronismo”, en el que uno de los rasgos fue la persecución contra un “enemigo interno”⁹.

La formulación de instrumentos legales e institucionales que utilizó el peronismo para proseguir en la represión del “enemigo interno” o la “subversión”, luego de la constitución del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) y la política represiva de la dictadura de Onganía con la Ley de Defensa Nacional y la creación del Consejo Nacional de Seguridad (CONASE), fue un engranaje fundamental dentro de las políticas de gobierno que apuntaron a recortar las libertades democráticas y a socavar la estructura del Estado de derecho.¹⁰

Durante el primer año, estas operaciones estuvieron supeditadas a procedimientos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad interna, como es el caso de la Policía. Posteriormente, tras el asalto a cargo de la guerrilla al Comando de Sanidad y asesinato del coronel del Ejército, Perón asume el compromiso de avanzar en la creación del Consejo de Seguridad y la reforma del Código Penal. Los tiempos de esta última modificación se aceleraron con el copamiento de la Fábrica Militar de Azul. Los fundamentos legales se constituyen a partir de la figura de “asociación ilícita” y se propone perseguir la violencia generada por la “subversión” tras las banderas de la “defensa de la Patria”. Esto llevó a la renuncia de los diputados de la izquierda peronista.¹¹

Las intervenciones provinciales, con el Jefe de Policía Navarro en Córdoba como emblema (Servetto, 2010), fueron otro de los recursos que apuntaron a la represión buscando “depurar” los gobiernos provinciales de las figuras de “la Tendencia”, así como los representantes de la oposición sindical en el movimiento obrero como fue el caso de Atilio López. A menor escala se le suman las intervenciones en Santa Cruz, Salta, Santa Fe, Chubut, Río Negro, Buenos Aires, Misiones, Mendoza y Entre Ríos.

En lo que respecta al terreno sindical, se sanciona en noviembre de 1973 la Ley 20615 que reforma la anterior versión sobre las Asociaciones Profesionales.¹² Con este recurso se permitía la perpetuidad de los dirigentes sindicales que se encontraban bajo las órdenes de Perón (mayormente ligados a las 62 Organizaciones). A su vez se promovía una mayor centralización, permitiendo disolver sindicatos con la quita de la personería jurídica. Con estos recursos se avalará la intervención de los sindicatos opositores, como sucedió en la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica, hecho del que fue protagonista el PST.

Con la muerte de Perón en julio de 1974 se produce un salto en las políticas represivas del Estado tras el quiebre del relativo equilibrio entre las distintas tendencias alrededor de la figura del líder justicialista. Esto se da en simultáneo con un exponencial crecimiento de la represión ilegal.

Una de las medidas más significativas en este momento representó la integración de las Fuerzas Armadas al Comité de Seguridad. Se sanciona en el mismo año una nueva Ley de Seguridad que promueve la detención de “sospechosos”, endurecimiento de penas y cercenamiento de todo tipo de libertades. Esta ley será aplicada a los detenidos del “megaoperativo” represivo “Serpiente Roja del Paraná” acaecido en Villa Constitución¹³ para la persecución de la oposición metalúrgica antiburocrática y sofocar la solidaridad popular con los trabajadores en lucha. En lo que respecta al PST, durante este episodio sufrió la detención de gran parte de su dirección central¹⁴, como desarrollaremos en los siguientes apartados. Por su parte el Estado de sitio fue un recurso renovado y reiterado durante 1975.

En este último año del gobierno peronista la detención, tortura, desaparición y asesinato serán distintas caras de la intervención recurrente de las fuerzas represivas. En este contexto es que se conforma y se implementa el “Operativo Independencia” en Tucumán. Se instalan, asimismo, los primeros centros clandestinos de detención como fue la “Escuelita de Famaillá”. ¹⁵ Mientras, se emitían los decretos de Luder que habilitaban el “aniquilamiento” de la subversión.

En este período, la actividad de los Servicios de Inteligencia comenzará a operar con mayor intensidad, particularmente sobre los activistas, referentes y organizaciones opositoras a las políticas económicas del gobierno peronista, así como sobre las fuerzas revolucionarias armadas y no armadas enroladas en el universo de las izquierdas.¹⁶

Partimos de considerar, como propone Merele¹⁷, que la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) a cargo de López Rega fue solo una de las fuerzas coordinadas de la derecha argentina que asumió las tareas de la represión clandestina dentro del movimiento peronista y hacia otros actores políticos. De todos modos se trató del agrupamiento que intervino con mayor extensión nacional.

Teniendo en cuenta la pertinencia para el análisis de este caso, nos detendremos en un somero estudio de la composición de las “Tres A” y de su modus operandi. Uno de los objetivos centrales de esta organización, al igual que otras que actuaron regionalmente con tareas específicas¹⁸, tuvo que ver con aniquilar los lazos entre las izquierdas con el activismo obrero, así como la depuración del movimiento peronista. Distintos autores¹⁹ le adjudican el asesinato de 1500 a 2000 personas, la mayoría pertenecientes a distintas organizaciones, territorios y ámbitos de desarrollo.

Dentro de los antecedentes, los distintos autores sitúan el “bautismo de fuego” de dicho proyecto represivo en la llamada “Masacre de Ezeiza” en 1973.²⁰ Pero las acciones que se adjudicó la Triple A datan desde noviembre del mismo año. Entre los responsables más conocidos se encontraba Jorge Osinde, jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, especialista en contrainsurgencia, Julio Yessi de la JPRA (Juventud Peronista República Argentina), Luis Margaride, Superintendente de la Seguridad Federal. Distintas organizaciones integraron sus filas como fue el caso de la CNU, la JPRA, Agrupación 20 de Noviembre, y la Agrupación 17 de Octubre de Bienestar Social, entre otros.²¹

La investigación realizada por González Jansen²² permite ver no solo la diversidad de sujetos y organizaciones interviniendo en las “Tres A”, sino que posibilita visualizar las continuidades de corrientes de la derecha organizada pertenecientes a distintas instituciones que actuaban sin coordinación en las décadas previas y se reúnen en la década del ‘70 para confluir en la represión articulada de manera clandestina. El autor nos demuestra cómo en las “Tres A” confluyen la derecha eclesiástica, seguidores del franquismo y criminales de guerra del régimen croata, sectores de la “burocracia sindical” así como grupos eclesiásticos y sectores de la intelectualidad fascista radicados en Argentina, articulados en una organización “Internacional Fascista”, todos ellos dirigidos desde el Ministerio de Desarrollo Social. El “bautismo de fuego” de dicha organización fue el aniquilamiento en 1973 de Hipólito Solari Yrigoyen. Dentro de los asesinatos de mayor impacto se encuentran los de Rodolfo Ortega Peña y el de Carlos Mujica.Asimismo, dentro de las izquierdas,²³ las organizaciones que atacó la Triple A fueron Montoneros, la JP (Juventud Peronista), del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo) y de otras organizaciones de la izquierda no armada como el PST (Partido Socialista de los Trabajadores) y el PCR (Partido comunista Revolucionario), además de referentes de la vanguardia obrera, intelectual y artística. Las operaciones realizadas por la Triple A eran conocidas previamente por el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, lo que nos lleva a reforzar la idea que la represión legal y la ilegal se combinaban de forma articulada.²⁴

Partimos de analizar la represión que sufrió el PST considerando que fue una de las víctimas, junto a las organizaciones armadas y el activismo sindical antiburocrático. En el caso del PRT-ERP por un lado, esta organización se constituyó como uno de los principales “focos” de ataque en los discursos públicos de Perón, a la vez que sufrió un importante caudal de muertes entre sus filas como consecuencia de la represión ilegal y legal. Asimismo, las organizaciones de la izquierda peronista, la mayoría aglutinadas dentro de la Tendencia Revolucionaria, fueron receptoras de una importante cantidad de atentados, secuestros y persecuciones.

Lo que se pretende demostrar en esta investigación es que la articulación no solo se emprendió alrededor de los grupos armados, como se señala en los discursos públicos del gobierno²⁵ de turno durante este período, sino que tuvo dentro de sus víctimas a las organizaciones no armadas de las izquierdas que asimismo se vincularon con el activismo antiburocrático. Como señala Franco²⁶ el ataque a las organizaciones armadas fue la “manifestación visible” con la cual se buscó legitimar la intervención estatal en sus diversos órdenes como respuesta a la “violencia” de los grupos armados.

En este trabajo partimos de la hipótesis, en consonancia con otros autores como Marín²⁷ e Izaguirre²⁸, que considera que las víctimas fueron de diversa extracción política y social dentro del universo de las izquierdas y los agrupamientos denominados antiburocráticos, opositores políticos e intelectuales. En este marco, la represión legal y fundamentalmente la clandestina, puso el foco no solo en las organizaciones guerrilleras, sino también en los activistas del movimiento obrero, particularmente en aquellos opositores de la burocracia en el terreno sindical, así como en partidos legales y organizaciones de izquierda no afines a la intervención armada que tuvieron, además, relativa inserción dentro del movimiento obrero. Entre estas puede mencionarse el PST²⁹, Política Obrera (PO)³⁰, Vanguardia Comunista³¹ y Partido Comunista Revolucionario (PCR)³².

Nos interesa poner en el centro el hecho que la intervención de las organizaciones de la derecha y las fuerzas paraestatales, particularmente de la Triple A, buscó no solo atacar de forma quirúrgica a los referentes de estas organizaciones mencionadas mediante la creación de “listas negras”³³, sino que también buscó detener la creciente influencia de todas aquellas organizaciones que buscaran implantarse entre el universo de los trabajadores y los sindicatos bajo una perspectiva antiburocrática que desafiara los límites del Pacto Social y el régimen sindical verticalista hasta 1974, y enfrentara al plan económico de María Estela Martínez, posteriormente. ¿Por qué nos referimos a una organización articulada³⁴ de los distintos tipos de represión?

Con el posterior análisis de archivos y testimonios buscaremos demostrar que los ataques al PST tenían la perspectiva de eliminar los lazos de esta organización con la conflictividad laboral y sus consecuentes formas de oposición sindical, con el objetivo de profundizar la regimentación del movimiento obrero (que se complementa con los recursos legales como fue la Ley de Asociaciones Profesionales). Cada ataque perpetrado, en su amplia mayoría, estuvo vinculado con algún hecho de la conflictividad obrera ascendente que traspasaba los límites de las conducciones sindicales alineadas con las políticas económicas y sociales del gobierno a cambio de la “paz social”.³⁵

Los conflictos concentrados particularmente en las industrias durante 1974 buscaron desafiar los límites establecidos fundamentalmente por la política de congelamiento salarial. La lectura de los trabajadores era de exigencia ante el gobierno peronista.

Los ataques al PST tuvieron estrecha ligazón con los lugares donde encontramos una intervención visible en los episodios de luchas obreras. El caso más emblemático es en Villa Constitución, tras el conflicto en el sindicato metalúrgico y su dirección opositora a la conducción de Lorenzo Miguel que avanzó con un levantamiento de solidaridad popular y sobre el que se ensayó el ya citado operativo “Serpiente Roja del Paraná”.

Numerosos conflictos mostraron la intencionalidad de los trabajadores de “ir más allá” de los límites aceptados por los dirigentes sindicales y el gobierno peronista, particularmente luego de la muerte de Perón, en 1974. Nos referimos a los conflictos reivindicativos que con las demandas de reincorporación de cesanteados o aumento salarial que condujeron huelgas y tomas de fábrica. También consideramos los procesos electorales al interior de las Comisiones Internas y la conformación de listas sindicales, que mostraron la organización de agrupamientos que cuestionaron los privilegios y la carencia de democracia interna, que incluso aglutinaron activistas y militantes de la izquierda cuya perspectiva era de carácter anticapitalista y socialista. En el caso del PST, no solo contó con delegados y activistas antiburocráticos en algunas fábricas, sino que también buscó vincularse con los sectores en conflictividad a partir de la actividad solidaria y el asesoramiento sindical, jurídico y político “desde afuera”.

Un racconto de los hechos a través de los registros periodísticos, archivos de la represión, testimonios y la prensa de esta organización nos permite comprobar dicha conexión. Es notable, además, la particular reiteración de estos ataques en conflictos vinculados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), conducida por Lorenzo Miguel. Esto no resulta casual ya que precisamente, la UOM estuvo al frente de la constitución de la Triple A y se trató de un gremio en el que se reclutó personal y dirección política para la represión ilegal.³⁶

Hacia 1972 el PST era una organización política que contaba con personería jurídica, 34 locales públicos que fueron creciendo con el correr de los años, presencia en las principales ciudades del país y relativa inserción en algunos gremios (particularmente en la Provincia de Buenos Aires) y en sectores estudiantiles universitarios y secundarios.³⁷ La mayor visibilidad política a niveles de masas había sido conquistada tras la participación de las elecciones de 1973 con la presentación de fórmulas presidenciales en las respectivas contiendas.

En consonancia con distintos autores que trabajan sobre el tema³⁸, el PST fue víctima de la represión de dos tipos: la represión legal y la represión clandestina. El primer ataque al PST se produjo a comienzos de 1974, en el mes de enero. Un atentado con bombas destruyó el edificio donde se encontraba el local de Beccar de esta organización. Los sobrevivientes asocian este atentado con la proximidad de la fábrica "Del Carlo" del gremio metalúrgico en Pacheco que venía de una huelga exitosa y era reconocida la presencia de militantes del PST. El triunfo del conflicto de “Del Carlo” aparece como una bandera conquistada del activismo antiburocrático de la zona.

"La voladura del local de Beccar estuvo asociada a ese conflicto, no porque el Partido fuera a ganar a muchos - ya que el peronismo era una barrera para esto - sino porque había que tratar de quebrar el proceso metiendo miedo."³⁹

Como se expresa en este testimonio, veremos cómo, posteriormente, los protagonistas y militantes de la organización vinculan cada ataque a un plan más general: la necesidad de ponerle un freno a los conflictos que representan una amenaza para el gobierno. Los protagonistas asumen que los efectos buscados tenían que ver con el aleccionamiento y la regimentación, es decir, con evitar su influencia y expansión.

En el mismo año, nos encontramos con el asesinato de un trabajador metalúrgico: Inocencio "el Indio" Fernández, subdelegado de la fundición Cormasa, que organizaba la oposición a la “burocracia” de una fábrica metalúrgica.⁴⁰ Se trataba de un referente de la lista Gris de la UOM, de la seccional de Vicente López, que había ingresado a dicha organización luego de organizar el agrupamiento opositor y enfrentar el fraude en las elecciones respectivas. Los trabajadores y militantes habían denunciado hechos previos de hostigamiento, como fue el caso de la irrupción de 20 personas armadas pertenecientes a la “burocracia sindical” dentro de la fábrica. El asesinato de Inocencio Fernández se constituirá como el primer asesinato a un militante del PST de una serie de atentados y muertes que continuaron escalando con el correr de los años.

En Avanzada Socialista sitúan el asesinato de “el Indio Fernández” como parte de la violencia represiva ejercida sobre otras organizaciones como es el caso de la Juventud Peronista, con numerosas víctimas entre sus filas. Públicamente, la organización vinculará el asesinato de Fernández con el caso de Liliana Ivanoff, perteneciente a la izquierda peronista. En ambos casos se exigirá esclarecimiento y se convocará a la “movilización democrática”.⁴¹

Fue con la "Masacre de Pacheco" que los ataques represivos al PST escalaron con fuerza.⁴² Algunos meses después, el 29 de mayo por la noche, 15 personas armadas ingresaron al local del PST en General Pacheco. Seis personas se encontraban reunidas en el interior del edificio, fueron obligados a ingresar a los autos. Las 3 mujeres fueron liberadas. Al día siguiente se encontraron los cuerpos sin vida de Meza, Zidda y Moses en la localidad de Pilar. Eran dos obreros, entre los que se encontraba un delegado de Astarsa⁴³ y un joven estudiante, todos menores de 30 años. El ataque también fue registrado por la prensa. El PST emite rápidamente un comunicado de prensa donde relata el secuestro de los militantes, horas antes que aparecieran los cuerpos.⁴⁴ Al día siguiente los diarios de todo el país registran el fusilamiento de tres militantes del PST en General Pacheco.^⁴⁵ Los cuerpos se encontraron próximos a la localidad de Pilar.⁴⁶ Por la magnitud del ataque, el hecho se convierte en portada del diario Noticias y es asociado a una serie de ataques recientes a la organización:

“Ayer aparecieron cerca de la localidad de Pilar los cadáveres de tres jóvenes militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, quienes habían sido secuestrados antenoche en el local de General Pacheco. Los cuerpos estaban acribillado a balazos de pies a cabeza, y a su alrededor aparecieron infinidad de cápsulas servidas calibre 9 y 11.25, todo lo cual hace suponer que fueron fríamente ejecutados. Con anterioridad al hallazgo, el Secretario General, Juan Carlos Coral, había solicitado en el ministerio del interior una entrevista con su titular, Benito Llambi, para denunciar una escalada terrorista contra el partido político que lidera: ataque a locales en General Pacheco, en la ciudad de Córdoba y en la de Mar del Plata y la agresión a numerosas militante -tres de los cuales habían sido secuestrados-.” ⁴⁷

La dirección de esta organización, a través de su prensa partidaria, apuntó a dos frentes de responsabilidades. Por un lado, señala a las direcciones sindicales que se encontraban amenazadas por sectores antiburocráticos, entre los que se organizaban los militantes del PST. Para estos, la violencia dirigida sobre las organizaciones de la izquierda no armada preanunciaba un proceso en dinámica creciente que tendería a eliminar los rasgos democráticos del régimen. La organización analizada vincula la represión clandestina, sin autoría material clara, con elementos que hacen a la “represión” legal y al creciente cercenamiento de las libertades democráticas por parte del Estado. Sin embargo, los señalamientos sobre el gobierno respecto de los asesinatos de los militantes apuntaron exclusivamente a la “tolerancia excesiva” sobre este tipo de acontecimientos perpetrados por el “fascismo”.⁴⁸

Para comprender las repercusiones de la Masacre de Pacheco, más allá de las fronteras de la organización estudiada, es necesario dar cuenta de las respuestas inmediatas. Más de 100 sindicatos se pronunciaron en repudio, realizaron asambleas y paros con minutos de silencio. Resulta notable el impacto de dicho ataque: se destaca el repudio público de la seccional de la UOM de Vicente López, la misma a la que se había enfrentado Inocencio Fernández, el primer asesinado del PST. El gremio emite una solicitada llamando a repudiar los asesinatos y promover acciones de paro bajo el titular “Ante otros inútiles e injustos crímenes” asociando los atentados a la voluntad de obstaculizar el mandato de Juan Domingo Perón, categorizado como único líder indiscutible.⁴⁹ Se vislumbra así un doble mensaje, ya que se ubican dentro de los que rechazan las muertes, al tiempo que señalan la imposibilidad de cuestionar a Perón.

Por otro lado, la concentración más significativa fue un acto en la Facultad de Derecho con más de 3 mil personas cuyo orador de cierre fue Agustín Tosco, habiéndolo precedido referentes de las izquierdas como Rodolfo Ortega Peña del Peronismo de Base y Nahuel Moreno, principal dirigente del PST (Robles, 2009). En este momento, el llamamiento del partido es a la constitución de “piquetes y brigadas antifascistas para la autodefensa”, práctica que en los hechos cuestionaría el monopolio de la violencia por parte del Estado, a la vez que se denuncian sucesivos atentados el mismo 29 de mayo: una bomba en la sede de Córdoba, golpizas a Carlos Petroni, trabajador de comercio de Mar del Plata y amenazas a militantes de la Juventud Socialista de Avanzada (JSA). Al día siguiente se denuncia el secuestro de 3 militantes en la localidad de Quilmes.⁵⁰ Por su parte, desde su prensa Política Obrera repudiará los asesinatos que se da en el marco de una escalada contra los militantes de las izquierdas entre los que se encuentran un militante de la Federación de Juventudes Comunistas (FJC), junto con el secuestro de una joven de la Unión de Juventudes Comunistas (UJS) y el atentado contra el local de Haedo, pertenecientes a dicha organización.⁵¹

Los ataques no se detuvieron. El PST denuncia en junio de 1974 que en 8 meses habían recibido más de 15 atentados por parte de la represión paraestatal entre los que se incluyen heridas de bala a militantes y bombas en los locales partidarios. Los atentados a los locales se perpetúan: Neuquén, Tucumán, Bahía Blanca, Chivilcoy, Mar del Plata⁵², Mendoza, Córdoba, Beccar, Morón, Rosario, La Plata y Capital Federal son receptores de bombas y voladuras. Algunos de estos hechos son registrados por la prensa nacional.⁵³

En 1975 los atentados a los locales partidarios llegan a una veintena pese a la política decidida de esta organización de establecer guardias regulares para repeler los ataques, fundamentalmente luego de la “Masacre de Pacheco”. Es posible observar que las bombas en las puertas de los edificios fue una modalidad de particular recurrencia en relación a otras organizaciones de la izquierda, con la que se pretendió hostigar al PST. Allí se desarrollaba la actividad legal de esta organización, pese a que dentro del movimiento obrero muchas veces optaron por estrategias de organización clandestina a medida que crecía la represión y la persecución (Mangiantini, 2018). La actividad electoral fue un sello distintivo de este partido dentro del universo de las izquierdas en este período.

Estos centros tenían una alta exposición dada por las intervenciones electorales; en dos ocasiones en 1973 con las fórmulas Coral-Ciapponi primero y luego Coral-Páez cuando se proclama ganadora la fórmula Perón-Perón. Los locales partidarios fueron centros de organización de esta militancia que buscó llegar a sectores de masas a través de la agitación electoral. En la mayoría de los casos se trataron de explosiones que no documentaron heridos. En Avanzada Socialista la organización considera que se trata de mensajes que buscan amedrentar la intervención de la organización entre los trabajadores, la denuncia a las políticas de paz social y de deterioro de las condiciones de la clase trabajadora. La sección que se reitera en distintos números del periódico del PST denominada “el pacto a palos” refiere a distintos acontecimientos represivos en el sentido señalado.⁵⁴

En relación con los sucesivos ataques a los locales partidarios, dicha organización montó grupos de seguridad encargados de la protección de los mismos en guardias nocturnas. Los archivos de inteligencia documentaron estas prácticas, donde se registraban movimientos de personas por las noches.⁵⁵

Luego de los ataques de Ezeiza, en el ‘74 el enfrentamiento entre Perón de la mano de las alas "oficiales" del justicialismo se profundiza con la ruptura con Montoneros y la JP. En simultáneo, crecen los ataques a las organizaciones de izquierda, activistas sindicales clasistas y antiburocráticos, opositores políticos. Luego de julio, con la muerte de Juan Domingo Perón quien contenía relativamente a las distintas alas del movimiento justicialista, se produce un verdadero salto⁵⁶ en la magnitud de estos ataques y el PST será una de las organizaciones receptoras de los mismos. A los pocos meses, en noviembre, asesinan a 3 militantes⁵⁷ del PST de Córdoba y otras localidades, entre los que se encuentra uno de sus principales dirigentes, César Robles. La organización, además, caracteriza un recrudecimiento de la situación represiva tras el asesinato del Jefe de Policía Villar en manos de Montoneros. En sus documentos, la máxima dirección asume que se trata de golpes que se podrían haber prevenido si hubiesen advertido lo suficiente al conjunto de la militancia que se producía una escalada represiva en el terreno ilegal y evitar en determinados casos, el regreso a sus domicilios.⁵⁸

En lo que respecta a Avanzada Socialista, se dedica el periódico completo a homenajear a los militantes asesinados, partiendo del rol político de cada uno de ellos y se realiza una declaración política que busca interpelar al gobierno por considerarlo responsable de que la represión ilegal se produzca impunemente. Aquí se observa el interrogante sobre la posibilidad de mantener la legalidad de la práctica militante (recordemos que organizaciones armadas ya se encontraban en la clandestinidad). Se apunta “a los fascistas” como los autores y se incorpora a la denuncia, los asesinatos de otros dos militantes de la izquierda no armada.⁵⁹

Tras la sanción de la nueva Ley de Seguridad, uno de los locales es allanado, a pesar de contar con personería jurídica y aparente protección democrática. Dentro de los mecanismos legales de la represión también deben contabilizarse los allanamientos a los domicilios personales de los militantes y numerosas detenciones, entre ellas a estudiantes universitarios en ejercicio de su militancia, como es el caso de las pegatinas de carteles y del reparto de volantes. “Atentan contra las libertades democráticas”^⁶⁰ será una de las portadas de la prensa partidaria durante este período denunciando al gobierno peronista.

El ataque y represión masiva en Villa Constitución tras el levantamiento opositor a la conducción nacional, también golpea de cerca a esta organización por la participación desde adentro, así como de la solidaridad activa de un sector importante de sus militantes a escala nacional en el conflicto. Además de la detención de sus militantes José Kalauz y “Pacho” Juárez⁶¹ del Comité de Huelga de Villa Constitución, se produjeron allanamientos en los domicilios de los militantes de Rosario, la detención de dirigentes del Secretariado Ejecutivo y la voladura del local en esta localidad a pocos días de terminado el conflicto.⁶²

En consonancia con el modus operandi analizado en los anteriores casos, este evento represivo puede ser vinculado con el vuelco generalizado de esta regional, y particularmente su juventud (JSA) al conflicto de Villa Constitución, cuyo motor fue la lucha contra la conducción de la UOM de Lorenzo Miguel.

Desde Avanzada Socialista⁶³ se revela que en dicho local se alojaron numerosos dirigentes y activistas que participaron directamente de la huelga en la localidad próxima. La vinculación de los ataques ilegales con la participación del PST en los conflictos obreros se volvió cada vez más evidente para los militantes:

“La huelga de Villa había terminado más o menos para el 20 de mayo de 1975. Uno o dos días después son detenidos los dirigentes del PST, entre ellos Pacho Juárez y Pepe Kalauz, el Petiso Paez. Fue en un departamento del centro de Rosario. Y uno o dos días después, antes de fin de mayo vuelan el local del del PST de Rosario que había sido un lugar de apoyo logístico a toda la huelga de Villa Constitución, de organización política. La mitad del Comité Ejecutivo del PST se había trasladado a Rosario con Eduardo Espósito a la cabeza, Pedro Pujals y Silvia Díaz. Todos fueron detenidos. El local estaba en calle Maipú y Zeballos. No se pudo identificar a los autores materiales, olvidate, en esa época imposible. Fue un ataque directo a ese local que había sido parte central de lo que había sido el apoyo a la huelga larga de dos meses, que fue el llamado Segundo Villazo.”⁶⁴

En este caso podemos observar dos formas de intervención represiva sobre un mismo objetivo⁶⁵: en el mes de mayo al finalizar el importante conflicto obrero de Villa Constitución se producen detenciones en el marco legal a los dirigentes del PST.⁶⁶ La organización Política Obrera denuncia los ataques a Kalauz y Juárez del “Comité de Lucha” y conjuntamente condena la detención de ocho militantes de su organización.⁶⁷ En simultáneo se colocan explosivos que destruyen el local partidario que había sido epicentro de organización.

Pero fue en julio de 1975 cuando se produce el mayor ataque a esta organización: nos referimos a la llamada “Masacre de La Plata”. Las fuerzas paraestatales dieron un salto con el asesinato de 8 militantes del PST que se dirigían a solidarizarse con los trabajadores de la importante huelga de Petroquímica Sudamericana. Desde 1974 el PST intervendrá en la fábrica a través de volantes firmados bajo el nombre de “Avanzada Petroquímica”. Otras organizaciones no armadas como Política Obrera también pretenderán vincularse.

En 1975, los trabajadores de la fábrica se encontraban tomando la planta tras el reclamo de los salarios adeudados de junio⁶⁸, un anticipo de 300 mil pesos como adelanto de las paritarias y un convenio mínimo superior al establecido por el gobierno. La fábrica permanecía tomada desde hacía meses y participa del proceso de las Coordinadoras Interfabriles que se despliegan a lo largo del Gran Buenos Aires, en el marco más general del recrudecimiento de la crisis económica y política del gobierno María Estela Martínez, que llevará a las jornadas del Rodrigazo.

Los acontecimientos son relatados en la prensa partidaria y en otras publicaciones de la época. Cinco militantes son interrumpidos en su tránsito por un comando de la Triple A. Se encuentran sus cuerpos en Punta Lara no solo acribillados sino con importantes marcas de tortura. Inmediatamente, son asesinados un militante que fue a retirar los cadáveres y otros dos que se dirigen a los procedimientos de denuncia desde el local partidario. La magnitud de los hechos y del ataque a la organización llevará a que otras agrupaciones resalten el ensañamiento de los grupos de represión clandestina con este partido y la asociarán a un bajo nivel de autodefensa por parte del PST, como fue el caso de Montoneros a partir de su revista Evita Montonera en una nota titulada “Siguen matando militantes del PST”.⁶⁹ Política Obrera por su parte denuncia el asesinato “antiobrero” producido en el marco de la protesta y la movilización de trabajadores de Berisso y La Plata.⁷⁰

En este caso, las denuncias por parte de la organización a la responsabilidad del gobierno adquieren un carácter novedoso en lo que respecta al discurso articulado en la prensa partidaria. Será la primera vez que determinarán que el gobierno peronista fue responsable de los episodios de represión ilegal. El titular de Avanzada Socialista⁷¹: “Gobierno y patronal: de la tolerancia a la responsabilidad directa” relaciona las condiciones del Estado de sitio desde 1974 y el aumento de los ataques ilegales. Vemos nuevamente la vinculación general que se establece entre las condiciones de censura y represión y el envalentonamiento de las fuerzas de intervención ilegal.

¿Cómo actuó dicha organización ante estos ataques in crescendo? Recordemos que la primera respuesta ante la Masacre de Pacheco fue la movilización inmediata y el llamado a los piquetes de autodefensa, es decir, a la defensa armada ante lo que consideraban la falta de garantías por parte del Estado. Durante la segunda mitad de 1974 y particularmente en 1975 por un lado, agudizaron las medidas de seguridad interna,⁷² modificando lugares de vivienda y domicilio,⁷³ desvinculándose de materiales y documentos, listas y nombres de militantes, así como evitaron progresivamente hacer pública la vinculación partidaria de aquellos que desempeñaban tareas al interior del movimiento obrero. Asimismo, apuntaron al cierre progresivo de aquellos locales de mayor exposición pública, luego de un creciente abandono de la actividad partidaria en estos centros.⁷⁴

Por otro lado, tendieron a la coordinación con sectores de la oposición de distintos partidos con representación parlamentaria como fue el denominado “Grupo de los 8”⁷⁵ integrado por la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Comunista (PC), el Partido Intransigente (PI), el Partido Revolucionario Cristiano (PRC), el Partido Demócrata Progresista (PDP), el Partido Socialista Popular (PSP), la Unión del Pueblo Argentino (UDELPA), cuyo vocero fue el legislador de la UCR Ricardo Balbín.⁷⁶ La falta de apertura al diálogo será reprochada por el PST al peronismo quien según este, rechaza la “concordancia” y “deja actuar” a los grupos clandestinos de la derecha. Además del rechazo de la represión por parte del Estado, repudiaron en distintos niveles en Avanzada Socialista la violencia de las organizaciones de la izquierda armada por considerar que esta favorecía el recrudecimiento de la represión estatal y la intervención de la Triple A. Por estos motivos, se opusieron a levantar la exigencia de liberación de los presos políticos de estas organizaciones.⁷⁷ En ese entonces, la izquierda armada y la insurreccionalista, eran todas víctimas de la represión legal e ilegal durante el tercer gobierno peronista.^⁷⁸

El presente trabajo se enmarca dentro de una periodización que, recuperando los debates historiográficos, busca evitar “rupturas formales” y analizar, de este modo, cuáles fueron las prácticas represivas durante los gobiernos democráticos, así como no perder de vista la articulación de la represión legal e ilegal. El estudio de los ataques sufridos por el PST resulta pertinente para vislumbrar cómo dicho accionar se articuló en función de eliminar la conflictividad social emergente, como puede considerarse también en los estudios sobre otras organizaciones no armadas, entre las que se encuentran Vanguardia Comunista, Política Obrera y el Partido Comunista Revolucionario.

En lo que respecta al PST, esta organización fue duramente atacada a través de diversas modalidades: la tortura y el fusilamiento de militantes, explosivos en decenas de locales partidarios, secuestros y golpizas. Entre los ataques de mayor magnitud encontramos los episodios conocidos como “La Masacre de Pacheco” en 1974 y “La Masacre de La Plata” en 1975. Asimismo estas acciones de grupos clandestinos asociados a la Triple A y otros agrupamientos referenciados con la “burocracia sindical” se combinaron con otras de tipo “legal”, como las detenciones de militantes y dirigentes, allanamientos a domicilios particulares, a los locales partidarios por parte de las fuerzas policiales.

Verificamos que en la mayoría de los acontecimientos, los “focos” de la represión obedecieron o contaron con estrecha vinculación a la actividad de esta organización hacia o dentro de las fábricas en conflicto por distintas reivindicaciones: aumento de salario como en Del Carlo, cese de despidos, reinstalaciones como el caso de Petroquímica Sudamericana, así como el respeto a la democracia sindical como sucedió con la Lista Gris de Fundición Cormasa de la UOM de Vicente López o la defensa de los resultados como sucedió en Villa Constitución tras el triunfo de la Lista Marrón. Observamos una permanente asociación a hechos de conflictividad obrera que se opusieron a las conducciones sindicales en general, y con particular recurrencia a la Unión Obrera Metalúrgica liderada por Lorenzo Miguel, que de acuerdo a distintos autores rescatados en nuestro trabajo, fue parte de la planificación y reclutamiento del personal que llevó adelante la represión ilegal de las “Tres A”. Desde el asesinato de “el Indio Fernández”, la Masacre de Pacheco y la voladura de locales en lugares distantes como Beccar o Rosario se asocian a conflictos de oposición a la conducción de Lorenzo Miguel.

Estos acontecimientos en los cuales el PST fue protagonista, se enmarcan dentro de procesos más generales de oposición a las políticas económicas del gobierno del “tercer peronismo”. Nos referimos al Pacto Social en los dos primeros años y el proceso de crisis económica y ajuste que culmina en el Rodrigazo en 1975. Allí podemos situar el ataque de mayor magnitud sufrido por esta organización: la “Masacre de La Plata” luego de la participación en la toma de Petroquímica Sudamericana.

En el presente trabajo podemos ver como con el correr de los años en el período de 1973 a 1976, en simultáneo con la radicalización de los procesos de conflictividad obrera, los ataques se vuelven más recurrentes y la magnitud de los asesinatos ascienden. Respecto del discurso de la organización estudiada, se responzabiliza esencialmente a las “bandas fascistas”, se exige al gobierno el cese de tolerancia a las mismas a la vez que se denuncian las políticas económicas. En la sección “pacto a los palos” vinculan la represión legal e ilegal hacia los conflictos que desafían el Pacto Social. Solo ante el caso de la “Masacre de La Plata” se establece una denuncia abierta hacia la responsabilidad del gobierno peronista. Resulta relevante profundizar en futuros trabajos los archivos referentes a la represión a otras organizaciones mencionadas de la izquierda no armada para continuar complejizando el debate sobre la represión legal e ilegal y cuáles fueron los motores de estas prácticas durante el “tercer peronismo”.

Profesora en Antropología. Egresada de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Adscripta de la cátedra Historia Social Latinoamericana de la Escuela de Antropología de la mencionada facultad. Integrante del PID (UNR-ISHIR) Historia y Antropología Social de los Trabajadores en Argentina. Actualmente cursando la Maestría en Historia Social Argentina y Latinoamericana y Especialización en las Técnicas y Metodología de la Investigación de las Ciencias Sociales-CLACSO.

1 Franco, Marina, “La represión estatal en la historia reciente: problemas, hipótesis y algunas respuestas tentativas”, en Águila, Gabriela, Garaño, Santiago y otros, Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 2016.

2Pontoriero, Esteban, “De la guerra (contrainsurgente): la formación de la doctrina antisubversiva del Ejército argentino (1955-1976)”, en Águila, Gabriela, Garaño, Santiago y otros. Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 2016; Besoky, Juan Luis, “Violencia paraestatal y organizaciones de derecha. Aportes para repensar el entramado represivo en la Argentina, 1970-1976”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Colloques, 19 de enero de 2016.

3 Águila, Gabriela y Alonso, Luciano, Procesos represivos y actitudes sociales entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2013, pág. 100.

4 Pittaluga, Roberto, “La memoria según Trelew”, Sociohistórica, N°19-20, 2006, págs. 81-111, en línea en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3610/pr.3610.pdf, consulta: 15 de abril de 2020.

5 Simonassi, Silvia, “Políticas patronales de disciplinamiento y conflictividad obrera en el Gran Rosario: continuidades y rupturas (1930-1980)”, Travesía, Suplemento, VII Reunión del Comité Académico de Historia, Regiones y Fronteras, 2016; Simonassi, Silvia, “A trabajar y muzzarella. Prácticas y políticas de disciplinamiento laboral en la industria metalúrgica de Rosario, 1974-1983”, Historia Regional, N° 25, Villa Constitución, 2007.

6 Ranalletti, Mario y Pontoriero, Esteban, “La normativa en materia de defensa y seguridad y la criminalización de las disidencias (1955-1976)”, en V Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, Buenos Aires, UNGS, 2010, pág. 2.

7 Barragán, Ivonne y Zapata, Ana Belén, “Dictadura militar y represión a la clase trabajadora. La Armada Argentina, marco doctrinario y operaciones represivas en perspectiva regional para los casos de Ensenada y Bahía Blanca”, Revista Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, N°24, 2015, pág. 10.

8 Schneider, Alejandro, “Una lectura sobre las organizaciones de base del Movimiento Obrero Argentino (1955-1973)”, Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, N°2, 2013, págs. 48-49.

10 Pontoriero, Esteban, “Estado de excepción y contrainsurgencia: el Plan Conintes y la militarización de la seguridad interna en la Argentina (1958-1962)”, Contenciosa, Año III, Nº4, 2015.

12 Schneider, Alejandro, “Cuando se hizo tronar el escarmiento. La política laboral de Juan D. Perón para disciplinar el movimiento obrero”, en Schneider, Alejandro y Ghigliani, Pablo (comp.), Clase obrera, sindicatos y Estado. Argentina (1955-2010), Buenos Aires, Ediciones Imago Mundi, 2017, pág. 108.

13 Carminati, Andrés, “Operativo Serpiernte Roja: El Terrorismo de Estado antes del golpe”, 2017, en línea en: https://elfurgon.com.ar/2017/03/21/operativo-serpiente-roja-el-terrorismo-de-estado-antes-del-golpe/, consulta: 15 de abril de 2020.

Entrevista a Carlos Moreira, realizada por la autora, Rosario, 24 de julio de 2020.

16 Uno de los ejemplos de las infiltraciones sufridas por estas organizaciones las podemos encontrar en reuniones del PST por parte de los servicios de inteligencia en la localidad de Berisso, documentada en Archivo DIPPBA, Partido Socialista de los Trabajadores, Carpeta N° 82, Legajo 2 citado en Mangiantini, Martín, “La izquierda no armada ante la ofensiva armada. El Partido Socialista de los Trabajadores y Política Obrera frente a la represión paraestatal: respuestas, tensiones y contradicciones (1973-1976)”, en II Coloquio Internacional sobre Violencia Política en el Siglo XX. IV Jornadas de Trabajo de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política (RER), 2019.

17 Merele, Hernán, “El proceso represivo en los años setenta constitucionales. De la “depuración” interna del peronismo al accionar de las organizaciones paraestatales”, en Águila, Gabriela, Garaño, Santiago y otros, Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 2016.

18 Rodriguez Agüero, Laura, “Centralización de la represión, violencia paraestatal y redes internacionales represivas en la Mendoza predictatorial”, Sociohistórica, N°33, 1er semestre de 2014.

19González Janzen, Ignacio, La Triple A, Buenos Aires, Editorial Contrapunto, 1986; Larraquy, Marcelo, Lopez Rega, el Peronismo y la Triple A, Buenos Aires, Punto de Lectura Argentina, 2011; Franco, Marina, Un enemigo para la nación…, op. cit; Marín, Juan Carlos, Los hechos armados…, op. cit.

28“Puede verse claramente que, mientras vivió y gobernó Perón, el objetivo de las bajas – específicamente los muertos, que cuadruplican a los desaparecidos– está mayoritariamente dirigido a su propio movimiento. A partir de su muerte, si bien en números absolutos el incremento de las bajas del peronismo revolucionario es de casi 7 veces, y 8 veces el de la izquierda gremial, las bajas de la izquierda marxista se multiplican por 28, y se igualan en magnitud a las otras dos juntas.” Izaguirre, Inés et al., “El mapa social del genocidio”, en Lucha de clases, guerra civil y genocidio en Argentina, 1973 – 1983, Antecedentes, desarrollo, complicidades, Buenos Aires, Eudeba, 2009, pág.101.

33 Dentro de las “listas negras” con referentes como Agustín Tosco, se encontraba Nahuel Moreno, el principal dirigente del PST. Comunicado de las AAA publicado en el diario Noticias, Buenos Aires, 29 de enero de 1974.

34 Resulta pertinente la recuperación de la categoría gramsciana de “Estado integral”. Para Gramsci desde su concepción marxista, el “Estado integral” es el producto de la fórmula que integra los conceptos “dictadura+hegemonía” para pensar las distintas facetas que adquiere la intervención estatal para llevar adelante sus objetivos estratégicos. (Dal Maso, 2016). En este sentido tanto la sociedad política como la sociedad civil pueden tener roles dentro de la dimensión ampliada del Estado, es decir, que el rol “policial” Gramsci no solo va a asignársele a las fuerzas represivas oficiales, sino que va a asumir que distintos “sujetos” pueden cumplir sus tareas. Esta cuestión puede ser ejemplificada a partir de la “burocracia sindical” u otros sectores de la sociedad civil asumiendo tareas de inteligencia, como se expresa en el Documento Reservado promovido por Juan D. Perón.

35 Robles, Andrea, “La Triple A y la política represiva en el gobierno peronista”, en Werner, Ruth y Aguirre, Facundo, Insurgencia obrera. Clasismo, coordinadoras interfabriles y las estrategias de la izquierda, Buenos Aires, Ediciones IPS, 2009.

38 Robles, Andrea, La Triple A…, op. cit.; Werner, Ruth y Aguirre, Facundo, Insurgencia Obrera…, op. cit.; Mangiantini, Martín, Itinerarios militantes…, op. cit.

40 Avanzada Socialista, N°103, Buenos Aires, mayo de 1974; Folleto del PST “Crecen los atentados fascistas”, mayo 1974; Avanzada Socialista, N° 104, Buenos Aires, mayo de 1974; Avanzada Socialista, N°105, Buenos Aires, mayo de 1974.

42 Avanzada Socialista, Nº105, Buenos Aires, junio de 1974; Avanzada Socialista, N°106, Buenos Aires, junio de 1974; Avanzada Socialista, N°107, Buenos Aires, junio de 1974.

43 Ver en Lorenz, Federico, Algo parecido a la felicidad. Una historia de la lucha de la clase trabajadora durante la década del setenta, Buenos Aires, Editorial Edhasa, 2013.

46 Como parte de la “guerra revolucionaria” para el PRT-ERP: “Buenos Aires. El PST denunció que un grupo de 15 personas armadas atacó el local partidario de El Talar, en Pacheco, en momentos en que se desarrollaba una asamblea, dispararon una ráfaga de ametralladora y se llevaron a seis militantes. Tres de ellos, compañeras mujeres, aparecieron, mientras que los compañeros fueron asesinados, apareciendo días más tarde. Los compañeros muertos eran Mesa, Moses y Zida”, Estrella Roja, Nº35, 1 de julio de 1974.

49 “La comisión directiva de la seccional Vicente López de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina ante el asesinato de los compañeros Oscar Dalmazio Mesa, delegado de Astarsa Metalúrgica, y de Antonio Modes, afiliado metalúrgico de Wobron SA -hechos acaecidos el 29 de corriente, de pública notoriedad- expresa su total y categórico repudio por la incalificable inhumana acción (…) se intenta detener el proceso de reconstrucción y liberación nacional en que se encuentra empeñado el país todo, bajo la dirección de nuestro único líder, el teniente General Juan Domingo Perón.” Solicitada publicada en Clarín, Buenos Aires, 30 de mayo de 1974.

52 Clarín, Buenos Aires, 31 de mayo de 1974. También fue registrado por la prensa partidaria del PRT-ERP como parte de la “guerra revolucionaria”. “Mar del Plata. Una bomba fue colocada en el local partidario del PST”, Estrella Roja, Nº35, julio de 1974.

54 Avanzada Socialista, Nº103, Buenos Aires, mayo de 1974; Avanzada Socialista, Nº107, Buenos Aires, junio de 1974; Avanzada Socialista, Nº108, Buenos Aires, junio de 1974.

55 Archivo DIPPBA, Partido Socialista de los Trabajadores, Sección “C”, Legajo 3372 citado en Mangiantini, Martín. “La izquierda no armada…”, op. cit.

62 Comprobamos que en Villa Constitución luego de las huelgas del primer Villazo de marzo de 1974, hubieron persecución y represión a otras organizaciones de la izquierda no armada como fue la Organización Comunista Poder Obrero. Memorandum Quincenal, 1 de septiembre de 1974. Policía de la Provincia de Santa Fe, Unidad 180, legajo 9. (Archivo Provincial de la Memoria, Santa Fe).

65 Bajo una solicitada con el título “El complot existe y es contra los trabajadores y el pueblo”, la Juventud Trabajadora Peronista denuncia el operativo y las detenciones, Diario El Litoral, martes 20 de mayo de 1975.