Introducción

A fines de los sesenta no eran muchos los abogados de Santa Fe, ni tantos los juzgados, así que todos se conocían. Los estudiantes y obreros comienzan a escribir en los tapiales de la ciudad algunas «pintadas», reclamando elecciones, gobierno constitucional, y la policía tenía órdenes de detenerlos; aparecían algunos volantes de las Asociaciones Estudiantiles y Gremiales, y comienzan los primeros presos políticos. En un principio sus familiares buscan a un abogado amigo, pariente, quienes a veces contestaban ‘tranquilo, unos días a la sombra no vendrá mal así no andan ensuciando los tapiales o los frentes de las casas. Pero aparecen otros abogados…[1]

Este artículo tiene como objetivo reconstruir el origen y las dinámicas de funcionamiento de esos otros abogados: los miembros de la Asociación de Abogados de Santa Fe. Esta fue una agrupación interna del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, conformado por abogados y abogadas de la ciudad de Santa Fe. A comienzos de los 70, los abogados defensores de presos políticos ganaron mayor visibilidad, la cual aumentó con la represión y la presentación de habeas corpus durante la última dictadura. Esto condujo a algunos al exilio, y a otros al secuestro y desaparición por parte del terror del Estado.

La Asociación de Abogados de Santa Fe surgió informalmente cuando abogados locales, mayormente egresados de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Católica (UCSF), se reunían para ayudar a estudiantes y obreros detenidos durante la dictadura de la «Revolución Argentina» (1966–1973), contando luego con el respaldo legal del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción, que los nucleaba como profesionales.

Aunque se señala que la Asociación era un grupo pequeño, los testimonios revelan numerosos nombres. Consideramos imprescindible mencionar una lista (aún en construcción), de quienes formaron parte: Alfredo «Pichón» Nogueras, Ricardo Molinas, Rafael «Negro» Pérez, Ricardo Rípodas, Amaro Romitti, Nacho Solé, Laura Teresita De Greef, Hugo Manso, Héctor Giusti, Lidia «Lilita» Martinez, Alberto Mullor, Rosado Parodi, Omar Ordiz, Graciela Herrera, Estela López Bustos, Hugo Almenara, Enrique De Feo, Juan Carlos Adrover, Guillermina Durán, Manuel Gaggero, Alfredo Becerra, Jorge Marcone, Alcira Elisabeth Ríos, René Gabiux, Alberto Trotta, Graciela "Monina" Doldán, Nilsa Urquía y Marta Zamaro.

La Asociación operó formalmente entre 1967 y 1974/75, defendiendo presos políticos y gremiales hasta que la represión estatal lo impidió. Participaron veintiocho abogados, incluyendo nueve mujeres, de las cuales dos fueron asesinadas por la Triple A y una, «Monina», permanece desaparecida.

Sin embargo, la organización de los abogados hacia fines de los años ‘60 no fue un fenómeno exclusivo del caso santafesino, sino una práctica ampliamente difundida en todo el territorio desde décadas anteriores. Tras un vacío ostensible reservado a menciones aisladas en libros testimoniales (Chama, 2021, p.27), la atención sobre el caso de los abogados tomó impulso a partir del año 2000. La mayoría de las investigaciones se ha enfocado en la politización de los profesionales y en el análisis de su activismo (Vecchiolli, 2007, 2012). Asimismo, se ha publicado un libro que recorre la trayectoria de numerosos abogados durante la historia reciente argentina, a partir de diversos testimonios orales que entrelazan relatos de vida, experiencias profesionales y por supuesto, la defensa de presos políticos (Bacci, Carnovale y Oberti, 2010).

Este interés académico se ha complementado con la emergencia de investigaciones referidas a casos provinciales, los cuales permiten evidenciar las similitudes y diferencias en torno a la conformación de los grupos, las acciones que desarrollaron y los desafíos que enfrentaron en un contexto de difícil actuación profesional. Para el caso de la provincia de Buenos Aires, diversos estudios analizan la formación y acción de la Asociación Gremial de Abogados, nacida en 1971 a causa de la disidencia mantenida con la Asociación de Abogados de Buenos Aires (Chama, 2000, 2016). El caso cordobés ha recibido atención por parte de Oviedo y Solís (2006), quienes analizan el caso de la «Agrupación de Abogados de Córdoba».

En el ámbito santafesino, el caso de Rosario ha sido estudiado exhaustivamente en una publicación reciente del Colegio de Abogados de Rosario (Seminara, 2021) que reconstruye el accionar de los abogados locales durante los años sesenta y setenta. Paralelamente, destacan trabajos como los de Bereciartúa (2014) y Marianela Scocco (2017, 2021), quienes se han ocupado del estudio de la Agrupación de Abogados de Rosario (AAR), organización conformada entre 1968 y 1973 por un grupo de profesionales con orientación izquierdista.

Si bien la Asociación de Abogados de Santa Fe ha sido mencionada ocasionalmente en estudios sobre el periodo (Alonso, 2014), no ha sido estudiada en su especificidad, a diferencia de las agrupaciones de otras latitudes del país. Hasta el momento, carece de estudios que analicen su estructura organizativa, las trayectorias de sus integrantes y las particularidades que tuvo su accionar dentro de la ciudad de Santa Fe, evidenciando un vacío historiográfico frente a los avances registrados para otros casos provinciales.

Por esta razón, este artículo busca dilucidar la conformación de la agrupación local hacia fines de los años 60. A partir de diversos testimonios y fuentes periodísticas^[2] se avanza sobre las particularidades de la Asociación, sus integrantes, las diversas acciones que desarrollaron en la ciudad de Santa Fe, y, por último, su progresiva disgregación con el avance de la represión en la ciudad hacia fines de 1974 y principios de 1975. En este sentido, nos preguntamos: ¿qué tipos de acciones llevadas adelante por la Asociación dan cuenta de su compromiso con los Derechos Humanos? ¿Cómo influyó el clima de represión estatal en la cohesión y el funcionamiento interno de la Asociación?

Consideraciones teóricas

En la Argentina de fines de los 60 e inicios de los 70, surgió un movimiento diverso de protesta social y de activación política que cuestionó los cimientos del sistema social y el poder estatal. Este impulso se manifestó tanto dentro como fuera de los grupos armados, y en sectores de las clases medias como intelectuales, artistas, universitarios y profesionales, donde emergió una convicción de que la revolución era urgente e inevitable (Chama, 2016).

La conformación y la acción de la Asociación de Abogados de Santa Fe se enmarca en este contexto, ya que llevó adelante acciones de protesta frente al autoritarismo de la época. Siguiendo a Jasper (1997), según Poma y Gravante (2017), la protesta se entiende como una forma de hacer política fuera de los canales institucionales a través de la cual, las personas pueden explorar sus convicciones y sensibilidades morales, así como articularlas y desarrollarlas. Los abogados de la Asociación, desarrollaron una forma de hacer política permeada por el proceso de politización y radicalización en el que se vio envuelta la sociedad.

Como tal, la politización se entiende como el modo en que la política impregna de significado a diversas prácticas sociales, como las profesionales, intelectuales y artísticas llevando a que estas, en ciertos casos, pierdan sus características específicas originales. Por su parte, la radicalización supone una manifestación particular de la politización, caracterizada por un compromiso total y constante, una militancia integral y permanente, una postura crítica hacia el orden social y económico, y, en algunos casos, la legitimación del uso de la violencia para lograr su transformación (Chama, 2016).

Teniendo en cuenta esto, la forma de actuar de la Asociación de Abogados de Santa Fe puede ser encasillada dentro de estos parámetros, ya que hicieron del ejercicio de su profesión un acto político. Si bien el proceso de radicalización del grupo no implicó el uso de la violencia, sí dieron cuenta de un compromiso y entrega total a la causa que buscaban defender, ya que esta supuso consecuencias que pusieron en riesgo su propia vida.

En este sentido, los miembros de la Asociación de Abogados de Santa Fe llevaron adelante acciones y enunciados que buscaron impugnar su propio ámbito profesional y el sistema social en su conjunto, entendiendo que una «nueva» sociedad requería un «nuevo» modelo de profesional, apareciendo la profesión como un espacio para moldear el orden social y político (Chama, 2016). En este sentido, consideramos que la Asociación adquirió una forma de protesta muy particular, alineada a las nuevas formas de protesta y participación política, que Della Porta y Diani (2011) denominan «formas nuevas y no convencionales de participación política» (p. 216), surgidas hacia los años 60, que se unieron a las formas tradicionales de protesta y participación.

Una de estas formas nuevas y no convencionales son las acciones caracterizadas por la «lógica del testimonio»(Della Porta y Diani, 2011, p. 228). Las acciones que se desarrollan bajo esta lógica, buscan demostrar un fuerte compromiso con un objetivo considerado vital (p. 228). Esta lógica posee dos características; en primer lugar, la participación en estas acciones que conllevan riesgos o costos personales serios (p. 228) y, por otro lado, se caracteriza también por su sensibilidad hacia los valores y la cultura alternativos (p. 229) que pueden expresarse en conferencias, revistas, etc., que tienen como fin educar al público en una forma diferente de entender el mundo. Por lo expuesto anteriormente, consideramos que las formas de acción de protesta de la Asociación santafesina se alinean dentro de esta lógica, en tanto existió un fuerte compromiso con la realidad sociopolítica argentina, con la vigencia de las garantías constitucionales, el respeto de los Derechos Humanos (DD. HH.) y la defensa de los presos políticos.

Si bien la noción de protesta refiere a una forma de hacer política fuera de los canales institucionales, para el caso de la Asociación santafesina, se debe tener en cuenta que las acciones del grupo pendularon entre el uso de métodos institucionales —la presentación de habeas corpus, asambleas dentro del Colegio de Abogados de Santa Fey la defensa jurídica de los perseguidos políticos— junto a otras vías no institucionales, como las conferencias de prensa, comunicados, congresos formativos y la participación activa en actos convocados por otras organizaciones.

El modus operandi de esta agrupación, el tipo de acción que protagonizaron, los objetivos y las estrategias que implementaron, permiten caracterizar sus formas de protesta dentro de la lógica del testimonio (Della Porta y Dani, 2011), la cual se encuentra ligada a la radicalización de la agrupación. En esta línea, la mayoría de los miembros de la Asociación enfrentaron detenciones arbitrarias, periodos de cárcel, allanamientos, bombas en sus estudios jurídicos y hogares, el exilio y la muerte por su compromiso profesional; y, además, en su funcionamiento cotidiano, la Asociación evidenció su sensibilidad con la expresión y la defensa de valores diferentes a los pregonados desde las esferas del poder, los cuales pueden observarse en sus numerosas asambleas, conferencias y declaraciones públicas.

La lógica del testimonio necesariamente invita a pensar en el lugar que ocupan las emociones^[3], ya que para comprender por qué los grupos protestan y cómo se organizan para ello, es necesario conocer sus valores, su forma de percibir su lugar en el mundo y el lenguaje utilizado (Chama, 2016). En este sentido, las emociones son clave en el estudio de la protesta, ya que influyen tanto en la motivación individual para el activismo, como en la dinámica colectiva de los movimientos sociales. A nivel personal, explican por qué una persona decide movilizarse, incluso cuando los costos superan los beneficios. En el ámbito colectivo, crean un ambiente propicio para la movilización, ayudan a entender el origen, desarrollo y resultado del movimiento, las divisiones internas, la solidaridad entre participantes, la construcción de la identidad colectiva y los efectos de la protesta en sus miembros (Poma y Gravante, 2017).

Siguiendo esta idea, Flam (1990, citado en Poma y Gravante, 2017) afirma que las emociones son potentes motivadores de la acción individual pero también para actores corporativos, entre los que se encuentran organizaciones formales y legales, partidos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales, como la Asociación de Abogados de Santa Fe.

El clima de época y la situación sociopolítica y jurídica de la Argentina fueron el cimiento necesario para que el grupo decidiera organizarse bajo determinados valores y convicciones y movilizarse ante situaciones que consideraban injustas. En este sentido, resulta fundamental el concepto de empatía. Poma y Gravante (2017) sostienen que la empatía conlleva la capacidad de sentir lo que otros sienten o evaluar y actuar sobre las causas de ese sufrimiento. Esta puede haber sido una emoción movilizadora para la conformación y acción de la Asociación de Abogados de Santa Fe.

El surgimiento de la Asociación al calor del contexto nacional y local

El 28 de junio de 1966, el general Onganía y las fuerzas armadas, con apoyo civil, tomaron el poder por la fuerza. La «Revolución Argentina» buscaba «solucionar» lo que consideraban el agotamiento del régimen liberal, clausurando la política mediante medidas autoritarias, suspendiendo los partidos y elecciones y reprimiendo la disidencia interna.

Los años 60 estuvieron atravesados por un contexto de efervescencia nacional e internacional. Esto impulsó a los jóvenes a involucrarse en la militancia política y la conformación de las primeras organizaciones político–militares vinculadas al pensamiento de izquierda y al peronismo proscripto desde 1955.

El golpe de 1966, al «suspender» la política, acrecentó la necesidad de organización política juvenil. En este clima de efervescencia social estallaron diferentes «azos» en 1969 en todo el país. Comenzando por el Cordobazo, estos marcaron un giro decisivo en la historia nacional y sellaron el declive de la dictadura, abriendo un periodo de fuerte radicalización social. Escuelas, sindicatos, universidades y «la calle» se volvieron espacios de organización y protesta ante el autoritarismo. Las arbitrariedades del gobierno militar y los efectos de sus políticas económicas unificaron los reclamos en oposición a la dictadura, junto a proclamas antiimperialistas o anticapitalistas (Adamovsky, 2020).

El Cordobazo generó un florecimiento y engrosamiento de las organizaciones políticas y político–militares que fueron calificadas por las autoridades y la opinión pública como «subversivas» o «terroristas» por sus métodos de acción, que incluían operativos armados y la colocación de explosivos. Esto fue seguido de una gran represión, con detenciones masivas a estudiantes, sindicalistas, militantes, encarcelados en sitios como Rawson o Devoto.

Es en este escenario que muchos abogados intensificaron su actividad asumiendo la defensa de los detenidos políticos, articulando su actividad profesional y su militancia (Scocco, 2021, p. 52). Estos abogados adquirieron mayor trascendencia y visibilidad a raíz del incremento de estos detenidos (Chama, 2012, p.50) y por la creación en 1971 de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación —apodada «El Camarón»—, un tribunal especial para juzgar la «subversión» (Bacci, Carnovale y Oberti, 2010, p. 22).

La defensa jurídica de presos políticos^[4] tuvo como antecedente la creación en 1937 de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) (Scocco, 2021, p. 50) pionero en institucionalizar el activismo de los abogados en la defensa del derecho y de los detenidos por razones políticas y sociales, siendo la principal entidad hasta 1955 (Chama, 2016). En 1960 surgió la Comisión de Familiares de Detenidos (Cofade) que nucleó a abogados vinculados al peronismo como respuesta al Plan CONINTES. Para 1968, surgió el grupo de abogados de la CGTA y la Agrupación de Abogados de Rosario (AAR) (Scocco, 2021, p. 64); mientras que en 1971 se fundaron la Asociación Gremial de Abogados (AGA) en Buenos Aires y la Agrupación de Abogados de Córdoba.

En este contexto se fundó y actuó la Asociación de Abogados de Santa Fe, cuyos miembros, formados en la UNL y la UCSF, desarrollaron una especie de «militancia profesional»^[5]. Para sus integrantes, el Derecho debía estar al servicio de una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de las libertades y garantías constitucionales.

El momento fundacional de la Asociación de Abogados

El origen de la Asociación de Abogados, en las memorias de quienes fueron parte del grupo, no tiene una fecha precisa, pero sí nombres concretos: Alfredo «Pichón» Nogueras, Ricardo Molinas, y Rafael «el Negro» Pérez, un grupo de amigos y de reconocidos abogados locales que, pese a poseer distintos posicionamientos políticos^[6], compartían la profesión y los valores vinculados al respeto de los derechos y libertades fundamentales:

No recuerdo como nos comenzamos a reunir quienes luego integraríamos la Asociación de abogados: nos veíamos cuando había estudiantes presos en huelgas o tomas de las dependencias universitarias.[7]

(...) habíamos empezado a trabajar de antes en ciertos casos con ‘Pichón’ y Ricardo Molinas, en algunos casos muy específicos. Había habido detenciones por distintos motivos, casos de violación de DDHH diríamos ahora, de torturas, no sistemáticas (...).[8]

La agrupación se fue conformando de forma progresiva hacia fines de los años 60, aún sin un nombre ni una organización interna definida, pero estuvo motivada por el golpe de estado de 1966, que acrecentó la represión y por ende las inquietudes de numerosos abogados progresistas de la localidad. Ante esto, nuevos jóvenes profesionales ingresaron al grupo: «Nacho» Solé, Ricardo Rípodas, Amaro Rommiti, Laura De Greef, Graciela María de los Milagros «Monina» Doldán, Lidia Lilita» Martínez y Héctor Giusti. A ellos se añadieron otros abogados que, si bien no participaban de la Asociación, conformaban el grueso de asistentes regulares a las asambleas convocadas por el grupo.

Dentro de la Asociación se produjo un vínculo entre la actividad profesional y la actividad política (Bacci, Carnovale, Oberti, 2010, p. 34). En la Asociación de abogados de Santa Fe, confluyeron peronistas, demócratas cristianos, demócratas progresistas, militantes de Montoneros, como el caso de «Monina» Doldán, como así también del ERP, como Marta Zamaro y Nilsa Urquía. En estos últimos casos, puede hablarse de «abogados orgánicos» quienes eran abogados y militantes que se encargaban de la defensa de sus compañeros (Chama, 2016, citado en Raina, 2016).

La «fundación» del grupo, para sus integrantes, se produjo con la sucesión de dos hechos que cristalizaron la decisión de existencia de la Asociación de Abogados: la Sanción de la Ley Nº 17.401, más conocida como «Ley Anticomunista»^[9] sancionada en agosto de 1967, que motivó la celebración de la primera Asamblea en el Colegio de Abogados por este grupo de profesionales, y por otro lado la detención de Alfredo Becerra, integrante activo de las reuniones, hacia 1972.

La celebración de esta asamblea en octubre de 1967 marcó un antes y un después en la conformación y la acción de la Asociación:

El Colegio de Abogados lo tomó por sorpresa. Lo que hicimos es ver el estatuto del Colegio (...), que exigían más o menos 25 firmas para poder declarar una asamblea. Reunimos las 25 firmas, abogados de todo tipo, gente que estaba en contra del colegio de abogados, gente general, gente más o menos progresista, (...), liberales, etc. (…) Cuando vimos que tuvo éxito y nos empezó a preocupar, empezamos a hablar con compañeros, conocíamos distintos amigos, digamos, en este caso, Ricardo Molinas tenía muchos amigos que habían seguido una línea progresista dentro de la democracia progresista (...) ‘Pichón’ conocía a gente dentro de la Democracia Cristiana, él estaba (...) dentro del ala progre. Yo era el más joven, en esa época debo haber tenido 25 años (...) pero todavía tenía compañeros que habían estado conmigo en la universidad [UNL].[10]

Rafael «el Negro» Pérez, mencionó que no era común que el Colegio de Abogados celebrara asambleas de ese tipo. En esa primera reunión hubo abogados de diferentes afiliaciones políticas, pero todos compartían las ideas constitucionalistas y antidictatoriales. A partir de ese primer encuentro, comenzaron a celebrarse diversas asambleas extraordinarias en el Colegio de Abogados, donde se denunciaban allanamientos y detenciones ilegales, incomunicaciones con exceso al término legal e inclusive torturas a los detenidos, ante las que algunos abogados reclamaron un posicionamiento del Colegio ante la situación:

Se está creando en Santa Fe un clima de intimidación, como no hay en otro punto del país. No podemos seguir tolerando se vulneren las garantías que la Constitución establece (...) Por ello es necesario un pronunciamiento que ponga de relieve las arbitrariedades y atropellos cometidos y que violan la libertad de personas.[11]

En este sentido, ante la profundización de la represión dictatorial, se incrementaron las reuniones, las discusiones y los contactos entre los abogados del grupo, quienes defendían en su mayoría a estudiantes y obreros de la localidad. Andrea Raina (2016) enfatiza que el crecimiento de la Asociación como agrupación dentro del Colegio de Abogados se debió al compromiso profesional, ético y político de los abogados que decidieron forjar —desde ese lugar— posicionamientos y acciones para intervenir efectivamente en el espacio social, desarrollar acciones estratégicas, impulsar declaraciones públicas y medidas que les permitieron obtener mayores resultados presionando a la justicia a favor de sus defendidos (pp. 14–15).

El accionar de la Asociación de Abogados

Desde la Asamblea fundacional del grupo en 1967, diversos hechos fueron conformando de forma progresiva la Asociación de Abogados de Santa Fe y dando forma a su funcionamiento más orgánico.

La Asociación tenía una organización interna con la cual funcionaba diariamente. Entre los miembros del grupo, se habían establecido «turnos» de atención de lunes a viernes, incluso en tiempos de feria judicial,^[12] para atender llamadas, consultas o bien acudir ante el llamado de algún obrero o estudiante detenido: «en el auto llevábamos una máquina Lettera portátil, hojas, carbónicos y lo necesario para los habeas corpus, para redactarlos sobre la marcha y presentarlos de inmediato. Era como un estudio jurídico ambulante».^[13]

No tenían un espacio físico de trabajo: cada abogado trabajaba en su propio Estudio Jurídico, que funcionaban como sedes de reunión ante alguna necesidad o urgencia de la Asociación. En palabras de Rípodas, la Asociación de Abogados de Santa Fe realizaba una especie de «militancia profesional»^[14], categoría que nos parece más que adecuada para caracterizar las acciones/actividades que realizaba el grupo de abogados local.

Otra de las características centrales de la Asociación era la gratuidad de los servicios profesionales que prestaban. Se atendían problemas de la gente en las barriadas y en las villas, y se defendían a numerosos presos políticos de forma totalmente gratuita, puesto que los abogados «se ganaban sus sustentos esforzadamente con un límpido y transparente ejercicio de la profesión».^[15] Asimismo, otra nota distintiva de la Asociación era que no aceptaba dinero de los organismos políticos y los gastos de las defensas o de los viajes a otras localidades corrían por cuenta de cada integrante.

Enmarcados en el contexto de surgimiento de las formas nuevas y no convencionales de protesta, el instrumento utilizado por la Asociación de Abogados para protestar fue la celebración de asambleas extraordinarias en el Colegio de Abogados, donde se exponían denuncias, se formalizaban pedidos y se aprobaban resoluciones ante los procedimientos ilegales que se realizaban en Santa Fe. Las asambleas se convirtieron en el órgano fundamental de la acción de estos «militantes profesionales» que enmarcaban, en la legalidad del Colegio, sus reclamos y denuncias en el ejercicio de la profesión, pero también las denuncias por el incremento de la legislación represiva en el país. Por ejemplo, en junio de 1969 se celebró una Asamblea para protestar contra el sometimiento de civiles a tribunales militares; fruto de esos debates se publicó una declaración en el diario, donde el Colegio de Abogados resolvió «(...) abrir un registro de afiliados que ofrecen su patrocinio gratuito para la defensa de quienes hayan sido sometidos a los Consejos de Guerra y querellar en los casos de apremios ilegales».^[16]

En junio de ese mismo año, se reformó el Código Penal y se incorporó a la legislación la pena de muerte para ciertos delitos, ante la que el Colegio también se pronunció en oposición, emitiendo una declaración donde se justifica la decisión alegando que «dicha pena pugna las convicciones y sentimientos de nuestro pueblo».^[17] En abril de 1972, se debatió y se aprobó una Resolución con demandas realizadas por el Colegio de Abogados de Santa Fe, en la Cámara Federal en lo Penal «El Camarón», en la que se pidió que «se permita a los detenidos recibir, antes de prestar declaración indagatoria o en ese momento, formularios de nombramiento de defensores con el nombre de los letrados (...) para que puedan designar o no a los mismos con entera libertad».^[18]

Las asambleas tenían carácter y objetivos diversos, pero el principal estaba vinculado con la necesidad de enmarcar legalmente las acciones protagonizadas por la Asociación. Las asambleas también fueron celebradas ante las numerosas detenciones arbitrarias, amenazas y allanamientos que sufrieron algunos abogados de la Asociación, con las cuales sentaron su enérgico repudio y establecieron acciones de defensa conjunta para sus colegas.

Los defensores de los presos políticos

La lógica del testimonio (Della Porta y Diani, 2011) da cuenta de un fuerte compromiso por parte de los participantes en las protestas. El compromiso de las acciones protagonizadas por la Asociación de Abogados fue principalmente con la defensa de los detenidos políticos y gremiales del periodo. La Asociación transformó el ámbito profesional en un escenario de protesta que articuló politización y radicalización para dar una respuesta ética y colectiva ante la injusticia. La presentación de habeas corpus, la denuncia de apremios ilegales, y la defensa de los detenidos políticos se convirtieron en la tarea frecuente del día a día del grupo. Como esbozamos en la introducción, este era un grupo de abogados de diferentes vertientes políticas, unidos por el ejercicio y la defensa de los DD.HH.; esta identidad plural constitutiva de la Asociación se reflejó en este tipo de acciones: «Nosotros (...) cuando recibíamos una denuncia de una detención, actuábamos (...) pero no había ninguna diferenciación si era peronista o marxista o lo que fuera (...) nosotros actuábamos, por supuesto, sin cobrar ni cosa por el estilo».^[19]

En cuanto a la defensa de los presos políticos, los abogados de la Asociación desarrollaron su acción en la ciudad de Santa Fe^[20], pero también en dos hechos claves de la represión nacional durante la década del 70 —los sucesos de Trelew y Catamarca—, puesto que ofrecieron acompañamiento y soporte legal a los familiares de las víctimas. Algunos miembros de la Asociación viajaron al sur a visitar a los presos políticos del penal de Rawson, entre los que se mencionan «el Negro» Pérez, Héctor Giusti y Ricardo Rípodas. En agosto de 1972, tras la Masacre de Trelew, los abogados de la Asociación, junto a un grupo de familiares gestionaron un viaje al lugar de los hechos:

Entonces (...) apenas se produce la fuga con las detenciones, fuimos a hablar con el rector de la universidad [UNL], el Dr. Mullor (...) y le pedimos que nos preste el colectivo con un chofer y gasolina, porque no teníamos dinero, no podíamos organizar un viaje de un día para el otro alquilando autos o colectivos. (...) fue una situación muy tensa, el rector había sido nombrado por los militares, (...) Entonces el rector nos prestó el colectivo, todos los familiares viajaron en ese colectivo [A Trelew] ^[21]

Más tarde, «el Negro» Pérez agrega:

Con Ricardo, de Trelew, fuimos a Bahía Blanca porque ahí habían llevado a los presos. Con un abogado que no recuerdo el nombre, (...) y con (…) Frondizi hicimos una denuncia contra Massera (…). Nosotros no estábamos cuando llegó [a Santa Fe] el cadáver del chico Ulla.^[22]

La radicalización implicó un nivel de entrega y militancia que se evidenció en la actuación de los miembros de la Asociación santafesina tras los sucesos conocidos como la Masacre de Capilla del Rosario^[23], sucedida en agosto de 1974 en Catamarca. Por pedido de uno de los abogados de la agrupación, parte de ella viajó a la ciudad, previo paso por Córdoba para contactarse con Alfredo Curutchet^[24] y encontrarse allí con otra de las abogadas de la Asociación:

Los que primero fueron por el tema este de Catamarca fue Manuel Gaggero junto con Silvio Frondizi. Y después, aunque parezca mentira, fuimos nosotros (...) fuimos cinco de acá de Santa Fe (...) «El negro» Pérez, «el gringo» Romitti, Martita Zamaro, (...) había alguien más [que no recuerdo] y yo. (...) Llegamos a Catamarca y éramos unos desconocidos, pero ya (...) había jodido bastante la llegada de Silvio y de Manuel… así que la cosa se hizo bastante dura.^[25]

El santafesino José María Molina, militante del ERP, fue uno de los caídos en la Masacre del Rosario. Los miembros de la Asociación acompañaron a la madre de Molina a buscar el cadáver de su hijo^[26]. En Catamarca, los abogados de la Asociación sufrieron un allanamiento en la habitación del hotel donde se hospedaban y fueron invitados a retirarse de la ciudad. Días más tarde, Pérez participó de una denuncia por los fusilamientos junto a Curutchet, Silvio Frondizi y Gaggero (Raina, 2016, p.17); Curutchet y Frondizi fueron asesinados al mes siguiente.

En este sentido, la Asociación de Abogados tenía relaciones con los grupos de DD.HH. de la localidad, fundamentalmente con «Familiares de presos políticos», a la cual la Asociación le brindaba «un apoyo profesional»,^[27] dado que la defensa de los DD.HH. era uno de los valores defendidos y reivindicados por el grupo, que se pensaba «enmarcado dentro de la corriente que [proponía] un cambio reivindicatorio de la persona humana, netamente diferenciada de las demás corrientes que tras la máscara del apoliticismo mentido, defiende el statu quo imperante y en consecuencia el régimen de injusticia».^[28]

En esta línea, a mediados de 1973 durante los primeros meses de funcionamiento de los órganos democráticos, la Asociación ofreció apoyo técnico para la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Torturas, integrada por diputados de distintas bancas y presidida por el Diputado Domingo Pochettino. Sus miembros fueron amenazados y sufrieron atentados ante el señalamiento de los responsables. Ante estos hechos, se celebró una Asamblea extraordinaria donde el Dr. Nogueras pidió «que El Colegio de Abogados se pronuncie en su apoyo, ya que combatida desde las sombras, se ve ante la obligación y el deber de desenmascarar a los torturadores del pueblo».^[29]

Las otras actividades de la Asociación

Como esbozamos anteriormente, las acciones enmarcadas en la «lógica del testimonio» (Della Porta y Diani, 2011, p. 228), están determinadas por un fuerte compromiso con un objetivo, y se caracterizan por implicar riesgos personales y también, por la sensibilidad con valores y la cultura alternativos, que pueden expresarse en conferencias, revistas, conciertos, etc. En este sentido, además de la exclusiva defensa de los presos políticos, «estos profesionales procuraron (...) canalizar sus denuncias en los medios de comunicación» (Chama, 2012, p. 152).

Las declaraciones públicas de los miembros de la Asociación en los medios de comunicación de la ciudad, fundamentalmente Nuevo Diario, fueron frecuentes. El objetivo de estas era dar a conocer sus acciones y difundir la situación que se vivía en la ciudad de Santa Fe. En febrero de 1972, por ejemplo, se presentó un grupo de abogados de la Asociación en la redacción de Nuevo Diario para «denunciar lo que calificaron como ‘escalada represiva’ y hacer pública ‘la ausencia absoluta de los más elementales derechos»^[30], nota en la que, además, denunciaron torturas y vejámenes a diferentes obreros y estudiantes, presentaron Habeas corpus, y denunciaron que la Policía Federal y el Ejército no reconocían el paradero de un estudiante local. En otra oportunidad, una estudiante defendida por «Pichón» Nogueras relató al Diario su secuestro y las torturas padecidas.^[31] Ante los sucesos de Trelew, también la Asociación se manifestó en los medios y emitió un comunicado que fue publicado el 30 de agosto de 1972 donde el Colegio manifestó que tenía «el deber inexcusable de pronunciar su palabra, que es consecuente con los principios que sustentan y hacen a la esencia de los atributos irrenunciables de la criatura humana.»^[32]

La publicación en periódicos de denuncias de torturas, testimonios o declaraciones sobre las condiciones de detención o la presentación de Habeas Corpus en nombre de sus defendidos, «buscaban generar un impacto en la opinión pública con el objetivo de reforzar una conciencia antirrepresiva y antidictatorial» (Chama, 2012, p.152) y hacer públicas diversas declaraciones que eran fruto de las discusiones y el posicionamiento en las Asambleas.

La desintegración de la Asociación de Abogados

El compromiso con los DD.HH., los sectores humildes y la defensa de los presos políticos en un contexto de intensa represión dictatorial, convirtió «a la figura de los abogados en blancos doblemente visibles para la represión, con toda la carga de precariedad que esto implicaba» (Bacci, Carnovale, Oberti, 2010, p.33), no solo por su ejercicio profesional (y la información que poseían con ello) sino también como militantes de partidos políticos, organizaciones gremiales o político–militares. Las acciones basadas en la «lógica del testimonio» (Della Porta y Diani, 2011), conllevan riesgos o costes personales serios: gran parte de los miembros de la Asociación de Abogados de Santa Fe sufrieron detenciones arbitrarias, allanamientos, atentados en sus estudios jurídicos y hogares, el exilio y en algunos casos, el asesinato. En agosto de 1970, es detenido el Dr. Rafael Pérez:

Primero me meten preso y ahí se movilizó la Asociación de Abogados, Pichón fue a plantear sus quejas a la Jefatura de Policía, a la policía, Ricardo Molinas y Aldo Tessio también, hubo una movilización fuerte [del] Colegio de Abogados y me dejan en libertad a los dos días y al día siguiente, cuando voy a Tribunales, me vuelven a meter preso a disposición del poder ejecutivo. (…) mi abogado era «Pichón» (...) [A él] (...) le [habían] pasado una lista de personas que iban a detener (...) y efectivamente hubo muchos a los que fueron a allanar la casa y no los encontraron. El que no estaba en la lista era él y lo metieron preso al día siguiente (...) lo pusieron a disposición del Poder Ejecutivo. (...) hubo una Asamblea en el Colegio de Abogados, y nombran una Comisión, primero plantean una queja y nombran una Comisión para que nos visiten en la cárcel (...) eran ocho personas más o menos (...) para entregarnos la resolución del Colegio de Abogados y hacernos claro su solidaridad, que fueron cosas muy importantes, quizá de los hechos más importantes de la Asociación de Abogados.[33]

En el testimonio de Pérez puede observarse no solo la intimidación a los abogados, sino también la rápida organización y actividad de la Asociación reuniéndose en asamblea extraordinaria, realizaron una declaración, una defensa conjunta y los visitaron en la cárcel. La Asamblea declaró presentes a Nogueras y a Pérez; y el Dr. Molinas expresó que todo ello «[estaba] dirigido a intimidar y desalentar a los profesionales jóvenes, para que se abstengan de defender a los detenidos por cuestiones políticas o ideológicas».^[34] En la madrugada del 8 octubre de ese año, fue colocada una bomba en el domicilio del Dr. Nogueras. La noticia apareció en el Diario Clarín, bajo el título «Un Lugar Seguro para Vivir Tranquilo…» donde se mencionaban los pormenores del hecho y la llamativa ubicación de la vivienda, ya que se encontraba cercana a la Jefatura Superior de Policía. El medio local «Nuevo Diario» dio información del hecho con una noticia titulada: «En plena zona policial estalló una bomba. Y esta vez fue elegido el domicilio del Dr. Nogueras». La redacción del mencionado diario comentó que tras un llamado telefónico anónimo, acudieron a la «Chopería El Cabildo»^[35] a buscar un comunicado que transcribieron en el cuerpo del texto:

(...) dada la actitud negativa del Dr. Nogueras, en lo que hace a su proceder antinacional en todos los órdenes, esta organización se ha visto en la necesidad de pasar a la etapa 2 (…). Rogamos para que el Dr. Nogueras deponga su actitud antipatria, a fin de que no nos obligue a poner en ejecución la etapa.[36]

La autoría del hecho fue adjudicada a la Organización MANO, de tendencia nacionalista, quien ya había amenazado personalmente al Dr. Nogueras.

A fines de 1970, se produjo la desaparición del primer abogado en Argentina, Néstor Martins, abogado laboralista (CGTA) y defensor de presos políticos, quien fue secuestrado por personas de civil^[37]. A raíz de este hecho, la Asociación actuó rápidamente en solidaridad con sus colegas:

Cuando lo secuestraron a Martins (...) viajamos por el Colegio de Abogados en ese momento estaba Rípodas, a Buenos Aires. Integramos con Fayt y con una Comisión Nacional de Asociaciones de Abogados…y participamos en los reclamos. Y organizamos un paro de un día de abogados, que (...) fue el primer paro de abogados por Derechos Humanos y que funcionó...^[38]

Esto da cuenta de que las Asociaciones de Abogados que funcionaban a principios de 1970 tenían contactos entre sí y trabajaban de forma conjunta. A inicios de ese año, se produjo otro golpe a la Asociación, un nuevo allanamiento al estudio jurídico del Dr. Molinas. En una nota escrita por el abogado, expresó que ya había atravesado cuatro allanamientos.^[39]

En agosto de 1971, otra bomba estalló en la casa del Dr. Alfredo Nogueras en horas de la madrugada y nuevamente, un comando derechista denominado «Movimiento de Defensa Nacional–Comando Teniente Asúa», se adjudicó la autoría del atentado. Ante ello otros organismos de la ciudad expresaron su solidaridad, como las agrupaciones de la Escuela del Profesorado y el Sindicato Maderero. El Colegio emitió un comunicado repudiando el hecho haciendo un «llamamiento a la convivencia pacífica y al respeto por el ejercicio profesional, para una mejor y más segura defensa de la libertad y la dignidad humana».^[40]

La situación en los primeros años de los setenta era extremadamente compleja para los abogados locales:

En ese momento estaba Lanusse de presidente, la represión era muy grande. Los abogados incluso éramos sometidos a vejaciones morales y físicas por el delito de defender a los presos políticos. Estaba la cámara del terror (...) que funcionaba en distintos lados para evitar que los abogados tomáramos la defensa de los detenidos.[41]

Desde inicios de la década de 1970, la Asociación santafesina afrontaba riesgos elevados, pero la radicalización y las emociones compartidas entre sus miembros permitieron la persistencia y continuidad de sus actividades. La radicalización se expresó en la decisión colectiva de continuar defendiendo presos políticos y ejerciendo la profesión como un acto político, aun frente a las constantes amenazas e intimidaciones. Sin embargo, tras la muerte de Perón y el aumento de la actividad terrorista por parte de la Triple A, las condiciones empeoraron significativamente.

En este sentido, a nivel nacional, el año 1974 constituye un punto de inflexión en la historia de los abogados, ya que, a fines de julio, la Triple A asesinó a Rodolfo Ortega Peña, diputado y abogado defensor de presos políticos, «para muchos este asesinato marcó el inicio de una suerte de ‘cuenta regresiva’ que rápida e inexorablemente condujo a la muerte, a la clandestinidad, al exilio y a la dispersión a muchos otros» (Bacci, Carnovale, Oberti, 2010, p. 35). A inicios de septiembre de ese año, fue asesinado el abogado Alfredo Curutchet y el 27 de ese mes el abogado Silvio Frondizi. Los tres últimos pertenecían a la denominada Asociación Gremial de Abogados, defensora de presos políticos, la cual sufrió atentados y la persecución de sus integrantes.

En Santa Fe, la situación estaba a tono con lo que sucedía en otras partes del país. A partir de 1974 la agudización de la represión alcanzó nuevamente a los miembros del grupo, y de forma progresiva comenzó a desarticular el funcionamiento de la Asociación de Abogados de Santa Fe.

Los miembros del grupo eran amenazados a través de llamadas telefónicas y algunos sufrieron atentados con explosivos, en sus estudios jurídicos o en sus hogares. El 25 de septiembre de 1974, se celebró la última asamblea convocada por los abogados en el Colegio. En ella se hizo manifiesta la preocupación y el repudio ante los atentados, amenazas, persecuciones, secuestros y asesinatos que sufrían otros abogados en el país, pero también en la localidad, donde declararon expresamente «limitaciones y violaciones al ejercicio de la profesión de abogado».[42] Allí se asentó la detención sufrida por dos miembros de la Asociación, Mullor y Rípodas cuando se encontraban en Catamarca previo allanamiento de la habitación donde se hospedaban los cuatro abogados santafesinos. A partir de estos hechos, Rafael Pérez mencionó que el Ministerio de Justicia de la Nación inició una causa contra siete abogados entre las que él estaba incluido «el ejército sacó una querella contra los que habíamos estado en Catamarca, Curuchet, Silvio Frondizi, Manuel Gaggero y yo».[43]

En dicha asamblea, el Colegio se pronunció en contra de la causa y solicitó garantías para la integridad física de Pérez, ante el asesinato de los demás abogados. El 4 de octubre de 1974, Pérez parte a México, país donde transitó su exilio y donde aún vive. La decisión fue sugerida por la Asociación de Abogados. Luego, el 19 de ese mismo mes, se exilió Alfredo Nogueras y días después una nueva bomba estalló en el domicilio del Dr. Ricardo Molinas. La autoría del hecho fue asumida por la Alianza Anticomunista Argentina – Comando Litoral, filial local de las Tres A (Raina, 2016). Días más tarde, también optó por el exilio.

A principios de noviembre de 1974, se declaró el Estado de Sitio en el país, y a mediados de ese mes, la localidad y la Asociación de Abogados de Santa Fe se ven sacudidas por un nuevo hecho:

Ahí trabajamos bastante hasta que vino el descalabro de las Tres A, ‘73, ‘74 (...) Vino el descalabro, apareció el tema de las chicas, que fue traumático para todos (...) nos hizo mierda a todos. Martita incluso nos había acompañado cuando fuimos a Catamarca (..) en el ’74.[44]

Entre los miembros de la Asociación que habían acudido a Catamarca, se encontraban Nilsa Urquía y Marta Zamaro, quienes además de su militancia profesional en la Asociación, estaban ligadas al ERP:

En el ínterin entre el asesinato a Curutchet y el de Frondizi —es decir entre el 10 y el 27 de septiembre—, proponen, desde la Asociación de Abogados, hacer una reunión urgente. La misma se efectuó en casa de Marta y Nilsa. Dado el carácter sorpresivo de la reunión, se encontraron con que en el mismo momento estaban reunidos —en otra habitación— militantes políticos del PRT–ERP (Testimonio de Rafael Pérez citado en Raina, 2016, p. 19).

Ambas mujeres fueron secuestradas el 14 de noviembre de 1974 en la ciudad de Santa Fe. Dos días más tarde, sus cuerpos, con claros signos de tortura, aparecieron flotando en el arroyo Cululú, cerca de la ciudad de Esperanza. El asesinato fue perpetrado por la filial local de la Triple A. [45] Nilsa tenía intenciones de viajar a México el día siguiente.[46]

El secuestro, tortura y asesinato de las abogadas constituye la manifestación más extrema de este proceso de radicalización: la militancia se tradujo, en este contexto, en el costo máximo posible. Este hecho ejemplifica cómo la radicalización no solo se midió en términos de compromiso ideológico y acción permanente, sino en la disposición a enfrentar —y efectivamente sufrir— las consecuencias más graves de esa elección.

El asesinato de las abogadas, la desaparición de Cesar Zerbato (militante del PRT) y las constantes intimidaciones abrieron la puerta a un periodo de intensa persecución y caída de militantes santafesinos de las más variadas organizaciones y actividades: militantes estudiantiles universitarios y secundarios, delegados gremiales, militantes barriales, entre otros (Alonso, 2016). Hacia fines de 1974 la situación en la Santa Fe era sumamente difícil, producto de la estricta vigilancia y control de las fuerzas, a la que los restantes miembros de la Asociación no escaparon:

Con las Tres A, yo tenía el estudio donde (...) vivía mi padre. Me pusieron una bomba ahí. Justo el mismo día que se la pusieron al «flaco» Ordiz. Y un día después se la pusieron al «gringo» Romitti (...) Y me enteré porque estaba escondido (...) en Buenos Aires (...) porque una semana antes había venido un chico de Familiares y me dijo, mira Alberto, (...) te aconsejamos que te vayas a algún lado porque te pueden venir a visitar…[47]

El exilio[48], el insilio (Pisarello, 2007) o el ejercicio privado del derecho, fueron las opciones utilizadas por los miembros de la Asociación de Abogados ante el peligro constante que implicó el ejercicio de su profesión para defender los derechos de los presos políticos, de estudiantes, militantes, sindicalistas, y también de la barriada santafesina. El asesinato de las abogadas miembros de la Asociación marcó un punto de inflexión definitivo y de no retorno:

[Ante el asesinato] estaba visto de que no había mucho margen para que siga funcionando la Asociación de Abogados. Tres de la Asociación en el exilio, dos miembros ejecutados…como que no estaba el ambiente para seguir trabajando muy activos.[49]

La vida cotidiana de la Asociación quedó atravesada por la vigilancia, el temor y la necesidad de tomar decisiones drásticas para sobrevivir. La radicalización, a partir de la lógica del testimonio, lejos de limitarse a una postura política o un modo de participación, se convirtió en una experiencia vital en la que el ejercicio profesional, la acción política y el riesgo a la integridad física se encontraban indisolublemente unidos.

Consideraciones finales

La Asociación de Abogados de Santa Fe fue una agrupación local de abogados que estuvo en actividad entre 1967 y 1975. Comprometidos con los cambios sociales y políticos que atravesaron a gran parte de las generaciones de fines de los años 60 y principios de los años 70, desarrollaron una «militancia profesional» al servicio de los más necesitados: presos políticos, sindicatos, organizaciones barriales y de DD.HH., que de forma gratuita y sin ninguna diferencia por idearios políticos, eran defendidos por estos otros abogados.

Utilizaron las asambleas en el Colegio de Abogados que los nucleaba para obtener un viso de legalidad en un marco dictatorial y desde allí construir un frente legal para protestar por las leyes represivas, la violación a los derechos fundamentales y las limitaciones que tuvieron para el ejercicio profesional. Las discusiones en las Asambleas traspasaron las paredes del Colegio y se plasmaron en declaraciones públicas en los medios de comunicación y en conferencias, que buscaron hacer oír la situación vivida en la ciudad de Santa Fe, caracterizada por las detenciones arbitrarias, atentados, secuestros y torturas.

Las formas de acción basadas en la «lógica del testimonio», conllevan riesgos personales. Los miembros de la Asociación sufrieron amenazas, intimidaciones, allanamientos, detenciones arbitrarias, la colocación de explosivos en sus hogares o en lugares de trabajo. Esto llevó al exilio a algunos abogados que habían conformado la Agrupación hacia fines de 1974 y al secuestro y asesinato de sus miembros. Estos hechos implicaron la progresiva desarticulación de la Asociación y la paralización de sus acciones.

Este artículo tuvo como objetivo indagar en la conformación de esta Agrupación y sus acciones en la ciudad de Santa Fe, colaborando con la recuperación de la enorme tarea que realizó este grupo de abogados santafesinos a fines de la década del 60 y la década del 70 contribuyendo a la construcción de la memoria local.

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Notas

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