Introducción

Proponemos en este escrito analizar el carácter productivo que adquirió en Rosario,¹ el temor al delito urbano menor y el modo en que este temor, junto con diversas emociones y sentimientos ligados a él (Kessler, 2011), impulsa un conjunto de iniciativas públicas (estatales y no estatales) y privadas inscriptas en el marco de la gubernamentalidad de la seguridad, que se despliegan con el fin de prevenir la comisión de hechos delictivos menores. Para ello, indagaremos sobre el modo en que la gubernamentalidad (Foucault, 2007a, 2007b) de la seguridad, a partir de la prevención del delito —y de su imperativo (Pitch, 2009)— se ha constituido en un prolífero dispositivo (Deleuze, 1999) de intervención en Rosario desde 1995 hasta 2016.²

La decisión de comenzar la investigación en 1995 reside en que ese año, el Partido Socialista, con Hermes Binner como Intendente asume —por dos períodos consecutivos— el gobierno municipal y, desde entonces, se advierte la puesta en juego de una serie de prácticas y estrategias que configuran un campo de acciones que constituyen, a nuestro modo de ver, una materia fecunda de análisis del gobierno de la seguridad. En ese año comienza a gestarse una voluntad de gobierno (Simon, 2011) que, muy lentamente, empieza a instalar la necesidad de realizar profundos cambios urbanos y de gestión, reconfigurando un terreno propicio para articular iniciativas de gobierno ancladas a la emergencia de algunas problemáticas específicas. Si bien diversas iniciativas gubernamentales, tomadas aquí, comienzan efectivamente a implementarse ya iniciada la década del 2000, la gestación de la problemática a abordar empieza a instalarse en Rosario en particular y en Argentina en general (Rangugni, 2009; Galvani et. al., 2010; Ayos, 2014), en las agendas públicas antes de la formalización estricta de los programas, de las secretarías, de las ordenanzas o de los proyectos.

En estrecha relación con esto, se observa que la gestión de gobierno municipal que encabeza Miguel Lifschitz durante el período 2003-2011 inicia un proceso de institucionalización de iniciativas diversas en torno a la prevención del delito y a la asunción de la (in)seguridad como tema y problema público del cual debe ocuparse el Estado municipal. En este período las intervenciones demuestran que la prevención situacional ambiental del delito ha sido la estrategia de abordaje más desarrollada en términos de «producción de seguridad» en el marco del municipio. La cosmovisión imperante en estos años pretendía colocar a Rosario como una ciudad empresa (Sacchi, 2010) que se afianza con el boom inmobiliario y de la construcción, con la concreción de grandes obras como el Puente Rosario —Victoria, con la instalación de grandes shoppings, y a partir de una fuerte y consolidada impronta de gobierno público— privado, donde la dinámica participativa funciona aceitadamente a través del Presupuesto Participativo.³

Puede decirse que las intervenciones de la prevención situacional ambiental del delito de estos años, están fuertemente ligadas a una manera de exhibir a la ciudad en la vidriera nacional e internacional, como una experiencia dinámica y proactiva en términos de asunción de diversos desafíos, entre ellos, los de la cuestión criminal. Mientras tanto, el crecimiento, todavía sordo y silencioso, de las redes del narcotráfico comienza a asomar con la crudeza y la violencia que lo caracterizan, marcando un punto de mutación importante que modificará el escenario de la ciudad y de la provincia. Apenas iniciado el 2012, se produce el Triple crimen en Villa Moreno. Este hecho despierta y moviliza la sensibilidad rosarina marcando un nuevo punto de inflexión en cuanto a la problemática del crimen. El gobierno municipal encabezado por Mónica Fein —también por dos períodos consecutivos, 2011-2019—, quien ha ganado las elecciones el año anterior, inaugura un período que se encontrará signado por altos índices de violencia y con una tasa de homicidio de 23 cada 100.000 habitantes para 2013 en Rosario.⁴

Ese año es significativo también por una serie de hechos que marcan el clima de hostilidad y violencia que se vive en toda la provincia de Santa Fe. Entre los acontecimiento que vale la pena recordar, se encuentran la detención del Jefe de la Policía de Santa Fe por vinculaciones con organizaciones del narcotráfico, por un lado, y por el otro, el atentado a la casa del gobernador Antonio Bonfatti (período de gobierno 2011-2015), a la que balean con el mandatario y su familia en su interior. Estos hechos se suceden tras haber declarado la Emergencia en Seguridad un año antes, en 2012, para todo el territorio de la provincia.

A partir de esta declaración, se produce una serie de modificaciones en la estructura policial santafesina, se crean cuatro estructuras nuevas: la Policía de Investigaciones; la Policía Comunitaria; la Policía de Seguridad Vial y la Policía de Acción Táctica. De modo que, al tiempo que se profundiza una mayor policialización del territorio,⁵ desde el gobierno provincial también se decide intervenir con firmeza a partir del Plan Abre en algunos de los barrios más conflictivos y necesitados de las ciudades de Santa Fe y de Rosario, junto a sus conurbanos.

En el plano local, comienza a tematizarse la cuestión securitaria en términos de violencia, más que en términos de (in)seguridad. No porque esta dimensión de la problematización pierda fuerza, sino porque notamos que se produce un acople en relación con su enunciación también en términos de incremento de los niveles de violencia. El recrudecimiento de la situación en general y los elevadísimos índices de homicidios colorean el problema, que excede la cuestión referida a los delitos urbanos menores. En este sentido, se parte de supuestos ligados al deterioro de los lazos sociales y, para su recomposición, deben reforzarse las acciones de control y de trabajo sobre la convivencia.

Estos dos aspectos, el control y la convivencia, comienzan a ser claves en el marco enunciativo y en las intervenciones que se darán en esos años. En 2013, se crea la Secretaría de Control y Convivencia, en su seno se desarrollarán las principales intervenciones situacionales ambientales de prevención del delito que describiremos y analizaremos en torno al despliegue del alumbrado público, la instalación de alarmas comunitarias (casi como un servicio público), junto con la colocación de toda la red de cámaras de videovigilancia (Lio, 2020).

Asimismo, desde el gobierno municipal se refuerzan los vínculos con las fundaciones, con el Concejo Económico y Social, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a través de UN Hábitat, con las líneas de trabajo y financiamiento de la Red de Ciudades Seguras, entre otros; y se crea, también, el Observatorio en Seguridad Ciudadana, en 2014, con un claro objetivo de generar datos estadísticos, especialmente cuantitativos, para mapear el fenómeno delictivo y de violencia en la ciudad.

Y, por último, en 2016 —año en el que decidimos finalizar la periodización de esta investigación— emerge un acontecimiento que consideramos puede entenderse como condensación de una serie de sucesos ocurridos con anterioridad. En agosto de ese año, se llevan a cabo una marcha y movilización multitudinarias —algunos medios de comunicación locales llegan a estimar la participación de 20.000 personas—, organizadas para pedir «seguridad» y motivadas por una serie de asesinatos sucedidos en Rosario —en zonas del macrocentro y centro, donde habitualmente no suceden— durante julio y agosto de 2016.

La particularidad inquietante de estos hechos es que los asesinatos ocurren en zonas donde no suelen suceder asiduamente y que las víctimas también son inusuales.⁶ Lo cierto es que esa movilización deriva en el tratamiento expeditivo por parte del Concejo Municipal de una batería de proyectos que se enmarca en la declaración de la Emergencia en Seguridad Pública, plasmada en la Ordenanza Nº 9.609 de 2016.⁷ Consideramos que, circunscribirnos en el período temporal 1995-2016 nos permitirá dar cuenta de una razón gubernamental que se ha desplegado en la ciudad y que por sus características específicas nos posibilitará tramar una serie de reflexiones analíticas en tal sentido y puntualizar en medidas a las que se ha arribado, en pos de constituir una ciudad segura.

Conviene aclarar asimismo que, como sabemos, toda política pública expresa una nueva manera de observar y abordar los problemas; pero éstos se gestan e instalan en la agenda pública desde antes de la formalización estricta de diversos programas y continúan —luego de la periodización que se ha escogido aquí a los fines analíticos— en la medida en que, los efectos de la implementación de esos programas, en algunos casos siguen vigentes y se pueden observar hasta hoy (2021). Es por esta razón que se toman de referencias en este trabajo, también, algunos documentos o artículos periodísticos —de 2018— que exceden en el tiempo la periodización temporal establecida aquí.

En suma, nos interesa, específicamente aquí, rastrear cómo se van efectuando las condiciones de posibilidad para que el tema de la (in)seguridad vinculado a la prevención situacional ambiental del delito, adquiera robustez y se constituya en un problema susceptible de ser intervenido. Por su parte, las estrategias de prevención situacional ambiental del delito presentan entre sus particularidades específicas la finalidad de aportar a la reducción de oportunidades para la comisión de actos delictivos (Baratta: 1993, 1998, 2004, Selmini: 1996; Pavarini 1993, 1995; Creazzo: 1996; Hughes, 1999; Garland, 2012). Embarcarse en el desarrollo de este tipo de estrategia mantiene algunos supuestos de partida: por un lado, se busca que, quienes decidan —por elección racional y calculada— delinquir deban hacer grandes esfuerzos para cometerlos o decidan desestimar la operación (Clarke y Felson, 1998), ya que las tecnologías empleadas y los artefactos situados en el marco de esta estrategia, tornarían dificultosa o muy riesgosa la posibilidad de cometer las fechorías o los delitos.

En este sentido, la colocación de cámaras de videovigilancia, de alarmas de todo tipo o de un sistema de iluminación potente, entre otros, deben influir negativamente en la conducta de posibles ofensores, generando una percepción de los riesgos de detección y de detención a los que se expondrían, en caso que decidan cometer el delito. El despliegue de esta tecnología apuesta a generar un campo de adversidad para la comisión de actos delictivos, intentando que se desestime tal acción. Por lo tanto, esta dimensión de la prevención del delito se muestra como un entramado eficiente y optimista (Crawford, 1998; Sozzo, 1999, 2008) de pensar una política de control del crimen que, interviniendo en los aspectos infraestructurales de mejoramiento de ambientes y pergeñando astutas situaciones urbanas, lograría resultados favorables, en las representaciones sociales de conformación de entornos seguros en las ciudades.⁸

La investigación asumirá un enfoque metodológico cualitativo con un «diseño flexible» (Mendizábal, 2007) que consiste en un proceso que combina la obtención, el procesamiento y el análisis de la información en pos de la generación de nuevos datos científicos.⁹ Este proceso se realiza en perspectiva genealógica —en clave de historia del presente— ya que busca analizar el modo en que se racionaliza el ejercicio del poder desde una analítica foucaultiana, cómo se ejerce y se inscribe sobre lo real, atendiendo a qué prácticas genera y cuáles son sus posibles efectos, para reconocer sus condiciones de emergencia y analizar las modalidades de intervención gubernamentales.

Se utilizarán documentos e informes oficiales, tales como, programas municipales, documentos emitidos por las agencias del gobierno municipal (Subsecretaría de Prevención y Seguridad, Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana de Rosario), ordenanzas e informes ordenanzas vinculados a la temática. Los cuales permitirán observar el diseño de estas intervenciones y los alcances que las mismas tienen como objetivos, más allá de su efectivo cumplimiento e implementación. La documentación que plasman iniciativas públicas y privadas de gobierno será analizada de manera entrelazada en un dispositivo, como instrumentos, como intentos y técnicas de un modo de ejercicio del poder vinculado a la gubernamentalidad de la seguridad.

Asimismo, para comprender la retórica de la prevención del delito y sus afinidades con dichas iniciativas, recurrimos al análisis de los discursos y estrategias de los actores políticos que presentan vinculación con aquellas. Para ello, nos valemos de dos fuentes: las publicaciones de la prensa y los discursos públicos formulados por funcionarios/as políticos responsables de la implementación de dichos programas. Sumamos, también la realización de entrevistas semiestructuradas en profundidad a informantes clave, funcionarios/as de áreas estrategias de gobierno y a un integrante de una organización de la Sociedad Civil en áreas afines a nuestro tema de investigación realizadas entre 2015 y 2017: al Coordinador de la comisión de Convivencia y Seguridad del Consejo Económico y Social (CEyS); a un funcionario de la Secretaría de Control y Convivencia del municipio y a un informante clave del Programa Comunidades Justas y Seguras.

Estas entrevistas serán trabajadas como documentos que analizaremos como enunciados junto a otros que, estratégicamente entretejidos en una trama discursiva, han ido pronunciando, a lo largo de estos años de gestión gubernamental, algunos dirigentes políticos claves del gobierno municipal. En este sentido, nos atendremos a lo que efectivamente se dice, tratando al enunciado en su positividad, remarcando las instancias en las que emerge y que lo hacen posible. A su vez, cuando hablemos de rastrear las condiciones de posibilidad y de aceptabilidad, intentaremos ilustrar, siguiendo a Foucault, aquello que ha podido ser aceptable en un momento dado, que no estaba dado por sí mismo y que, en consecuencia, no estaba inscripto en ningún a priori (Brizuela y Servio, 2017:4).

Para llevar a cabo esta tarea de recolección y recorte de la información difundida en la prensa, se realizó un relevamiento on line de noticias relacionadas con dichos programas, publicadas en los medios entre 1995 y 2016. Hemos tomado, principalmente, los diarios de mayor circulación: para el caso de Rosario el Diario La Capital, Rosario 12, Rosario 3.com, Portal digital de Canal 5, Rosario y algunos virtuales como Diario conclusión, Revista MuLavaca y Portal Rosario Noticias. Además de la prensa escrita, se relevaron discursos públicos de funcionarios responsables de la ejecución de las iniciativas estudiadas, que nos permitieron analizar las afinidades entre estas y los objetivos de prevención del delito urbano menor.

En suma, planteamos identificar y describir la manera en que la tecnología situacional ambiental de prevención del delito se desplegó en el marco del municipio. Para ello, desarrollaremos, en el primer punto, los principales lineamientos de la gubernamentalidad como malla analítica y la articulación entre lo público, lo privado y lo íntimo en el marco del pensamiento político y criminológico. En el segundo apartado, abordaremos las iniciativas gubernamentales que han concentrado sus esfuerzos en el mejoramiento de ambientes y situaciones urbanas, especialmente en aquellas políticas urbanas con las cuales apostaron al fortalecimiento del espacio público seguro. En tercer lugar, incorporamos una serie de iniciativas de prevención del delito que han sido desplegadas por parte de los/las ciudadanos/as, quienes son a su vez, instados/as a involucrarse en el propio gobierno de sí mismos/as a través de una serie de líneas de influencia que denotan urgencia, premura y necesidad de tomar acciones directas en algunos casos e indirectas o mediadas en otros. De esta manera es posible dar cuenta de una lógica conjunta que permite poner en perspectiva, en parte, la estrategia de gestión público-privada que lidera los modos en que se despliega esta gubernamentalidad.

1. La gubernamentalidad y la articulación entre lo público, lo privado y lo íntimo

Como se ha dicho, este análisis retoma los principales lineamientos de la gubernamentalidad como malla analítica. De modo que, enfocar desde allí implica un cambio en la forma de mirar los problemas, posibilitando un movimiento que va más allá del marco del Estado. Tal como plantea Campana, no se trata solo de comprender «el gobierno en términos de “poder del Estado”, sino comprender cómo y en qué medida el Estado es articulado en la actividad de gobierno: qué relaciones se establecen entre los políticos y otras autoridades; qué fuentes, fuerzas, personas, saber o legitimidad son utilizados y a través de qué dispositivos y técnicas se tornan operables esas tácticas» (Rose y Miller, 1992:177 en Campana, 2011:14).

De manera que, situar el enfoque de nuestro trabajo en el horizonte de la gubernamentalidad, además permite abordar diferentes dimensiones: la institucional, la socio-cultural y la subjetiva.¹⁰ En relación a la dimensión institucional, la gubernamentalidad no elude la reflexión sobre los dispositivos estatales, sino que los inscribe en la lógica del establecimiento de aquellos límites al campo de las acciones posibles de los/as individuos/as. Foucault señala que en la Modernidad temprana se plantea la pregunta sobre «cómo, en qué medida el ejercicio del poder del soberano puede y debe lastrarse con cierta cantidad de tareas que hasta el momento no se le reconocían y que son justamente las tareas de conducción» (2007a:268).

Finalmente, en el curso de la historia moderna, el Estado asume tareas de gobierno, de conducción; el Estado se «gubernamentaliza», y Foucault señala que fue precisamente esa «gubernamentalización» lo que:

(…) permitió la supervivencia del Estado. Y es probable que si éste existe tal como hoy existe, sea gracias justamente a esa gubernamentalidad que es a la vez exterior e interior a él, porque son las tácticas de gobierno las que permiten definir en todo momento lo que debe y no debe estar en la órbita del Estado, lo que es público y lo que es privado, lo que es estatal y lo que no lo es. Por lo tanto, el Estado en su supervivencia y el Estado en sus límites sólo deben comprenderse sobre la base de las tácticas generales de la gubernamentalidad (Foucault, 2007a:137).

En nuestro análisis adquieren relevancia los aspectos relacionados con la discusión acerca de lo público y lo privado. Aspectos que son también insoslayables para el pensamiento político y que aquí pretendemos abordar con ánimos de introducir el lugar desde donde estamos enfocando la discusión. Entonces, en relación a la constitución de una esfera de lo público y una de lo privado, es interesante remarcar que si esta última se traza en la confluencia de lo doméstico y lo interpersonal, la primera se forja en la trama de lo interpersonal y lo político entendido, en un sentido amplio, como todo aquello involucrado en el litigio por la construcción de lo común (Ranciere, 2012). Así, la inextricable articulación entre lo público y lo privado exige en ocasiones definiciones que operan más por la vía negativa que por la afirmativa: lo público sería lo que funciona en oposición a lo privado.

No obstante, cabe preguntarse si lo público estaría más cerca de lo social, siempre que lo social aluda a una dimensión que actúa como la articulación más amplia de las posiciones individuales y colectivas. Dado que lo público no se agota en lo estatal, podría pensarse que lo social permite dar cuenta de lo público no estatal, al tiempo que conecta con la trama de relaciones interpersonales que pueblan el ámbito de lo privado, tomando como punto de partida los desarrollos de Jürgen Habermas sobre la sociedad burguesa como esfera de la autonomía privada (Habermas, 1997:110-114).

Sin embargo, Foucault hace una advertencia significativa sobre la oposición Estado-sociedad civil que vale tener en cuenta al analizar la configuración de una esfera de lo social y su relación con la diferenciación entre lo público, lo privado y lo íntimo: la sociedad civil no es un dato natural, es un concepto de tecnología gubernamental, o un correlato de una estrategia gubernamental que despliega una «economía jurídica» de adecuación de las regulaciones a la lógica de la producción e intercambio que rige la «economía económica» (Foucault, 2007b: 336-337).

En este sentido, lo privado no es solo lo doméstico, porque las relaciones interpersonales entre individuos estructuradas por fuera de las regulaciones estatales cabría dentro de ese ámbito, pero al mismo tiempo sería imposible sostener que esas relaciones no están ya sobre codificadas por prácticas instituidas, aunque la codificación no surja de instituciones formales, sino de la costumbre, por ejemplo. Lo privado, en este sentido, es un espacio poblado de prácticas y comportamientos que solicitan «estructuras de personalidades comunes», como dice Leonor Arfuch (2005:66).

Esas estructuras de personalidades encuentran en el homo economicus, esto es, el individuo que somete su conducta a una racionalidad calculadora, una de las formas más significativas para la gubernamentalidad liberal. Foucault dirá que «sociedad civil» y homo economicus, son elementos indisociables:

(…) la sociedad civil es el conjunto concreto dentro del cual es preciso resituar esos puntos ideales que constituyen los hombres económicos, para poder administrarlos de manera conveniente. Por lo tanto, homo economicus y sociedad civil forman parte del mismo conjunto, el conjunto de la tecnología de la gubernamentalidad liberal (Foucault, 2007b: 336).

Entre la multiplicidad de cuestiones que se pueden incluir en la dimensión socio-cultural, nos interesa remarcar los modos de diferenciación entre lo público y lo privado de los que habla Foucault. La identificación de las conductas como ámbito de intervención del gobierno implica establecer una frontera entre las que forman parte de la esfera pública y pueden ser objeto de las prácticas gubernamentales del poder político (2007a:268) y las que se inscriben en el dominio privado y podrían quedar sustraídas al control directo de aquel, o quedarían ligadas a otras técnicas de conducción, aunque sean fundamentales como cimiento de la gubernamentalidad estatalizada. Tal es el caso de la familia nuclear estructurada en la matriz de las relaciones patriarcales: como dice Silvia Federici (2018:33-34), la glorificación de la familia es central en el capitalismo y el imaginario que da cuenta del trabajo doméstico de las mujeres como un acto de amor se trama en la razón gubernamental que subtiende la partición entre lo público y lo privado.

La diferenciación entre público, privado e íntimo es uno de los puntos de apoyo de la gubernamentalidad liberal y, con reacomodamientos, neoliberal. Si solo una porción de lo público se modela a partir de las regulaciones estatales, mientras que se deja un amplio margen librado a la acción de un complejo tejido de prácticas ordenadas a partir del funcionamiento de mecanismos de la «sociedad civil», en conjunto ambos contribuyen a fijar los límites del campo de las acciones posibles. Los avatares en la configuración de esos espacios acompañan la dinámica de gubernamentalización del Estado y las tecnologías de subjetivación que incitan a hombres y mujeres a concebirse a sí mismos como individuos autónomos, sujetos de derecho y agentes de la planificación estratégica de sus propias vidas.

Por otra parte, el ámbito de lo privado también tiene sus reglas que pueden acoplarse a la lógica gubernamental. Ejemplo de esto sería, para Foucault, la organización de la vida doméstica del núcleo familiar, capilarmente penetrada por hábitos que rigen, por ejemplo, los modos de habitar: la distribución espacial de la vivienda, con una habitación para los padres y una para los hijos, o en los sectores más acomodados, una para las hijas y otra para los hijos, podría pensarse como un elemento material que se integra en la razón gubernamental moderna a través de su rol en el dispositivo de la sexualidad (Foucault, 2000:230-244).

Al mismo tiempo, lo íntimo puede considerarse como efecto de un proceso de subjetivación cuya técnica fundamental fue la verbalización continua del yo propia de la confesión cristiana (Foucault, 2014:128-129). Así, se fue constituyendo un «yo» concebido como pliegue, como interioridad, que en el siglo XVIII se articula a lo que Foucault considera como el gran aporte de la psicología empirista inglesa: el sujeto de interés. Ese sujeto que explora en el interior de su propio ser las claves para descifrar lo que es, va encontrar, según esa perspectiva, que aquello que lo mueve a actuar es el interés: «El homo economicus es quien obedece a su interés, aquel cuyo interés es tal que, en forma espontánea, va a converger con el interés de los otros […] es un hombre eminentemente gobernable» (Foucault, 2007b:310)

Esta topología de lo público, lo privado y lo íntimo contribuye a delinear el horizonte en el cual se inscribe, en la Modernidad, el tratamiento del delito. Por un lado, dado que la subjetividad moderna se forja en el entramado de relaciones entre esos ámbitos, éste permite comprender cómo se traza la frontera entre el buen muchacho y el delincuente, teniendo en cuenta que para entender qué ocurre del lado del delito, es necesario explorar lo que pasa en el campo de las conductas consideradas aceptables, y vice-versa.¹¹

Por otra parte, en el espacio de la ilegalidad, el establecimiento de una frontera entre lo público y lo privado invisibilizó durante décadas las situaciones de violencia doméstica –podría pensarse la consigna de la common law inglesa «mi hogar, mi castillo» como uno de los principales antecedentes en la cristalización de esta tradición que establece que la casa en propiedad es inviolable y que ha servido a la clausura de lo que ocurre al interior de ella a la mirada de la ley.

Además, el modelo del homo economicus está en la base de muchas concepciones sobre el delito y el delincuente: el que delinque lo hace en base a un cálculo de costo/oportunidad en el que evalúa la relación entre los beneficios potenciales del acto de delinquir y los riesgos que corre ante la ley y la posibilidad de ser castigado. Esto es uno de los supuestos ineludibles en la construcción de las intervenciones de prevención del delito, tanto aquellas que se basan en la mejora situacional ambiental para reducir oportunidades de comisión de actos delictivos que trabajaremos aquí; como las que se orientan a generar condiciones sociales para que los jóvenes varones y pobres, principalmente, desalienten sus trayectorias orientadas a la comisión de delitos. En ambas, aunque con diferencias, se parte de subjetividades que son capaces de elegir racionalmente —como se ha hecho referencia anteriormente— y que al hacerlo deben establecer un cálculo ininterrumpido de costo-beneficio, como grilla por la que deben hacer pasar todas sus acciones.¹²

2. La tecnología de prevención situacional ambiental del delito: sus iniciativas gubernamentales

En este apartado, hemos relevado aquellas iniciativas que, poniendo el foco en el mejoramiento de ambientes y situaciones urbanas, se han desarrollado y han ido ganando espacio mediante la instalación de diversas tecnologías. Advertiremos que la instalación de alarmas comunitarias y de cámaras de videovigilancia serán propuestas que se irán concretando con celeridad y que suscitarán consensos en cuanto a su presencia en la ciudad. En vinculación con análisis de trabajos recientes (Lianos, 2003; Bauman y Lyon, 2013) que tematizan la vigilancia y control como prácticas relativamente consentidas, podemos decir que estaríamos frente a la presencia de un sistema de control integrado y consensuado entre las/os usuarios y los sistemas de acción institucional para tales fines.

2.1 Políticas urbanas: infraestructuras para el mejoramiento de ambientes y situaciones en el espacio público para prevención de delitos

El propósito aquí gira en torno a hilvanar una serie de políticas urbanas que se han lanzado con el fin de constituir mejoramientos infraestructurales en diversos ambientes y situaciones en espacios y bienes públicos. Así, a lo largo de las gestiones socialistas,¹³ es posible advertir una serie de inversiones en obra pública, que apunta a promover a la ciudad como una urbe innovadora, ordenada, iluminada e higiénica; equipada con tecnología; con amplios espacios verdes y recreativos; con pretensiones de una enriquecida vida social para sus habitantes y con una amplia variedad de eventos culturales, empresariales, deportivos y con servicios a disposición de diferentes escalas de consumo.

Siguiendo a Brizuela (2014), podemos establecer tres grandes áreas de oferta de servicios en los que se ha invertido en este período. En primer lugar, con el afán de dinamizar la circulación regional que está recibiendo el Área Metropolitana de Rosario, a mediados de la década de 2000, se apunta a intervenir en la optimización de las condiciones de acceso y circulación por la ciudad. Como segundo punto, la autora destaca la definitiva apertura de la ciudad al río Paraná (Barenboim, 2008, 2011), como condición de posibilidad para desarrollos inmobiliarios de alta gama y desarrollo comercial de todo tipo, especialmente, como zona de esparcimiento con enormes parques, museos, centros culturales, clubes náuticos, locales gastronómicos, entre otros. Finalmente, la tercera área se define por la centralidad que se le ha dado al desarrollo cultural, deportivo y, en general, de eventos sociales a escala nacional e internacional para posicionar a la ciudad dentro del circuito cool (y turístico) a través de una oferta de entretenimiento que permita satisfacer los estándares de consumos con matices cosmopolitas (Ginga y Brizuela, 2017).

A esto debemos agregar que, a comienzos del nuevo milenio y siguiendo una tendencia mundial, primero aparece la necesidad de utilizar tecnología relacionada con alarmas comunitarias, y luego, en la década siguiente, emerge una firme decisión política de instalar sistemas de videovigilancia como parte de las intervenciones que otorgarían un marco de previsibilidad y de seguridad en los espacios públicos (Koskela, 2003), en diversos barrios (sobre todo céntricos), en el sistema de transporte público (especialmente colectivos) y en las arterias de circulación en la ciudad. Asimismo, mencionaremos a continuación los avances en cuanto a la inversión en alumbrado público, acción que se emprende, desde las instancias de gobierno local, y se legitima, en parte, desde la generación de seguridad y orden que esta promoverá.

2.1.1 El sistema de alarmas comunitarias: compromisos de control

El sistema de alarmas comunitarias¹⁴ ha tenido un destacado desarrollo, impulsado desde el gobierno local. A modo de repaso, cabe destacar que en 2005, la Ordenanza Nº 7.914 crea el Subprograma Municipal de Alarmas Comunitarias como parte del Programa Municipal de Seguridad Urbana creado en 2003. A partir de entonces, el crecimiento del sistema ha sido notorio en la medida en que ha ido adquiriendo importancia como medida preventiva en los barrios de la ciudad. Lejos de ser una iniciativa que se ha debilitado; con el devenir de los años y la importancia del uso de las tecnologías, en general, y del sistema de alarmas, en particular; se ha fortalecido.

Se destacan dos aspectos vinculados a la necesidad de la existencia de las alarmas comunitarias, por un lado, el sistema requiere que la vecindad se comprometa a usarlo y que acepte ser protagonista de su funcionamiento, ya que este no puede funcionar si los/as vecinos/as no poseen el convencimiento de utilizarlo. En otras palabras, se requiere de vecinos/as que mantengan una actitud alerta para activar la chicharra que dispara la alarma y de este modo, se organicen, se solidaricen y se comprometan con el ordenamiento del barrio y la seguridad de su cuadra. Y por el otro lado, resulta imprescindible que el sistema de alarmas comunitarias comience a ser solicitado por quienes deseen ambientes y situaciones urbanas a escala barrial, que sean ordenadas, limpias, seguras, en las que no se encuentren «sospechosos/as» de cometer delitos, etc.

En la entrevista otorgada, el funcionario de la Secretaría de Control y Convivencia menciona la importancia de re-trabajar con los/as vecinos/as el funcionamiento de las alarmas, y reconoce la centralidad que estas adquieren en el marco de las estrategias de prevención del delito y cuidado comunitario:

Nosotros siempre, al trabajar el tema de las alarmas, les decíamos que se conozcan los vecinos, no hay nada mejor que se instalen relaciones de confianza entre los vecinos, que se sepa a quién tenés en frente, al lado; que le pases tu número, que si te vas de vacaciones le puedas dejar la llave de tu casa al vecino para que te saque la correspondencia, para que haya movimiento. Y esto que decimos, que los vecinos salgan a la calle, que salgan a la vereda a tomar mates. Nosotros tenemos identificados donde están colocadas las alarmas comunitarias. Hasta el proyecto de alarmas comunitarias está en el presupuesto participativo, por eso siempre tiene que haber una visión previa de los vecinos para que salga el proyecto; porque sale el proyecto, lo votan. Pero es fundamental, la alarma de por sí es una chicharra, pero si hay detrás de eso una organización barrial para que cuando suena, uno llama al 911, y la tecnología que está apropiada por el vecino tiene otro impacto, funciona, […] la participación del vecino es fundamental porque si no es una alarma sonando que no la atiende nadie (Fragmento de entrevista a funcionario de la Secretaría de Control y Convivencia).

Fomentar e instar a la vecindad a «salir a la calle» como parte de una acción pública municipal es una estrategia en el modo de prevenir la comisión de hechos delictivos que los gobiernos locales deben propulsar, ya que, explícitamente, los lineamientos de ciertos organismos internacionales impulsan estos comportamientos como ejes de una operatoria de prevención del delito. Asimismo, es notable la búsqueda de complicidad en la construcción de la noción de vecindad. Es decir, si quien debe accionar el pulsador de la alarma no se encuentra convencido/a de hacerlo, la tecnología se torna, en cierto modo, inútil. Como resultas de lo cual, debe estimularse con ahínco una actitud comprometida de autovigilancia y de vigilancia del barrio y de quienes conviven en las cuadras cercanas. Con ello se pretende que, a partir de esa complicidad de cuidados, se tejan lazos entre vecinos/as que deben adoptar una actitud de alerta. Para funcionar, el dispositivo requiere que quienes lo utilicen sean constituidos/as como sujetos hiperadvertidos/as y que esto los/as impulse a actuar, ya sea para pulsar el botón de una alarma, para vigilar a quienes los/as circundan y denunciar posibles riesgos o personas o actitudes sospechosas, o para ocupar el espacio público de su barrio.

En el marco de una reunión llevada adelante en la sede de Naciones Unidas en Nueva York en 2013, los/as representantes de la Red Global de Ciudades Seguras concluyen en que debe generarse un «cambio de mentalidad y estrategia». Por su parte, el Director Ejecutivo de ONU-Hábitat, Joan Clos, advirtió que:

(…) este nuevo rumbo debería de tener en cuenta la necesidad de «recuperar la vida en la calle» para generar espacios más seguros y puso el ejemplo de ciudades como Bogotá o San Salvador, donde se ha conseguido una reducción sensible de los casos de violencia gracias a planes específicos de actuación (La Red Global de Ciudades Seguras propone un cambio de estrategia para eliminar la violencia en las ciudades, 18 de marzo de 2013).¹⁵

La idea acerca de la necesidad de «recuperar» el espacio público parte del supuesto de que ese espacio ha sido perdido o cedido hacia otras personas y comportamientos que deberían limitarse o expulsarse, para que quienes se estiman como «dueños/as naturales» de aquel espacio puedan volver a él y ocuparlo. Para que estas tendencias tengan efectos se instala con éxito la necesidad de monitorear las calles de los barrios para prevenir situaciones y ambientes inseguros.

En 2013, el Concejo Municipal aprueba la gratuidad del servicio eléctrico¹⁶ para sistemas de vigilancia instalados por vecinos/as, a través de la Ordenanza N° 9.083. A partir de entonces, se determina en el Artículo 2° de la misma que: «el fluido eléctrico provisto a los sistemas de alarmas comunitarias conectados a la red de alumbrado público, […] y al solo fin de permitir su funcionamiento, será suministrado sin cargo por la Municipalidad de Rosario».¹⁷ El Departamento Ejecutivo, por su parte, debe encargarse de elaborar un protocolo para las conexiones de los sistemas de alarmas comunitarias y se determina que la conexión será realizada exclusivamente por el personal de la Dirección General de Alumbrado Público. Por otra parte, se consigna que «deberá informarse de manera clara y permanente el emplazamiento de sistemas de alarmas comunitarias, fijándose carteles indicativos», según el Artículo 5° de la Ordenanza.

En 2014 se revitaliza el sistema de alarmas comunitarias ya que el Concejo autoriza al municipio a tomar un préstamo por 11 millones de pesos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el propósito de fortalecer la red de videovigilancia local. Hasta ese año, el municipio estima que hay 89 puntos de la ciudad donde funcionan sistemas de alarmas comunitarias que los/as vecinos/as contratan a empresas privadas. La novedad reside en que desde ese año, a partir de intervenciones de la Secretaría de Control y Convivencia, el servicio de alarmas comunitarias puede ser ofrecido por el propio Estado local. Con los fondos del crédito otorgado por el BID:

(…) el plan es adquirir 70 alarmas para colocar en los barrios, además de botones de pánico para mujeres víctimas de violencia doméstica, captores de datos para registrar infracciones o faltas en el espacio público y videocámaras con dispositivos lumínicos o sonoros que puedan activarse desde el centro de monitoreo cada vez que se detecten situaciones de riesgo (Diario La Capital, 18 de mayo de 2014).¹⁸

El Secretario de Control y Convivencia Ciudadana en 2014, destaca que el sistema de alarmas es un mecanismo que «funciona muy bien» en los vecindarios que han promovido una participación ciudadana y que ya tienen instaladas en sus calles los equipos, con sirenas disuasorias de gran poder sonoro y reflectores que se activan a través de controles remoto en caso de que alguien detecte algún delito. Detalla, además, que esos 70 dispositivos de alarmas serán adquiridos para «abastecer a más de mil familias», y que se procederá a la instalación «con los vecinos que quieran sumarse al programa», ya que el plan municipal apunta a «favorecer la participación ciudadana (en aspectos vinculados a la convivencia ciudadana) a través de herramientas municipales» (Rosario 3, 27 de marzo de 2014).¹⁹

Por cierto, como ha sucedido con la mayoría de estas iniciativas, después de la Declaración de Emergencia en Seguridad efectuada en 2016, se ha adquirido un dinamismo formidable en términos de avances en la implementación y colocación de los dispositivos de las alarmas comunitarias. Para cerrar con este punto, destacamos una iniciativa concreta que ha sido publicada y publicitada por medios de comunicación locales: a partir de 2017 y centrándose en principio en dos barrios de la ciudad —Agote y Azcuénaga—, por iniciativa municipal, se preveía colocar 159 paneles de alarmas comunitarias en el primero de los barrios mencionados y 70 paneles en el segundo. A través de un proceso licitatorio convocado por el Estado local, se aclara que «el servicio no tiene ningún costo para el vecino y significa para el municipio una inversión de $11.500.000» (Rosario Noticias, 16 de abril de 2018).²⁰

Imagen 1.

Imagen que acompaña la nota de G. Zysman publicada en La Capital²¹

El proceso de asunción pública de la licitación, instalación y monitoreo de estas alarmas resulta significativo en términos del protagonismo que asume el gobierno local al brindar este servicio que se traduce en un derecho inminente a ser garantizado por las arcas estatales. El presupuesto participativo hará las veces de correa de transmisión para continuar implementando este sistema, donde se reafirma la continuidad de las intervenciones en ellos a través de «nuevas luminarias, despeje de espacios públicos, nuevas paradas de transporte urbano, mejor coordinación con policía y organismos de control y por último, equipamiento de seguridad preventiva como las alarmas comunitarias» (Conclusión, 28 de julio de 2017).²²

2.1.2 Sistema de cámaras de videovigilancia

En cuanto al sistema de videovigilancia, desde 2013, el gobierno provincial inicia la apertura de la licitación para la instalación de cámaras de vigilancia. Se prevé la colocación de 600 unidades en las áreas metropolitanas de la provincia, de las cuales se estima que 400 quedarán puestas en la zona correspondiente a Rosario (Diario La Capital, 18 de noviembre de 2013);²³ estas, a su vez, se sumarán a las 180 que cuenta para ese año el municipio. Esta colocación de cámaras de videovigilancia posibilitaría, según los argumentos oficiales, la identificación de la patente de vehículos con pedido de captura y el reconocimiento de rostros. En palabras del gobernador de la provincia (2011-2015), Antonio Bonfatti, «cuando la cámara identifica el número de un auto con pedido de captura acciona una alarma del 911, lo cual permitirá un abordaje preventivo del vehículo» (Diario La Capital, 03 de septiembre de 2012).²⁴

La inversión, en 2012 y 2013, se prevé en 40 millones de pesos y en un tiempo de ejecución de unos pocos meses. Bonfatti incluye la colocación de cámaras de vigilancia como parte del plan de seguridad que ha comenzado a implementarse por aquellos años (Diario La Capital, 03 de septiembre de 2012).²⁵

En marzo de 2014, el ejecutivo municipal envía al Concejo un proyecto de ordenanza que presenta como objetivo el fortalecimiento de la red de cámaras de videovigilancia y otras tecnologías para reforzar tareas de prevención del delito. El proyecto fue aprobado a través de la Ordenanza N° 9.206, y a partir de la cual, la municipalidad puede acceder al crédito del BID de 11 millones de pesos,²⁶ al que hicimos referencia anteriormente. El proyecto se denomina «Innovación tecnológica en materia de seguridad bajo la órbita municipal» y busca la adquisición de «dispositivos para captación de datos, video vigilancia, radiocomunicaciones, alarma disuasoria, alarma comunitaria y botones de pánico» (Rosario/ 12, 28 de marzo de 2014).²⁷

En Rosario, se encuentran instaladas y en funcionamiento, 156 cámaras de videovigilancia, ubicadas estratégicamente en distintos corredores, operando coordinadamente con el Centro de Monitoreo de la Movilidad²⁸ en 2018. Estas se integran con el sistema de videovigilancia del servicio provincial de Emergencias 911 que cuenta con 400 cámaras, con las que suman más de 500 cámaras de videovigilancia en la ciudad ubicadas generalmente en espacios públicos²⁹ de concurrencia masiva.

Imagen 2.

Ubicación de cámaras municipales de videovigilancia en el mapa de Rosario, actualizada al 02/10/2018. Página web del municipio de Rosario.³⁰

La imagen muestra la ubicación de las cámaras de video en el mapa de la ciudad. Todas las imágenes registradas son monitoreadas y analizadas desde el Centro Integrado de Operaciones Rosario (CIOR). A su vez, estas imágenes, registradas por las cámaras de videovigilancia propias del municipio, se articulan con las de otros dispositivos y fuentes:

(…) como los sistemas de GPS de taxis, transporte urbano de pasajeros y móviles municipales, las empresas de servicios públicos y los agentes municipales de distintas áreas que desempeñan tareas en la vía pública. Estas cámaras del Centro de Monitoreo de la Movilidad se integran con el sistema de videovigilancia del servicio provincial de Emergencias 911 […] Esto representa un enlace directo de las cámaras de seguridad con los servicios de policía y emergencias de las distintas jurisdicciones que operan en la ciudad (Página web de la Municipalidad de Rosario).³¹

A mediados de 2016, se informa en los medios gráficos de comunicación que 50 unidades de colectivos de la empresa municipal Semtur cuentan ya con la instalación de tres cámaras de videovigilancia por coche vía la licitación que ha tenido como adjudicataria a la empresa Crayon web. La medida de instalación de estos dispositivos se vincula con un pedido del gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) tras una ola de comisión de delitos a bordo de las unidades de transporte. La colocación de los dispositivos de videovigilancia se realizará en los coches que transitan en el horario nocturno (entre las 22 y las 5 hs. aproximadamente), por lugares conocidos por la existencia de gran cantidad de robos (Procopio, P., Diario La Capital, 31 de julio de 2016).³²

Imagen 3.

Ilustración explicativa del sistema de videovigilancia a bordo.³³

El sistema de videovigilancia a bordo, en 2018, funciona de modo aceitado ya que150 unidades del transporte público de pasajeros cuentan con el sistema de videovigilancia. Las tres cámaras colocadas en los colectivos registran grabaciones las 24 horas. Se cuentan 450 cámaras en total destinadas a la vigilancia a bordo de las unidades de cada empresa prestataria (La Mixta, Semtur y Rosario Bus). El sistema se completa con un micrófono que graba el sonido ambiente y un botón de pánico que los y las choferes pueden activar. Sus señales se recepcionan en siete terminales ubicadas en el Centro de Movilidad, en el 911 y en las propias empresas, desde donde reciben las imágenes en tiempo real y pueden dar aviso al móvil policial más cercano en episodios que demanden una rápida intervención.³⁴

Imagen 4.

Ilustración sobre las terminales de monitoreo del sistema de videovigilancia a bordo.³⁵

Esta iniciativa surge de un acuerdo de trabajo entre el municipio de Rosario en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, en el que se destina un presupuesto oficial de 20 millones de pesos (que comparten ambos niveles estatales), donde explícitamente se menciona que el objetivo gira en torno a mejorar la seguridad pública a partir de la detección y asistencia en situaciones de emergencia.

2.1.3 Plan de alumbrado público

Otra de las iniciativas que, según se argumenta desde ámbitos oficiales, oficiaría como herramienta para mejorar situaciones y ambientes urbanos, se relaciona con la existencia de las luminarias en las calles de la ciudad. A partir de 2012, comienza a implementarse el Plan Modernización del Alumbrado Público y el Plan de Poda y Escamonda,³⁶ dos iniciativas dedicadas, exclusivamente, a mejoras en los barrios y, fundamentalmente, en el espacio público. Cada año se va renovando el plan de acción y el presupuesto requerido para llevar adelante el cambio de luminarias y las intervenciones de poda y escamonda. Con el impulso de esta última acción, solo en 2012 se realizan 31 mil intervenciones puntuales en todo el ejido urbano, lo que necesita de una inversión de 13 millones de pesos, según el secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente.³⁷

Evidentemente, existe una vinculación directa entre las acciones llevadas adelante en estos temas por el municipio y la búsqueda de seguridad y prevención del delito. Como parte del mismo plan, en 2015 estas acciones son reforzadas y relanzadas con un impulso mayor por las autoridades locales, quienes estiman una inversión total cercana a los 44 millones de pesos, la mayor en la historia de la ciudad en esta tarea en términos relativos. La propuesta involucra 8.201 intervenciones que «darán un entorno más seguro y confortable, con niveles sustentables de consumo energético» (Rosario Noticias, 23 febrero 2015).³⁸ Durante la presentación de este plan, la máxima autoridad política de la ciudad, remarca en su discurso: «desafío tiene que ver con un compromiso ambiental y también con mejorar la seguridad ciudadana […] Cuando una calle está iluminada caminamos con mayor seguridad» (Rosario Noticias, 23 de febrero de 2015).³⁹

Rosario tiene más de 84 mil luminarias en toda la ciudad,⁴⁰ lo que la posiciona como el segundo parque lumínico del país. Al mismo tiempo, se confirma la inversión pronosticada para 2015 en $43.914.320, que involucra, a más de 8.000 intervenciones de recambio e instalación de nuevas luminarias acompañadas de poda y escamonda en los seis Centros Municipales de Distritos (CMD) de la ciudad, para un entorno más seguro y confortable con niveles sustentables de consumo energético (Página web del municipio de Rosario). A partir de 2017, se impulsa un recambio de luminaria con tecnología led, se colocan 3.500 luminarias y se estima, para el 2018, recambiar 15.000 luminarias a dicha tecnología, a partir de una inversión de 300 millones de pesos.⁴¹ Con la concreción de un convenio firmado, a fines de 2017, entre el municipio de Rosario y el gobierno de la provincia de Santa Fe, se avanzará en la compra de 3.300 luminarias para potenciar las actividades de los diversos corredores y paseos comerciales.

Imagen 5.

Identificación en el mapa de la ciudad, de la colocación de alumbrado público con tecnología led para 2018.⁴²

Como resulta evidente, las acciones llevadas adelante por el gobierno local en materia de colocación y recambio del sistema de luminaria, han constituido una política sostenida y consecuente con el mejoramiento de espacios públicos, específicamente en lo que se refiere a parques, paseos, centros comerciales, exterior de hospitales, facultades, edificios estatales, entre otros. Las declaraciones de funcionarios/as y de políticos/as, a quienes hemos hecho referencia, vinculan estas intervenciones con aportes que van ligados al objetivo de mejorar esos espacios y lugares en términos de seguridad.

Ahora bien, para concluir con este aparatado, consideramos relevante mencionar que, tras haber finalizado el período de prórroga de la Emergencia en Seguridad se presenta en 2017, en el Concejo Municipal, un Informe Final de las actuaciones de la Unidad Ejecutora donde se detalla lo que se ha cumplido en virtud de la Declaración de Emergencia antedicha. Allí, se realiza un minucioso desglosado de lo que se ha efectuado en los campos de videovigilancia, colocación de luminarias, poda y escamonda para despejar luminarias; en el campo de las alarmas comunitarias, entre otros.

Para destacar solo algunas de las acciones que se mencionan en el Informe, hemos transcripto a continuación las más relevantes en términos de recursos invertidos. La primera de ellas se relaciona con el sistema de cámaras de videovigilancia:

En relación con otros bienes que también se adquirieron en el marco del concurso de precios adjudicados a Global View SA, se completó la entrega de equipamiento informático de oficina y de lotes de repuestos destinados a la resolución de contingencias en el funcionamiento del sistema de videovigilancia. Al finalizar el mes de agosto el grado de ejecución sobre el total de lo adquirido en bienes alcanza al 99.06%, lo que equivale a $32.277.000,00 (Informe Final de prórroga de la Emergencia en Seguridad, 2017:1).

En cuanto a las acciones vinculadas con el sistema de luminarias de la ciudad: «Cabe mencionar que en fecha 04 de julio [2017] se ejecutó la apertura del concurso de luminarias […]. De dicho proceso resultó adjudicataria la empresa Phillips Lighting Argentina SA por un monto final de $31.681.000» (Informe Final de prórroga de la Emergencia en Seguridad, 2017:3). A su vez, otra de las intervenciones que consideramos interesante de relevar es el concurso de alarmas comunitarias y los montos adjudicados a la empresa elegida: «En igual sentido, se produjo la apertura del concurso de alarmas comunitarias […]. Tras el informe técnico se dispuso adjudicar […] a la empresa Connexys SRL por un precio total de $ 12.162.945» (Informe Final de prórroga de la Emergencia en Seguridad, 2017:3-4).

El informe culmina destacando que la herramienta de la Declaración de Emergencia ha permitido: «agilizar las contrataciones del Estado vinculadas a la temática de la seguridad» (Informe Final, 2017:5). También expresa uno de los matices de la estrategia adoptada por el Municipio en materia de seguridad y prevención:

Esto redundó en que el papel adoptado por el municipio quien no cuenta con policía propia, pero posee competencias que muchas veces pueden prevenir la ocurrencia de hechos delictivos a través de la proximidad, cercanía y presencia disuasoria, se hayan podido materializar. Se abordó con este mecanismo tanto la prevención como la asistencia a las urgencias y víctimas de hechos de inseguridad. Sin mencionar, que se ha fortalecido la persecución y sanción de faltas dentro del municipio a raíz del mismo proceso. Esto redunda en la disminución de hechos delictivos ya que muchas veces las faltas dan lugar a posibilidades delictivas como se deduce de la teoría de las ventanas rotas (Informe Final, 2017:6).

Es evidente que, en el campo de gestión pública, la teoría de las ventanas rotas no genera resquemores como en el campo académico de la criminología crítica. La referencia hecha a la teoría popularizada y creada por Wilson y Kelling (2001) en el cuerpo del Informe Final de la Unidad Ejecutora de las intervenciones realizadas a partir de la Declaración en Emergencia de Seguridad, da una muestra de la estrategia que ha priorizado el gobierno local para desplegar iniciativas de prevención del delito, entre las que se encuentra, fundamentalmente, la prevención situacional ambiental.

Aunque no se develan cifras multimillonarias para las arcas estatales y para lo que suele manejar un Estado local de la envergadura de una ciudad medianamente rica como lo es Rosario, los montos de dinero invertidos en la compra de tecnologías, en sus diversas variantes, son elevados y constituyen un punto de atención a la hora de embellecer los espacios públicos, modernizar y realzar, a través de más y mejor luminaria, tanto avenidas y centros comerciales como parques y diferentes paseos; así como también de desplegar un entramado de vigilancia a través de más de 500 cámaras colocadas y distribuidas en las principales arterias de la ciudad, en los accesos y en la zona costera.

La prevención situacional ambiental asumida y desplegada por la gestión local en su arista de mejoras y situaciones urbanas para evitar o dificultar la comisión de actos delictivos ha funcionado como argumento desbloqueador para la instalación de alarmas comunitarias brindadas por el propio Estado, para la adquisición de cámaras de videovigilancia y para impulsar el plan de alumbrado público a gran escala en términos de cantidad de luminarias y de monto invertido. Esto nos indicaría que el control que se va instalando, a partir de estos dispositivos tecnológicos, es un control consentido y solicitado.

Como lo ha señalado tempranamente Christie (1993):

(…) toda la institución misma del control del delito es una parte del sistema productivo. De hecho es un sistema que tiene gran interés económico tanto para propietarios como para empleados; es un sistema de producción muy importante de las sociedades modernas. Produce control (Christie, 1993:172).

La industria del control del delito cuenta con una oferta de delito infinita y el servicio que ofrece y la voluntad de pagar por este presenta el mismo carácter. Notamos, entonces, la construcción paulatina e incesante de un dominio que es funcional a los intereses de mercado, pero, como hemos desarrollado en todo el apartado, no solo a ellos. También es funcional a los fines políticos.

Asimismo los diversos modos de observación, control y vigilancia que hemos descripto se constituyen en una extensión que impregna el campo social de instancias de control y vigilancia que antes podían reconocerse circunscriptas o limitadas a instituciones totales.⁴³ Así, en el avance del neoliberalismo es posible reconocer que la extensión de los campos de libertad viene necesariamente acompañados por sus respectivos mecanismos de seguridad como señala Foucault en Nacimiento de la biopolítica (2007). Pero también, el avance de la libertad en clave de configuración individual, supone instalar en los individuos mismos/as o en sus comunidades cercanas los mecanismos de control y vigilancia. Decimos esto, vinculándolo con la noción de «vigilancia distribuida» que desarrolla Fernanda Bruno (2013) con la que coincidimos en el planteo acerca de que esta vigilancia en ocasiones se torna un «proceso reticular, diversificado, múltiple, pleno de ambigüedades» (Bruno, 2013:25), que se distancia, a menudo, de una idea de vigilancia homogénea y sin conflictos.

3. Iniciativas de prevención del delito por parte de los/as ciudadanos/as

Aquí hemos decidido darle lugar a una serie de iniciativas de prevención del delito por parte de los/las ciudadanos/as involucrados/as en el propio gobierno de sí mismos/as. Este punto ha sido clave para reunir diversas acciones cuya presentación en conjunto hace posible poner en perspectiva, en parte, la estrategia de gestión público–privada que lidera los modos en que se despliega esta gubernamentalidad. Cuando se habla de gestión privada tal como hemos desarrollado largamente en el apartado primero de este artículo, no se habla del emprendimiento de acciones llevadas adelante por el sector empresarial, sino que nos referimos más bien a todo aquello que no es, estrictamente del orden estatal. En este sentido, por privado comprendemos a las acciones individuales o colectivas de ciudadanos/as llevadas adelante (institucionalizadas o no), de agencias de organismos internacionales, de organizaciones no gubernamentales, así como también de instituciones de la Sociedad Civil, entre otras.

3.1 Los/as ciudadanos/as involucrados/as en el propio gobierno de sí mismos/as: estrategias de gestión público-privada

Como emergente de la situación que se vivía en los barrios periféricos de la ciudad en diciembre de 2000 se presenta el Proyecto Comunidades Justas y Seguras en la sede del rectorado de la UNR. El proceso de descomposición de la trama social que se venía profundizando desde mediados de la década de 1990, unido a un incremento de la violencia represiva por parte del Estado, componen una situación preocupante y estimulante para la emergencia de este tipo de proyectos.

El Proyecto se implementa en el Barrio República de la Sexta, específicamente en el Centro Comunitario La Rigoberta y en el Centro de Asistencia a la Comunidad (CEAC),⁴⁴ que funcionan allí, y en el Barrio Ludueña de Rosario. La finalidad del mismo consiste en la promoción de la democracia, los derechos humanos y el establecimiento de asociaciones entre diversas agencias del Estado y la sociedad civil. La propuesta se orienta a la resolución de conflictos a través del aprovechamiento del conocimiento local y de la propia capacidad de las comunidades involucradas para promover la convivencia y la seguridad urbanas (Diario La Capital, 04 de diciembre de 2000).⁴⁵

Entre los objetivos del proyecto se destacan tres: establecer un modelo sustentable,⁴⁶ gestionado comunitariamente, de «construcción de convivencia» mediante la resolución de conflictos y la prevención del delito. En segundo lugar, fortalecer las redes de construcción de convivencia entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Por último, facilitar encuentros internacionales para intercambiar buenas prácticas sobre prevención del delito y reforma del gobierno de la seguridad.

Un informante clave entrevistado, quien ha trabajado en la implementación de este proyecto, manifiesta:

(…) el proyecto tenía como idea central replicar unos dispositivos que habían diseñado canadienses junto con ingleses y que habían empleado en Sudáfrica, digamos que el modelo era Canadá y Sudáfrica, los dos lugares donde se habían usado, fundamentalmente, para generar procesos de resolución de conflictos pacíficos que no implicaran la intervención del campo policial penal […] suponía que la comunidad se constituyera en una especie de ámbito de resolución de conflictos, y para eso se buscaban lugares específicos donde viviera alguna organización de la comunidad que pudiera oficiar de esa manera (Fragmento de entrevista a Informante clave Programa Comunidades Justas y Seguras).

El proyecto pretende desvincular la idea de seguridad, anclada en las agencias represivas del Estado, proponiendo otro modo de misturar elementos de abordaje en la temática (in)seguridad. Así, las principales actividades que se impulsan giran en torno a constituir consejos comunitarios que tengan la capacidad de intervenir en caso de que emerjan conflictos entre ciudadanos/as del barrio:

La idea consiste en trabajar en los conflictos internos pequeños, porque cuando no se los atiende desembocan en problemas serios. Lo que fuimos advirtiendo es que mientras la gente solucionaba estos conflictos, advertía otros de fondo, generales, que son los verdaderos causantes de los malestares (Shearing, 2002:s/p).⁴⁷

Si bien los esfuerzos del proyecto se enmarcan en una estrategia contraria a las políticas represivas que acompañan la última etapa neoliberal del menemismo; este presenta, en su implementación, elementos propios de estrategias que tienen que ver con:

(…) intervenciones débiles, intervenciones suaves, porque por ejemplo, la seguridad se construye también modificando espacialmente ciertos lugares, entonces si se modifica la distribución de la luz, de ciertos espacios, de barreras, eso permite gestionar de otro modo la seguridad. Esta idea estaba recontra presente, clarísimamente presente. Esto se trabajaba pero a mí me da la impresión de que no quedaba tan claro en ese momento que esto era un modo de gestión neoliberal. Era tomado como parte de una perspectiva crítica de los grupos etnográficos. Como parte de la idea de la criminología crítica (Fragmento de entrevista a Informante clave Programa Comunidades Justas y Seguras).

Este proyecto puede contarse como uno de los antecedentes pioneros, no solo en términos de la instalación de la temática de la seguridad como problema (pero más cercana a la lógica preventiva) y de la resolución de conflictos en términos comunitarios; sino, fundamentalmente, en términos de la estrategia de abordaje de intervenciones público-privadas en el campo de la prevención del delito. En este caso, la iniciativa ha sido motorizada desde lugares no estrictamente estatales de gobierno, ya que los responsables del desarrollo y gestión del programa han sido miembros del Centro de Criminología de la Universidad de Toronto (Munk Centre for International Studies) y de la sección de Criminología y Política Criminal del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos (CEIDH)⁴⁸ de la Facultad de Derecho de la UNR, con el auspicio y la financiación del gobierno de Canadá, mediante la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional.⁴⁹ De modo que, son los centros universitarios los que han tenido el impulso temprano en vinculación con la gestión de gobierno de ese momento.

Frente a la necesidad de saber la dinámica de funcionamiento propuesta, los responsables del proyecto explican:

La universidad entrenó a un grupo de vecinos voluntarios, llamados facilitadores, para que intervenga en el caso de que se produzca un conflicto. Cuando hay una disputa, entrevistan a cada una de las partes involucradas. Las preguntas […] apuntan a identificar qué ocasiona el problema e identificar a otras personas de la comunidad que pueden ser convocadas para resolverlo. La segunda etapa es la reunión de resolución, donde convergen las partes involucradas, los facilitadores y los vecinos que fueron mencionados por las partes (Revista La Vaca, 27 de enero de 2002).⁵⁰

Por otra parte, pero con la tendencia que pretendemos poner de manifiesto en este apartado, fundamentalmente vinculada a la activación de los/as gobernados/as en su propio gobierno, la existencia desde 2004 de los Buzones de la Vida está promovida y pensada en esa sintonía. «Con el fin de acercar a los barrios y a los vecinos la posibilidad de denunciar e informar anónimamente presuntos hechos relacionados con la venta de drogas; funcionan Buzones de la Vida en todos los Centros Municipales de Distrito», así versa la presentación de esta iniciativa en la página web de la Municipalidad de Rosario.

Se estima que la presencia de Buzones de la Vida «permite dar un primer paso para el abordaje conociendo, a través de los vecinos, mucho más de cerca la problemática». En la lógica de la denuncia anónima, existen presunciones interesantes que pretenden abonar a la «producción de seguridad»; por un lado, incentiva la lógica de participación y la torna un imperativo ya que el anonimato facilitaría tal práctica; y por otro lado, induce a presuponer la falta de información alrededor del tema de la venta de drogas ilegales. Vale decir, la colocación de buzones para realizar denuncias anónimas parte del supuesto del desconocimiento, por parte de las autoridades policiales y/o gubernamentales, sobre los lugares de ventas, circulación, frecuencia de este comercio ilegal.

Por otra parte, en 2008, se crea la organización no gubernamental (ONG) Ciudadanos en alerta, integrada por vecinos/as autoconvocados/as de la región a raíz de los hechos de inseguridad, violencia de todo tipo, robo y falta de respuestas de las autoridades (nacionales, provinciales y municipales), según se detalla en el blogspot creado por la organización. Allí mismo, se establece entre sus objetivos: reclamar políticas de Estado sobre la seguridad ciudadana.

Asimismo, en 2008, se conforma el Consejo Económico y Social (CEyS), el cual es descripto como un ámbito amplio y pluralista de coordinación entre los sectores público y privado para acordar y diseñar políticas de articulación económica, social y productiva. Está integrado por un amplio abanico de organizaciones sociales, empresariales y del ámbito educativo y se encuentra subdivido en Comisiones de Trabajo, que según consta en el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno:

Son espacios específicos de producción y tratamiento de problemáticas relevantes de la ciudad. Tienen a su cargo el estudio, la evaluación, el análisis y las consultas de los asuntos girados por el Comité Ejecutivo para la elaboración de informes, dictámenes o propuestas que contribuyan a mejorar la toma de decisiones de los diferentes niveles del estado. […] Cada comisión estará a cargo de dos coordinadores, de los cuales uno debe ser un funcionario del gobierno local, técnico específico sobre el área temática establecida y otro debe ser un representante de una institución (Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Consejo Económico y Social de la ciudad de Rosario. Pág. 9).⁵¹

Las comisiones de trabajo que integran el CEyS son nueve, entre ellas: la de Convivencia y Seguridad. En todas las temáticas que conforman las comisiones, los/as miembros del CEyS trabajan, diagnostican, elaboran propuestas, mostrando una incesante actitud de incidir en las decisiones de gobierno. Se trata de un órgano de control no vinculante. Un dato significativo tiene que ver con el Manual de Convivencia y Seguridad Ciudadana⁵² que se elabora en el marco de la Comisión de Convivencia y Seguridad en 2011, y surge a iniciativa del Departamento Ejecutivo y a través del impulso del Concejo Municipal:

Se pone a disposición de cada ciudadana y cada ciudadano como guía de orientación con información pertinente y relevante para saber cómo actuar, a dónde dirigirse o recurrir en caso de vivenciar situaciones de inseguridad en sus entornos cotidianos. Es al mismo tiempo una herramienta de información y sensibilización para mejorar comportamientos y fortalecer valores que aporten a una convivencia segura y pacífica en la ciudad de Rosario. Quien consulte el Manual podrá encontrar en sus páginas datos relevantes de la situación problemática, servicios que se ofrecen y a los que ciudadanas y ciudadanos pueden recurrir ante diversas situaciones de inseguridad o violencia, así como recomendaciones relevantes y una pequeña agenda de contactos según el tema (Manual de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2011:2).

A su vez, el manual establece que construir «una ciudad con mejores niveles de convivencia y seguridad es compromiso de todos. Si cada ciudadano y cada ciudadana tiene en cuenta estos puntos y los aplica a su vida cotidiana, estará contribuyendo a construir una Rosario más segura»; para ello detalla diez puntos en los cuales se recomienda, en términos ampliados, llevar adelante acciones que van desde respetar las normas de tránsito, pasando por no tener armas de fuego en los hogares, hasta cuidar los espacios públicos. El punto 10 expresa: «Un espacio público descuidado, sucio y solitario aumenta nuestra sensación de inseguridad y las oportunidades para que la violencia se manifieste. Los espacios públicos son de todos y para todos. Aprópiate de ellos» (Manual de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2011:4).

Imagen 6.

Manual de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2011:33)

En el documento que estamos analizando, se encuentra un interesante apartado, que inicia con una pregunta: «¿Qué podemos hacer para prevenir delitos más comunes?» (Manual de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2011:33). Allí se detalla una serie de recomendaciones que apuntan directamente a incidir en las conductas de los sujetos para evitar comisiones de hechos delictivos comunes.

Durante uno de los encuentros plenarios realizados en 2013, encabezado por la intendenta Mónica Fein,⁵³ surge un conjunto de propuestas que dan impulso al Acuerdo por la Convivencia y Seguridad Democrática,⁵⁴ planteado por el CEyS y a través del cual se propugna un fuerte compromiso de instituciones y vecinos/as en acciones que permitan la construcción de ámbitos de diálogo, encuentro y convivencia.

A través del Decálogo Ciudadano de Convivencia y Seguridad que se presenta, se enumeran diez puntos a partir de los cuales se sugiere un amplio abanico de iniciativas hacia la ciudadanía. Entre ellos, queremos destacar el N°10, que reitera lo que establece el punto 10 del manual antes mencionado: «cuando el espacio público o el ambiente están descuidados, sucios y solitarios, aumenta nuestra sensación de inseguridad y las oportunidades para que la violencia se manifieste. Los espacios públicos y el ambiente natural son parte de nuestra vida colectiva. Son de todos y para todos».⁵⁵

Asimismo, para 2014, la Comisión de Convivencia y Seguridad se propone ampliar la convocatoria que complejiza el tradicional esquema conformado por las agencias clásicas del gobierno de la seguridad. Se trata de sumar más voces, más actores, más organizaciones en el proceso gubernamental de la ‘producción de seguridad’. La vocación por cogestionar ésta ‘producción’, no solo es un proceso que va in crescendo a través del estímulo de ciertas agencias estatales locales, sino que también es fomentado desde los mismos ámbitos empresariales para sumar más ‘fuerzas vivas’ y voces.

En 2016, la coordinación de la Comisión de Convivencia y Seguridad; a cargo del Ing. Enrique Bertini, miembro del Grupo Trascender,⁵⁶ y de Juan Pablo Javkin, Secretario de la Secretaría General (2015-2017) de la Municipalidad de Rosario (en 2019 fue electo Intendente de la ciudad) comienza a desarrollar algunas iniciativas. Cabe remarcar que encontrar el nombre del empresario del Grupo Trascender ha resultado llamativo porque este ha estado vinculado, anteriormente, a las víctimas de hechos de violencia e inseguridad.⁵⁷ Esto ha motivado la necesidad de entrevistarlo, no desde el lugar de víctima de un hecho fatal como ha sido el asesinato de su hijo en una situación de robo o intento de robo, sino desde el lugar institucional que coordina. De modo que, en 2017, hemos accedido a la entrevista.

Uno de los puntos más relevantes para destacar reside en la articulación entre las principales autoridades municipales y los/as integrantes de la Comisión de Convivencia y Seguridad, en el modo en que trabajan y en las vinculaciones que se van desplegando con el devenir del tiempo. Desde 2015, Pablo Javkin se desempeña como Secretario General de la intendencia, hasta 2017. La ocupación de este lugar institucional por su parte, motiva una mayor vinculación con la Comisión mencionada, en la medida en que reactiva las acciones y las iniciativas de la misma.

En este sentido y describiendo la dinámica de trabajo, el coordinador de la Comisión dice:

Nos reunimos el último martes de cada mes a las 8 hs. de la mañana, es la reunión ordinaria. Se hacen algunas reuniones más entre mes, cada comisión elige la forma de trabajar. Yo acepté la responsabilidad y le dije a Pablo Javkin, con una condición importante, primero que me deje expresar de la forma que yo pienso, de no estar condicionado al vocabulario que usa el socialismo. […] Pablo, la verdad que por ahora, excelente. En sus principios y en sus respuestas. Juntos hicimos eso. Hacemos una ronda y empezamos a hablar. Como vimos que había un montón de temas por definir, los fuimos anotando, se los pasamos a la secretaria que es de la municipalidad, y que trabaja en la comisión. Hicimos con eso un listado de temas, votamos y se definieron los ejes de trabajo. Laburamos los 3 ejes: social, cultural y jurídico. Primero nos dimos la tarea de conocer lo que la municipalidad está haciendo en relación a esos ejes” (Fragmento de entrevista al coordinador de la Comisión Convivencia y Seguridad - CEyS).

La activación de los/as ciudadanos/as en la producción de su propia seguridad se relaciona con la idea que sostienen algunos autores (Lyon, 1994; Withaker, 1999) acerca de que los controles sociales de siglo XXI se han vuelto cada vez más participativos. Como se ha hecho mención más arriba, se requiere la estimulación de lazos de complicidad entre quienes habitan un barrio y algunas agencias del gobierno estatal. El gobierno local necesita de subjetividades participativas en las tareas de control y prevención del delito, ya que sin esta complicidad sería infecundo todo esfuerzo por involucrar a quienes son gobernados/as en su propio gobierno. En sintonía con esta idea, Kessler deduce que si se percibe inseguridad en el barrio, la vecindad no alcanzaría ya para contener el temor a ser víctimas de delito «se debe entonces operar de algún modo sobre los lazos para intentar que sean seguros» (2011:213). De forma que adquiere centralidad el modo en que se construyen los sentimientos que reforzarán o no los lazos con vecinas/os, disparando una especie de negociación interpersonal donde los sentimientos juegan un papel clave como modo de regular el vínculo con otros/as, ya sea para estrechar confianza, para regular las distancias o para descartar un eventual peligro.

Sin embargo, en esta experiencia de funcionamiento de la Comisión de Convivencia y Seguridad del CEyS, el liderazgo lo mantiene el Estado; las iniciativas más fuertes de organización, de reunión y de ordenamiento de temáticas a trabajar, son impulsadas desde la gestión municipal. En otro pasaje de la entrevista, el Coordinador explica: «Pablo [Javkin] nos propone, Pablo arma la agenda, el que puede va y el que no puede no va» (Fragmento de entrevista al Coordinador Comisión Convivencia y seguridad - CEyS) Esta afirmación da cuenta del protagonismo de las autoridades estatales en la organización de esta experiencia ligada a la sociedad civil, al tiempo que puede verse cierta impresión de direccionalidad en la propuesta de lo que se trabajará en las reuniones de la comisión.

Un aspecto a remarcar y que se juzga provechoso desde la mirada del entrevistado, son las relaciones público–privadas⁵⁸ que emergen y se refuerzan desde esta experiencia de participación en el CEyS y que redundan en la intervención en otras iniciativas estatales que no necesariamente son propias de las incumbencias del Consejo, pero que, asimismo, se refuerzan y permiten la dinámica de trabajo conjunto entre la esfera pública y privada: “Lo más importante es relacionarse con pares, no es muy visible la posibilidad de hacer grandes cambios pero me permitió a mí por ejemplo, trabajar con Pablo [Javkin]. En otro tema que es el de asistencia a la víctima, que no pasa por el CEyS, yo le ofrecí a Pablo todos mis conocimientos en materia empresarial y de gestión, me comprometí a ofrecerle un software con una línea de trabajo que tenga que ver con la reglamentación de la ordenanza que se sancionó después de la primera resolución, una ordenanza de protección a la víctima. […] Me ofrecí para trabajar en eso, gestionar un diagrama o una corriente de flujo, de cómo ingresa la víctima, cómo se le toman los datos. Bueno, eso surgió porque laburamos 8 meses juntos. Entonces miro más la productividad del CEyS por las relaciones de confianza que se van tejiendo, que por lo que la municipalidad le hace caso al CEyS […] Pero bueno, qué logré con Pablo, esta relación. Vamos a generar convenios con las Universidades, con el Colegio de Abogados, con la Iglesia, y lo importante de esto es tejer confianza con las personas y con las instituciones para que circulen alrededor” (Fragmento de entrevista al Coordinador Comisión Convivencia y seguridad - CEyS).

Los vínculos sinérgicos que se establecen entre las voluntades públicas y privadas, se revalorizan en dos dimensiones: por un lado, la actividad privada nucleada en el CEyS funcionaría como contralor o ejerciendo accountability en relación con lo que realiza la iniciativa pública, y por otro lado, cuando la relación entre ambas voluntades se desarrollan con cierta armonía de intereses, se plasma en acciones colaborativas. En este caso particular, el despliegue y la puesta al servicio de los saberes de Bertini para desarrollar un sistema público de atención a la víctima, es tributario de un modo de gobierno público–privado, desplegado en estos años que estamos analizando. Esta vinculación que ponemos de relieve se constituye en una particularidad para destacar, de esa modalidad de gobierno de la seguridad en Rosario.

Asimismo, un dato significativo que surge de la entrevista con el Coordinador de la Comisión, tiene que ver con las vinculaciones que se generan en el ámbito de los diversos grupos de la sociedad civil, específicamente en relación con la prevención situacional ambiental. En 2016, El Desafío Fundation⁵⁹convoca a una conferencia llamada Ciudades 8-80,⁶⁰donde son invitados/as los/as integrantes de dicha Comisión. Esta idea de Ciudades 8-80 se vincula con la premisa acerca de que si construimos una ciudad que es buena para alguien de 8 años y para alguien de 80 años, entonces, tendremos una ciudad exitosa para todos/as (Peñalosa y O’ Rourke, Rosario3, 01 de octubre de 2016).

Si bien esta organización internacional se dedica al desarrollo urbanístico en torno al transporte en relación con modos alternativos de movilidad y a la apropiación del espacio público por parte de diversas poblaciones reconocidas como «vulnerables», en Rosario la conferencia tiene un desarrollo más ligado a la construcción de la seguridad desde aspectos urbanos. El coordinador, en relación a la conferencia, dice:

(…) plantea que la seguridad tiene que ver con conocerse con el vecino, en tener un barrio limpio, con un buen corredor de comunicación que es un poco el Plan Abre de la municipalidad […] cada 500 metros tiene que haber una plaza, ahí podes interactuar con el vecino, lo empezás a conocer más, empezás a ganar la calle. […] Ellos establecen que si vos en la ciudad tenés una buena vinculación entre las personas, para hacer un espiral positivo, si vos te conoces con tu vecino ante un hecho delictivo, vas a tomar acciones correspondientes y adecuadas. En espacio público la gente va y se vincula, y eso fortalecería las vinculaciones con las personas. La espiral negativa es que todos nos metemos adentro cuando cae el sol” (Fragmento de entrevista al Coordinador Comisión Convivencia y Seguridad - CEyS).

Esta visión estratégica es compartida en parte por funcionarios/as del gobierno local en la medida en que consideran un alternativa útil que los espacios urbanos sean visitados por los/as ciudadanos/as como un modo de contribuir a generar seguridad. En este sentido, el funcionario de la Secretaría de Control y Convivencia que hemos entrevistado, manifiesta:

(…) el desafío es llenar los espacios de gente y es la mejor estrategia que uno puede tener para la seguridad: que el ciudadano disfrute, que no se quede en su casa, que salga a la calle, que esté en los parques y garantizarle que los disfrute de la mejor manera y garantizarle las condiciones de convivencia y seguridad. Hay algo que están haciendo desde espacios públicos que son los picnics nocturnos. Que la gente salga a la noche es lo mejor que le puede pasar en términos de seguridad a una ciudad. […] La estrategia de sacar a la gente a la calle es buenísimo y que se multiplique en los barrios con cultura, digamos […] es lo mejor que le puede pasar a una ciudad, que la gente la viva (Fragmento de entrevista a funcionario de la Secretaría de Control y Convivencia).

La constitución de espacios públicos es una reivindicación seductora para vivir una ciudad en todo su esplendor. Garantizar el libre acceso y circulación por una determinada ciudad o que ella posea una cantidad considerable de espacios públicos es, desde luego, valorable positivamente y una decisión política loable. Ahora bien, la constitución de espacios públicos trae consigo un cierto número de regulaciones para delimitar todo lo que es posible o no hacer allí, en los días habilitados y en las horas previstas, a partir de una planificación realizada con antelación. El uso del espacio público se torna disfrutable, utilizable y posible a partir de una serie de regulaciones, cada vez más intensas, que garantizan que su utilización y circulación por ellos sea acorde a ciertos parámetros moral o socialmente esperables.

Siguiendo a Jacobs, notamos que su análisis es revelador acerca de una estrategia utilizada desde antaño:

Esto lo sabe ya todo el mundo: una calle muy frecuentada es igualmente una calle segura. Una calle poco concurrida es probablemente una calle insegura. [...] ha de haber siempre ojos que miren a la calle, ojos pertenecientes a personas a las que podríamos considerar propietarios naturales de la calle. Los edificios de una calle dispuesta para superar la prueba de los extraños y, al mismo tiempo, procurar seguridad a vecinos y extraños, han de estar orientados de cara a la calle. No deben dar su espalda ni los lados ciegos a la calle (Jacobs, 2011:61).

En este sentido, la estimulación para colmar los parques de la ciudad, tanto los de la zona costera como el Parque Independencia en los horarios nocturnos, a través de la propuesta de realizar picnics⁶¹ nocturnos, genera un doble efecto. Por un lado, se llenan de ciudadanos/as los espacios públicos a partir de una propuesta amena, que sucede en las temporadas de primavera y de verano; lo que hace que los niveles de desconfianza, de temor y de sensación de inseguridad disminuyan, fundamentalmente porque es una iniciativa que parte desde el gobierno municipal (el cual despliega un operativo más bien sobrio de custodia haciéndose presente a través de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana), y por otro lado, estos encuentros están agendados con horario aproximado de comienzo y de finalización, generalmente se garantizan sanitarios, en ocasiones los noticieros locales transmiten desde allí y se aprovecha la oportunidad para escuchar un grupo musical local. Los espacios públicos colmados de gente se convierten en una estrategia reglamentada y regulada para disminuir los temores ligados a la (in)seguridad. Paralelamente, es necesario que existan subjetividades que acepten un espacio público hiperregulado y que lo disfruten.

Advertimos, entonces, la constitución de experiencias acerca de vivenciar los espacios públicos urbanos a cielo abierto, especialmente en parques y paseos que, en horarios nocturnos, puedan ser disfrutables sin temores, es decir, que quienes acudan a los picnics carezcan de miedo a ser víctimas de hechos delictivos. La creación de experiencias no es una ficción en sí misma ni tampoco puede catalogarse como un hecho falaz, se relaciona más bien con la puesta en escena de una serie de elementos que, conjugados de un modo determinado, dispara múltiples sensaciones; ya sea de disfrute, de nostalgia, de descanso, de bienestar y también de seguridad; que pueden vivirse solo de esa manera y a partir de esa conjugación.

De modo que acudir en las noches estivales a parques pretende transmitir una sensación determinada de regocijo y de apropiación de esos espacios (a priori considerados inseguros en esos horarios), que permite generar una vivencia de seguridad, de estar a salvo en lugares y horarios donde no se suele sentir de ese modo, de ser parte de la ciudad y de vivirla sin temor. Esta estrategia creadora de experiencias es, a menudo, desarrollada por empresas o emprendimientos como un modo novedoso de vender determinado servicio: ya no se vende solo determinado producto o servicio, sino que se otorga, junto a esa venta, la posibilidad de vivir una experiencia determinada.

Puede decirse que esta astuta mutación comercial y estrategia de marketing, es adoptada por el arte de gobierno estatal local, en la medida en que configura, a partir del desarrollo de ciertas iniciativas gubernamentales, experiencias cotidianas colmadas de regulaciones que generan el espejismo de la espontaneidad y de la libre disposición de los lugares públicos, en cualquier horario, despojados/as de temores. Esto no podría generar efectos si no se constituyeran subjetividades que fuesen deseosas de experimentar estas vivencias. En otras palabras, la política se concentra en hacer vivir una experiencia de seguridad escenografiando aquellas costumbres o prácticas, otrora espontáneas, y tornándolas una situación hiperregulada.

A continuación, destacamos una acción que se conoce y toma estado público a fines de 2013, en el barrio Azcuénaga⁶² de Rosario. Allí, un grupo de jóvenes forma una ‘patrulla’ para cuidar al barrio.⁶³ Los medios locales cuentan que este grupo:

(…) decidió transformar el tiempo de ocio en la calle en una oportunidad para beneficio de la comunidad. Son cuatro muchachos que se organizaron para cuidar a sus vecinos en los horarios que llegan o salen de trabajar, acompañan el ingreso a sus hogares y la espera en las paradas de colectivos (Diario La Capital, 22 de noviembre de 2013).⁶⁴

Desde las 20 hasta las 3 hs. de la mañana, los jóvenes acompañan a los/as vecinos/as del barrio, cuando descienden del colectivo los esperan en la parada y los acompañan hasta la casa, también cuando cierran un negocio o esperan en la cochera para guardar el auto. Hacen lo que ellos mismos enuncian como «hacer presencia», en alerta, con las luces prendidas, con el teléfono en mano para llamar a la policía. Esta iniciativa se solventa con un aporte de dinero que realizan las/os vecinas/os del barrio.

Para culminar este desarrollo de las diversas iniciativas, destacaremos una política municipal que se denomina «Registro de Oposición»,⁶⁵ mediante la que se posibilita la oposición de los/as vecinos/as a la habilitación de determinadas actividades comerciales. El registro es una herramienta de consulta pública creada a partir de la Ordenanza N° 7.218 en 2001 y modificada a posteriori a través del Decreto N° 0068/13, a partir de la cual se:

Regula la instalación y funcionamiento de toda reunión, función, representación o acto social, deportivo o de cualquier género que tenga como objetivo el entretenimiento y que se efectúe en lugares donde el público tenga acceso, como así también en lugares abiertos, públicos o privados, se cobre o no se cobre entrada. Mediante esta norma se establece un procedimiento administrativo para que aquellos/as vecinos/as que habitan en algún inmueble comprendido dentro del radio de cincuenta (50) metros lineales a ambos lados, frente y contrafrente de los deslindes parcelarios al local puedan expresar por escrito su oposición al otorgamiento del permiso municipal para el funcionamiento (Página web Municipalidad de Rosario).

Si la sumatoria de oposiciones efectuadas por los/as vecinos/as alcanza los porcentajes que, según la actividad a habilitar, se fijan en la ordenanza, se denegará la solicitud de permiso de habilitación y la actividad no podrá desarrollarse.

Esta iniciativa no se trata necesariamente de una que tenga como objeto principal prevenir el delito urbano menor, sino más bien apunta a disminuir, lo que el sentido común suele entender como «desorden urbano», traducido específicamente en ruidos molestos, ingesta de alcohol en la vía pública, concentración de jóvenes en las veredas hasta altas horas de la noche, entre otras ligadas al entretenimiento. Estos sucesos suelen ser tematizados y relacionados, con lo que se entiende como espacios inseguros o acontecimientos ligados a la (in)seguridad.

Estas conductas deben ser reducidas al máximo y las iniciativas, como el «Registro de Oposición», intentan abonar en ese sentido. Por otro lado, a través de la advertencia o el aviso vía la publicación en la página web del gobierno municipal sobre la instalación o la realización de actividades antedichas en determinado barrio de la ciudad, se obliga a los/as vecinos/as de esas cuadras a estar alertas para oponer resistencia a dicha instalación; si no lo hacen en el marco de un período temporal estipulado, no tendrán mayor injerencia para quejarse luego.

La apelación a la vecindad como operatoria llevada adelante vía el Registro de Oposición mantiene una relación estrecha con la manera en que se produce comunidad. Varios/as autores/as, entre ellos De Marinis (2004) y Valverde y Levi (2006), destacan una notable reconfiguración de las relaciones de responsabilidad entre el Estado y la comunidad en la «producción de seguridad». El rol del Estado no se centraría tanto en proteger, sino más bien en dar información acerca de la ubicación de delincuentes, del riesgo que presentan, o de los pasos que deben tomarse para defender la propia comunidad. El gobierno estatal ya no es el único responsable de mantener la seguridad pública, se responsabiliza a los/as ciudadanos/as para evitar el delito en sus propios barrios, ya que ahora son consumidores de información sobre cómo prevenirlo.

A modo de cierre

Como se ha podido advertir, la gestión socialista, comienza a producir desde mediados de la década de 1990, en términos graduales pero continuos, una significativa transformación, promulgando acciones de modernización del municipio y de reposicionamiento estratégico de la ciudad en el panorama nacional e internacional. Como parte de esas acciones de transformación y debido a los sucesivos cambios de época a nivel gubernamental en la escala nacional, los municipios son obligados a asumir nuevas responsabilidades, empujados por el proceso de descentralización y por la mirada estratégica que comienza a adquirir la cercanía de la escala local para efectivizar la retroalimentación política y aceitar un modo de gestión público-privada que permitiera legitimar las acciones emprendidas por el gobierno estatal.

Desde nuestro trabajo, hemos podido observar que la prevención del delito como un dispositivo, ha creado el entramado de una urdimbre de intervención en el marco del gobierno local de la seguridad, que fue creciendo y ganando espacio a partir de los primeros años del nuevo milenio. En diciembre de 2000, comienza a implementarse el Proyecto Comunidades Justas y Seguras en el Barrio La Tablada a través de una iniciativa de extensión de la Universidad Nacional de Rosario en coordinación con ámbitos del mismo rango de Canadá. Este es un potente antecedente del modo en que van tomando cuerpo otras maneras de comprender la problemática en torno a la (in)seguridad, instalando el barrio como un escenario posible de intervención para la resolución de conflictos. Reconocemos en esta intervención un impulso interesante en términos de mapear acontecimientos que, provenientes de diversos espacios de gobierno (en este caso del ámbito universitario) consolidan la instalación de la temática y la torna un terreno de discusión, de problematización y de inminente tratamiento por los órganos estatales.

En 2003, finalmente coagula en términos institucionales aquello que venía tomando cuerpo desde otros dominios. En ese año se crea, a partir del gobierno de Miguel Lifschitz, el Programa municipal de Seguridad Urbana, abriendo así, una serie de medidas y de creaciones institucionales estatales que permitirían reconocer la importancia del fenómeno delictivo, la asunción de este por parte del gobierno local y la necesidad de articular medidas preventivas. A raíz de la reconstrucción genealógica hecha aquí, notamos que la vinculación entre prevención del delito y gobierno local irá potenciándose proporcionalmente durante toda la década del 2000 y durante los años siguientes, como un ejercicio del poder que apuesta a revalorizar la localía y la ciudad en tanto niveles efectivos y estratégicos de despliegue de la razón neoliberal de gobierno.

Lo local es un nivel propicio para regular el modo de gobernar y construir los problemas en los que se decide intervenir. Como hemos advertido, el llamamiento de las autoridades políticas a los/as ciudadanos/as a ser parte del gobierno y a «hacerse cargo» como sociedad de las acciones de prevención del delito, no implica necesariamente un gobierno estatal mínimo. Implica que esa modulación de la conducta, llevada a la responsabilización individual por el propio destino, es estimulada por el gobierno local como una estrategia pedagógica de «vivir juntos/as». Se enmarca, a su vez, en la lógica del neoprudencialismo (O´Malley, 2006; Sepúlveda Galeas, 2011) en la medida en que se pretende que cada sujeto se autogestione y autoprovea su propia seguridad y que la previsión y la precaución sean el común denominador de sus conductas cotidianas, que se conviertan en gestos irrenunciables, a partir de los cuales llevar adelante la vida y sus avatares.

En otras palabras, la insistencia en una pedagogía de la autorresponsabilización y de la prevención frente a los delitos urbanos, encuentra en el vértice del impulso pedagogizador al gobierno local. Si el anhelo social se constituye en quedar al resguardo de los delitos y en evitar ser víctimas, entonces se deberá trabajar para ello: individual y colectivamente; pero también, estatalmente, a través de la gubernamentalidad de la seguridad. En definitiva, la pedagogía política sobre cómo autocuidarnos es un canal de vehiculización sobre cómo autogobernarnos.

La prevención situacional ambiental asumida y desplegada por la gestión local en su arista de mejora de situaciones urbanas para evitar o dificultar la comisión de actos delictivos, ha funcionado como argumento desbloqueador para la instalación de alarmas comunitarias brindadas por el propio Estado, para la adquisición de cámaras de videovigilancia y para impulsar el plan de alumbrado público a gran escala en términos de cantidad de luminarias y de monto invertido. Esto nos indicaría que el control que se va instalando a partir de estos dispositivos tecnológicos se trata de un control solicitado.

Por su parte, se han estudiado las iniciativas de prevención del delito llevadas adelante por los/as ciudadanos/as, ellas indican ciertos efectos que nos han resultado llamativos. Si bien es cierto que hemos tomado para el análisis una multiplicidad heterogénea de experiencias, la variable en común que estas comparten reside en que la iniciativa ha provenido de la organización de individuos o colectivos, institucionalizados (en Facultades, en Organizaciones no Gubernamentales, en Organismos Internacionales) o no institucionalizados; pero que han decidido tomar en sus manos y llevar a cabo acciones para prevenirse del delito, otorgar ciertos parámetros de seguridad a sus vidas y adoptar medidas para autocuidarse en consecuencia.

La gestión público – privada es la estrategia que emerge con claridad para gobernar, el incentivo para que se cumpla es la participación. Un rol muy importante que asume el gobierno estatal local es alentar la participación privada, en sus diversas formas: apelando a la participación vecinal-barrial, a la empresarial, a la académica vía los proyectos de extensión universitaria, a organizaciones no gubernamentales, a los organismos internacionales, entre otros. Ese modo de gestionar público-privado se sirve de una necesidad de los/as ciudadanos/as, emergida principalmente en los últimos años, de adquirir cierto protagonismo en las acciones emprendidas, de exponerlas y comunicarlas. Desde las esferas gubernamentales del Estado, se incita a tomar por mano propia las tareas de salvaguardarnos de ser víctimas del delito urbano menor. En Nuestramérica, el Estado es la locomotora de implantación neoliberal convertido en un ethos (Laval y Dardot, 2013), traducido en prácticas concretas. Esto nos indica que el Estado sigue teniendo un rol preponderante, como lo ha tenido históricamente en el continente.

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Fuentes

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ORDENANZA N° 9.083 Autorización para la utilización de las columnas de alumbrado público. Recuperada de: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/normativa_ 92897%20(2).pdf

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Notas