El libro es una invitación a reflexionar de manera crítica acerca de las prácticas, discursos y lógicas contenidas en lo que el autor denomina «el giro preventivo», haciendo referencia a la expansión de la prevención en las sociedades contemporáneas. La tesis central del texto es que la prevención, anunciada como condición de la seguridad, está compuesta de sutiles formas de control que inciden en los modos de vincularnos, volviéndonos más temerosos, desconfiados y violentos, erosionando así la posibilidad de construir abordajes de la conflictividad social desde una discusión democratizada y democratizadora. A su vez, en línea con el paradigma punitivista, la prevención habilita —y, de hecho, requiere— castigos ejercidos de manera anticipada, antes de que un delito efectivamente suceda y omitiendo la intervención del sistema de justicia.

El argumento que se teje a lo largo del libro retoma algunas de las hipótesis que Esteban Rodríguez Alzueta ha trabajado en sus últimos textos. Especialmente en lo que refiere a la interpelación a la ciudadanía a participar activamente en la implementación de políticas de seguridad que, como lo señala el autor, basan su accionar en la estigmatización y tienen como objeto la segregación de los sectores populares. El resultado: vecinos atrincherados en constante estado de alerta, multiplicación de las conflictividades sociales, mayor margen de acción para la actuación discrecional de las fuerzas de seguridad, aumento del hostigamiento y la prisión preventiva. En este sentido, se trata de un texto que nos interpela: ¿en qué medida nuestras prácticas cotidianas refuerzan el paradigma de la prevención?

El libro está compuesto de seis capítulos que abordan la prevención desde distintas dimensiones: las tecnologías para la prevención; las mentalidades y los cuerpos prevenidos; la prevención vecinal; y, por último, la prevención policial.

En un primer momento, el argumento se construye a partir de un análisis crítico sobre el modo en que la jerga securitaria se ha impuesto como un lenguaje universal y, consigo, las realidades que esbozan. Retomando el análisis que Tamar Pitch (2009) hace en su texto «La sociedad de la prevención», el autor señala que la prevención victimiza, en tanto se centra en la construcción de potenciales víctimas de la inseguridad. Agentes estatales, medios de comunicación y vecinos evocan la prevención a la hora de convocar a la comunidad a la prudencia individual y la autorresponsabilidad; y en ese desplazamiento —del delito consumado al delito potencial—, argumenta Rodríguez Alzueta, redefinen aquello que entendemos como seguridad.

Junto con esta gramática de la prevención securitaria, se ofrecen y exhiben como símbolo de estatus una serie de tecnologías que protegen y, a la vez, presagian. Puertas blindadas, luces con sensores de movimiento, alarmas monitoreadas, videovigilancia, botones antipánico, seguridad privada e, incluso, armas de fuego. Auto-segregación en zonas periféricas y, luego, auto-encierro en casas que emulan fortalezas. Los individuos son llamados a invertir en su seguridad, organizarse y anticiparse a los hechos, es decir, a actuar preventivamente.

La prudencia encuentra sus bases fundamentales en el miedo experimentado individualmente, construido socialmente y compartido culturalmente (Reguillo 2003, en Rodríguez Alzueta 2021). Al momento de reflexionar en torno a este fenómeno, el autor señala no sólo las conflictividades sociales vinculadas con el delito sino también el rol de los medios de comunicación concentrados y las prácticas y discursos de las agencias estatales. A su vez, menciona como un elemento central, que es al mismo tiempo causa y consecuencia del miedo: la fragmentación del lazo social. ¿En qué sentido las prácticas policiales abonan a este proceso?

En el desarrollo del capítulo que aborda la prevención policial Rodríguez Alzueta analiza críticamente las prácticas policiales y el modo en que las políticas de «Tolerancia Cero» han redefinido el rol de las policías al redefinir su objeto de atención. Un primer elemento constitutivo de esta redefinición es que la policía actuará de forma preventiva, en tanto —y en línea con lo ya mencionado— el objeto de la prevención no es el delito en sí mismo, sino aquellos comportamientos donde se supone que se estaría «cocinando» el delito. Un ejemplo de este argumento es la figura del merodeo, una práctica tipificada de ese modo en los códigos de convivencia urbana que es leída como la antesala de lo que luego, si no se actúa preventivamente, será un delito. Frente a estas prácticas consideradas sospechosas, el Estado a través de sus policías, debe actuar preventivamente. El autor advierte que este modo de actuar abre un margen a los castigos ejercidos de manera anticipada y tramitados extra-judicialmente. En este sentido, la prevención se convierte en una forma de sortear la justicia y ejercer un castigo de facto.

Un segundo elemento constitutivo de esta redefinición, que es trabajado a lo largo de todo el libro, es que la prevención policial requiere de ciudadanos que actúen preventivamente; en el ejemplo anterior, que adviertan a la policía sobre la presencia sospechosa de una persona merodeando el barrio. Luego de presentar una serie de recomendaciones que circuló a través de un folleto la Comisaría 9 de La Plata —señalada como aquella que desapareció a Miguel Bru en 1993—, el autor define la prevención como: desconfiar, vigilar y delatar. Estas recomendaciones no distan de los consejos que circulan en los medios concentrados de comunicación. Es en este sentido que Rodríguez Alzueta refiere a una triple alianza: policías, periodistas y vecinos, haciendo un trabajo mancomunado que tiene como efecto la promoción de la desconfianza, la vigilancia y la delación.

Dijimos entonces que las políticas de «Tolerancia Cero» han redefinido el rol de las policías al redefinir su objeto de atención: por un lado, en tanto el objeto de la prevención policial son las incivilidades que orbitan el delito y, en un segundo lugar, señala el autor, en tanto el objeto de la prevención policial no son acciones individuales, sino aquellas que se enmarcan en grupos sociales. Este elemento resulta central para comprender las bases sobre las que se asienta la política de prevención policial, íntimamente vinculada a los imaginarios y procesos de clasificación social que resultan constitutivos de una sociedad estructurada por la desigualdad. Las prácticas de las instituciones de seguridad, imbuidas por ciertas moralidades, se encuentran orientadas por ciertos estándares, perspectivas y juicios. De aquí que Rodríguez Alzueta señale que el control que realizan las policías, con la ayuda de los vecinos, tiene como punto de partida la identificación de las categorías sociales productoras de riesgo, para luego, «contenerlas».

¿De qué modo operan las fuerzas de seguridad informadas por el paradigma de la prevención? En palabras del autor: «El prudencialismo no gobierna las interacciones, sino que las obstaculiza» (Rodríguez Alzueta, 2021:164). Las tareas de prevención que se espera que realicen las policías, son leídas por Rodríguez Alzueta como la certificación de un estado de sitio que rige para determinados sectores de la población: se segregan y compartimentan a los grupos leídos como «productores de riesgo» y se implantan zonas urbanas con accesibilidad diferenciada. Estas prácticas tienen como resultado la polarización de la sociedad y la fragmentación de la ciudad.

Ahora bien, estas marcaciones (de clase, género, sexualidad, edad, origen migratorio, entre otras) consideradas «como predictivas de comportamientos», no implican una lectura más profunda y compleja sobre el fenómeno. Resulta interesante hacer hincapié en que la prevención no aborda la conexión entre la criminalidad y la estructura social desigual. Con la crisis del Estado de Bienestar —el cual se erigía como garante de la ciudadanía y donde el sujeto se constituía como tal en torno, sobre todo, a su condición laboral— cada cual es proclamado como responsable de su propia suerte. Los rasgos propios del neoliberalismo —achicamiento del Estado, flexibilización laboral y privatización de los derechos sociales—, serán presentados en clave de libertad del individuo. Un modelo de individuo que se erige sobre la ficción del sujeto liberal moderno: un sujeto autónomo, racional y con capacidad de evaluar y decidir los mejores cursos de acción. Entonces, cada cual será libre de esculpir su propio porvenir, pero despojados de cualquier sostén estatal. Mientras tanto, seguirá siendo potestad del Estado la punición de las violaciones a la regla.

Hasta acá, y retomando algunos de los puntos que ya señalamos, para que la Tolerancia Cero funcione se necesitan fundamentalmente tres elementos: a) facultades discrecionales, para detener preventivamente, cachear, chequear identidades y, eventualmente, demorar en comisaría, antes de que el delito tenga lugar y sin orden judicial; b) el compromiso de la sociedad, en tanto son los vecinos alerta los que deben mapearle a la Policía los movimientos de aquellos colectivos que son leídos como peligrosos, certificando así sus prejuicios y legitimando valores morales; y c) la sanción de códigos de convivencia, una «micropenalidad» que otorga la habilitación formal especial que requieren las policías para llevar a cabo castigos anticipados. Esta “legislación menor” resulta en un instrumento de criminalización social al criminalizar la pobreza, las derivas de los jóvenes de barrios pobres y la protesta social. Estas estrategias de prevención al reproducir la brecha social, generan una brecha securitaria. Vamos a encontrar, por un lado, zonas sobreaseguradas y, por el otro, desidia policial en barrios populares, en donde la seguridad preventiva se presenta como saturación policial.

La prevención punitiva, en definitiva, es señalada por el autor como el punto de encuentro entre el «punitivismo de abajo», haciendo referencia al mencionado accionar de les vecines, y el «punitivismo de arriba», que puede ser leído como expresión de la demagogia punitiva y de la falta de planificación en materia de políticas públicas. Es central no perder de vista su dimensión productiva, ya que el prudencialismo crea subjetividades y construye formas de sociabilizar. En este sentido, el autor hace hincapié en que estas tendencias punitivas «están vaciando a la política de política»: las formas de control descriptas socavan los puntos de apoyo de las democracias, en tanto no crean mejores condiciones para abordar conflictos complejos y clausuran espacios para debatir cómo queremos vivir. Por el contrario, sus efectos son la polarización de la sociedad y la fragmentación de la ciudad.

¿De qué modo desmontar el fetichismo de la prevención y, en definitiva, el fetichismo del punitivismo? El libro resulta una lectura sugestiva a la hora de construir contra-argumentos a los abordajes de la conflictividad social en tanto disputas entre individuos, unos víctimas y otros victimarios, y en la búsqueda de re-situar el foco de atención en las tramas relacionales y las estructuras de desigualdad.