1. Introducción

En el último tiempo se ha propuesto una reconsideración epistemológica en los estudios penales y criminológicos ante la incorporación de nuevas orientaciones relacionadas al estudio de los crímenes de Estado, de los mercados y los daños sociales a gran escala (entre otros, Böhm, 2018, 2019; Ferrajoli, 2014a; Jiménez, 2016; Morrison, 2012; Pegoraro, 2002, 2003, 2011; Rivera Beiras, 2014, 2016; Ruggiero, 2005; Zaffaroni, 2007a, 2007b, 2012a, 2012b)

Luigi Ferrajoli (2001, 2011, 2012, 2014a, 2014b) centra su atención en la manifestación tendencialmente «salvaje» de los poderes privados. Sostiene que ante la falta de regulación jurídica, las relaciones privadas en la sociedad civil y el mercado se manifiestan bajo la forma de poderes y sujeciones extra jurídicas y tendencialmente salvajes. Tal como se profundizará en este artículo, la noción salvaje de las relaciones de poder encuentra lugar «porque se desarrollan dentro de roles e instituciones jurídicas abandonadas a dinámicas sustancialmente libres e incontroladas; o porque se desarrollan fuera de cualquier rol o institución jurídica y bajo formas puramente extra legales o ilegales» (Ferrajoli 2001:106-107).

En esta línea, el objetivo del presente artículo consiste en analizar, a partir de las categorías de daño social y violencia, las perspectivas teóricas sobre el poder privado y la racionalidad política que ofrecen las obras de Foucault (1988, 1990, 1999, 2007b) y Ferrajoli (2001, 2011, 2012, 2014a, 2014b).

En función de ello, se delinearán algunas de las características del neoliberalismo, en tanto racionalidad política constituida actualmente en forma global y hegemónica (Brown, 2016), y se indagarán aspectos de la invasión estadounidense a Irak en 2003 como ejemplo del ejercicio de poder privado.

Esta revisión teórica servirá para problematizar y reflexionar acerca de cómo hacer frente al ejercicio de poder privado en la racionalidad neoliberal.

Ello coadyuvará a repensar la constitución de la criminología como disciplina de crítica y «resistencia» frente al ejercicio de poder.

2. Una historia criminal

Desde la transición al capitalismo pueden apreciarse una gran cantidad de procesos de considerables consecuencias dañosas que involucraron actores e intereses privados. Como lo expone Silvia Federici (2014):

Marx escribió que el capital emergió sobre la faz de la tierra «chorreando sangre y mugre de los pies a la cabeza» y, en efecto, cuando vemos el comienzo del desarrollo capitalista tenemos la impresión de estar en un inmenso campo de concentración. En el «Nuevo Mundo» encontramos el sometimiento de las poblaciones aborígenes a través de los regímenes de la mita y el cuatequil: multitud de personas dieron su vida para sacar la plata y el mercurio de las minas de Huancavelica y Potosí. En Europa Oriental se desarrolló una «segunda servidumbre», que ató a la tierra a una población de productores agrícolas que nunca antes habían sido siervos. En Europa Occidental se dieron los cercamientos, la caza de brujas, las marcas a fuego, los azotes y el encarcelamiento de vagabundos y mendigos en workhouses y casas correccionales recién construidas, modelos para el futuro sistema carcelario, mientras que en los mares, los barcos transportaban ya «sirvientes contratados» y convictos de Europa a América (Silvia Federici, 2014:91).

Estos procesos denotan una interrelación entre el accionar del capital privado y los Estados. Muchos se realizaron a instancias de una lógica en que el interés público confluye con el privado. Según el caso, la actuación es llevada a cabo por actores privados o públicos.

Como lo revelan Steve Tombs y David Whyte (2016:70-71) la violencia corporativa ha actuado históricamente en nombre de los Estados. Citan el ejemplo de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que en su calidad de agente colonial del Estado británico desde el siglo XVII hasta mitad del XIX protagonizó guerras y practicó el exterminio y la tortura de poblaciones locales en Asia con el fin de abrir rutas comerciales y asegurar el acceso a las materias primas.

La participación activa del capital privado en las violentas e imperialistas prácticas de explotación comercial se extendió también a otros continentes (Morrison, 2012). Ya en 1899 obras como El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad (2007) denunciaban los crímenes cometidos en el Congo por corporaciones actuando en nombre del Estado belga. Escasos años después se publicaban los informes elaborados por el diplomático británico Roger Casement¹ acerca de violaciones a los derechos humanos en el Congo como en Sudamérica llevadas adelante por entes privados en nombre de diversos Estados. Para el caso latinoamericano, obras como Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano (2003) denunciaron desde principios de la década de 1970 las diferentes formas de explotación colonial y criminal que asolaron el territorio.

Como lo expone Zaffaroni, el colonialismo implicó el secuestro institucionalizado de millones de personas, al punto de convertir al menos a América y África en «instituciones totales, con inmensos campos de concentración y exterminio» (2005, p. 31). El mismo autor destaca que las épocas siguientes se caracterizaron por un neocolonialismo, al que califica como «una suerte de campo de trabajo de millones de humanos» (2005:33). Ello, en referencia a la indiscriminada y desmedida explotación de trabajadores a raíz del capitalismo salvaje en la revolución industrial, tanto en las fábricas de las ciudades como en los campos de los latifundistas (Zaffaroni, 2005b:182-183).

Si se atiende al siglo XX pueden observarse, del mismo modo, numerosos actos y procesos de importantes consecuencias lesivas protagonizados por capitales y agentes privados. Tombs y Whyte afirman que «La historia de la corporación a lo largo del siglo XX es la historia de la colaboración y el apoyo de las más famosas corporaciones con los estados más brutales y violentos y de su participación en los más viles crímenes de guerra» (2016:71).

Los autores señalan que la consolidación y desarrollo de los regímenes fascistas en Alemania e Italia en el siglo XX fue posible gracias al apoyo e inversión proporcionada por el capital internacional de la mayoría de los países industrializados. Entre otros casos, citan que la empresa ITT financió en la década de 1970 operaciones encubiertas de la CIA que buscaban el derrocamiento del presidente de Chile, Salvador Allende; que al menos 207 corporaciones de 21 países occidentales vendieron a Iraq en la segunda mitad del siglo XX químicos y componentes de misiles para la fabricación de gas venenoso ilegal y gas nervioso para la guerra; y que los regímenes racistas de Sudáfrica y Rhodesia se mantuvieron gracias a los capitales privados estadounidense y europeo, que evadían ilegalmente el embargo vigente (Tombs y Whyte, 2016:72-76).

Las formas de criminalidad por parte de agentes privados, en muchas ocasiones en interrelación con el Estado, han sido estudiadas desde perspectivas tales como el crimen de cuello blanco (Sutherland, 1999), el crimen estatal corporativo (entre otros, Kramer, Michalowski y Kauzlarich, 2002; Tombs y Whyte, 2009), el crimen de empresas transnacionales (entre otros, Böhm 2017; Barak 2017), el crimen de los poderosos (Ruggiero, 2005; Barak, 2015), el delito económico organizado (Pegoraro, 2002, 2003, 2011), los delitos de los Estados y los mercados (Rivera Beiras, 2014), crímenes de la globalización (Friedrichs y Rothe, 2015), crímenes medio ambientales (Ruggiero y South, 2013; South y Brisman, 2013; Lynch, 2020) o bien crímenes del mal desarrollo (Böhm, 2018, 2019).

3. Daño social y violencia

Los eventos y procesos mencionados en el apartado anterior han generado enormes consecuencias lesivas para gran número de personas y pueden ser analizados mediante el enfoque del daño social (Hillyard y Tombs, 2013).

Esta perspectiva abarca los daños que son perjudiciales para el bienestar de las personas durante el transcurso de toda su vida. Se extiende a personas en concreto como también a comunidades comprensivas de grupos de individuos de cualquier colectividad que son física o financieramente perjudicados por cualquier medio. Incluye daños físicos, financieros y económicos, emocionales y psicológicos, y vinculados a la seguridad cultural. Esta última se refiere a nociones de autonomía, desarrollo, crecimiento, de acceso a los recursos culturales, intelectuales y de información (Hillyard y Tombs, 2013:184).

Tal como lo resaltan los autores, uno de los aspectos más relevantes de esta propuesta radica en que gran parte de las consecuencias que pueden ser atendidas bajo la categoría de daño social no se encuentran previstas legalmente como resultado de actos criminales o ilegales. De este modo, la inexistencia de previsión legal no impide atender a los daños que actores, principalmente Estados y entes privados o supranacionales, provocan sobre las personas y comunidades (Hillyard y Tombs, 2013).

A su vez, el ejercicio de la violencia que produce los daños en cuestión puede ser estudiada a partir de los desarrollos de Johan Galtung (1969). El autor precisa que la violencia tiene lugar cuando los seres humanos son influenciados de modo que sus actuales realizaciones somáticas y mentales reales están por debajo de sus realizaciones potenciales. Destaca la diferencia entre lo potencial y lo actual, es decir entre lo que puede o pudo ser y lo que realmente es. Violencia es aquello que incrementa esa distancia, y que al mismo tiempo impide que se reduzca. En otras palabras, la violencia se encuentra presente frente a consecuencias dañinas evitables (1969:168-169).

Galtung caracteriza diversos tipos de violencia. Por un lado, distingue entre violencia personal o estructural. La primera se aplica en forma física o directa en contra de personas determinadas, y muchas veces es ejecutada también por individuos en concreto. La segunda dimensión comprende una forma de violencia integrada en la estructura y se muestra como un poder desigual, y en desigualdad de oportunidades para la vida. En la violencia estructural, para la que también asocia el término «injusticia social», los recursos no sólo están desigualmente distribuidos, sino que la facultad de decidir sobre esa distribución también lo está (Galtung, 1969:170-171). Es silenciosa, esencialmente estática, con tendencia a no mostrarse y detentora de cierta estabilidad.

La violencia de carácter personal, por el contrario, es mucho más visible y con fluctuaciones a lo largo del tiempo (Galtung, 1969:173). Podría decirse que al encontrarse la violencia estructural inscripta en lo cotidiano suele ser desatendida su presencia; a diferencia de lo que ocurre con la directa, que tiende a sorprender o llamar la atención con su expresión manifiesta.

La violencia estructural conlleva una desigual distribución de los recursos, lo que se traduce entre otras formas en ingresos económicos insuficientes para parte de la población, altos niveles de analfabetismo, servicios de salud existentes en sólo algunos distritos y para sólo una determinada parte de la sociedad. Esto se encuentra vinculado a la desigual posibilidad de decidir acerca de la distribución de esos recursos, dado que los sectores de la población que padecen aquellas circunstancias suelen encontrarse atados a determinada posición desventajosa en la estructura social (Galtung, 1969:71).

Este tipo de violencia tiene su correlato en el concepto de violencia cultural. Consiste en la utilización de algunos aspectos de la cultura para justificar o legitimar la violencia directa o estructural (Galtung, 2003:7). Hace que esos dos tipos de violencia aparezcan y se perciban cargados de razón y legitimidad (Galtung, 2003:8). La violencia en contra de la naturaleza puede resultar ejemplo de cómo el discurso del «crecimiento económico sostenible» puede acabar siendo una forma más de violencia cultural (Galtung, 2003:11).

A pesar de lo desarrollado, como se verá a continuación, no toda manifestación de violencia equivale a un ejercicio de poder. Se explicará la posibilidad de producir violencia sin un ejercicio de poder.

4. Ejercicio y racionalización del poder

Como sostiene Foucault (1988:14-16) el ejercicio de poder no descansa sobre la violencia entendida como violencia física o represión. La violencia puede operar en todo caso como instrumento de poder o en sus resultados, pero no constituye el principio o la naturaleza básica del poder (Foucault, 1988:15).

El autor afirma:

lo que define una relación de poder es que es un modo de acción que no actúa de manera directa e inmediata sobre los otros, sino que actúa sobre sus acciones: una acción sobre la acción, sobre acciones eventuales o actuales, presentes o futuras (Foucault, 1988:14).

Por el contrario, sugiere que «Una relación de violencia actúa sobre un cuerpo o sobre cosas: fuerza, somete, quiebra, destruye: cierra la puerta a toda posibilidad» (Foucault, 1988:14). Desde esta óptica, resulta concebible la manifestación de violencia sin un ejercicio de poder específico. Foucault ejemplifica ello exponiendo que «la esclavitud no es una relación de poder cuando el hombre está encadenado» (Foucault, 1988:16).

En efecto, la relación de poder actúa sobre la conducta y acciones de las personas, «consiste en “conducir conductas” y en arreglar las probabilidades» (Foucault, 1988:15). Además, «[s]e inscribe en el comportamiento de los sujetos actuantes: incita, induce, seduce, facilita o dificulta; amplía o limita, vuelve más o menos probable; de manera extrema, constriñe o prohíbe de modo absoluto» (Foucault, 1988:15).

A partir de ello, puede entenderse que la violencia representa un mero instrumento o resultado de poderes que se desenvuelven bajo diferentes racionalidades.

La idea de racionalidad política permite a Foucault entender cómo se puede gobernar de modo intenso e indirecto sociedades y poblaciones. Señala Wendy Brown que constituye «la condición de posibilidad y legitimidad de sus instrumentos, el campo de razón normativa a partir del cual se forja el gobierno» (2016:154). Empero, la idea de racionalidad política excede la mera práctica de gobierno del Estado. En efecto, la racionalidad política «no se origina ni emana del Estado, aunque circula a través de él, lo organiza y condiciona sus acciones» (Brown, 2016:156). Apunta en realidad a la «forma o sistema de pensamiento sobre la naturaleza de la práctica de gobierno (quién puede gobernar, qué es gobernar, qué o quién es gobernado)» (Gordon, 2015:3). Como enseña Brown (2016), «[p]ara Foucault, las racionalidades políticas son órdenes de razón normativa que cambian el mundo, son hegemónicos y generan sujetos, mercados, Estados, leyes, jurisprudencia y sus relaciones» (Brown, 2016:160-161). Posibilita a Foucault «capturar las condiciones, la legitimidad y la diseminación de un régimen particular de conocimiento-poder que se centra en verdades que lo organizan y en el mundo que crea» (Brown, 2016:154).

Por consiguiente, desde la perspectiva de Foucault (1988, 1990, 1999) las relaciones de poder privado también pueden y deben estudiarse en el marco de la racionalidad bajo la cual se ejercen. El problema radica en entender cómo se racionalizan (Foucault, 1990:139).

5. Racionalidad neoliberal

La «“[r]acionalidad política” o “racionalidad rectora” son términos que Foucault utilizó para comprender, entre otras cosas, la manera en que el neoliberalismo llega a gobernar como una forma normativa de razón» (Brown, 2016:153). La autora explica:

En oposición a un entendimiento del neoliberalismo como un conjunto de políticas estatales, una fase del capitalismo o una ideología que libera al mercado con el fin de restaurar la rentabilidad para la clase capitalista, me uno a Michel Foucault y a otros en una concepción del neoliberalismo como un orden de razón normativa que, cuando está en auge, toma la forma de una racionalidad rectora que extiende una formulación específica de valores, prácticas y mediciones de la economía a cada dimensión de la vida humana (Brown 2016:34-35).

No se pretende en este artículo formular una conceptualización acabada del neoliberalismo. Pero sí se delinearán brevemente algunas características a partir de las cuales aproximarse a una comprensión de este tipo específico de racionalidad. Esta tarea puede realizarse asimismo a partir del pensamiento del propio Foucault (2007b).

En efecto, la obra mencionada precedentemente consiste en el curso que el autor impartió en 1978-1979 en el Collège de France. Allí aborda algunos aspectos de la racionalidad neoliberal. Si bien lo estudia principalmente a partir de determinados desarrollos realizados en Alemania desde el segundo cuarto del siglo XX, ello le permitirá detectar aspectos específicos que consideraba que ya le eran contemporáneos a la fecha en que dicta el curso (2007b:155 y 179). Afirma en particular que esa racionalidad neoliberal ya podía observarse en la «programación de la mayoría de los gobiernos en los países capitalistas» (2007b:187). Tal es así que en ese curso también aborda aspectos de la difusión del neoliberalismo en Francia y los Estados Unidos. Por lo tanto, si bien estudia el neoliberalismo a partir de contextos concretos, sus observaciones no dejaban de evidenciar un fenómeno que ya percibía contemporáneo y que pronto se expandiría en forma global y hegemónica. De este modo, sus desarrollos teóricos al respecto resultan de utilidad para analizar la consecuente expansión del neoliberalismo. De ahí que aún en la actualidad los planteamientos de Foucault sobre este tema mantengan relevancia. No obstante lo expuesto, ello se complementará y articulará con lo trabajado por otros autores, como Nancy Fraser (2008), Wendy Brown (2016) y Byung-Chul Han (2015).

Foucault sostiene que el neoliberalismo plantea la fundación del Estado a partir de la libertad económica. Al estudiar en particular el caso de Alemania en la mitad del siglo XX, en época de posguerra, Foucault observa que el neoliberalismo importa: «Dado un Estado inexistente, ¿cómo hacerlo existir a partir del espacio no estatal que es el de una libertad económica?» (2007b:109). Explica:

en lugar de aceptar una libertad de mercado definida por el Estado y mantenida de algún modo bajo vigilancia estatal -lo cual era, en cierta forma, la fórmula inicial del liberalismo… es necesario invertir por completo la fórmula y proponerse la libertad de mercado como principio organizador y regulador del Estado, desde el comienzo de su existencia y hasta la última de sus intervenciones. Para decirlo de otra manera, un Estado bajo la vigilancia del mercado más que un mercado bajo la vigilancia del Estado (Foucault, 2007b:149).

Puede observarse así el papel que el mercado desempeña en el neoliberalismo. Pasa a constituir la medida sobre la cual el Estado puede actuar o no.

Según Foucault (2007b) ocurre lo siguiente:

Una reorganización interna que no plantea al Estado el interrogante: ¿qué libertad vas a dar a la economía?, sino que pregunta a la economía: ¿cómo podrá tu libertad tener una función y un papel de estatización, en cuanto esto permita fundar efectivamente la legitimidad de un Estado? (Foucault, 2007b:120).

En esta nueva racionalidad en que impera el mercado, la esencia la pasa a constituir la competencia entre actores en el juego económico. Se trata de una teoría del mercado centrada en la competencia, en una competencia libre y total que supone no un juego entre individuos y comportamientos, sino un juego entre desigualdades (Foucault, 2007b:150-154).

Foucault asocia así desigualdad y neoliberalismo. Introduce esta cualidad como algo inherente de esta nueva racionalidad. La regulación económica se obtiene a través de las diferenciaciones y oscilaciones propias de la competencia. Explica que «es preciso que haya algunos que trabajen y otros que no trabajen, o bien que haya salarios grandes y pequeños, que los precios suban y bajen, para que las regulaciones actúen» (Foucault, 2007b:176). De tal forma, incluso, determinada tasa de desempleo puede resultar funcional a la economía (Foucault, 2007b:168-171).

Este escenario que importa el neoliberalismo necesita de una intervención estatal permanente (Foucault, 2007b:158). Empero, ésta no puede recaer sobre el proceso económico, dado que éste se encuentra regulado por la competencia. La intervención estatal que el neoliberalismo necesita a fin de posibilitar la competencia como regulador natural del mercado apunta a garantizar, por un lado, las condiciones de mercado. Ejemplo de esto lo podrían ser la estabilidad de precios y la política crediticia. Por otra parte, la intervención estatal recae sobre las condiciones de existencia del mercado, es decir sobre la población, las técnicas, el régimen jurídico o bien la distribución de tierras (2007b:171-174). Asimismo, la intervención radica en la disminución o eliminación de la política social. La distribución equitativa en el acceso a los bienes de consumo no es compatible con el proceso económico neoliberal (2007b:176).

Nancy Fraser (2008:223) denomina esto último «desocialización». La regulación social más privatizada y dispersa importa el desmantelamiento de los proyectos de corte keynesiano, lo que conlleva la privatización de los servicios sociales cediéndolos al mercado o devolviéndolos a la familia.

El Estado juega entonces un papel central en la racionalidad neoliberal. Resulta necesaria su presencia y su intervención permanente a fin de posibilitar la existencia y desarrollo del neoliberalismo. Pero, como puede advertirse, cualquier regulación de su parte debe limitarse únicamente a garantizar el funcionamiento del mercado sin interferir en el proceso económico.

La intervención estatal debe garantizar además una desregulación del Estado en favor de los flujos de capitales transnacionales, que reclaman menor burocracia y menor carga impositiva (Fraser, 2008:223). A ello se le suma la presión que ejercen otros actores transnacionales, como lo podrían ser organismos internacionales en materia política y económica, corporaciones multinacionales, agencias de riesgo crediticio o bien Estados centrales. Mediante el estudio de los «crímenes de la globalización» Friedrichs y Rothe (2015) analizan en este sentido el impacto de las medidas y actuación de organismos de financiamiento internacional en la economía. Estudian las consecuencias sumamente perjudiciales de las políticas y prácticas de las instituciones financieras internacionales. Por su parte, Brown expone que en la actualidad pueden presenciarse «las perturbaciones entre lo nacional, lo posnacional y lo global, la importancia de las instituciones transnacionales para la gobernanza y la regulación y la socialización del riesgo que acompaña a la privatización de la ganancia» (Brown, 2016:93). La gobernabilidad excede los marcos del Estado, sobre todo desde que los esquemas de privatización adquirieron nuevas y cada vez más funciones antes estatales (Brown, 2006:78-79).

Se trata en definitiva de un neoliberalismo descentrado del marco meramente estatal. Se produce una «desnacionalización» y una «transnacionalización». Emerge, por lo tanto, un nuevo sistema multiestratificado de gobernabilidad globalizada (Fraser, 2008:222). El Estado nacional no es más que un nivel dentro de una estructura con muchos estratos de gobernabilidad (Fraser, 2008:226).

Ahora bien, uno de los aspectos trascendentes de la racionalidad neoliberal es la necesidad de operar sobre la propia sociedad, que se convierte así en el objeto mismo del arte de gobernar neoliberal. Foucault explica y profundiza este punto:

La sociedad regulada según el mercado en la que piensan los neoliberales es una sociedad en la cual el principio regulador no debe ser tanto el intercambio de mercancía como los mecanismos de la competencia. Estos mecanismos deben tener la mayor superficie y espesor posibles y también ocupar el mayor volumen posible en la sociedad (Foucault, 2007b:182).

La finalidad es la reconstrucción del homo œconomicus, pero un homo œconomicus que en el marco de la sociedad neoliberal encuadre en la consecuente dinámica de la competencia. Foucault acota:

lo que se procura obtener no es una sociedad sometida al efecto mercancía, sino una sociedad sometida a la dinámica competitiva. No una sociedad de supermercado: una sociedad de empresa. El homo œconomicus que se intenta reconstruir no es el hombre del intercambio, no es el hombre consumidor, es el hombre de la empresa y la producción (Foucault, 2007b:182).

Como lo exponen Fraser (2008:222-225) y Han (2015), el neoliberalismo importa autorregulación.² La explotación ajena se transforma en autoexplotación (Han, 2015:18). Pero la reconstrucción del homo œconomicus como empresario, excede al sujeto para expandirse a toda la sociedad:

se trata de generalizar, mediante su mayor difusión y multiplicación posibles, las formas «empresa», que no deben justamente, concentrarse como grandes empresas a escala nacional o internacional o grandes empresas del tipo del Estado. Esta multiplicación de la forma «empresa» dentro del cuerpo social constituye, creo, el objetivo de la política neoliberal (Foucault, 2007b:186).

Esto deriva a su vez en la generalización de una sociedad bajo el modelo de empresa y la forma económica del mercado. Desde esta óptica empresarial pasan a analizarse procesos y relaciones tradicionalmente no económicas, como la maternidad, la alimentación y educación de los niños, el matrimonio, la criminalidad o el funcionamiento de la justicia penal (Foucault, 2007b:275-286).

En definitiva, el análisis económico se constituye en medio para «testear la acción gubernamental, juzgar su validez, permitir objetar en la actividad del poder público sus abusos, sus excesos, sus inutilidades, la prodigalidad de sus gastos» (Foucault, 2007b:284). Es decir, toda actividad o política que se le permite al Estado se encuentra supeditada a los condicionamientos propios de la racionalidad neoliberal.

6. La resistencia frente al ejercicio del poder

La importancia de concebir el ejercicio del poder necesariamente en el marco de determinada racionalidad posibilita apreciar que la resistencia, el rechazo o la rebelión contra una forma de poder no puede limitarse a la denuncia de la violencia o la crítica de un actor o una institución. Es necesario cuestionar la propia racionalidad que subyace (Foucault, 1990:139-140).

Han, al analizar la técnica de poder propia del neoliberalismo, expone que «adquiere una forma sutil, flexible, inteligente, y escapa a toda visibilidad» (2015:28). En línea con el pensamiento de Foucault, explica que «el poder, sin duda, puede exteriorizarse como violencia o represión. Pero no “descansa” en ella» (Han, 2015:28).

El poder «gobierna o actúa como parte de un régimen de verdad que es generador de poder» (Brown, 2016:153). Foucault (1990) profundiza este punto desde el siguiente ejemplo:

La crítica al poder ejercido sobre los enfermos mentales o los locos no puede limitarse a las instituciones psiquiátricas; tampoco pueden satisfacerse con denunciar las prisiones, como instituciones totales, quienes cuestionan el poder de castigar. La cuestión es: ¿cómo se racionalizan semejantes relaciones de poder? Plantearla es la única manera de evitar que otras instituciones, con los mismos objetivos y los mismos efectos, ocupen su lugar. (Foucault, 1990:139-140).

Como lo señala Brown (2016), «la racionalidad política es, por consiguiente, un desarrollo específico de la insistencia continuada de Foucault en que la verdad, el conocimiento y las formas de razón nunca son ajenos a las relaciones de poder» (Brown, 2016:153).

Entender desde dónde se racionaliza el ejercicio del poder abre el camino para identificar y comprender relaciones de poder específicas. Estudiar las manifestaciones salvajes de los poderes privados exige entonces descifrar las características de la racionalidad que lo posibilitan.

Foucault (1990) afirma así, «la liberación no puede venir más que del ataque, no a uno o a otro de estos efectos, sino a las raíces mismas de la racionalidad política» (Foucault, 1990:140). Ponderar la racionalidad se convierte así en «una grilla de análisis para esas relaciones de poder» (Foucault, 2007b:218).

7. Poderes privados salvajes

Tal como se ha visto al inicio de este artículo, Ferrajoli (2001) sostiene que ante la falta de regulación jurídica, las relaciones privadas en la sociedad civil y el mercado se manifiestan bajo la forma de poderes y sujeciones extra jurídicas y tendencialmente salvajes (Ferrajoli, 2001:106-107). Específicamente, el autor propone pensar la noción salvaje de esas relaciones de esta forma:

no sólo en la familia y en los lugares de trabajo, sino también en las mil formas de dependencia que toman vida en todos los aparatos burocráticos y en las diversas sujeciones y opresiones económicas que se desarrollan en las relaciones de mercado (Ferrajoli, 2001:106-107).

Asimismo, profundiza la explicación de la noción salvaje de los efectos de las relaciones del poder privado exponiendo:

existe un nexo biunívoco entre poderes, jurídicos o no, y desigualdades, formales o sustanciales. El poder tiene de hecho el específico efecto de producir desigualdad, disparidad, serialización, disciplina, relaciones de sujeción; y la desigualdad consiste en relaciones asimétricas de poder-deber y en el sentimiento de desigualdad de las identidades propias y de otras que las acompañan (Ferrajoli, 2001:107).

A partir de ello, puede reconocerse que los poderes privados en la racionalidad neoliberal no se manifiestan ejerciendo violencia física o represiva directamente sobre las personas, sino actuando sobre sus condiciones de vida y conducta. El neoliberalismo precisa entonces de una activa actuación del Estado, para que en todo caso sea éste quien genere las condiciones o en su caso también ejerza violencia directa. Así, ya no se trata de que corporaciones privadas actúen como agentes coloniales de Estados imperialistas, sino que son los Estados quienes ahora actúan en favor de los poderes privados.

Con el objeto de ilustrar ello, puede recurrirse como ejemplo a la invasión estadounidense en Irak en el año 2003. La razón de citar dicho caso encuentra fundamento en el hecho de que fue analizado justamente por autores cuyas obras forman parte de la bibliografía principal de este artículo, como ser Brown (2016), Ruggiero (2018) y, sobre el tema específico, Whyte (2007a, 2007b).

Dicha operación bélica fue promovida por los principales actores del sector petrolero en los Estados Unidos y Gran Bretaña, que posteriormente protagonizarían incluso la toma de los campos de petróleo (Whyte, 2007a). Además, la ocupación militar se convertiría en el medio por el cual se permitió la intervención de corporaciones occidentales que explotarían la economía de posguerra (Whyte, 2007b). En efecto, la acción militar implicó desde un principio la decisión por destruir el sistema de infraestructura civil y de salud pública, con el objeto de encomendar luego su reconstrucción a empresas multinacionales. La concesión de contratos y licitaciones por estas obras se encontró marcada por graves hechos de corrupción. Asimismo, el presupuesto de todo ello no sólo fue exigido mayormente al propio país ocupado, sino que además fue en buena parte sustraído y nunca utilizado en las obras previstas (Ruggiero, 2018:173-191). Además de todo lo expuesto, el poder político que ejerció el gobierno del país en la ocupación dispuso una gran cantidad de medidas que claramente excedían los alcances de una administración provisoria, regulando así diversos ámbitos en favor de corporaciones transnacionales (Brown, 2016).

Los actores privados, en el caso de Irak, no representaron un instrumento. Se desenvolvieron verdaderamente como poder. Utilizando la estructura pública como instrumento bélico y político, penetraron y ejercieron en el Estado iraquí relaciones de poder racionalizadas bajo el neoliberalismo, que provocaron numerosos y desmedidos efectos salvajes. La intervención estatal generó las condiciones legales y estructurales para que se desarrolle el ejercicio del poder privado.

Zaffaroni afirma que la fase actual del colonialismo «también es criminal, aunque se desliza por carriles de más sofisticada perversidad que en sus etapas anteriores, pero no por eso menos letales y genocidas» (Zaffaroni, 2015:52). El autor describe que en la actualidad es el poder económico el que tiende a detentar la exclusividad de la criminalidad en el mercado transnacional, imponiéndole sus propias condiciones al poder político nacional a costa de excluir a parte importante de la población y a reducir la inversión social (Zaffaroni, 2005:33-37).

Rivera Beiras (2014b) señala asimismo:

Pocas dudas parecen caber acerca de que estamos gobernados por unos poderes que combinando las esferas de lo público, lo privado y toda la gama de grises que entre ambos extremos caben bajo el cobijo de la globalización económica, realizan ecuaciones verdaderamente criminales (Rivera Beiras, 2014b:270).

El papel del Estado tiende a reducirse, aumentan la desregulación y los regímenes de permisividad (Bernat Molina y Whyte, 2015:260-262). La proliferación de crímenes estatal corporativos es una constante, con la consecuente generación de daños que no siempre encuentran legalmente previstos o no son social ni culturalmente reconocidos como ilegales. Empero, necesariamente deben ser entendidos como estructurales al paradigma neoliberal y no enfocados en responsabilidades individuales (Tombs y Hillyard, 2004:53-54).

Los poderes privados fuerzan la creación de las condiciones para que ocurran manifestaciones salvajes. Los Estados tienden a disminuir su capacidad de acción a instancias del poder privado, que actúa por intermedio de la estructura política de los Estados centrales, de las grandes empresas multinacionales y de los organismos económicos y políticos internacionales. Como lo expresa Federici (2014):

hoy los conquistadores son los oficiales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que todavía predican sobre el valor de un centavo a las mismas poblaciones a las que las potencias mundiales dominantes han robado y pauperizado durante siglos (Federici, 2014:31).

Ello no implica restar entidad a otras expresiones de «criminalidad» en el neoliberalismo, como aquella que la estudia a partir de su relación con mercado de trabajo, organización económica y sistemas punitivos (entre otros: Foucault, 2008; Melossi y Pavarini, 1980; Rusche y Kirchheimer, 1984; Wacquant 2000, 2007, 2010).

El poder privado racionalizado bajo el neoliberalismo genera las condiciones para que ocurran manifestaciones o efectos salvajes que importan la sistemática y generalizada violación de derechos fundamentales. En otras palabras, las relaciones de poder privado en el neoliberalismo inciden en la constitución de un escenario de violencia estructural y latente (Galtung, 1969). Ello se traduce en la diseminación de una dimensión de violencia integrada en la estructura y que conlleva desigualdad de oportunidades para la vida. En este marco de violencia estructural se perpetúa la sistemática producción de efectos salvajes producto del ejercicio de poder privado.

8. La criminología como disciplina de crítica y resistencia

Lo aquí desarrollado no hace otra cosa que reivindicar el horizonte explicativo e interpretativo al que apuntaba Baratta (2004), y que coincide con toda la estructura socioeconómica. El autor expresa que la investigación sociológico-jurídica consiste en la unión de una perspectiva microsociológica para delimitar objetos específicos de indagación, con una macrosociológica dentro de la cual se consideren esos fenómenos singulares. Esa relación funcional entre el fenómeno estudiado y la estructura socioeconómica global de la que forma parte es la que posibilitará la función de «teoría crítica» de la realidad social del derecho (2004:17-18). Baratta (2004:214), asimismo, apunta a la transformación y superación de las relaciones sociales de producción capitalistas; lo que importa necesariamente la necesidad de construir otras formas de comprensión (Santos, 2018).

Ello se relaciona también con el análisis del pensamiento económico en clave criminológica (Ruggiero, 2018). Ruggiero estudia «cómo cada escuela de pensamiento interpreta, explica o justifica el daño generado desde la economía» (Ruggiero, 2018:11). Así, el autor propone el estudio de determinado daño o efecto salvaje mediante el análisis de la racionalidad, en su caso económica, en la cual se ejerce.

Como bien lo explica Foucault (2007b), se trata en cierta forma de «procesos económicos salvajes a cuyo respecto se admite que en sí mismos van a inducir efectos de desigualdad y, de manera general, efectos destructivos sobre la sociedad» (Foucault 2007b:175).

Emerge así el interrogante acerca de los alcances de la criminología en investigaciones en este campo.

Bernal Sarmiento et al (2014) proponen ir «más allá» de la criminología recuperando, por un lado, la capacidad de análisis transdisciplinario de los daños sociales y de la criminalidad mediante la incorporación de los conocimientos y las herramientas teóricas de otras áreas. Asimismo, por medio de la ampliación de la disciplina al estudio de los crímenes internacionales más allá de las definiciones legales,

al análisis de los procesos de creación y posible control de daños sociales de gran impacto generados por la globalización de los mercados, la mercantilización de salud y la seguridad alimentaria de las personas e incluso la progresiva degradación del medio ambiente y del planeta Tierra (Bernal Sarmiento et al, 2014:73).

En esta misma dirección, puede mencionarse que Rivera Beiras (2016) promueve re-formular el contenido epistemológico de la criminología en una dirección «crítica» y en una dimensión «global», mientras que Böhm (2018, 2019) aporta la categoría criminológica del «maldesarrollo» como instrumento sumamente útil para estudiar las causas, procesos e impactos de los poderes privados salvajes en el marco de la actividad desreguladora de los Estados.

De esta forma, la criminología parece estar en condiciones de constituirse como una expresión de «resistencia» frente al poder.

El propio Foucault señala que «no existen relaciones de poder sin resistencias» (1979:171; y, en similar sentido, 2007a:166). Profundiza:

éstas son más reales y más eficaces cuando se forman allí mismo donde se ejercen las relaciones de poder; la resistencia al poder no tiene que venir de fuera para ser real, pero tampoco está atrapada por ser la compatriota del poder. Existe porque está allí donde el poder está: es pues como él, múltiple e integrable en estrategias globales (Foucault, 1979:171).

Foucault también explica «desde el momento mismo en que se da una relación de poder, existe una posibilidad de resistencia. Nunca nos vemos pillados por el poder: siempre es posible modificar su dominio en condiciones determinadas y según una estrategia precisa» (2000:162). Donde hay explotación se encuentra siempre también resistencia (Negri, 2008:83). El mundo definido por la subsunción real de la sociedad bajo el capital neutraliza las posibilidades de relación, pero no la resistencia y la libertad (Negri 2008:33).

En similar sentido acota Rivera Beiras «la resistencia no se concibe si no es en su confrontación con el poder. Las distintas expresiones que de la resistencia puedan indicarse estarán orientadas, precisamente, por la concepción que del poder se tenga» (2014b:273).

El autor precisa que las estrategias de resistencia pueden consistir en recursos jurídicos, sociales o políticos o bien «todos los que surjan de la necesaria y urgente imaginación social que debe ser alentada» (Rivera Beiras, 2014b:276).

Como bien señala Bobbio, la discusión de la resistencia debe pensarse en términos esencialmente políticos, focalizándose en la oportunidad y eficacia de las técnicas más idóneas (Bobbio, 1991:197). A pesar de la trascendencia de la faceta jurídica de la resistencia (Estévez Araujo, 1994; Gargarella, 2005, 2006 y 2007), la preponderancia de una posición política impone a la criminología escindirse del derecho (Ferrajoli, 2014a).

Así, mediante el estudio y la crítica del poder y sus formas de racionalización la criminología puede representarse como una consistente expresión de resistencia.

A través de su óptica transdisciplinar (Bernal Sarmiento et al 2014) y global (Rivera Beiras, 2016), la criminología cuenta con la versatilidad de adaptarse al estudio del poder. En este sentido, «Para resistir tiene que ser como el poder. Tan inventiva, tan móvil, tan productiva como él» (Foucault, 2000:162). La resistencia produce, construye e inventa (Negri, 2008:113).

El análisis de los mecanismos de poder visualiza sus posiciones y sus modos de acción, a la vez que revela las posibilidades de resistencia y de contraataque (Foucault, 1980). La resistencia debe pensarse como construcción, como innovación y como un proyecto (Negri, 2008:172).

Cabe tener presente que

Nadie nos ha dicho nunca —y probablemente nunca nadie nos lo dirá si antes no se pone en marcha un proceso revolucionario— lo que significa construir democracia y libertad, igualdad y riqueza en un mundo que el capitalismo se cree capaz de asfixiar, reduciendo a cenizas cualquier posibilidad de resistencia (Negri, 2008:117).

En última instancia, como bien lo señala Rivera Beiras (2014b), la resistencia representa la más importante fundamentación sociológica de los derechos humanos (Rivera Beiras, 2014b:274).

9. Conclusiones

La articulación de las perspectivas teóricas sobre el poder privado y la racionalidad política ha permitido en este artículo apreciar que el ejercicio del poder no proviene únicamente del Estado, sino que éste puede emanar de actores del ámbito privado. La complementación de la obra de Foucault y Ferrajoli posibilita conceptualizar el ejercicio del poder escindido del marco meramente estatal, para concebirlo aplicable por agentes privados.

Limitar el análisis del poder al Estado implicaría desatender un importante número de procesos. Esto no significa negar ni restar entidad a la interrelación entre actores públicos y privados. Por el contrario, se anhela resaltar que el poder puede emanar también desde otros ámbitos.

Sin embargo, el principal aporte de la revisión teórica efectuada posiblemente radique en torno a la relación entre racionalidad política y ejercicio del poder.

El concepto de racionalidad política adquiere un papel trascendente para los estudios criminológicos. En este artículo ha permitido abordar los rasgos y características propias del neoliberalismo y ha posibilitado una aproximación teórica a la comprensión de los efectos salvajes del ejercicio de poder privado en la racionalidad neoliberal.

Como se ha visto, la violencia es sólo un instrumento del poder, pudiéndose configurar la manifestación de violencia sin el ejercicio específico de una relación de poder.

Así, si bien no están exentas de la producción de violencia directa, puede entenderse que las relaciones poder privado en el neoliberalismo producen principalmente la particular dimensión estructural de la violencia. Configuran un escenario de desiguales condiciones para la vida, en el que gran número de personas sufren violencia estructural y daño social.

El análisis recurrió como ejemplo a la invasión estadounidense a Irak en el año 2003. Allí ha podido apreciarse el efectivo desenvolvimiento de actores privados en el ejercicio de poder mediante la implementación en el Estado iraquí de relaciones de poder racionalizadas bajo el neoliberalismo. Estas han resultado sumamente perjudiciales para la sociedad civil en la medida que importaron la destrucción del sistema de infraestructura civil y de salud pública. La concesión de contratos y licitaciones se caracterizó por graves hechos de corrupción, beneficiándose a grandes corporaciones transnacionales y dejando inconclusas una importante parte de las obras.

La identificación de relaciones de poder permite visualizar al mismo tiempo el ejercicio de la resistencia como su contracara. La resistencia puede ser entendida como la actividad de crítica y análisis de las racionalidades políticas en el marco de las cuales se ejerce el poder. Allí radica la relevancia de la criminología, como espacio interdisciplinario en condiciones de manifestarse como forma de resistencia.

Las perspectivas teóricas analizadas se perciben especialmente relevantes para el estudio de otros casos y la apertura de nuevas líneas de investigación desde un enfoque criminológico.

Sin embargo, pervive el interrogante acerca de la contribución que estudios de estas características pueden aportar en la prevención o resistencia contra el ejercicio del poder privado. Si bien la elaboración de regímenes de control y prevención podrían coadyuvar en esa dirección, su eficacia queda en tela de juicio. La omisión del derecho y la política por regular eficazmente determinados ámbitos y relaciones podría responder a la imposibilidad por superar técnicas de conservación que la propia racionalidad neoliberal sostiene ante cualquier intento que tienda a desafiarla.

La amenaza es el avance irrestricto de una racionalidad política que aspire diseminar el modelo de empresa, basado en la desigualdad, a todos los ámbitos de la vida. Esto significa la expansión y perpetuación de sistemas y relaciones de poder con efectos salvajes.

Este artículo pretende ubicarse en este frente, sosteniendo la necesidad de construir racionalidades políticas que prescindan de violencia y daño social.

La criminología se erige en este sentido como una disciplina en condiciones de desplegar un fuerte contenido crítico de resistencia en contra de la estructura y los procesos económicos, capaz de revelar y contrarrestar las dimensiones del ejercicio del poder.

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Notas