1. Introducción

La pandemia por el Covid-19 alimentó el mito de la indispensabilidad de la policía en su función de proteger y servir a la comunidad (Reiner, 2010). En un momento histórico y social en que la misión policial no se centró en «combatir» el delito común, sino en garantizar el confinamiento de la población y sancionar las infracciones a las medidas preventivas impulsadas por el Gobierno nacional, los casos de hostigamiento y violencia letal producidos por agentes policiales se repitieron en diferentes provincias y localidades de todo el país.

A pesar de esta situación particular, que significó una ampliación del poder y control territorial por parte de las fuerzas de seguridad, la emergencia de episodios de violencia a manos de policías y gendarmes no resulta un fenómeno novedoso. Según datos del Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS), desde 1996 hasta inicios del 2020 la cantidad de personas muertas en hechos de violencia efectuados por integrantes de las fuerzas de seguridad se mantuvo relativamente estable. Tal organismo destaca, a su vez, que los jóvenes varones han sido el grupo sociodemográfico más afectado por este tipo de casos. En este sentido, en los últimos años (1993-2020), del total de varones muertos a manos de funcionarios policiales, siete de cada diez tenían entre 15 y 27 años, y el 83% murió en supuestos «enfrentamientos armados».

A partir del trabajo realizado en el marco del proyecto «Fuerzas de seguridad, vulnerabilidad y violencias», surgido de la convocatoria «PISAC-COVID-19: La sociedad argentina en la Postpandemia»,¹ encontramos que en la etapa inaugurada por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO),² hubo una línea de continuidad con las prácticas violentas ejercidas por las fuerzas de seguridad en etapas prepandémicas. La continuidad de dicho accionar vino de la mano con un fenómeno singular. En base a una estrategia cuantitativa que implicó la sistematización de la totalidad de casos mediatizados de violencia policial sucedidos en el primer año de la pandemia en Argentina, observamos que numerosos episodios que anteriormente no resultaban visualizados o, en todo caso, contaban con una mínima circulación, tomaron un lugar relevante en las agendas de los principales medios de comunicación nacionales. De esta manera, gran parte de los hechos de hostigamiento y violencia letal sucedidos en esta etapa fueron mediatizados, logrando una importante repercusión y circulación en la sociedad.

De aquí el interés del presente estudio por reconstruir el tratamiento mediático de la violencia policial en la etapa inicial del aislamiento obligatorio. Tomamos como objeto, por lo tanto, la cobertura de los medios digitales de referencia —Clarín, La Nación, Infobae . Página 12— sobre casos de homicidios y hostigamientos hacia jóvenes de sectores vulnerables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).³ Algunos de los interrogantes planteados son: ¿De qué modo los medios caracterizan los contextos y circunstancias particulares en que se producen estos episodios? ¿Qué prácticas policiales son definidas como violentas y cuáles no? ¿Qué roles y responsabilidades se le atribuyen a sus protagonistas? ¿Qué fuentes informativas son utilizadas para reconstruir los hechos? ¿Cómo impacta en el abordaje mediático la existencia de videos que registran lo sucedido? ¿De qué manera influye el contexto pandémico en la construcción de sentido en torno a los casos de violencia policial? ¿Por qué los episodios analizados se constituyen como noticias?

Para abordar estas preguntas, realizamos un análisis desde una perspectiva cultural de la cuestión criminal, centrada en la dimensión simbólica de la violencia policial y su configuración en el campo mediático. La propuesta implica considerar a dicho fenómeno como un objeto constituido por discursos construidos socialmente y dotados de un sentido y de una legitimidad que entra en disputa y negociación en cada contexto (Calzado, 2015). Creemos que a partir del análisis del tratamiento informativo de casos relevantes es posible develar el entramado que habilita la legitimación de distintos tipos de violencias por parte de las fuerzas de seguridad. Las formas de nombrar, titular y dar voz a los protagonistas de una historia forman parte de conflictos políticos y relaciones de poder que se juegan en el campo mediático con distintos grados de performatividad.

En tal sentido, este trabajo contribuye algunos aportes al campo de estudios sobre medios, política y seguridad. Por una parte, en función del amplio relevamiento cuantitativo de casos mediatizados realizado durante la pandemia, registramos que, en el inicio del ASPO, los principales medios de comunicación abordaron un amplio conjunto de hechos de violencia policial, rompiendo con la tendencia, históricamente instalada, de no mediatizar estos episodios. Por otra parte, a partir del análisis cualitativo, podemos señalar que el contexto pandémico repercutió en el tratamiento informativo de La Nación, Infobae y Clarín, los cuales legitimaron la violencia policial letal ejercida principalmente hacia el mismo sujeto de criminalización que en la etapa prepandémica. Sin embargo, dicha legitimación no solo estuvo basada en viejos esquemas bélicos, a partir de los cuales se interpreta a los homicidios como enfrentamientos, sino que también estuvo fundamentada en argumentos vinculados a la transgresión de la normativa del ASPO. En los casos de hostigamiento, en cambio, los medios no legitimaron la violencia policial sino que más bien la denunciaron por exceder los marcos de las medidas de control y vigilancia para el cumplimiento de la cuarentena, y por su vinculación con prácticas propias de la última dictadura militar argentina. Página 12, afín a su línea editorial, no legitimó ni los homicidios ni los hostigamientos sino que más bien los denunció como responsabilidad de agentes policiales “desbordados” cuyas prácticas se ubican en una línea de continuidad con la etapa prepandémica.

2. Medios, fuerzas de seguridad y violencias

Teniendo en cuenta el carácter cultural de la violencia y las representaciones que se ponen en juego respecto a ella, recuperamos diversos aportes teóricos que nos permiten profundizar sobre los procesos de legitimación de la violencia policial en el campo mediático, dentro de un entramado mayor del que también forman parte el campo político y el judicial (Maggio y Calzado, 2007). Particularmente, se tomarán en cuenta aquellas contribuciones referidas a la relación entre los jóvenes y las violencias producidas por las fuerzas de seguridad.

Hablamos de violencias en plural ya que, como sostienen Isla y Miguez (2003), el concepto de violencia es una «noción escurridiza» (Isla y Miguez, 2003:31) que depende de los valores subjetivos de denominación. De allí la necesidad de considerar la pluralidad de significaciones en torno a las violencias que se ponen en juego en el campo mediático en su interrelación con el resto de la sociedad. Los medios no operan en el vacío: los discursos políticos sobre la ley y el orden, así como las demandas ciudadanas por seguridad, se vinculan con los discursos periodísticos en cada escenario de una manera particular, contribuyendo a co-producir las violencias.

Ahora bien, nuestro objeto de estudio refiere concretamente a aquellas violencias ejercidas por agentes de las fuerzas de seguridad, cuyo rol supone principalmente la conservación del orden social (Derrida, 1997). En palabras del autor: «La policía no consiste solamente en los agentes de policía en uniforme, a veces con casco, armados y organizados en una estructura civil de modelo militar a la que se le niega el derecho de huelga, etc. Por definición la policía está presente o está representada allí donde haya fuerza de ley» (Derrida, 1997:112).

En un contexto excepcional, en que el gobierno amplió el poder otorgado a las fuerzas de seguridad, el rol de la policía dio lugar a interpretaciones plurales. En este sentido, Sirimarco (2021) retoma las dos posturas principales respecto al papel de dichas fuerzas en el marco de la pandemia, particularmente durante los primeros meses del ASPO. En primer lugar, se encuentran aquellos discursos que señalan la constitución del personal de las fuerzas de seguridad como trabajadores esenciales encargados de prácticas de cuidado respecto al covid-19. La idea de un cambio en el «sentido común securitario», que habilitó o, en todo caso, potenció prácticas propias de una «policía del cuidado» (Seghezzo y Dallorso, 2020), entra en contradicción con los numerosos hechos de violencia propiciados por efectivos de las fuerzas de seguridad en tareas de control por la pandemia. De esta manera, y en segundo lugar, otras voces advierten que el escenario abierto por el ASPO supuso una continuidad de ciertas rutinas y prácticas policiales violentas, las cuales «proliferan en escenarios de desigualdad» (Sirimarco, 2021:105). Por lo tanto, plantean Faur y Pita (2020), «presentar el control y la vigilancia como actividades de cuidado supone, en cierto modo, un esfuerzo desmedido por valorar de manera positiva prácticas más o menos productivas a la hora de sostener un orden social determinado».

En tal sentido, sostienen Baquero y Fernández (2021) que si bien durante el primer momento de la pandemia los/as policías fueron reconocidos/as por la ciudadanía como personal esencial junto a médicos/as y enfermeros/as, a medida que se incrementaron los controles en la vía pública, y particularmente en sectores urbanos históricamente conflictivos con el personal de seguridad, la imagen pública de la policía comenzó a declinar, hasta retornar al habitual grado de desconfianza hacia las fuerzas de seguridad que caracteriza a la sociedad argentina. Los controles efectuados por los agentes policiales en barrios populares .donde la cuarentena se tornó más difícil de cumplir debido a las problemáticas habitacionales. se hicieron en forma selectiva y discrecional. Particularmente, estuvieron dirigidos a jóvenes estigmatizados por su vestimenta y pertenencia social, habitualmente depositarios de la etiqueta de «pibes chorros», incluso en un escenario en que el problema de la inseguridad dejó de ser una preocupación central.

Tal como plantea Míguez (2002), alrededor de la figura del joven varón, morocho y pobre se estructuran una trama de sentidos, valores y subjetividades que los posicionan como los principales culpables del delito urbano, siendo la cara más visible de la inseguridad. Estas configuraciones actúan como marcadores de roles, jerarquías, identidades diferenciales y relaciones de poder que posibilitan el despliegue de determinadas prácticas sociales situadas en condiciones espacio temporales específicas (Fernández, 2020). En este punto, múltiples trabajos señalan que es a partir de la conformación de tales consensos sociales que son legitimadas ciertas prácticas violentas de las fuerzas policiales (Kessler, 2010; Galvani et. al, 2010; Perelman y Tufró, 2017; Ríos, 2019).

Los medios de comunicación poseen un rol fundamental en este proceso de alterización radical de jóvenes de sectores populares (Fassin, 2016), a partir del cual se naturalizan y legitiman prácticas de violencia policial, las cuales no se restringen únicamente a daños físicos, sino que también suponen formas más sutiles de victimización y coerción (Noel, 2008). De esta manera, sobre dichos sujetos recaen diversos estereotipos y estigmas que los representan como potenciales delincuentes, en base a variables tales como su pertenencia geográfica, su edad, su color de piel o su posición social (Garriga Zucal y Noel, 2010). Tales configuraciones se presentan muchas veces en los discursos mediáticos a través de un estilo sensacionalista, apelando a ciertos recursos periodísticos como la utilización de fuentes «oficiales» .policiales, judiciales y gubernamentales. o el empleo de imágenes, la utilización de zoom, la circulación de detalles, música melodramática, entre otros.

En nuestras sociedades mediatizadas (Verón, 2001), las construcciones estereotípicas presentes en los medios circulan también por otras esferas sociales, potenciando los miedos cotidianos de la ciudadanía frente a dichos individuos. Y a su vez, como propone Frederic (2016), definen el trato hacia estos sectores por parte de las fuerzas policiales, habilitando el empleo de prácticas violentas realizadas «en nombre de la prevención» y sustentadas en la mala reputación de quienes habitan barrios estigmatizados (Kessler y Dimarco, 2013). De esta manera, se da lugar a una distribución desigual de la violencia en el espacio social de la ciudad (Pita, 2019). En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dicho fenómeno se traduce en un particular vínculo entre las fuerzas de seguridad y los jóvenes de barrios populares, en el que policías y gendarmes disputan el dominio y la imposición de autoridad sobre determinados territorios y sus habitantes apelando a prácticas violentas de intensidad diversa, las cuales pueden ser visibilizadas o no por los medios de comunicación.

En suma, si bien la violencia policial no se originó en la pandemia (Simoneta, 2020), pues constituye ante todo un recurso disponible como repertorio de acción previa (Rodríguez Alzueta, 2020), el autoritarismo profundamente enraizado en la estructura militarizada y jerárquica de las fuerzas de seguridad aflora con fuerza en un escenario como el del aislamiento obligatorio, en que el poder policial se despliega con intensidad sobre los sectores vulnerables (Mira, 2020). De aquí, como sugieren Sirimarco y Bover (2020), la necesidad de pensar a través de investigaciones y reflexiones críticas que apunten a desnaturalizar el sentido común, desmontar clichés y argumentaciones vinculadas a la falta de profesionalismo y educación policial, centrando el foco de la disputa en la elaboración de explicaciones de fondo sobre cambios globales y sustantivos en las fuerzas de seguridad.

3. Metodología

Este trabajo emplea un abordaje metodológico mixto. Buscamos, por un lado, relevar diacrónica y cuantitativamente hechos mediáticos sobre violencia policial sucedidos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA) desde el inicio del aislamiento obligatorio, entre el 20 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021; y por otro lado, analizar cualitativamente las noticias periodísticas a partir de las herramientas que brinda el análisis del discurso (Verón, 1987). El método seleccionado permite sistematizar todos los acontecimientos de hostigamiento -maltrato físico y verbal sin daños corporales de gravedad- y de violencia letal .homicidio., para luego seleccionar casos paradigmáticos para el análisis cualitativo.

El corpus está constituido por los diarios Clarín, La Nación, Página 12 e Infobae, todos en su versión digital. Dado que los medios de comunicación no suelen registrar estos hechos, la selección de los mismos está fundamenta en la cobertura realizada por los medios digitales de referencia, es decir, de relevancia nacional o provincial, en un contexto en que la ciudadanía se informó casi exclusivamente a través de la prensa digital -la televisión y las redes sociales-. Reconstruimos los casos a partir de la lectura de los medios gráficos seleccionados y de otros medios que no incluimos en el corpus de análisis, utilizados como dato complementario y de control. Entre estos últimos se encuentran medios hegemónicos como Perfil y Crónica, junto a medios alternativos como La Garganta Poderosa, La Vaca, Cítrica, Revista Crisis, La Izquierda Diario y ANRed. Dicha tarea fue realizada en el marco del proyecto «PISAC-COVID 19» mencionado anteriormente.

Para abordar los objetivos planteados elaboramos dos grillas de análisis. En la primera sistematizamos la totalidad de casos de hostigamiento y violencia policial cubiertos en los medios de referencia durante el período citado. La búsqueda fue realizada a partir de un conjunto de palabras claves: policía – policial - gendarme - prefecto - prefectura - violencia policial. A su vez, fueron utilizadas algunas categorías de control: gatillo fácil - hostigamiento - represión - fuerzas de seguridad- enfrentamiento.

La grilla de análisis cuantitativo estuvo compuesta por un amplio conjunto de variables. En primer lugar, aquellas referidas a la víctima: si se trató de un individuo o un grupo, su apellido y nombre, edad, género, profesión y clase social. Segundo, los elementos vinculados al acontecimiento: lugar del hecho .localidad y provincia. y fecha. A su vez, fueron tenidas en cuenta las siguientes variables relacionadas al victimario: tipificación del hecho, autor -individuo o grupo-, apellido y nombre, tipo de actividad policial, fuerza de seguridad interviniente, y rango o jerarquía. Por último, consideramos elementos vinculados a la comunicación del acontecimiento: los medios que le dieron cobertura y su presencia en redes sociales.

La carga de datos fue realizada a partir de un «libro de códigos» que elaboramos expresamente para poner en común los criterios de interpretación de las categorías. Al finalizar dicha carga, seleccionamos cuatro casos:

• Facundo Ariel Scalzo (20), asesinado por la espalda por un gendarme el 17/06/2020 en el Bajo Flores (CABA).

• Alan Maidana (19), asesinado por la espalda por un policía federal el 24/05/2020 en Berazategui (PBA).

• Hostigamiento policial por parte de oficiales de la Unidad de Prevención Local hacia siete jóvenes, ocurrido el 25/03/2020 en el barrio Sa

• Hostigamiento policial por parte de gendarmes hacia dos jóvenes en la Villa 1-11-14 (CABA), datado del 26/03/2020.

La selección de estos acontecimientos está fundamentada, en primer lugar, por su presencia y repercusión en los principales medios digitales del país. En este sentido, los casos aquí analizados, a pesar de no contar con una cobertura tan amplia y prolongada en el tiempo, fueron tomados como referencia en las posteriores noticias sobre episodios de violencia policial sucedidos en el contexto pandémico. Asimismo, el análisis de estos episodios se justifica en que las víctimas de la violencia policial fueron jóvenes varones. Por tal razón, estos casos son una muestra representativa de los numerosos episodios sufridos por dichos sujetos en la pandemia, contexto en el cual constituyeron los principales destinatarios de las prácticas violentas ejercidas por las fuerzas de seguridad. Por último, los hechos abordados dan cuenta de diferentes tipos de intervención policial, ya sea acciones enmarcadas en tareas de control por el aislamiento obligatorio como intervenciones ante supuestos actos delictivos. A su vez, suponen diversas formas de violencia, con distintos desenlaces .letales o no.. Estos elementos permiten identificar qué prácticas policiales son catalogadas como violentas y cuáles no por parte de los medios de comunicación. De esta manera, resulta posible indagar con mayor profundidad sobre las definiciones mediáticas de la violencia policial.

El análisis del tratamiento mediático de estos casos fue realizado a partir de la confección de una matriz cualitativa. Considerando que este tipo de acontecimientos habitualmente no resultan noticiables, nos interesaba indagar en profundidad las características de la selectividad mediática: qué rasgos llevan a que un caso se convierta en noticia en medios digitales de referencia. Nos focalizamos en las actividades policiales visibilizadas, aquellas definidas como violentas y los actores que intervinieron en su definición. En este punto, nos despertó especial interés el empleo de fuentes informativas a partir de las cuales se construye la noticia, que por lo general implica a fuentes oficiales. Durante la pandemia, la dependencia de este tipo de testimonios gubernamentales e institucionales resultó más recurrente de lo común.

La grilla de análisis estuvo compuesta por una serie de categorías de variables. En primer término, aquellos elementos vinculados a los casos de violencia policial: los contextos y circunstancias particulares en que sucedieron, los actores involucrados y la caracterización del trabajo policial. En segundo lugar, lo referido a las fuentes informativas utilizadas por cada medio: víctima/s, victimario/s, gobierno, expertos, nuevas tecnologías y movimientos sociales. Tercero, aquellas variables relacionadas a las modalidades temáticas: las prácticas definidas como violentas, los motivos habilitantes del uso de las fuerza, así como los temas y subtemas presentados por el medio. Asimismo, analizamos las modalidades retóricas, tales como el modo en que se organiza la página .predomina la imagen, el texto o los gráficos. y el contenido .argumenta, da opinión o recomienda., los hechos noticiosos que se traen a colación a través de hipervínculos, el seguimiento del caso y la presencia o no de videos. En quinto lugar, tomamos en cuenta diversos elementos vinculados a las modalidades enunciativas: titulares, definición del hecho .«gatillo fácil», «inseguridad», «enfrentamiento», «tragedia», «accidente», «violencia institucional»., enunciador, enunciatario y criterios de noticiabilidad .características particulares, espectacularidad, exclusividad, tema habitual con el que se embandera el medio, competitividad, inmediatez, rating, impacto del procedimiento policial, etc...

4. Análisis cuantitativo

Los resultados del relevamiento diacrónico de episodios mediatizados de violencia policial sucedidos entre el 20 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021 nos indican un total de 440 casos. Esta cifra pertenece a las coberturas en todo el territorio nacional, tanto de medios hegemónicos como alternativos. Respecto a esto último, advertimos un alcance mediático sumamente relevante, ya que el 57,05 % de los casos fueron cubiertos por medios de referencia, de gran circulación, mientras que el 24,32 % fueron abordados solamente por medios alternativos, obteniendo una difusión local o de menor llegada. Por su parte, un 18,64 % de estos episodios fueron publicitados por ambos tipos de medios.

Tabla 1.

Casos de violencia policial mediatizados en Argentina desde el 20/03/2020 al 31/03/2021, por provincia del hecho.

Si nos detenemos en la localización geográfica de los casos mediatizados (Tabla 1), cabe resaltar que el 54,09 % ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires, mientras que la Ciudad de Buenos Aires ocupó el 8,18 %. En conjunto, ambas localidades alcanzan el 62,27 %, con un total de 274 casos, presentándose muy por encima del resto de las provincias.

Otro elemento a destacar es una mayor cobertura mediática de episodios de violencia policial durante los meses de junio, julio y agosto de 2020, seguido por el trimestre anterior, correspondiente a marzo, abril y mayo (Tabla 2). De esta forma, observamos que en los primeros seis meses desde iniciado el ASPO fueron cubiertos mediáticamente 256 casos, lo que equivale al 58,63 % de la totalidad de hechos abordados en el primer año pandémico.

Tabla 2.

Casos de violencia policial mediatizados en Argentina desde el 20/03/2020 al 31/03/2021, por mes en que ocurrió el hecho.

Un párrafo aparte corresponde a las víctimas de los hechos mediatizados de violencia efectuados por las fuerzas de seguridad en el período analizado. Según los datos relevados, el 69,32 % de los destinatarios de estos episodios fueron varones cis, lo que equivale a 305 de los 440 casos. Respecto a la edad de la víctimas (Tabla 3), registramos un 44,09 % de jóvenes (18 a 30 años), seguidos por los adultos jóvenes (31 a 50 años), que representan un 12,05 % de los casos, y los menores (hasta 17 años), con un 11,82%.

Tabla 3.

Casos de violencia policial mediatizados en Argentina del 20/03/2020 al 31/03/2021, por grupo etario de la víctima que sufrió el hecho.

En base a estos resultados, que indican ciertas tendencias en la mediatización de los hechos de violencia policial durante la pandemia por el Covid-19, toma forma el corpus de casos paradigmáticos que serán analizados en la etapa cualitativa de este trabajo. De esta manera, buscamos constituir una muestra representativa que cumpla con la mayoría de las características desarrolladas previamente. Esto es, tomamos un corpus de casos que tuvieron lugar en la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, donde sucedieron la gran mayoría de estos episodios, durante los primeros 6 meses del ASPO, el momento más álgido en términos de violencia policial. Asimismo, las víctimas de los eventos seleccionados pertenecen al grupo etario más perjudicado, jóvenes de 18 a 30 años, y son hombres, como ocurre en la gran mayoría de los casos relevados.

5. Análisis de medios

Las formas de definir los acontecimientos noticiosos dan cuenta de un modo de comprender la realidad que contribuye a la configuración de imaginarios. Por un lado, los medios permiten a la población conocer hechos que no presenciaron y, por otro, habilitan su comprensión en función de los valores prevalecientes en la construcción noticiosa, la acentuación de ciertos significados y la omisión o invisibilización de otros. En tal sentido, pudimos identificar diferentes abordajes en los medios seleccionados para el análisis del caso de Facundo Scalzo, el de Alan Maidana y dos casos de hostigamientos policial en La Matanza y la Villa 1-11-14, en Página/ 12, Clarín, La Nación, e Infobae.

Caso de Facundo Scalzo

El homicidio de Facundo Scalzo tuvo lugar el miércoles 17 de junio de 2020 en el Barrio Rivadavia II de Bajo Flores, cuando el agente Diego Rocha de Gendarmería Nacional le disparó por la espalda. Luego de haber permanecido sin asistencia médica durante media hora en el lugar de los hechos, el joven fue ingresado al hospital Piñero donde murió al poco tiempo. Si bien la primera versión de las circunstancias en que se produjo el homicidio fue la de un tiroteo, testigos del hecho y videos registrados por los vecinos mostraron que Scalzo no portaba armas.

El caso fue definido en Página 12 como un episodio más de «gatillo fácil», a diferencia de Clarín, La Nación . Infobae en los cuales el acontecimiento se definió como un «enfrentamiento armado»:

«Denuncian que a Facundo Scalzo, de 20, lo mató la Gendarmería en un nuevo caso de gatillo fácil» (Página 12, 20/6/2020).

«Un joven de 20 años murió baleado tras enfrentarse con efectivos de Gendarmería en el interior del Barrio Rivadavia, en el barrio porteño del Bajo Flores» (Clarín, 18/6/2020).

«Persiguieron a uno de esos hombres, que se tiroteó con los efectivos de la Gendarmería y cayó gravemente herido en el enfrentamiento» (La Nación, 18/6/2020).

«Todavía se desconoce el motivo del tiroteo que desembocó en la muerte del joven de 20 años» (Infobae, 18/6/2020).

Como sostienen Calzado y Maggio (2009), las noticias de «enfrentamiento» se construyen desde una sola fuente, la policial, cuya versión solo se corrobora en caso de que alguien visibilice otra perspectiva del hecho: «La prueba que provee la policía (elemento variable y subjetivo) se constituye para los medios y para los miembros del poder judicial como un hecho objetivo» (Calzado y Maggio, 2009:59). De este modo, se pone en circulación un abordaje bélico del acontecimiento que legitima la violencia institucional.

Con respecto a las circunstancias particulares en que se produce el acontecimiento, Clarín subraya que «se escucharon detonaciones de arma de fuego y agresión por parte de dos jóvenes a una vecina del barrio» y, en consecuencia, luego del aviso por parte de vecinos, los gendarmes «procedieron a repeler la agresión efectuando disparos con sus armas reglamentarias». La instalación de un escenario conformado por sujetos previamente etiquetados como delincuentes permite legitimar el accionar de las fuerzas de seguridad. El mismo abordaje emplean La Nación e Infobae. Página 12, en cambio, no describe el accionar de Facundo y del otro joven sino el de los gendarmes, caracterizándolo como violento e injustificado.

Esta modalidad enunciativa del acontecimiento se halla en línea con las fuentes que se seleccionan y jerarquizan para dar verosimilitud al relato. Página 12 retoma la voz de familiares, amigos y abogados de la víctima y omite la de los efectivos de las fuerzas de seguridad, poniendo el foco en prácticas de hostigamiento, golpes, maltratos y «bailes» que atentan contra los derechos humanos. De hecho, la noticia del 20/06 se titula a partir de la voz de la madre del «joven muerto por la espalda» (30/06/2020):

«Lo mataron a mi hijo y se me rieron en la cara».

En ella se pone en duda la versión de Gendarmería, al destacar que los gendarmes implicados están detenidos e imputados por «homicidio calificado» y que su relato fue incongruente. Esto se debe a que los efectivos afirmaron haber ido al barrio como respuesta a una denuncia al 911 de la cual no hay constancia, así como también señalaron haberle disparado a las piernas del joven cuando el personal médico del Hospital Piñero, donde se atendió, corroboró que el joven fue fusilado por la espalda. En tal sentido, Página 12 señala cierto paralelismo con el caso Choccobar⁴ y la «doctrina» avalada por Patricia Bullrich, que habilita al personal policial a disparar en caso de persecución a un supuesto delincuente. De hecho, días después de lo ocurrido, la ex ministra de seguridad nacional emitió un comunicado titulado «Acaban de tirar al primer gendarme por la ventana».

Clarín, La Nación e Infobae jerarquizan, en cambio, testimonios de efectivos de Gendarmería, quienes subrayan que los motivos del «enfrentamiento» se producen a partir de un robo hacia una vecina del que participó el joven «abatido» (La Nación, 18/6/2020). En tal sentido, se subraya que el joven estaba armado y apuntó a disparar a los gendarmes momentos antes de que éstos acabaran con su vida (Clarín, 18/6/2020). La Nación, incluso, aporta pruebas: «los gendarmes expusieron una pistola 9 mm como el arma con la que habría efectuado disparos contra los agentes» (18/6/2020), lo cual da cuenta de la cercanía entre la policía y el medio. Infobae, por su parte, busca poner en duda que los disparos hayan provenido de Gendarmería .a través de la utilización de condicionales como «presuntamente» y «supuestamente». y define a la víctima como delincuente, consiguiendo el mismo efecto de sentido que en Clarín y La Nación.

Con respecto a la caracterización de los actores involucrados, Página 12 identifica al joven asesinado como «víctima». Por su parte, Clarín, si bien lo menciona en términos de «víctima», e incluso emplea la noción de «gatillo fácil» y destaca que el joven muerto «no tenía antecedentes policiales», construye el perfil de este último como el de un delincuente y, en ese acto, descarga en la propia víctima la culpabilidad de su propia muerte. En el caso de Infobae . La Nación, Scalzo también es caracterizado solamente como un delincuente:

«Fuentes cercanas a Gendarmería aseguraron a Infobae que el joven baleado habría “agredido” e intentado robarle a una mujer y que disparó contra los efectivos tras un seguimiento» (Infobae,18/6/2020).

«El caso se produjo ayer cuando una persona llegó a uno de los puestos de control de la Gendarmería para pedir auxilio frente a las amenazas que ocho hombres armados realizaban a una mujer en el barrio Rivadavia» (La Nación, 18/6/2020).

El enunciador, aquel sujeto que impone su punto de vista en la noticia, representa en Página 12 a los familiares y amigos de la víctima. Mientras que Clarín sólo cita fuentes policiales y judiciales, Página 12 recurre a la madre de Scalzo, la coordinadora del Área Interdisciplinaria de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia, organizaciones barriales, sindicales y de derechos humanos, el Comité de Crisis del Bajo Flores, el Observatorio de Derechos Humanos de la Comuna 7, vecinos, miembros de la parroquia y docentes del barrio a través de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), y la jueza a cargo de la causa. Este medio no le da voz a la Gendarmería Nacional.

También observamos que, por lo general, Página 12 nombra a la violencia policial a través del significante de «violencia institucional», lo cual da cuenta del carácter estructural que le atribuye al fenómeno, en línea con la lógica del discurso de los derechos humanos (Seghezzo, 2008). En este mismo sentido, el medio hace referencia, en la noticia sobre este hecho particular, a «otros casos», construyendo un efecto de sentido que permite deducir la sistematicidad y recurrencia de este tipo de acontecimiento .«otro caso más».. De hecho, al costado de la nota central se puede pinchar otra noticia de «violencia institucional» que se ubica en la misma serie.

A la misma estrategia enunciativa recurre Infobae, al publicar noticias sobre «otro caso de violencia» .sucedido en la misma «noche de violencia». en Fuerte Apache por la Policía Bonaerense (18/6/2020). Algo similar sucede en La Nación, al señalar en la misma nota que refiere al proceso del gendarme que mató a Scalzo otra noticia sobre el «abatimiento» de delincuentes por parte de Gendarmería «luego de una extensa persecución». La serie de Infobae «una nueva escalada de violencia en el conurbano (...) con focos como Berazategui y Moreno» se constituye, además, por otros «crímenes de toda índole: robos y entraderas, ajustes de cuentas, persecuciones que terminan a tiros y presuntos ladrones que se trenzan con efectivos de fuerzas de seguridad para luego ser baleados y morir o huir».

Estas series, elaboradas por cada medio, permiten identificar a los hechos de violencia policial como cotidianos e incluso naturalizados por sus respectivos lectores, razón por la cual para que cada caso en particular sea puesto en agenda requiere de un aspecto que lo haga noticiable, ya que por sí mismos no hacen la diferencia para ser destacados como noticia (Calzado y Maggio, 2009). Estos procesos de producción informativa llevan a que en general no se registren casos de «gatillo fácil» salvo que sucedan en situaciones excepcionales, la discrecionalidad del poder policial sea inocultable o por su espectacularidad (Motto, 2009). El caso Scalzo resultó noticiable, precisamente, por el alto grado de violencia en presencia de los vecinos del barrio y su registro a través de celulares, cuyas imágenes y videos fueron difundidas tanto en los medios relevados como en medios alternativos y redes sociales.⁵

El tratamiento mediático del caso Scalzo en Página 12 se repite para muchos otros casos de «violencia institucional». Consecutivamente, el medio subraya que no se trata de un «abuso» aislado sino de un modus operandi habitual de las fuerzas de seguridad que se incrementa con las nuevas atribuciones otorgadas a dichas fuerzas para intervenir durante la cuarentena:

«Abuso policial en Avellaneda bajo el paraguas de hacer respetar el aislamiento» (02/04/2020).

«Corrientes: abusos policiales con la excusa de asegurar el aislamiento» (03/04/2020).

«Un caso de violencia institucional por día durante la cuarentena en CABA» (17/4/2020).

«Otra denuncia por violencia policial en la cuarentena» (05/05/2020).

«Aislamiento: hubo al menos 12 casos de gatillo fácil en barrios populares» (23/06/2020).

Este medio publica notas aconsejando a la ciudadanía qué hacer si te detienen en el marco del ASPO, especificando qué situaciones se consideran «resistencia a la autoridad» y cuáles, en realidad, se tratan de abusos policiales. A su vez, Página 12 difunde los números para realizar denuncias, señala que «la emergencia sanitaria está originando desbordes policiales en varios puntos del país» y destaca las medidas que el gobierno está tomando «para frenar la violencia policial durante el coronavirus» (02/4/2020). Si bien el tratamiento en Página 12 de casos de violencia institucional no parece diferenciarse del que realiza en general por fuera del contexto pandémico, el medio atribuye a «la emergencia sanitaria» el «desborde policial», destacando el accionar del gobierno para controlar la situación. Incluso, la información que el medio brinda a la ciudadanía se puede interpretar en línea con aquellas medidas que el Gobierno nacional estaría tomando para evitar la violencia institucional.

Caso de Alan Maidana

Durante la madrugada del 24 de mayo del 2020, Alan Maidana, de 19 años, fue asesinado de un disparo por la espalda a manos del policía federal Germán Bentos en el partido de Berazategui. Los cuatro medios aquí relevados abordaron el acontecimiento: Clarín . La Nación le dedicaron 2 noticias, mientras que Infobae . Página 12 solamente una. Tres de éstas (Clarín, 24/05/2020; La Nación, 25/05/2020; Infobae, 25/05/2020) fueron publicadas horas después de consumado el asesinato, mientras que las restantes tienen como disparador la manifestación de familiares y amigos exigiendo justicia (Clarín, 05/06/2020) y el procesamiento del policía (La Nación, 28/06/2020; Página 12, 29/06/2020).

Los medios definieron al caso como un «asesinato» u «homicidio», aunque La Nación, en su primera cobertura del hecho, también lo catalogó como un «confuso episodio»:

«Un joven fue asesinado en plena calle y por el crimen detienen a un policía» (Clarín, 24/5/2020).

«Un joven fue asesinado de un balazo en la espalda y arrestaron a un agente de la Policía Federal» (Infobae, 25/5/2020).

«Confuso episodio en Berazategui: detienen a un policía federal acusado de asesinar por la espalda a un joven» (La Nación, 25/5/2020).

«Persiguieron a uno de esos hombres, que se tiroteó con los efectivos de la Gendarmería y cayó gravemente herido en el enfrentamiento» (La Nación, 18/6/2020).

«Preventiva por homicidio para un federal» (Página 12, 29/6/2020).

Todas las noticias describen de forma similar la cronología del episodio: alrededor de las 6:30 a.m. del 24/05/2020, un joven de 14 años en estado de ebriedad arroja piedras y botellas en la esquina de Florencia Varela y 114, en el partido de Berazategui, golpeando con una de ellas a un Peugeot 207 rojo. El conductor detiene su marcha, retrocede unos cuarenta metros para descender del auto y dispara entre cuatro y cinco veces hacia un grupo de jóvenes que permanecían en dicha esquina, entre los cuales se encontraba Alan Maidana. Clarín (24/02/2020) resalta que el hecho se desarrolló en el contexto del aislamiento social preventivo obligatorio:

«Un chico de 14 años (...) sin respetar el aislamiento ante la pandemia por el coronavirus comenzó a tirar botellas y piedras en la vía pública».

Infobae y La Nación mencionan también, hacia el final de la noticia, que se «dará intervención a la Justicia Federal porque el hecho se desarrolló en una situación de violación al ASPO». De esta forma, los medios posicionan al grupo de jóvenes receptores de los disparos como responsables de infringir una norma por el contexto de la pandemia. A su vez, Clarín, La Nación e Infobae comunican que al acudir una ambulancia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia), ésta debió solicitar apoyo de miembros de la comisaría 1ra de Berazategui:

«Al momento de arribar el personal médico había unas veinte personas en la escena del crimen que se comportaban de manera agresiva, por lo que debieron aguardar el apoyo de efectivos» (Infobae, 25/05/2020).

Esta referencia a una conducta «agresiva» de los jóvenes, sumado a la definición del hecho, por parte de La Nación, como un «confuso episodio» enmarcado en una «pelea barrial», da cuenta de una construcción sobre las víctimas de la violencia policial como infractoras de las medidas preventivas por el ASPO.

Al igual que en el caso de Facundo Scalzo, en las primeras noticias publicadas por Clarín, La Nación e Infobae entre el 24/05/2020 y el 25/05/2020 se priorizan fuentes judiciales y policiales. La voz de los testigos no fue recuperada para relatar lo sucedido sino para la recopilación de datos que, junto con el acceso a cámaras de seguridad, permitieron identificar al atacante.

Distinto es el caso de las noticias publicadas en las semanas siguientes ya que tanto Clarín, apelando al testimonio de Matías Maidana (padre de Alan), como La Nación y Página 12, haciendo uso de información revelada por testigos, reconstruyen los hehcos en forma contrapuesta a la declarada por el policía Germán Bentos. Este último, en su indagatoria, aseguró haber actuado por temor a un robo por parte de la víctima y sus acompañantes, aclarando que «como estaba asustado no recordaba si había tirado al aire o hacia el piso» (Página 12, 29/06/2020). Además, dijo que uno de los jóvenes portaba un revólver. Recurriendo a nuevas fuentes de información, estas noticias detallan que Alan circulaba con su bicicleta y que le solicitó a Bentos que dejara de disparar:

«El fiscal Ichazo estableció a través de varios testigos (...) que el conductor del rodado (...) descendió del vehículo, con un arma de fuego comenzando a efectuar detonaciones contra ellos, quienes empezaron a correr, en momentos en que Alan, quien se desplazaba en bicicleta, les pidió que se detengan, notando que emanaba sangre de su boca, cayendo al piso» (Página 12, 28/06/2020).

La Nación, en su segunda publicación, no hace alusión a ninguna «pelea barrial», la cual sí mencionó para caracterizar el desarrollo de los acontecimientos en su primera noticia. A su vez, recurre a la declaración del adolescente de 14 años que arrojó las piedras y botellas:

«Además, el adolescente que arrojó la botella declaró que “en la esquina estaban Alan y unos amigos, que venían de una fiesta”, tras lo cual tiró el envase, pero aseguró que no le pegó al auto sino que tiró “para otro lado”» (La Nación, 28/06/2020).

De igual forma, Clarín omite, en su segunda noticia, el hecho de que los jóvenes estaban infringiendo una normativa para prevenir contagios por el coronavirus. En este sentido, el medio titula: «Denuncian gatillo fácil. Piden justicia por Alan Maidana, asesinado por un policía federal en Berazategui». En esta oportunidad le otorgan voz al padre de la víctima, a través del cual niegan lo declarado por el policía detenido:

«Este enfermo no actuó como un policía ya que después de matarlo se subió al auto y se fue a trabajar, no hizo ningún tipo de denuncia (...) no respetó ningún protocolo».

Tanto en la noticia de Página 12 como en las segundas producciones de Clarín y La Nación, el enunciador representa a los familiares y amigos de la víctima. A partir de dichas fuentes, los medios reconstruyen el episodio sin representar a la víctima y sus amigos como personas transgresoras y violentas. Mientras que Clarín emplea el testimonio de Matías Maidana, La Nación recurre a la declaración de testigos, incluyendo al adolescente de 14 años. En contraposición, en las primeras publicaciones de estos medios, como también en la de Infobae, prevalece la información dotada por fuentes judiciales y policiales.

Este accionar periodístico responde a la dicotomía entre el deber ser y el ser en el trabajo con los informantes. Mientras que idealmente se debe recurrir a tres o cuatro fuentes para corroborar prudentemente los datos, usualmente sucede que los medios acuden, en una primera instancia, a una fuente ministerial o policial. Luego, en una posterior construcción noticiosa replican testimonios de familiares y allegados, los cuales pueden discutir con la información publicada anteriormente. De tal forma, las primeras noticias de Clarín, La Nación e Infobae terminan siendo un «tanteo» o percepción de cómo se pudo haber desarrollado el caso (Calzado y Maggio, 2009).

Asimismo, en las primeras noticias existió una asociación entre el grupo de jóvenes y prácticas indebidas. Del mismo modo operó Bentos a la hora de declarar, intentando llevar al terreno de la delincuencia el accionar de Alan y sus amigos, contra quienes abrió fuego. Esta tendencia se refleja en el caso de Clarín (24/05/2020), La Nación (25/05/2020) e Infobae (25/05/2020). Sin embargo, La Nación no asoció el hecho a ningún tipo de violencia, y únicamente vinculó su primera noticia a los temas «inseguridad» y «seguridad». Esto marca una diferencia con Infobae, que ancló la noticia a la temática de «violencia inconstitucional», Página 12, que hizo referencia a la «violencia policial», y Clarín, al definirlo como un caso de «gatillo fácil» en sus dos noticias.

Estas decisiones editoriales, que vinculan a las víctimas de la violencia con prácticas delictivas .haciendo referencia a una «pelea barrial» (La Nación), al acto de «tirar piedras y botellas en la vía pública […] sin respetar el aislamiento ante la pandemia» (Clarín), y comportarse «de manera agresiva» (Infobae)., puede repercutir en la aceptabilidad que el lector pueda brindar al accionar policial. No posee la misma significación un escenario en el cual el asesinado sea comprendido como delincuente a otro en el que resulte ser una inocente víctima de «gatillo fácil». Esta «escala de jerarquías» se refleja en aquellas noticias cuyas fuentes son principalmente policiales y judiciales, en las cuales la construcción de la víctima como delincuente puede tender a justificar su muerte.

Casos de hostigamiento

En el marco de la etapa inicial de la pandemia por covid-19 en la Argentina, apenas unos días después de que se promulgue el ASPO en todo el territorio nacional, los medios de comunicación hegemónicos abordaron dos sucesos que podríamos catalogar como casos de hostigamiento policial. Esto es, episodios —anclados, a su vez, en prácticas y rutinas extendidas— que involucran la comisión de abusos y violencias de intensidad diversa por parte de las fuerzas de seguridad (Pita, 2019), y afectan tanto la integridad física como la dignidad de las personas violentadas (Rodríguez Alzueta, 2020). El primero de ellos sucedió el 25 de marzo en el barrio San Alberto de la localidad de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza (PBA). Allí, un grupo de oficiales de la Unidad de Prevención de la Policía Local obligaron a siete jóvenes a hacer flexiones de brazos y cantar el himno nacional por violar la cuarentena obligatoria. El segundo, ocurrido el 26 de marzo, tuvo lugar en la Villa 1-11-14, situada en el Bajo Flores (CABA), donde tres gendarmes hicieron caminar en cuclillas y con las manos en la nuca a dos jóvenes por incumplir el aislamiento.

Clarín se refirió a lo sucedido en La Matanza como una forma de «abuso policial», mientras que incluyó el segundo hecho dentro de la categoría «abuso de autoridad». De manera similar, Infobae definió a ambos sucesos como «abusos»; en tanto que La Nación los ubicó como casos de «violencia institucional» al igual que Página 12, quien también los definió como formas de «autoritarismo policial». Estos tres últimos medios dedicaron una sola noticia para tratar ambos hechos, a diferencia de Clarín, que publicó tres noticias en total: una por cada episodio, sumadas a una tercera nota que refiere a «tres casos de abusos de fuerzas de seguridad», donde están incluidos los dos sucesos aquí tratados.

«Coronavirus en Argentina: dijeron que volvían de un cumpleaños y la Policía los humilló» (Clarín, 25/03/2020).

«Coronavirus en Argentina: separan a tres gendarmes por “bailar” a dos jóvenes que no cumplían con la cuarentena» (Clarín, 26/03/2020).

«Coronavirus en Argentina: aplican sanciones en tres casos de abusos de fuerzas de seguridad» (Clarín, 26/03/2020).

«Coronavirus: policías “bailaron” a vecinos que no cumplieron la cuarentena» (La Nación, 26/03/2020).

«Cuarentena: apartan a policías y gendarmes que “bailaron” a jóvenes» (Página 12, 26/03/2020).

«Pasaron a disponibilidad a tres gendarmes que obligaron a hacer ejercicios físicos a dos hombres que no cumplían la cuarentena» (Infobae, 25/03/2020).

En relación a las circunstancias particulares en la que se produjeron los acontecimientos, los medios se limitaron a transcribir lo que puede observarse en dos videos «caseros» que se presentan como las principales fuentes en ambos sucesos. En el caso de La Matanza, se trata de un video de 6 minutos filmado por una de las policías implicadas con su teléfono celular.⁶ Según La Nación, la filmación muestra cómo «uniformados interceptan a siete hombres y, como si estuviesen en el servicio militar, los obligan a hacer flexiones de brazos y sentadillas». En la misma línea, Página 12 plantea que se trataron de «acciones propias del denominado “baile”, una modalidad de castigo que data de los cuarteles en tiempos del servicio militar obligatorio». De manera similar, los cuatro medios reconstruyen la escena y el diálogo entre los actores involucrados. He aquí el caso de Infobae, que presenta la versión más extendida:

«Los hombres son siete y están parados de espaldas. “Pasa que recién vinimos porque era el cumpleaños de mi sobrino. Ahora ya nos íbamos”, se excusa uno contra la pared, rodeado de efectivos bonaerenses. “Ahora mientras mi compañera pasa los datos van a bailar un poquito, ¿está bien? ¿Listo? Dense vuelta todos mirándome a mí. En cuclillas con la mano en la nuca. Vamos. Dale”, indica un policía. Los detenidos no terminan de entender lo que les dice el oficial, pero se dan vuelta y obedecen. “Ahí como están un saltito en el lugar. Vamos, dale, dale. […] Usted baje más. Dale. Dale. Baje más. Cincuenta van a hacer”, dice mientras cuenta en voz alta. […]. “Plancha en el piso. Van a aprender. Dale, muchachos. ¿Se van a ir a sus casas ahora?”, sigue la voz, y cuenta las flexiones de brazos. De fondo suena una cumbia. “¿Van a seguir estando en la calle?”, arremete el policía. Los hombres responden que no. “¿Saben el Himno Nacional? Quiero escuchar una estrofa. Vamos, muchachos. ¿Qué? ¿No tienen aliento?”. Los hombres cantan el Himno resignados. “Vamos, más fuerte, dale [...]”».

Más allá de las referencias al video, ninguno de los medios caracteriza a los actores del acontecimiento. La identidad de los siete sujetos hostigados no es aclarada y tampoco se profundiza sobre las razones por las que fueron demorados, aparte de lo enunciado por uno de ellos en la filmación -«Veníamos del cumpleaños de mi sobrino»-. Sin embargo, existe una diferencia en el modo en que son nombrados: mientras que La Nación e Infobae se refieren a ellos como «hombres» —La Nación también los llama «vecinos»—, Clarín y Página 12 hablan de «jóvenes». Tampoco se especifican los nombres de los policías implicados y, de hecho, hay diferencias respecto a la cantidad de agentes que participaron: Página 12 habla de «al menos dos policías», al igual que La Nación; Infobae, por su parte, aclara que «el Ministerio de Seguridad determinó que los policías que participaron fueron 8 en total», coincidiendo con Clarín.

Tales informaciones surgen de diversas fuentes oficiales. Página 12 acude al Ministerio de Seguridad de la Nación —al igual que Infobae— y al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En Clarín se les da voz a las autoridades de la policía provincial y a fuentes del municipio de La Matanza. Mientras que La Nación cita «fuentes policiales y judiciales» y del gobierno bonaerense. A partir de las mismas, los cuatro medios hacen énfasis en las sanciones aplicadas a los efectivos que participaron del hecho. A su vez, Clarín se refiere a la existencia de un segundo video —aunque no lo presenta en la noticia— que fue filmado por un vecino desde un ángulo diferente y luego difundido en las redes sociales por un medio platense, a partir del cual se identifica el patrullero de la policía local.

Por su parte, lo sucedido en la Villa 1-11-14 fue abordado por los medios a partir de un video de 25 segundos⁷ filmado, según Clarín, «por uno de los tantos vecinos que vio la escena desde una de las casas del barrio». Esta filmación, tal como plantea Página 12, fue difundida en las redes sociales por el medio alternativo La Garganta Poderosa bajo el título «La pandemia de siempre». Además de referirse a dicha fuente audiovisual, ninguna de las noticias ofrece demasiadas precisiones respecto a lo sucedido, las circunstancias particulares en que se estaba violando el ASPO y los sujetos involucrados. Solo Clarín aclara que los tres gendarmes eran «dos hombres y una mujer», y que éstos «caminaban detrás de los detenidos y los obligaban a contar cada paso que daban gritando». A su vez, dicho medio plantea que «los efectivos, en lugar de llevarlos detenidos, los hicieron caminar varios metros en cuclillas y con las manos en la nuca», marcando cuál debería haber sido la forma de intervención «correcta» aplicada por los gendarmes.

Respecto a las víctimas del hostigamiento, ocurre lo mismo que en el caso de La Matanza: La Nación e Infobae se refieren a ellos como «hombres», a diferencia de Clarín y Página 12 que los nombran como «jóvenes». Más allá de la edad exacta de las personas hostigadas -que no es detallada en ningún caso- podemos pensar que estos últimos dos medios identifican a los jóvenes como víctimas habituales de hechos de violencia policial. Por esa razón, apelan a dicha categoría en ambos episodios para referirse a quienes sufrieron el hostigamiento a manos de efectivos de la gendarmería y de la policía.

De manera similar al primer caso, los medios complementaron el video con la apelación a diversas fuentes oficiales, a través de las cuales se especifica cómo fue la investigación del hecho y cuáles fueron las sanciones implementadas. Principalmente, los cuatro medios aquí analizados acudieron al Ministerio de Seguridad de la Nación para dar cuenta de lo sucedido. Según Infobae, los tres agentes implicados fueron identificados y «pasados a disponibilidad» luego de que las autoridades de dicha cartera accedieran al video antes mencionado. Clarín y Página 12 también remarcaron que fue a través de dicha filmación, y su difusión a través de las redes sociales, que este hecho llegó a funcionarios gubernamentales.

La apelación a materiales audiovisuales no sólo les otorga verosimilitud a las noticias sino que también da cuenta de un proceso en el que, en razón de su circulación por redes sociales, estos sucesos llegaron a altas esferas del poder político y a los medios de referencia. A partir de dichos videos, los medios manifiestan su rechazo al accionar de las fuerzas policiales y de seguridad en estas situaciones particulares. Clarín expresa, respecto al caso de La Matanza, que «la Policía los humilló» como «castigo por no respetar el aislamiento obligatorio»; y que en ambos sucesos los agentes «se excedieron en sus funciones para hacer respetar la cuarentena». Infobae, por su parte, habla de «escenas denigrantes a las que los detenidos son sometidos»; mientras que Página 12 se refiere a la «vergüenza» sufrida por las personas hostigadas. Asimismo, los cuatro medios, en uno u otro caso, utilizan la expresión «bailar» para referirse a las prácticas llevadas a cabo por los gendarmes y policías, considerándolas acciones ilegítimas, al menos en el ámbito del ASPO.

De este modo, construyen un enunciador que no aprueba la comisión de «abusos» por parte de las fuerzas encargadas del control de la población en la pandemia. Sin embargo, no hacen énfasis en cuál debería ser el protocolo de actuación correspondiente en estos casos por parte de la Policía y la Gendarmería. La única excepción se da en Infobae, donde se plantea que «mayormente, quienes violan la cuarentena no son llevados a una celda, sino registrados e imputados en los juzgados federales de turno en su jurisdicción». En las coberturas de Clarín y Página 12 se aconseja la utilización de la línea 134, creada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para dar cuenta del incumplimiento a la cuarentena obligatoria, así como de hechos de violencia institucional en el contexto pandémico. Así, se invita a los ciudadanos a colaborar en las tareas de resguardo, promoviendo un control policial participatorio (Rodríguez Alzueta, 2020), pero a la vez se les pide alertar sobre situaciones de violencia por parte de las fuerzas de seguridad.

Los cuatro medios sitúan a los casos aquí estudiados en una serie de la que forman parte otros hechos de hostigamiento policial llevados a cabo por las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia. Tal como expresa Clarín, «en apenas unos días las redes sociales dieron cuenta de distintos episodios de abusos de las fuerzas de seguridad en su misión de hacer cumplir la cuarentena». Dicho medio, al igual que La Nación e Infobae, vincula estos dos casos con otro suceso similar, también ocurrido en La Matanza. A su vez, Página 12 plantea que «estos no fueron los únicos casos que dieron cuenta del autoritarismo policial», refiriéndose a otro video difundido por las redes sociales. Por último, Infobae informa que «los números de las personas detenidas y demoradas por violar la cuarentena [...] crece día tras día», pero que «sin embargo, hay abusos» -aunque no ofrece estadísticas al respecto. De esta manera, los medios construyen un escenario en el que las prácticas de hostigamiento por parte de policías y gendarmes en tareas enmarcadas en el ASPO parecerían ser un problema recurrente.

Conclusiones

Este artículo buscó aportar elementos para la reflexión sobre el problema de las violencias policiales en pandemia y la incidencia de los medios de comunicación en su legitimación/deslegitimación. En tal sentido, señalamos, a partir del análisis cuantitativo, que durante el contexto pandémico los medios comenzaron a cubrir hechos de violencia policial, lo cual no ocurría en momentos prepandémicos. Tal contexto influyó, a su vez, en el modo en que estos casos fueron abordados, dando lugar a una legitimación del accionar violento de las fuerzas de seguridad en los casos de violencia letal -con la excepción de Página 12, que denunció el accionar policial en ambos tipos de violencias- y a una deslegitimación de la violencia policial en los casos de hostigamiento.

En tal sentido, identificamos la articulación de tres elementos en el abordaje mediático: 1) la referencia u omisión al contexto pandémico .la normativa del ASPO y las tareas de control por parte de las fuerzas de seguridad.; 2) la utilización de fuentes policiales y judiciales y/o de víctimas familiares y testigos para reconstruir un posicionamiento en torno a los hechos de violencia; y 3) la existencia o no de material audiovisual que registre el acontecimiento.

En primer lugar, el «contexto pandémico» intervino en la deslegitimación del accionar policial violento en hechos de hostigamiento en La Nación, Infobae y Clarín. Los tres medios construyeron una visión que condena el accionar violento por parte de policías y gendarmes. He aquí los umbrales morales de la violencia policial: las prácticas de hostigamiento exceden el contrato de lectura, esto es el pacto implícito entre medios y destinatarios (Verón, 1987), por ubicarse por fuera de los protocolos de acción policial y las medidas del ASPO. Estas formas de «castigo» por la violación a la cuarentena obligatoria se vinculan en los medios a prácticas dictatoriales, en un contexto en que ciertos sectores autodenominados «anticuarentena» denuncian la falta de libertad de expresión y circulación (Baquero et al., 2020). En este sentido, cabe preguntarse si la denuncia mediática de estas formas de violencia a manos de las fuerzas de seguridad también podría estar ligada a una crítica .de carácter político. dirigida al Gobierno nacional. Con respecto a los hechos de violencia letal, en La Nación, Infobae y Clarín se legitimaron a partir de la construcción de escenarios bélicos .sustentados en la versión oficial del «enfrentamiento»., similares a los construidos para encuadrar hechos de delito urbano y justificar las muertes de jóvenes portadores de estigmas vinculados principalmente a la edad, el sexo y la clase social.

En segundo lugar, la «utilización de fuentes» se realizó en función de dicho encuadre e incluso fue virando a partir de la puesta en circulación de los hechos en la escena pública, muchas veces operando como cuestionamiento político a la gestión de la pandemia por parte del Gobierno nacional. En los casos de Scalzo y Maidana, ambos de violencia letal, la asociación de las víctimas con elementos ligados a la delincuencia y el incumplimiento de las medidas preventivas del ASPO incidieron en la caracterización del accionar policial. En este sentido, la representación por parte de Clarín, Infobae y La Nación de estos dos sujetos como delincuentes e infractores de las normativas del ASPO tendió a habilitar la violencia ejercida por parte de las fuerzas de seguridad. Esto fue posibilitado a través de la apelación a fuentes policiales y judiciales para reconstruir el desenvolvimiento de los hechos en las primeras noticias publicadas. Sin embargo, en el caso de Alan Maidana .cuya cobertura fue más amplia— Clarín . La Nación recurrieron, un mes después del acontecimiento, al testimonio de familiares, vecinos y testigos que permitieron construir una visión distinta de los hechos respecto a aquella postulada por las fuentes oficiales. En este caso, los medios jerarquizaron diversas fuentes que intervinieron en la noticia en función del grado de visibilidad y circulación que cobraron en redes sociales y el debate público en general. De esta manera, a partir de la nueva información recabada respecto a la muerte de Maidana .la cual evidenció la violencia ejercida hacia el joven. tanto el accionar como la declaración del policía implicado fueron puestas en cuestión. A su vez, la omisión .en esta segunda cobertura del hecho. de rasgos que asocien a la víctima con el delito y la peligrosidad contribuyeron a la deslegitimación del desempeño policial.

En tanto, las noticias de Página 12 en ambos casos de homicidio se diferenciaron de aquellas publicadas en los otros tres medios. A pesar de que la muerte de Scalzo fue catalogada como un caso de «gatillo fácil» y de «violencia institucional», mientras que el caso de Maidana cargó la etiqueta de «violencia policial», la cobertura de ambos hechos puso el foco en las prácticas violentas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad. En este sentido, el medio le otorgó preponderancia al testimonio de los familiares y amigos de las víctimas, así como a testigos, abogados y organizaciones de derechos humanos, y no dio lugar a la voz de las fuerzas de seguridad.

Página 12, a su vez, ubicó estos casos dentro de una serie que incluyó a otros hechos de violencia protagonizados por policías y gendarmes en el contexto pandémico. De esta manera, las fuerzas de seguridad fueron representadas como entidades capaces de autonomizarse de los lineamientos del Gobierno nacional en materia de política criminal, al punto de volverse incontrolables y provocar este tipo de episodios. Si bien el tratamiento informativo de Página 12 se halla en línea con su agenda editorial históricamente alternativa a la de medios como Clarín, La Nación e Infobae, no identificamos cuestionamientos hacia las políticas de seguridad en las que se enmarcó el accionar policial. En tal sentido, Sirimarco y Bover (2020) sostienen la necesidad de no pensar a las fuerzas de seguridad como una institución independiente de otros sectores de la sociedad: «la violencia policial no se resuelve cerrando el foco sobre ámbitos aislados de responsabilidad .que la formación, que la dictadura., ni tampoco cegándose a las tramas intra-institucionales que la sostienen» (Sirimarco y Bover, 2020: s/p).

Tal abordaje se mantuvo de manera similar en la cobertura de los casos de La Matanza y la Villa 1-11-14, con la diferencia de que en los hechos de hostigamiento Página 12 apeló únicamente a fuentes gubernamentales. En este caso, los testimonios fueron utilizados para comunicar las sanciones impuestas a los policías y gendarmes involucrados. Por lo tanto, se mantuvo la línea editorial crítica hacia el accionar de las fuerzas de seguridad con la que los episodios de «violencia institucional» son tratados habitualmente.

En tercer lugar, el «registro de material audiovisual por parte de ciudadanos y ciudadanas testigos de la violencia policial» incidió ante todo en la visibilización de los hechos, como arma de denuncia más no de cese de la violencia. En Clarín, La Nación. Infobae, la presencia de videos que dan cuenta, explícitamente, del accionar violento de efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería en los casos de hostigamiento resultó sumamente relevante. Por una parte, dotó a estos acontecimientos de cierto grado de espectacularidad, posibilitando su noticiabilidad en un contexto excepcional. Por otra parte, la apelación a materiales audiovisuales evidencia un proceso de circulación previa del hecho de violencia policial, que va desde las redes sociales hasta altas esferas del poder político y los medios de referencia. Este tipo de registros, por lo tanto, ponen en jaque a los gobiernos, a los medios y a la ciudadanía en la tolerancia/intolerancia de la violencia policial.

A modo de cierre, nos podemos preguntar por el modo en que la visibilización de la violencia policial, además de operar como testimonio, habilita el pensamiento crítico sobre lo que muestra en la sociedad. La significación moral y política de la mediatización de este tipo de casos, ¿puede contribuir a repensar la naturalización de las muertes de jóvenes en democracia? ¿De qué manera resignifica la ciudadanía las construcciones informativas sobre «enfrentamientos» en contextos en que se halla suspendida temporariamente la agenda de la inseguridad? En futuros estudios, creemos importante indagar estas cuestiones a partir del análisis de las prácticas ciudadanas y el consumo de medios.

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Notas