Hay algo confuso en el título de Los centros de internamiento de extranjeros (CIE), el libro recientemente publicado por la investigadora de la Universidad de A Coruña Cristina Fernández Bessa. La monografía habla de los CIE, pero habla también de otras realidades y expresiones del archipiélago del confinamiento y el control migratorio. Por otra parte, en el texto hay una cierta vocación introductoria, pero es mucho más que una mera introducción. En realidad, el libro presenta, de forma sintética y clara, una excelente caracterización de los CIE, sustentada en los debates teóricos y en un análisis empírico. En ese marco, el trabajo logra situar históricamente la evolución de esta institución de control y enmarcarla en el contexto multi-escalar de la gestión y gobierno de la movilidad (Fernández Bessa, 2021:181; Moffette, 2018; Wonders, 2017), con especial atención a la influencia de las normas y políticas de la UE (Fernández Bessa, 2021:65-69 y 76-79). Al mismo tiempo, el texto de Cristina Fernández presenta con precisión el marco jurídico que regula los CIE (Fernández Bessa, 2021:69-118), sintetiza los principales estudios que se han hecho en la materia en España (Fernández Bessa, 2021, pp. 16-18) y lleva a cabo un análisis empírico sustentado en estudio exhaustivo de los principales datos disponibles sobre el uso de la institución (Fernández Bessa, 2021:19).

Los centros de internamiento de extranjeros presenta un acusado perfil interdisciplinar, en el que dialogan análisis netamente jurídicos con aproximaciones criminológicas. Con ello, la autora llama la atención sobre el hecho de que los CIE son, y deben ser, una materia de análisis criminológico (Fernández Bessa, 2021:19). Esta perspectiva de estudio resulta especialmente saludable, entre otras razones porque compensa en cierta medida la ausencia de trabajos sociológicos y antropológicos (Drotbohm and Hasselberg, 2015; Fernández Bessa, 2021:25; Hasselberg, 2016) sobre estas prácticas punitivas. Tal carencia se deriva de un aspecto que Fernández Bessa indaga con acierto en el trabajo (Fernández Bessa, 2021:25-30), a saber, las dificultades para acceder a datos estadísticos sobre los CIE y, más aún, para realizar trabajo de campo en los centros, en sintonía con lo que sucede también en otros espacios de reclusión (Ballesteros-Pena, 2019). Destaca igualmente que el libro aúna rigor en la aproximación al objeto de estudio con una renuncia explícita a una supuesta neutralidad que, en esta materia, se antoja especialmente quimérica. En efecto, en la línea de las epistemologías feministas (Martínez et al., 2014), la autora explicita con claridad su pensamiento situado, el lugar y el recorrido desde que el que se acerca al estudio de los CIE (Fernández Bessa, 2021:21).

Otro de los aspectos positivos de Los centros de internamiento de extranjeros es su capacidad para situar el estudio de las instituciones de confinamiento en el marco de un régimen de fronteras y de un dispositivo deportador mucho más amplios. Junto a ello, la monografía sabe ver la detención migratoria en toda su heterogeneidad (Fernández Bessa, 2021:20). En ello reside otra de sus fortalezas analíticas, toda vez que los espacios y modalidades de detención están pasando por una fase de diversificación a nivel continental, que en el caso español se manifiesta en la consolidación de los CATE y en la (re-)emergencia de la forma «campamento» en el contexto canario (Ballesteros-Pena, 2022; Barbero, 2021; Boza y Pérez, 2019). En ese proceso de diversificación, los espacios de detención ensayan combinaciones novedosas de la contención y la acogida, intersecciones innovadoras entre lo punitivo y lo humanitario.

La capacidad del trabajo de Fernández Bessa de analizar los cambios en las políticas de detención desde una perspectiva empírica le lleva a proponer una periodización sugerente en el uso de los CIE. Esta taxonomía, sustentada en los datos disponibles, muestra que ha habido tres fases en el funcionamiento de los CIE en el caso español (Fernández Bessa, 2021:120-123). Con anterioridad al inicio de la crisis económica, en los primeros años del siglo la detención migratoria se usó de forma muy generalizada y desconectada de las expulsiones, que presentaban bajas tasas de ejecución. Con posterioridad, la crisis económica y sus consecuencias abrieron una etapa caracterizada por el giro gerencial en materia de control migratorio (Brandariz y Fernández Bessa, 2017). En ese periodo, comienzan a desarrollarse instrumentos de organización eficiente de la selectividad del control, como las denominadas expulsiones exprés y expulsiones cualificadas. Finalmente, a partir de la segunda mitad de los años ’10 las consecuencias de la llamada crisis migratoria astillan la noción de detención, vuelven a dotar de centralidad al gobierno de la frontera sur y dejan espacio para una cierta lógica de acogida en el régimen de fronteras. En ese marco, la acogida humanitaria se entrevera con otras racionalidades de gobierno ya presentes; la mejor evidencia de ello es el sesgo claramente gerencial —a la par que expresión de acogida— que presentan los CATE (Barbero, 2021).

La atención a estas mutaciones del dispositivo de detención en el plano empírico permite que el libro diseccione de manera especialmente sugerente las teleologías reales de los centros de internamiento (Fernández Bessa, 2021:143-177). En esta reflexión se abordan diversas funciones, desde una garantía de la repatriación que con frecuencia se revela quimérica a una disuasión de la inmigración irregular que el aumento de flujos se obstina en contradecir, pasando por la prevención de la inseguridad, el castigo de las personas migrantes y, en cualquier caso, la consolidación de estratificaciones en clave racial.

En línea con otros trabajos anteriores (Fernández Bessa, 2019; Martínez Escamilla, 2013), la monografía de Cristina Fernández presta especial atención al impacto diferencial por género de las políticas de detención migratoria (Fernández Bessa, 2021:134-143), una realidad aún excesivamente invisibilizada. Invisibilización que se relaciona, por una parte, con la limitación de datos estadísticos, pero también con la falta de análisis específicos sobre cómo las prácticas de detención y acogida humanitaria se aplican a las mujeres. En este marco de análisis, la renuncia explícita, en ciertos casos, a la detención de mujeres en CIE convive con su reclusión en los CATE improvisados de Canarias sin ningún tipo de separación interior, pero también con su ubicación fuera de los «campamentos» y en centros específicos. Estas tendencias emergentes requieren de abordajes que permitan desentrañar las interacciones específicas entre lo punitivo y lo humanitario.

En la medida en que se trata de un libro relativamente conciso, Los centros de internamiento de extranjeros no está en condiciones de agotar el análisis de las múltiples dimensiones que presenta la detención migratoria. Sin embargo, las propuestas analíticas y teóricas del trabajo crean las condiciones idóneas para seguir avanzando en los debates sobre el presente y el inmediato futuro de este subsistema de confinamiento. En el marco de esos debates ha de situarse, en primer lugar, una reflexión sobre en qué medida las mutaciones del dispositivo de internamiento que presenta la autora han tenido un carácter puramente reactivo, esto es, se han visto condicionadas por los propios cambios de los flujos de movilidad humana, entre ellos su progresiva «refugianización». En segundo lugar, la perspectiva diacrónica que desarrolla la monografía permite percibir la peculiar naturaleza «plástica» (Ballesteros-Pena, 2022; Pajnic, 2019) del sistema de detención, que es fluido y flexible al tiempo que altamente resistente. Esa combinación de características dota a los CIE y espacios afines de una llamativa capacidad de adaptación, que con frecuencia va por delante de la propia maleabilidad del Derecho (Fernández Bessa, 2021:20; Moffette, 2018; Wonders, 2017). Junto a ello, un interrogante de especial interés es el relativo a cómo la introducción de consideraciones sedicentemente humanitarias va a crear diferentes planos de intersección con los objetivos de control en los diversos espacios de confinamiento / acogida: los CIE, los CETI, los CATE/CAED y los campamentos. Al mismo tiempo, parece oportuno reflexionar sobre en qué medida la propia ubicación geográfica de estos espacios —en particular en el caso de Canarias y Ceuta y Melilla— condiciona su naturaleza y su operatividad material (Mountz, 2020). Finalmente, en un sistema que va incorporando tonos humanitarios surgen nuevas preguntas sobre las dinámicas de externalización del control y el papel de ONG y entidades del tercer sector. El reto analítico en este punto reside en indagar la ambigüedad y el carácter contradictorio de ese tipo de procesos, que se mueven entre casos en los que el ente privado es un mero brazo ejecutor de los intereses de control estatales y realidades de micro-resistencia, en las que la agencia de los operadores del tercer sector transforma la realidad cotidiana de la vida de las personas migrantes. Finalmente, la «humanitarización» del dispositivo de detención reclama una reflexión sobre las nuevas condiciones en las que discurre tanto la legitimación social como la crítica de este tipo de políticas.

Todo este conjunto de debates, por lo demás, no puede perder de vista su conexión con la economía política del control migratorio (Mezzadra y Neilson, 2013; Sitkin, 2020). Las transformaciones del sistema de detención en el caso español han dejado incólume una realidad subyacente, a saber, que el régimen de detención y deportación muestra una conexión funcional con la flexibilización y extracción de valor de la fuerza de trabajo migrante (y refugiada). Para algunas personas racializadas, el paso por los espacios de confinamiento es la antesala de una deportación. Para la mayoría, ese paso es el umbral para la introducción o el mantenimiento en los circuitos racializados de la hiperexplotación laboral y de la precariedad social, que siguen siendo imprescindibles para el modelo de acumulación de una pluralidad de sectores productivos. Ningún análisis sobre las prácticas de detención y deportación debería perder de vista esa dimensión político-económica del control migratorio.

Como se ha sugerido, no puede exigirse a Los centros de internamiento de extranjeros que, por sí solo, dé respuesta a todos los interrogantes mencionados. Sin embargo, el libro de Fernández Bessa realiza una contribución fundamental para revitalizar los debates en la materia y para identificar las preguntas más urgentes. Lo hace, además, con la aproximación interdisciplinaria y la conexión con la literatura académica internacional que requieren los estudios sobre detención migratoria. Aunque solo fuese por ello, el trabajo merece una especial consideración en diversos campos de estudio, entre ellos el de la emergente criminología de frontera o criminología de la movilidad (Bosworth, Franko y Pickering, 2018; Pickering, Bosworth y Franko, 2015).

Bibliografía

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