Introducción

La propuesta de este artículo es discutir algunos aspectos de la dinámica criminal presentes en la «Baixada Fluminense» Rio de Janeiro en las últimas dos décadas. Ese texto es resultado de búsquedas realizadas sobre las situaciones de violencias en la región mencionada; como investigadores vivimos continuamente permeados por experiencias personales, noticias, relatos e historias de vida que involucran disputas territoriales, aspectos políticos, cobranzas de seguridad y servicios, asesinatos de vivientes políticos locales y de jóvenes «involucrados» con la criminalidad, entre tantas otras. En ese sentido, ese texto tiene como objetivo apuntar algunos aspectos de esa dinámica territorial local que sufrió a lo largo de la última década mudanzas significativas con expansión de las milicias y de las facciones de la criminalidad en municipios de la «Baixada Fluminense» y, así, analizar las relaciones, flujos y disputas entre grupos de poder que almeja/ instauran dominio político y ganancias económicas en extensas áreas de la región; produciendo interacciones perversas productoras de un ordenamiento territorial violento para la gestión de las poblaciones allí residentes.

El texto busca discorrer un primer momento sobre las chacinas que sucedieron a partir de los años 2000 y ganaron notoriedad nacional, señalando el largo historial en la región de perpetración de las violencias y altos índices de letalidad violenta. En seguida discute las percepciones de la implementación en la ciudad de Río de Janeiro de las Unidades de Policía Pacificadora – (UPP) para la «Baixada Fluminense» a partir del desplazamiento/ampliación de las facciones del tráfico de drogas, como la expansión de las milicias provenientes de la Zona Oeste de RJ que pasaron a implementar una nueva dinámica de comando territorial, social y económico en diferentes municipios de la «Baixada». Articuladas a políticos regionales y policías corruptos, esos grupos emprenden arreglos visando agrandar los lucros de negocios (i)legales, extender liderazgo político y producir mecanismos regulamentadoras de la vida social (Foucault, 1999). En la última parte del texto describimos situaciones que nos fueran narradas por vivientes de matanzas que no llegaron a los periódicos, y que llamaremos de matanzas invisibles.^[1] En estos casos, los relatos y la escucha serán aquí expresiones para dar visibilidad y reconstruir las experiencias cotidianas de aquellos vivientes que conviven con historias de violencias, desaparecimientos y miedo.

En la «Baixada Fluminense» tenemos un histórico de décadas de prácticas violentas que operan en correlación al poder político local, indicando la violencia en el centro de las disputas y sociabilidad en forma de un «autoritarismo socialmente construido» (Alves, 2003). Nos quedamos de acuerdo aquí con Misse (1999) que existe un proceso de acumulación social de la violencia en Río de Janeiro y, específicamente en la «Baixada», donde figuran escuadrones de la muerte, procesos individualizados y colectivos de venganza y justicia privada; aparte de disputas por mercados (i)legales que recrudesce esas violencias. En Brasil, y en sus periferias, el Estado nunca logró tener completamente el monopolio del uso legítimo de la violencia, ni fue capaz de ofrecer igualmente a todos los ciudadanos inclusión por la ciudadanía y acceso judicial a la resolución de conflictos.

La «Baixada Fluminense» es compuesta por 13 municípios ubicados al oeste de la ciudad de Río de Janeiro, en la región metropolitana, son ellos: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados, Mesquita, Magé, Guapimirim, Paracambi, Japeri, Itaguaí e Seropédica. Tiene aproximadamente 3,8 millones de personas que viven establecidas en la faja de tierras entre la Serra del Mar y el litoral. Su ocupación reciente está asociada al flujo migratorio iniciado en los años 1930, con fuerte presencia de fluminenses, capixabas, mineros y nordestinos; parte de esa población es pendular, pues diariamente se desplaza para trabajar en la capital. Estos municipios representan una significativa extensión territorial dentro del estado de Río de Janeiro, y poseen diferencias en relación a la ocupación del territorio, al tamaño de los municipios, al tamaño de la población, la mayor o menor presencia de industrias y comercio local; sin embargo, la «Baixada» hay algunas décadas es bastante conocida en el periódico nacional por su historia de violencias y presencia de acciones locales para «contró de la marginalidad», aquellos conocidos como grupos de extermínio. Aspecto central en la comprensión de esas dinámicas locales es la presencia del mandonismo local, en los términos de Carvalho (1997), representados por familias o individuos con propiedades de capital político, recursos estratégicos en las estructuras de poder y recursos económicos con domínio sobre las elecciones de representantes políticos y las acciones económicas de la población local.

Todavía, esa esfera de control social no es la única que encontramos en los territorios estudiados, observamos actualmente una disputa territorial que involucra diferentes grupos que visan auferil ganancias económicas y políticas en las áreas disputadas. Si en los años 80 y 90 la presencia de políticos locales, policías y juego del bicho permeaban las esferas de control y poder, tenemos hoy la presencia de nuevos grupos disputando esos espacios como la milicia y el tráfico de drogas o mismo o entrelazamiento con los viejos grupos de poder local.

Segundo Alves (2003) en el pasado reciente de la «Baixada Fluminense», hay un histórico de acciones criminales invariablemente asociadas a la estructura política; una especie de capital criminoso que se acumuló a lo largo del tiempo. Cada nuevo emprendimiento criminal siempre contó con consolidaciones anteriores y reformulaciones propias a cada período y lugar. En el momento del macizo flujo migratorio, cuando ocupaciones de tierras urbanas, desapropiaciones de camponeses y su lucha contra los desalojos se sucedían (1930 a 1964), Tenório Cavalcante, llamado el Hombre de la Capa Negra,^[2] grabó en las entrañas de la sociedad las disputas violentas, a partir del uso de una ametralladora, bajo una capa negra y de chaleco antibalas. Actuaba así paramentado, en secciones de la cámara y de las asambleas legislativas, como en las disputas contra enemigos políticos, con destaque para los comisarios.

La dictadura empresarial militar iniciada en 1964 fornece los elementos para la emergencia, a partir de 1967, de los escuadrones de la muerte.^[3] Formados inicialmente por agentes públicos de seguridad (policías militares, policiales civiles y bomberos), que operaban las ejecuciones sumarias, contaban con el financiamiento por parte de empresarios y comerciantes, y tenían soporte político del régimen militar. También vino de este momento el fortalecimiento del juego del bicho en la «Baixada», a partir de la actuación de la família Abraão-David-Sessim en Nilópolis, financiadores de los enredos enaltecedores de la dictadura, hechos por la escuela de samba colibris, dominadores de la política municipal y fornecedores de la mayor red de informaciones sobre las calles que la dictadura podría imaginar: los quioscos del juego del bicho.^[4]

Con la redemocratización de los años 1980, tuvimos un proceso de «tercerización» de las ejecuciones sumarias a partir de la formación de los grupos de exterminio compuestos por civiles, en parejas con los agentes públicos de seguridad. El mito de la Mano Blanca surgió en este momento, cuando operaban vários grupos de exterminio, responsables por las centenas de asesinatos de la región; pero que eran atribuídos a un único grupo, la Mano Blanca, a autoría de las muertes, sendo un artifício para impedir cualquier forma de investigación; la Mano Blanca era un mito, una ficción y que eliminaban en su gran mayoría personas negras y pobres de la «Baixada».

Los años 1990 trajeron consigo la elección de los matadores a los cargos de vereadores, diputados estatales y alcaldes en la «Baixada». A mediados de esta década, el tráfico de drogas inició su primer momento de expansión. Fue en este período también que los protótipos de las milicias empezaron a formarse, a partir de las ocupaciones urbanas de tierra, libranzas autoritarias, control de la distribución de terrenos, agua, luz y aterro; y control electoral de dos vivientes. «A lo largo de este período las estructuras de poder político y de ganancias económicas-socio-culturales calzadas en la violencia se consolidaron, modificaron y se reconfiguran permanentemente, en una virtuosidad y creativa, alimentada por los que ocupaban las esferas del Estado y del capital» (Forum Grita Baixada, 2016:11)

Matanzas y letalidad violenta: la violencia como expresión de poder y dominio territorial

La hegemonía ejercida por los grupos de exterminio en la región asistió al regreso de su monopolio a las manos de los agentes públicos de seguridad ya en el inicio de los años 2000. La matanza de la «Baixada» representó el ápice y el punto de mudanza en esta coyuntura. En la noche del día 31 de marzo de 2005, en menos de dos horas, policías militares asesinaron 29 personas, en los municipios de Nova Iguaçu y Queimados. Desplazándose en coches, los asesinos fueron ejecutando personas, por las calles en que iban pasando. De los 11 policías denunciados, cuatro fueron condenados. La mayor matanza de la historia del Estado de Río de Janeiro tuvo repercusión nacional e internacional. Su motivación tendría sido el descontento de los policías con Paulo César Lopes, en la época comandante del 15° Batallón de Policía Militar, de la ciudad de Duque de Caxias, también en la «Baixada Fluminense», que había prendido 60 policías por desviación de conducta.

Tras la Matanza de la «Baixada», hubo un decrecido de los números de homicidios en la región. Esta tendencia siguió hasta 2010, cuando nuevas matanzas dieron cuenta de la modificación de una dinámica criminal. El 24 de octubre de este año, un grupo de personas estaba en una fiesta, delante a un bar, en la «Bacia do Éden», ubicada en el municipio de São João de Meriti, cuando, en los moldes de los grupos de exterminio, hombres armados pasaron en coche disparando; matando seis personas y lastimando otras nueve. Este crímen fue atribuido a un traficante llamado Vinícius Anselmo de Araújo da Luz, conocido como Vinicinho Jogador, uno de los líderes de la Chabola del «Chapadão», en la Pavuna.

En 2012, ocurrió la Matanza de la Chatuba, que mató a nueve personas. El crímen ocurrió en el municipio de Mesquita, donde un grupo de adolescentes fue hasta una cascada ubicada en el Parque de Gericinó, que hace divisa con la Chabola de la Chatuba. Allá, los jóvenes fueron sorprendidos por traficantes, que torturaron y ejecutaron seis de ellos por vivir en una comunidad dominada por un grupo rival, en Nilópolis. Los otros tres restantes fueron ejecutados porque fueron testigos del crimen. Estas dos matanzas anunciaban una nueva escalada de asesinatos, de esta vez, asociada al tráfico de drogas (Forum Grita Baixada, 2016).

En la virada de los años 1990 para los años 2000 la «Baixada» empezó a ganar nuevo estatus en la prensa nacional, en función del crecimiento de dos movimientos sociales y de instituciones culturales. Eso pasó como reflejo de algunos esfuerzos puntuales para identificar las características positivas de la región: la existencia de asociaciones de vivientes y sus federaciones por municipio, asociaciones comunitarias de salud, divulgación de datos de instituciones de ensino, rádios comunitarias, acciones culturales, entre otras. Además de todos estos esfuerzos, una realidad permaneció inalterada: los altos índices de homicidios. Como podemos ver en la tabla a seguir los números de la letalidad violenta en la «Baixada» permanecieron altos en las últimas décadas. Según datos del Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro las tasas han variado en promedio entre 50 a 60 por 100 mil habitantes. Ya en los casos de muertes por intervención de agente del Estado las tasas tuvieron enorme variación en los últimos años saliendo de 2,5 al inicio de los años 2000, yendo para 7,1 en 2010 y llegando en 2018 con 14,3 por 100 mil habitantes. Importante señalar que el perfil de las víctimas por muertes violentas en la «Baixada» sigue el mismo estándar del Estado de Río de Janeiro y del país. La expresiva mayoria hombres jóvenes entre 15 y 29 años, negros y pardos, de baja escolaridad, vivientes de periferias; en Río de Janeiro a tasa por 100 mil habitantes de muertes por homicídio de jóvenes es de 92,6 y hombres jóvens de 176,2 (Atlas da Violência, 2019).

Tabla 1.

Letalidad Violenta en la «Baixada Fluminense» y muerte por intervención del agente del Estado^[5] (2000-2018)

En 2018 un detallado relatorio de búsquedas con fuentes cuantitativas y cualitativas fue publicado por el ISER junto a el Fórun Grita Baixada presentando resultados de la búsqueda sobre homicidios en la «Baixada Fluminense». El relato indica un histórico de prácticas homicidas en los arreglos de poder definidas por tres métodos: el enfrentamiento, la ejecución y la ocultación del cadáver. En disputas por territorios, predominan los enfrentamientos. En los aciertos de cuentas, en las disputas por liderazgos, «limpiezas de área», demostraciones de poder y puniciones por prácticas consideradas desviantes, las ejecuciones - seguidas de la ocultación del cadáver, siendo los métodos homicidas prioritarios. Así, muestran que:

En el contexto empírico de la «Baixada Fluminense», pues, el uso de la fuerza indica que e asesinato no es un recurso residual o extremo de la constitución de los poderes locales que se estruturan en la frontera entre el legal e ilegal. Por el contrario. Matar es una herramienta ordinaria y primaria de poder. Poder matar es tener poder en la «Baixada Fluminense», o, invirtiendo la construcción para reforzar el punto: tener poder político en la “Baixada” pasa por la franquia al derecho de matar (Rodrigues, Albernaz et all 2018:13)

Consecuentemente, es hecho que en la última década algunos cambios significativos fueron observados en las dinámicas territoriales, criminales y políticas en regiones de la «Baixada Fluminense», vamos a considerar aquí dos aspectos que creemos que son centrales para la comprensión de ese proceso: una expansión de las facciones del tráfico de drogas por áreas donde no había control faccional de território y expansión de las milicias, que antes dominaban la Zona Oeste de la ciudad de Rio de Janeiro, para municípios de la Baixada.^[6] En el caso de la expansión de las facciones del tráfico de drogas que controlan el tráfico de drogas en las chabolas del municipio de Río de Janeiro para la «Baixada» el que apuntamos como indicador fue de reordenamiento de los territorios del tráfico a partir de la implantación de las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) a partir de 2008.

La percepción del aumento de la violencia tras las «UPPs»

Las unidades de Policías Pacificadoras – UPPs fueron implantadas en Río de Janeiro por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, a partir de 2008, visando instalar puestos de policiamiento comunitario en las chabolas; articuladas a la “producción de seguridad” para el Mundial de Fútbol y para las Olimpíadas. Actualmente son 37 en el municipio de Río de Janeiro y 1 en la «Baixada Fluminense».^[7]

Hay relatos de vivientes de diferentes ciudades de la «Baixada» que relacionan el aumento de la violencia con la migración de criminales de Río de Janeiro para la «Baixada», sobre todo después de la instalación de las UPPs. Además, relatan una nueva forma de presencia de grupos criminales extraños en el lugar, con la utilización de armamento pesado y control territorial intensivo. Algo relacionado por la mayoría de los vivientes con los rasgos característicos de la violencia en las chabolas cariocas de la distante «Baixada». De ese modo, fue a partir de Río que la violencia en los últimos años se desplazó para la “Baixada” en la percepción de dos vivientes (Miagusko, 2016).

La búsqueda realizada por ISER y Fórun «Grita Baixada» (Rodrigues e Albernaz et all, 2018) apuntan en la misma dirección, segundo los vivientes y gestores locales entrevistados por la búsqueda después la instalación de las UPP`s en las chabolas cariocas, regiones donde antes el tráfico estaba presente apenas como «estica» (tráfico discreto, sin control territorial y sin uso ostensivo de armas) pasaron y tener la presencia constante de facciones y hombres armados controlando a los territórios. Con todo, esos entrevistados hacen una asociación del tráfico como vector de la expansión de la violencia y ejecuciones en la última década que «vino de fuera», sin atentar para los homicidios que ocurrieron en larga escala desde períodos mucho anteriores a la expansión de la presencia ostensiva y armada de esos grupos criminosos.

Desde el inicio de la política de implementación de las UPPs en la ciudad de Río de Janeiro, en 2008, pero principalmente con la instalación de una UPP en el «Complexo do Alemão», en 2010, la «Baixada Fluminense» pasó a ser reconfigurada de acuerdo con los intereses de las facciones del tráfico de drogas. Las pérdidas impuestas por la política de UPPs pasan a ser transformadas en ganancias y recomposición frente a los territorios y negocios perdidos en Río de Janeiro. La «faccionarización» del tráfico establecerá, de forma hegemónica, las prácticas e intereses de las facciones en el trato con los territorios, comerciantes y usuarios de drogas. La acción de los vendedores amadores, sin vínculo con facciones, fue alcanzada duramente por una guerra que esquilman a la región, palmo a palmo, estableciendo nuevas fronteras, nuevas dinámicas operativas, alianzas y correlaciones de fuerza.

Milícias en Río de Janeiro y en la «Baixada Fluminense»

En el histórico de surgimiento de las milicias, hay una relación en su origen con los Escuadrones de la Muerte que proliferaron en la «Baixada Fluminense», al final de los años 1960, bajo el régimen de la dictadura militar implantada a partir de 1964. La evolución de estos grupos de exterminio va a seguir hasta encontrarnos un preámbulo de las milicias, en mediados de los años 1990. En aquel momento, varias ocupaciones urbanas emergieron y, junto con ellas, formas más autoritarias de liderazgo nacieron. Fue así en chabola de Río de las Piedras^[8] y en el barrio de Campo Grande, ambos en la Zona Oeste de Río de Janeiro y en los barrios de São Bento y Pilar, en la ciudad de Duque de Caxias. El control de la distribución de terrenos, aterros, agua y luz era determinado de forma centralizada y violenta por los líderes de las ocupaciones, que después convirtieron este control en votos, a partir de la práctica del clientelismo, de la compra de voto y del recurso a la violência electoral, expresa en la intimidación, agresión o muerte de los opositores. Los años 2000 asistieron al montaje del modelo como existe hoy, bajo el control de dos agentes públicos de seguridad. La expansión de la mayor milicia del Estado de Río de Janeiro, la Liga de la Justicia, indicó un nuevo vector de ampliación en la dirección de la «Baixada Fluminense», yendo de Campo Grande/Santa Cruz, na Zona Oeste de Rio, para Itaguaí, Seropédica e Nova Iguaçu. Hoy, aparte de las ciudades citadas anteriormente, la milicia se encuentra consolidada también en Belford Roxo, Japeri, Mesquita, Queimados, São João de Meriti y Magé.^[9]

El tema de las milicias adquirió notoriedad en Río de Janeiro en el año de 2006, cuando el término fue acuñado para describir grupos de agentes armados del Estado (policías, bomberos, agentes penitenciarios, etc.) que controlaban comunidades y chabolas, ofreciendo «protección» en cambio de tazas a seren pagas. Estos grupos pasaron también a lucrar con el control monopolístico sobre diversas actividades económicas ejercidas en estos territorios, como la venta de gas, el transporte alternativo y el servicio clandestino de TV a cabo (Cano e Duarte, 2012). En un primer momento, diversos actores participantes del debate público mostraron tolerancia e, incluso, apoyo a estos grupos, considerándolos como un «mal menor» en comparación con el narcotráfico. El entonces alcalde de la ciudad de Río de Janeiro en la época, César Maia, definió a estos grupos como «autodefensas comunitarias».

Según Cano y Duarte (2012) la milicia actúa a partir de algunas orientaciones, cuales sean: el control de territorios y de sus respectivas poblaciones por parte de grupos armados irregulares que hacen uso efectivo o potencial de la violencia. Ellos ejercen coacción en contra vivientes y comerciantes locales, aunque exista siempre un grado parcial de legitimación y de tolerancia, basado en el discurso de que son una protección local, que siempre vigoró a partir de una dimensión moral en contra el consumo de drogas. En la acción criminosa, en sí, hay una motivación de lucro individual de los componentes; que se organiza en posiciones de comando ocupadas por parte de agentes de seguridad pública del Estado que actúa de forma privada, a partir de la imposición de tasas obligatorias a vivientes o comerciantes en cambio de su supuesta protección y/o aplicación de monopolios coactivos sobre ciertos productos y servicios consumidos en la comunidad (transporte alternativo, cobranza de tasas por «protección», invasiones de tierras, venta de gas, TV a cabo, comercio local, etc.).

En 2008, un informe de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría del Estado de Seguridad («Seseg») listó 171 comunidades dominadas por milicianos, siendo 161 en la Región Metropolitana de RJ. La constatación se restringía a chabolas en siete municipios de la Región Metropolitana. El documento fue presentado a la Comisión Parlamentar de Inquéritos (CPI) de las Milicias, de la Asemblea Legislativa de RJ (Relatório da CPI – Alerj, 2008). Al inicio de 2018, contabilizaba que las milicias estaban en 37 barrios y 165 chabolas de 11 municipios de la Región Metropolitana, ocupando un área de 348 Km., o sea, un cuarto del tamaño de la capital, donde viven más de 2 millones de habitantes. Estos datos fueron obtenidos por el cruzamiento de informaciones del Ministerio Público estatal, de la Policía Civil, de la Secretaría de Estado de Seguridad y del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE (Grandin; Coelho; Martins e Satriano, 2018). En una actualización de estos datos, en 2019, las dimensiones de la milicia ya alcanzaban 14 ciudades del Estado de Río de Janeiro y 26 barrios de la capital, afectando cerca de 2,2 millones de habitantes, con actuación en: cobranza por seguridad, venta de botija de gas, agua mineral y canasta básica, transporte de vans, servicios de internet y TV a cabo pirata, construcción e invasión de edificios, explotación de arenal, entre otros (Werneck, 2019).

Las milicias actúan todavía en un ramo que gana fuerza desde 1959 en la Baixada Fluminense, las ocupaciones de terrenos, antes realizados por grupos autónomos y ahora sustituidos por el emprendedor inmobiliario miliciano. Esa figura agencia lotes en áreas públicas, y muchas veces en asociación a políticos locales y figuras públicas que garantizan el esquema de venta ilegal de lotes. En el día 12 de abril de 2019 una tragédia ocupó a las manchetes de los periódicos y el país conoció a expansionismo imobiliário de las milicias cuando dos edificios construídos y vendidos por la milicia local desató en el barrio de «Muzema» Zona Oeste do Rio de janeiro, matando 24 pessoas (G1, 2019).

Actualmente son numerosas las denuncias de condominios del «Minha Casa Minha Vida» (MCMV) que están dominados por grupos de milicianos en la Zona Oeste y «Baixada Fluminense». Una fuerza tarea de la Policía Civil, Ministerio Público de Río de Janeiro y Corregedoria de la Policía Militar en 2015 prendió 14 milicianos sospechosos de controlar 39 condominios del MCMV en la Zona Oeste (Vasconcelos, 2015). Proliferaron relatos sobre diversas formas de violencia utilizadas por las milicias; «puniciones crueles y truculentas de los ‘transgresores’, la elevación de los precios de los productos en el comercio local, derivado de las tasas semanales o mensuales las cuales están submetidos los comerciantes, asociada a la obligatoriedad de realizar compras en el interior de la comunidad», el resurgimiento de jóvenes armados por las calles de algunas comunidades, revelando una dinámica de actuación que implica en una forma de tiranía y vigilancia constante (Silva, Fernandes e Braga, 2008:20).

Se menciona todavía que grupos de milicianos y policías corruptos interesados en lucrar con el comercio ilícito de drogas, se asociaron para disputar con los traficantes un trozo de los rendimientos del tráfico a través de la extorsión y, en muchas circunstancias, asociándose al negocio. Los negocios controlados por las milicias también se expandieron para nuevas áreas. Un portfolio que incluye: robo de petróleo crudo, de los oleoductos de «Petrobras», en la ciudad de Duque de Caxias, y su refino em mini destilerías instaladas en residencias comunes; aterros sanitarios clandestinos, donde son desechadas basuras tóxicas y contaminante; pesca predatoria de camarón en el período de defeso; control de consultas y exámenes en hospitales públicos liberados para los que pagan a la milicia por ellos; control de vagas de trabajo en empreiteiras que actúan en Comperj, en Itaboraí; exigencia de soborno a ser pago por pescadores sin licencia para pescar en el litoral fluminense; y creación de servicio de transporte de personas por aplicaciones, estilo «uber de la milicia».

Tramas de poder, el Estado en múltiples dimensiones

Se identifica en acción de grupos que controlan el Estado el eixo transversal que constituye e interliga los varios grupos criminales. En el tráfico de drogas, el sistema prisional, en cuanto espacio de origen, de articulación, circulación y organización de las facciones se une a la mediación incontournable del soborno pago a la policía, para el funcionamiento de la venta de drogas en las chabolas y barrios, en las dimensiones hoy existentes. Godoi (2017) analiza la centralidad del PCC en la dinámica criminal de San Pablo, en el sistema penitenciario y en la sociabilidad de las periferias de San Pablo. En su trabajo apunta que la dinámica de procesamiento de personas en las prisiones depende de la amplia y contínua movilización dentro y fuera de las murallas; donde la figuración de PCC no es la de una «organización criminosa» que ocupa los huecos dejados por el Estado ausente; pero entiende como la movilización de recursos y presos dentro y fuera de las cadenas son factores fundamentales para el próprio funcionamiento del sistema; algo semejante también ocurre en Río de Janeiro.

En el caso de las milicias, la existencia de un tercer actor, como en el caso del tráfico de drogas, es descartada. El agente público de seguridad es el propio organizador del crimen, a ejemplo de los grupos de exterminio que todavía sobreviven. Luego, no hay cualquier poder paralelo, la milicia es parte de las estructuras del Estado en esas regiones. Ni tan poco hay que hablar en ausencia de Estado, ya que esta ausencia es la propia presencia del Estado, o sea, su actuación en el fortalecimiento del poder político, económico, social y cultural de los grupos criminales presentes en su interior, o a él asociados para la obtención de ganancias y perpetuación en el tiempo y espacio.^[10]

La trayectoria bien sucedida de políticos, vinculados a los grupos de exterminio y milicias, recubren este escenario con el «lavayen»^[11] de ciudadanía que procesos electorales confiere a los electos, independientemente de seren políticas electorales criminalizadas, fruto del clientelismo y de la violencia practicada contra candidatos concurrentes y electores (Albarracín, 2017). Además, hacer política en la «Baixada Fluminense» es arriesgado, pues el recurso a la violencia permanece como instrumento de control a los cargos, candidaturas y negocios escudos. En el contexto que precedió a las elecciones municipales de 2016 en la «Baixada» ocurrieron 13 asesinatos de candidatos o precandidatos al poder legislativo, en el entanto muchos de esos crímenes no fueron investigados como crímenes electorales por la comisaría de homicidios que señaló el fuerte enlace de algunos casos con conflictos entre milicianos. Ese fenómeno indica que la violencia letal en la región no posee fuerte articulación con el contexto político local, sobretodo en lo que se refiere a la actuación de las milicias y grupos de extermínio (Rodrigues, Albernaz et all, 2018 y Coelho/G1, 2016).

Hay una hipertrofia del Estado, por su face legal e ilegal. Los ilegalismos, esto es, el gerenciamiento hecho por los agentes del Estado de tolerancias y represiones en cuanto a las prácticas ilegales (Foucault, 1987) se expandieron a las fronteras del Estado a partir de su dimensión legal en la dirección del ilegal, fortaleciendo. Se comenta de una dimensión totalitaria, socialmente construída, por dentro de la estructura democrática, anclada en la acción de grupos dentro del Estado. Esta dupla face, legal e ilegal, hace toda diferencia, sobremanera en la dimensión de las milicias. Los traficantes no aprovechan esta dimensión. Fijados a la dimensión ilegal, son clasificados como criminales. Serán presos y muertos, sin derecho a constituir como personalidades políticas y hombres públicos. En el caso del miliciano, cuando se intenta atinar en su dimensión ilegal, a partir de la actuación de la justicia, su posição en el interior del Estado y del judiciário, permite tener acceso a informaciones privilegiadas para escapar de operaciones policiales, manipular procesos y alterar investigaciones, aparte de acceder informaciones sobre la realidad fundiária, inmobiliaria, comercial, territorial, tributária, de transportes y fiscalizadora determinantes para sus negocios. Por otro lado, cuando se intenta incidir en su dimensión legal, creyéndose que él está sometido a los trámites legales, lo que se presenta es su face ilegal, muchas veces, letal. Como el caso del asesinato de la vereadora Marielle Franco, do PSOL de Río de Janeiro y de su conductor, Anderson Gomes, em 14 de marzo de 2018. La actuación de la parlamentar en el legislativo municipal, teniendo como foco la actuación de las milicias en la chabola de Río de las Piedras, sería la principal motivación de los asesinatos, conforme las investigaciones sobre el caso.

Actor fundamental en toda esa trama, los policías civiles y militares aparecen en diferentes espacios de negociaciones, control y circulación de personas y mercados. Una actuación que involucra a la existencia de dos mercados informales ilegales: un que transiciona mercadorias económicas ilícitas y otro que produce y transaccional mercadorias políticas, en los términos de Misse esto es, «bienes y servicios codificados de seguridad, protección y garantías de confianza en las transacciones, que conflictúan con la soberanía de las reglamentaciones estatales» (2002:1). Si en el pasado la narrativa de participación de policías corruptos en grupos de exterminio involucran el control de los crímenes en contra el patrimonio, principalmente aquellos perpetrados en contra el comércio local; hoy, en cuanto figura del curinga, en el juego de cartas del crimen organizado, el policía corrupto cobre un amplio espectro de posiciones, encajonando en las diferentes jugadas armadas por traficantes, milicianos, políticos, matadores y por la propia corporación de acuerdo con las estratégias de ganancias y de manipulación político mediáticas de imágenes útiles para las políticas públicas de seguridad cada vez más hegemonizadas por las ejecuciones sumarias, «abatimientos» y prácticas de «criminal bueno es criminal muerto».

Percibimos una imbricada red de relaciones y disputas territoriales entre los actores arriba citados: políticos, policías, traficantes de drogas y milicianos. Alianzas en estratégias, reproducciones de patrones, imitaciones de prácticas, rupturas y conflictos van sucediendo de acuerdo con las dimensiones espaciales, relaciones políticas, formaciones históricas e interacciones sociales y culturales propias a cada disputa. Analizarlas permite una aproximación cuanto a las dinámicas de estas disputas y comprensión de forma como el crimen organizado va estructurando, permitiendo entender la «Baixada» como un laboratorio que proyecta prácticas para la Região Metropolitana, para el Estado de Río de Janeiro y también para el país. Por la propia característica del objeto estudiado, sabiendo del poder que estos grupos poseen, consolidados hace décadas en la «Baixada Fluminense», fue constituído un campo de pesquisa a lo largo de años de estudios y debates relacionados al tema de la violencia, que permitió la inserción en una amplia red de informaciones formada por la actuación y debate junto a fóruns, cursos de formación, movimientos sociales, sindicatos, entidades de clase, escuelas, cursos de pré vestibular comunitários e iglesias.

Con todo, hay limitaciones de los datos oficiales, manipulados por la estructura de poder de los grupos criminosos, dentro del Estado, e que pueden ser confrontados por el acceso a relatos de experiencias de aquellos que directamente vivieron y viven los efectos de la violencia perpetrada por los diferentes grupos que actúan en la región. Entre estos relatos, los más expresivos, por la forma como se contrapone a los datos oficiales y lanzan luz sobre las acciones de los grupos criminales y sus dinámicas, están lo qué aquí son llamadas de Matanzas Invisibles.^[12] Ellas son matanzas no registradas por la policía, mucho menos por la media, que asocian los homicidios a la desaparición de los cuerpos y, consecuentemente, llevan al subregistro de estos homicidios. Las Matanzas Invisibles son por lo tanto, la forma más acabada de manifestación del poder de los grupos criminales en acción, expresan a manipulación totalitaria de la muerte en los territorios en disputa, o ocultamiento de estas muertes, o silenciar de cualquier acusación o contestación, o apagar de cualquier pista, vestigio o registro, en fin, la supremacía inconteste de las formas de dominación desarrolladas en estas áreas.

Matanzas Invisibles: disputa territorial y ampliación de los negocios

El primero relato de Matanza Invisible fue hecho por el entonces Frei Evaristo Spengler, padre de la Parroquia de la Iglesia Católica de «Imbariê», de la Diocese de Duque de Caxias y San João de Meriti, que sería nombrado, en 2016, bispo de la Prelazia del Marajó – PA. Él mencionó la guerra iniciada días antes, en el sábado, 26 de julio de 2014^[13] y repasó las informaciones que había recibido de los miembros de las comunidades católicas. En aquel momento, una facción del tráfico de drogas, el «Comando Vermelho» –CV había iniciado un confronto con la facção Terceiro Comando Puro– TCP, intentando retomar los puntos de venta de droga. Lo que llamaba la atención era la diferencia entre el número de muertos identificado por los fieles y población, en redes sociales, superior a 20; el número de muertos divulgados por la media, que serían 8 y los registrados por la policía: 7 homicidios. Hubo una denuncia, por parte de los vivientes, cuanto a la existencia de un cementerio clandestino en el barrio. La policía hizo excavaciones en el local e informó que había encontrado 2 cuerpos. Los vivientes insistieron que había más cuerpos enterrados y que el cementerio cubría un área mayor. La policía no continuó con las excavaciones encerrando la búsqueda de los cuerpos.^[14]

Casi un año después, en el 4 de julio de 2015, ocurrió un debate sobre seguridad pública, organizado por la Regional Periferia de las Comunidades en la Diocese de Duque de Caxias y São João de Meriti. En él, autoridades hablaron sobre la situación de la violencia en los barrios periféricos. Entre ellos, un major, que representaba el 15. «Batalhão de Policía Militar», en «Duque de Caxias», presentó, de forma ufanista, el cumplimiento de metas de reducción de violencia. Todavía, batir metas está asociado a recibir premiaciones por la reducción de los índices de violencia. No registrar homicidios ni encontrar cuerpos incide en la reducción de estos índices. Luego, en el caso de Imbariê, hay la hipótesis de una estrategia específica, de subnotificación, relacionada a los procesos institucionales del aparato policial, visando la obtención de mérito y premios. Aparte de esto, hay también la hipótesis de que el no registro de asesinatos reduce la actuación de la policía en aquel conflicto, favoreciendo la facción vencedora del mismo. La facción, por su vez, puede ser aquella que paga soborno a la policía, para permitir su actuación. La subnotificación ganaría aquí, un segundo contorno. Sería una forma de protección y no interferencia en los intereses de facciones mediante el pago. Algo como cobertura institucional. El mismo major finalizó su habla acusando a la población de ser cómplice es cúmplice, pues ella no estaría denunciando a los criminales a la policía. Esta inversión discursiva, muy común entre autoridades policiales, tiene como objetivo lanzar sobre los hombros de la población la responsabilidad y culpa por la victimización que sufre. Claro, que, de sana conciencia, nadie denuncia, pues sería el mismo que firmar su sentencia de muerte, dado el riesgo de la posible existencia de complicidad entre la policía u otros agentes del crimen organizado.

Los cementerios clandestinos en la «Baixada» no son novedad. Desde el surgimiento de los Escuadrones de la Muerte, al final de los años 1960, la población y la media hablan sobre su existencia. Los ríos Sarapuí, Iguaçu, Botas e Guandu son indicados como verdaderos cementerios submersos. Hay notícias de prácticas, adoptadas por la Compañía Estatal de Águas y Esgotos – Cedae, de no retención de cuerpos, en las instalaciones de Río Guandu, a fin de no perjudicar su funcionamiento, pues cada identificación acarrearía en la ausencia del funcionario, que tendría que prestar depoimento. Hay también los cementerios en áreas aisladas y deshabitadas. Se suma a esto relatos sobre haciendas con puercos y caymanes famintos, que devoran hasta mismo los huesos de los cuerpos a ellos jugados. En fin, a lo largo del tiempo a la imaginación y a la creatividad cuanto al hacer cuerpos desaparecerán nunca cesó. Contribuyó para esto la ausencia completa de investigación. En recurrencia, en los últimos años, de los nuevos flujos criminales que estamos aquí apuntando también aumentaron los relatos de desaparecidos en la región. Todavía la política de seguridad debe actuar con base en los datos; un desaparecido es la mejor cosa para el ocultamiento e invisibilidad. El desaparecido es un dato que no es dato. Nadie tiene prueba ninguna sobre él. Simplemente, desapareció. Él es el dato doble, el dato disfraz. Cualquier afirmación sobre él lleva, necesariamente, a su contestación. No es una prueba, es una ausencia de prueba. El dato del no dato. En tierras de ríos, áreas de volutas y puercos famintos, el desaparecido vino para quedarse y aparecer cada vez más.

Estamos tratando de arbítrios, arreglos y disputas que definen y ejercen el derecho de matar, dejar vivir o exponer la muerte a los individuos. Una forma de biopoder en los términos de Foucault (1999) que realiza la gestión de la vida y circulación de poblaciones. En la lectura de Mbembe se trata de una forma de soberanía cuyo proyecto central es la «instrumentalización generalizada de la existencia humana y la destrucción material de cuerpos humanos y poblaciones» - la necropolítica (2016:125). Achille Mbembe señala, a partir de Foucault, que en la política de la muerte el racismo actúa como una tecnología destinada a permitir el ejercicio del biopoder, pues la función del racismo es regular la distribución de muerte, incluyendo en el racismo basado/ y o imbricado a la clase; donde las clases trabajadoras se convierten clases peligrosas (selvagens). Y los locales donde esas clases habitan son vistas como zona de guerra y desorden, zonas en que la violencia del estado de excepción supuestamente opera a servicio de la «civilización» (2016:133). En el caso de la Baixada Fluminense entender la dinamica criminal de las muertes y desaparecimientos de cuerpos (negros y pobres) es comprender una forma de gobernar por la muerte y por el miedo.

El segundo relato está relacionado a la madrugada del día 21 de septiembre de 2015. En ella, los milicianos que ocupaban una parte del barrio Km 40, en Seropédica, invadieron el otro lado del barrio, que desde 2011 había sido ocupado por el CV. El relato fue construido por tres personas. Un investigador de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro – UFRRJ cuyos parientes vivían en el barrio, una estudiante de la misma universidad, que vivía en aquel barrio y un viviente de Seropédica amigo de un policial militar. De este último informante viene la explicación de las motivaciones de la matanza. El amigo policial del viviente le dijo que el difundido en la época por la media y en las redes sociales no era la verdad, o sea, que la invasión sería una represalia de la milicia a los traficantes tras haber asesinado de forma bárbara a un policial militar jubilado que vivía en el barrio. La invasión estaba asociada a algo mucho más complejo. El CV había descubierto, hace algún tiempo, en los fondos del barrio, por donde pasa el río Guandu, una estación de tratamiento de agua de una multinacional. A partir de este momento, pasó a exigir 5 mil reales por semana para permitir el acceso de los funcionarios de esta multinacional a la estación. La multinacional, en desacuerdo, hizo una reunión, en la cual el policía informante estuvo presente. En ella surgió un gran acuerdo entre la policía y la milicia. En la madrugada siguiente, hombres encapuchados, con armas conteniendo silencios, invadieron la localidad. Tenían una lista de nombres de los que deberían ser muertos y sus direcciones. Los relatos son de un camión saliendo del local con más de dos decenas de cuerpos. Al día siguiente a la matanza, las calles fueron limpias y pintadas, iluminación pública rehecha y la plaza inaugurada.

Este caso nos habla de un concierto entre una multinacional, policía/milicia y poder público para establecer la «paz y el orden» a partir de una «matanza invisible». Diferente del caso de Imbariê, donde se trataba de la relación policía/ traficantes, el caso del Km 40 revela una articulación más amplia y profunda. Menciona informaciones obtenidas por investigación en cuanto a nombres y direcciones, el que denota una preparación a lo largo del tiempo. Hay un cuidado con el apagamiento de vestígios, como del sonido de los disparos o la presencia de cuerpos. Se hace todo con el choque de orden e inauguración de equipajes públicos y urbanización. La decisión de la multinacional, que prefiere pagar a la milicia que al tráfico, sostiene la hipótesis de que los negocios con la milicia son mejores, más garantizados y seguros. La preferencia revela una política de alianzas. El fortalecimiento de un poder que, por dentro del propio Estado, permite lanzar mano de políticas públicas para disfrazar los efectos de una intervención militarizada ilegal y criminal. Los beneficios de la urbanización callaron cualquier mención a lo ocurrido. Los cuerpos desaparecidos fueron olvidados en el cambio por iluminación, inauguración de plaza y mejoras. El terror de los días de cambios de tiros incesantes entre policías y traficantes, o entre facciones rivales del tráfico, dieron lugar a la seguridad de la milicia. La intensificación del terror, en una política de enfrentamientos permanentes, prepara el terreno para la masacre de la invasión. El desaliento de millares de personas, cercadas en su ir y venir, conviviendo en el laberinto de calles bloqueadas, regulando horarios a partir de toques de retirada y sobresaltadas a cualquier momento por los tiroteos se convierte en la pacificación promovida por la multinacional-policía-milicia-poder público. Para librarse de un mal inmediato, se entrega todo poder a una estructura mucho más nociva y perversa, plena de poder, dinero e impunidad, generada en las entrañas del Estado, que decide sobre la vida de millares de personas de una forma totalitaria e inconteste.

El otro lado del barrio Km 40 ya era dominado, hace mucho tiempo, por la milicia. En esta área, que se conecta con la Recta del Piranema, fueron instaladas numerosas empresas de extracción de arena. Estos arenales, vários clandestinos, pagan valores superiores a mil reales por semana a la milicia. Los milicianos también son dueños de arenales. Varios asesinatos en la región están vinculados a la operación de estos arenales. La invasión del otro lado del barrio trae consigo una dimensión geopolítica. Significa la unificación del barrio bajo el control de la milicia. Ella amplió su relación empresarial y permitió, posteriormente, avanzar sobre toda la ciudad de Seropédica. Fue, por tanto, la expansión del control miliciano a partir de esta Matanza Invisible una tarjeta de visita para los días de control absoluto que la milicia tiene hoy sobre la ciudad.

El tercer relato ocurrió en la madrugada del sábado, 19 de febrero de 2017; un sábado antes del sábado de carnaval, en ese día los relatos dan cuenta de que sería la mayor matanza de toda la historia de la Baixada. Los relatos hablan que entre 35 y 60 personas fueron asesinadas. Esos relatos llegaron a través de dos personas. Un ex alumno de UFRRJ, ex viviente de la ciudad de Japeri, donde la matanza ocurrió y el otro, un importante liderazgo comunitario, viviente del barrio São Jorge. Cuando ocurría en este barrio un baile funk, con el sonido muy alto, impidiendo a los participantes de oír cualquier otro sonido, un grupo de hombres fuertemente armados y entrenados para matar bajó por cordas lanzadas de un helicóptero. Al acceder al topo del monte, por detrás del local de la fiesta, donde hay una mata, este grupo fue bajando y degollando a los ojeadores del tráfico que cuidaban la seguridad del baile. Otro grupo llegó en camión, jeeps militares y autobuses. Fueron directo al baile, cerraron las puertas y pidieron que los traficantes se identificaran. Tras la identificación, ellos fueron fusilados junto a un paredón, en el mismo local del baile. Carros y camionetas pasaron a transportar los cuerpos por las calles del barrio, siendo vistos por la población. Tuvieron como supuesto destino, que comportaría el volumen de cuerpos, uno de los grandes cementerios submerso de la Baixada: el río Guandu. Ni los policías de la comisaría de Engenheiro Pedreira ni los periodistas fueron autorizados, por los asesinos, a entrar al barrio. Dos días antes, dos camiones de cerveza y uno de cigarrillos habían sido robados en el Arco Metropolitano por estos traficantes. Un día antes, camiones de electrodomésticos también fueron robados. La hipótesis es que esta «matanza invisible» tendria sido encomendada por las empresas que tuvieron sus mercadorias robadas, en una articulación con el alcalde de la ciudad que, en el día 27 de julio de 2018, fue preso^[15] por envolvimiento con el tráfico de drogas y que, en aquel carnaval de 2017, andaba por las calles, celebrando el «carnaval de la paz». La prisión de Carlos Moraes, por tercera vez alcalde de Japeri, fue por asociación al tráfico. El Ministerio Público en parceria con la Policía Civil hicieron escuchas telefónicas e identificaron la articulación del alcalde, 3 vereadores y el líder de la facción Amigos de los Amigos – ADA en la obtención de ganancias por el tráfico de drogas, en fraudes de licitaciones del ayuntamiento y en la obtención de informaciones privilegiadas sobre operaciones policiacas que beneficiaron a los traficantes. La Matanza de 2017 pudo haber sido parte de una estratégia de ampliación de la fuerza de este grupo en el municipio.^[16]

El cuarto evento de las «matanzas invisibles» de la Baixada se dio el día 24 de junio de 2019. En este día las redes sociales de vivientes de la ciudad de Nova Iguaçu y Seropédica pasaron a recibir una enxurrada de mensajes, fotos y vídeos sobre la invasión que la milicia estaba realizando. Se trataba de una gran operación por parte de aproximadamente 100 milicianos, todos armados de fusil, en las comunidades controladas por el CV, en la ciudad de Nova Iguaçu, teniendo como eixo de operación la Estrada Madureira, a fim de eliminar la presencia del CV. Fueron atendidos los barrios Jardim Paraíso, Marapicu, Grão Pará, Danone, Don Bosco, Parquinho, Esperança y Marina. Relatos inicialmente hablan de 15 a 35 muertos. En contacto con el Ministerio Público Estatal – MPE fueron confirmadas denuncias de 45 muertos, a pesar de que la policía y la media formal hablar apenas una muerte. El mismo MPE informó que tras el envío de las imágenes para las redes sociales, hubo la búsqueda, por parte de los milicianos, de los autores de las imágenes y de su divulgación, con el objetivo de penalizarlos. Uno de los motivos principales de esta calzada que los milicianos promovieron a los productores de imágenes estaba asociado al hecho de la vehiculación de imágenes de policías civiles y militares, con sus uniformes, por lo tanto, tocas ninjas, actuando directamente en el ejército miliciano. También fue divulgado por la prensa que se trataba de una acción de la mayor milicia del Estado, la Liga de la Justicia. El destino presumible de estos cuerpos sólo podría ser el Río Guandu, que está próximo de la región y tendría volumen suficiente para comportar este número de cuerpos.

Con excepción del primero caso, Imbariê, los demás: Seropédica, Japeri y Nova Iguaçu nos hablan de la acción de las milicias. Mientras Imbariê revela la relación entre la policía y facciones del tráfico en disputa por el mercado de drogas, a no intervención policial, la baja notificación de muertos, el subregistro de los homicidios y la no investigación cuanto al cementerio clandestino; las demás acciones de la milicia nos hablan de operaciones macizas, con fuerza desproporcionada, sein cualquier registro, siquiera de la prensa, con presencia de intereses de empresas multinacionales, poder político local ejercido por matadores, conluio directo entre aparato policial, milicia y poder público; a parte del silencio mediático. Se percibe la superioridad miliciana en cuanto al control de los territorios en función de las relaciones que ejerce por dentro del Estado. Sus articulaciones con el capital, distribuído en industrias, comercio y servicios permiten arreglos productivos criminosos, tanto de hegemonía de los capitales legalmente acumulados, que tiene en las milicias su seguridad y eliminación de cualquier perjuicio o concurrencia, como en la creación de monopolios de comercio y servicios por parte de las propias milicias.

En ese sentido, la relación policía y tráfico de drogas, permanece generando ganancias para ambos, pero en una escala inferior, cuando comparados a la lucratividad miliciana. En todos estos casos, las ganancias político/económicas, permanecen centrales en la disputa espacial, dando origen a esquemas obscuros, asociando matadores y milicianos a poderes locales, cuando no, asumiendo el control directo de estas esferas. La penetración de esta disputa territorial, en dimensiones tan amplias, en los ambientes de la Baixada Fluminense, retalla, subdivide, determina flujos, proyecta negocios, construye corrales electorales e impulsiona empreendimentos religiosos, sociales, culturales vinculados a proyectos políticos de grupos criminosos; de tal forma que en la configuración de esta red, cualquier acción, cualquier paso representa reacciones, redimensionamientos y consecuencias en el tenso y conflictivo tablero donde todas las dimensiones aquí mencionadas cumplen un papel determinante y crucial para la sobrevivencia de millones de personas.

Algunas reflexiones finales

Vemos hoy en regiones de la Baixada Fluminense múltiples actores en disputa por mercados/lucros, legitimidad, territorios, discursos, dominio político, económico, social y cultural. Esos actores en diferentes formas de arreglos y posibilidades de agrupamiento hora se aproximan, hora se alejan de acuerdo con los intereses en juego, produciendo una imbricada red de composiciones y acciones externas y/o interestatales, podemos llamarlas de interacciones perversas productoras de un ordenamiento territorial violento. De forma simplificada sintetizamos estos cuatro grupos de intereses de la siguiente forma: Milicias: agentes intraestatales con acciones económicas y políticas - fuerte control territorial; Grupos Políticos: buscan ventajas económicas y control político de la región (se articulan a los diferentes grupos); Policiais: reconocen e interactúan en diferentes espacios obtenido ventajas («arreglo», y /o recompensas sociales, políticas y financieras); Traficantes: sin autonomía política, se sostiene por la venta de drogas y ‘arreglos’, intereses en obtención de lucros en nuevos negocios - control territorial (contingente). Destarte, lo que está en juego son intereses públicos y privados (cargos políticos y ganancias económicas de las más variadas formas) territorialmente localizados y disputados - un conflicto productor de acciones violentas e intimidatorias que afecta cotidianamente a miles de vivientes que viven bajo el miedo.

Los lucros son tan altos que hoy ya tenemos notícias de la militarização del tráfico o asociación negociada entre tráfico/milícias; a partir de una reducción de los lucros con la venta de drogas ocurre una migración de las actividades del tráfico para los negocios lucrativos a la semejanza de la milicia como «GatoNet» y cobranza de tasas a los vivientes. Con toda la milicia figura hoy como un gran articulador político y empresarial en extensas regiones de la Baixada Fluminense, controlando comercios, definiendo candidatos a cargos públicos, generando ayuntamientos y eliminando sus adversarios.

Tilly (1996) analizó la formación de los estados modernos europeos a partir de las lógicas y dinámicas del capital y de la coerción; según él, combinaciones diferentes de capital y coerción produjeron tipos muy distintos de estados; incluso formas de gobiernos indirectos donde se gobierna sin instituir, financiar y alimentar un extenso aparato administrativo centralizado; la soberanía fragmentada fue analizada en contextos históricos específicos en Europa, pero nos ayuda a pensar una agenda de búsqueda de comprensión de que hoy asistimos en las configuraciones, arreglos y rearreglos de poder, conflictos y gobierno de poblaciones en estos territorios. Estamos de acuerdo con Mbembe que, en el caso de la Baixada Fluminense, «la soberanía es la capacidad de definir quién importa y quién no importa, quien es descartable y quien no es» (2016:135) —el gobierno por la morte, la necropolítica— en la disputa político/económico/territorial. Por fín, no hay que hablarse en monopolio del uso legítimo de la fuerza por el Estado (Weber, 1999) más en imbricadas redes de negociaciones, parcerias, promesas, obligaciones, enfrentamientos, guerrillas, disidencias, oposiciones entre los diferentes actores y grupos que componen y controlan esos territorios periféricos o de las ‘márgenes’, constituído así la propia existencia y permanencia del centro-Estado.

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Notas