A través de un recuento histórico que detalla el devenir de las configuraciones de los campos latinoamericanos del control del crimen, la obra expone las ricas y complejas variables que han determinado el Estado Penal en toda la región del sur global, desde la creación como repúblicas independientes hasta nuestros días.

Dicho trasegar histórico ha mostrado tensiones entre la democracia y el autoritarismo, a la par de una búsqueda inacabada de la libertad y el orden, que pese a ser reiterada, muestra profundas carencias, propias de «democracias sin ciudadanía», dada la exclusión social y económica prevalente en el sur global, donde la democracia aún no significa justicia social.

Pese a las particularidades propias de cada país, la obra conecta semejanzas relevantes para el entendimiento de los liderazgos políticos latinoamericanos, tanto de izquierda como de derecha, cuya pertenencia a una misma élite, surgida en tiempos coloniales, direccionaron sus esfuerzos en la construcción de órdenes sociales jerárquicos y excluyentes, con fuertes controles sociales de las «clases peligrosas».

Es precisamente toda la confluencia de variables políticas, institucionales, discursivas, entre otras, lo que demarca las formas de enfrentar el delito como un problema social, y el resultado de los actores del campo de control del crimen para defender sus visiones del mundo, imponiendo determinados órdenes sociales. De ahí que, la economía política del castigo analice el castigo como una institución social compleja, no solo como herramienta de control de criminalidad, sino como medio para reproducir la economía capitalista.

En acercamiento a esas variables en el desarrollo de Estados Latinoamericanos, el panorama radiográfico muestra algunas desfavorables con trascendencia hasta nuestros días, como son: inmensas dificultades de los sistemas de justicia penal para judicializar la delincuencia, ineficacia instrumental de la ley (diferencia de lo que se consagra en la ley y la conducta real de los actores sociales), autoritarismo (uso permanente de la fuerza estatal, mediante mecanismos legales y extralegales, cuyas víctimas usualmente son las clases sociales marginadas), falta de credibilidad en el sistema de justicia y poca legitimidad de los Estados latinoamericanos.

A dichas características de los campos jurídicos latinoamericanos, se les suma las implicaciones de lo que el autor nombra como la tortuosa ruta hacia la modernidad, un proyecto esencialmente europeo, que incluyó una experiencia sociocultural disminuida para esta región, y una sujeción a ultranza del proceso de globalización, que ha implicado reformas jurídicas y económicas de las ultimas 3 décadas bajo la adaptación del modelo neoliberal.

Ahora, pese a ser solo una de las múltiples variables que el libro aborda, sin duda el neoliberalismo merece especial análisis por la convergencia penal en países con economía política neoliberal, alta desigualdad de ingresos y una fuerte tendencia a la exclusión social, así como a instituciones penales más punitivitas. Es por ello que, tanto el liberalismo como el aumento del autoritarismo en gobiernos latinoamericanos concurren en la búsqueda de un orden social pensado para la protección de intereses de clases privilegiadas, garantizando los mercados libres, y perpetuándose a través del uso de poderes de emergencia.

Lo anterior denota una visión economicista del crimen que prevalece en el discurso oficial, alejando el interés por resolver sus causas económicas y sociales, lo cual es evidente en el constante apoyo de los regímenes políticos latinoamericanos a instituciones penales que castigan con mayor frecuencia y severidad los delitos menores, cometidos por delincuentes comunes en situaciones de marginalidad.

Lo cierto es que, si bien la severidad penal entre países se explica con variaciones de diversos factores, como los indicadores sociales de distribución de ingresos y gasto social, en Latinoamérica la relación entre distribución de ingreso y tasas de encarcelamiento no es constante, pues el gasto social ha aumentado en las últimas dos décadas, así como las tasas de encarcelamiento. Esto es contrario a la realidad del norte global, que se enmarca en la confluencia de mayor proporción de su PIB en bienestar social, y menores tasas de encarcelamiento.

Ahora, sigue siendo menor el gasto social en Latinoamérica, comparado con países ricos, por lo que se plantea que el gasto social puede tener efecto en bajar tasas de encarcelamiento no solo cuando alcanza niveles significativos, sino cuando se distribuye igualitariamente, en especial en la población más desfavorecida. En todo caso, estas variables, como el resto que se ofrecen en la obra, ponen de presente que las causas de los diversos niveles del castigo en Latinoamérica son más numerosas y más complejas que las que se usan para explicar la realidad del norte global.

Finalmente, el libro también proporciona un rico campo pendiente por explorar con suficiencia, como el estudio del control del poder de castigar a partir de la instauración de modelos acusatorios en la región, lo que en países como Colombia sería particularmente desafiante si atendemos el carácter sui generis del modelo, la estrecha relación de la política y el poder ejecutivo en la configuración de la fiscalía como ente acusador, así como su impacto en la selectividad del sistema penal colombiano.

En definitiva, si el ideal en la región del sur global es construir ordenes sociales más incluyentes, sin que sean antagónicos los fines de orden y libertad, es necesario no solo cuestionar el impacto negativo de la economía política mundial actual y la dependencia latinoamericana frente a los mercados globales que imponen principios del capitalismo de mercado, tanto a regímenes de izquierda como de derecha, sino continuar explicando la realidad y necesidades latinoamericanas. Aunado a ello, deberá advertirse el impacto de los diferentes actores transnacionales en el control del crimen, así como las carencias básicas y no resueltas que dan cuenta del incumplimiento de mínimos postulados de un Estado Constitucional, lo que conlleva a retrotraer discusiones a estados más primarios, cuyo objeto principal sea lograr la ciudadanía plena de sus habitantes.