Introducción

La delincuencia ha sido una de las preocupaciones centrales de la ciudadanía en Chile en los últimos años (Padilla et al., 2022). Para enfrentarla, sin embargo, se han enfatizado estrategias que ponen el castigo y el encarcelamiento en el centro (Morales, 2012). Así, la idea de que la cárcel sería una respuesta eficaz al crimen ha ido ganando adeptos en la ciudadanía y en la clase política, configurándose así un escenario desfavorable para la reinserción de quienes han cometido delitos. Esto se combina con diversos problemas —viejos y nuevos— que aquejan a las cárceles chilenas. Entre los viejos, están los diversos problemas de infraestructura que afectan los derechos humanos de las personas privadas de libertad (INDH y Procuración Penitenciaria, 2021); creciente violencia entre internos (Sanhueza et al., 2020); escaso acceso a programas de reinserción (Espinoza et al., 2014) y un sistema de cárceles concesionadas que no ha logrado ser más eficaz que sus contrapartes públicas (Sanhueza y Perez, 2017). Entre los nuevos problemas que afectan a las cárceles chilenas, se puede señalar el avance del crimen organizado transnacional (Alveal, 2021), la corrupción por parte de miembros del personal (Sanhueza y Pérez, 2019) o la creciente influencia de pandillas que tienen sus nichos tanto al interior como al exterior de los recintos penitenciarios en grandes ciudades (Peirce y Fondevila, 2020).

En medio de este contexto, el sistema penitenciario chileno trata de realizar —como parte de su misión— acciones en favor de la reinserción de quienes tiene a su cargo. Una de estas acciones ha sido la incorporación, desde aproximadamente el año 2013, de un modelo de intervención basado en evidencia (Andrews, Bonta & Wormith, 2011) que busca disminuir la reincidencia de quienes han estado en prisión. Se trata del llamado modelo de «riesgo-necesidad-responsividad» [RNR, en adelante] para la rehabilitación de infractores de ley adultos. La literatura comparada ha mostrado evidencia empírica de la eficacia del modelo RNR para reducir la reincidencia delictual en varios países (Andrews, Bonta & Wormith, 2011). Sin embargo, la literatura también alerta sobre la necesidad de una adecuada implementación de estos para que se alcancen los resultados esperados y la intervención no termine siendo inclusive contraproducente o dañina (Chua et al., 2014; Oliveri, 2011).

El presente artículo explora la implementación del modelo RNR en un estudio de caso en dos prisiones de la Región del Maule, en Chile. La importancia de este estudio radica en que antes del RNR no existía un paraguas común para las diversas acciones en favor de la reinserción con población penal; no se contaba con evidencia respecto a la efectividad de dichas intervenciones; y el tipo de iniciativas realizadas variaban mucho dependiendo de quién las realizaba y su entrenamiento / formación previa. De este modo, existían altas expectativas respecto a las posibilidades del RNR para reducir la reincidencia delictual, de acuerdo a lo que este modelo había mostrado en otros países (reducciones de hasta un 35%) y a la alta inversión realizada por el estado chileno en adquirir la licencia de este programa (Gendarmería de Chile, 2019).

Al 31 de Octubre de 2022, las personas privadas de libertad en esta región alcanzaban a poco más de 2.350 (para una población de poco más de 1.045.000 habitantes); todas alojadas en recintos públicos (no hay cárceles concesionadas en esta región); un 36% de quienes están encarcelados se encuentra imputado, versus un 64% de condenados; existen 169 mujeres (6,9%) encarcelada en la región; 64 internos eran de nacionalidad extranjera; y 31 internos se auto identificaron como indígenas (Gendarmería de Chile, 2022).

Quisimos conocer, en particular, la perspectiva que tenían profesionales a cargo de ejecutar e implementar los planes de intervención en el proceso de reinserción con personas privadas de libertad en dos cárceles de la VII región. La muestra se trató de psicólogos/as y trabajadores/as sociales todos/as de más de 40 años de edad; con más de cinco años de ejercicio profesional en Gendarmería y con experiencia profesional tanto en el sistema abierto como en el cerrado (cárceles). Les consultamos respecto a una serie de aspectos de implementación del RNR desde las condiciones de infraestructura, el grado de conocimiento del modelo, el tipo de entrenamiento recibido para la intervención con población penal, al manejo del instrumento IGI, las condiciones contextuales al interior de los recintos donde trabajaban, y el grado de apoyo proveído por la propia institución, entre otros. Con esto quisimos levantar evidencia empírica preliminar para identificar nudos críticos y realizar propuestas coherentes a la visión de los implementadores para mejorar la gestión del modelo RNR en los recintos penitenciarios chilenos. La hipótesis central de este trabajo es que, a pesar de lo promisorio del RNR en países desarrollados, el sistema penitenciario chileno —dada una multiplicidad de factores— no estaría en condiciones para llevar adelante una implementación adecuada del RNR y, por ende, no deberían esperarse los mismos rendimientos que este modelo ha tenido en otros contextos en cuanto a la disminución de la reincidencia.

Discusión Bibliográfica

La delincuencia como preocupación y la cárcel como una respuesta precaria e insuficiente

A pesar de que América Latina ha crecido económicamente en las últimas décadas, la delincuencia y criminalidad en delitos contra la propiedad vienen al alza desde hace varios años (Bergman y Fondevila, 2021; Bergman, 2018), frente a lo cual se han implementado leyes y políticas criminales con un énfasis punitivo, alargando las penas y/o aumentando el catálogo de las mismas, particularmente en al ámbito de las drogas (Morales, 2012; Boiteux, 2010). Como resultado, los sistemas penitenciarios de la región han visto incrementadas sus poblaciones y, al mismo tiempo, se han precarizado en la medida que el clamor del populismo penal no ha ido acompañado por inversiones y atención pública hacia las prisiones, en medio de la región más desigual del planeta (Bergman y Fondevilla, 2021). En la misma línea, la situación de las mujeres privadas de libertad sigue siendo precaria no solo durante el encierro (Sanhueza y Sánchez, 2022), sino también cuando dejan la prisión (Larroulet et al., 2020), incluyendo las escasas iniciativas de apoyo municipal a la reinserción post-penitenciaria (Sanhueza, Ponce y Godoy, 2022).

El crimen es un problema que no solo afecta a las víctimas directas del delito, sino que también daña la comunidad y la cohesión social (Hummelsheim, Hirtenlehner, Jackson y Oberwittler, 2011). En Latinoamérica esto es particularmente problemático porque es una de las regiones con las tasas más altas de victimización, criminalidad y violencia del mundo (Hernández, 2021). Se da un problema tanto de victimización como de percepción de inseguridad que va en aumento en las últimas décadas (Bergman, 2018)

Actualmente las personas piden más cárcel y más castigo, pero, al mismo tiempo, siguen otorgándole a la cárcel la función de rehabilitar (Cullen et al, 2009) y se muestran decepcionadas o molestas frente a la reincidencia delictual, convirtiéndose en una crisis que afecta de manera trasversal a las personas privadas de libertad, a los ciudadanos, su seguridad y a la sociedad toda (Bergman y Fondevila, 2021). En Chile, existe una reincidencia legal promedio del 43% (Fundación Paz Ciudadana, 2012) y el gasto en materia penal (solo considerando el presupuesto de Gendarmería de Chile) viene creciendo cerca de un 10% cada año (Dipres, 2020). En cuanto a la rehabilitación, los programas existentes son escasos y una baja proporción de personas que egresan cada año de las cárceles habría tenido acceso a programas de reinserción, especialmente en lo referido a programas de intervención psicosocial (Espinoza, Martínez & Sanhueza, 2014).

En Chile, la administración penitenciaria está a cargo de la institución denominada Gendarmería de Chile, siendo de este modo, la institución que primordialmente se encarga de la custodia y reinserción de quienes están privados de libertad, proveyendo programas de intervención para las cárceles públicas de todo el país y supervisando el trabajo que se realiza de intervención en los recintos concesionados (Gendarmería de Chile, 2022). En este sentido, si bien existe la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, esta hace referencia más a la organización interna de la institución y no hace mayores referencias al cómo debe hacerse la tarea de reinserción. Aquí, cabe recordar que Chile no cuenta con una ley de Ejecución Penal y esta sigue siendo una de las carencias normativas más importantes para hablar de reinserción, ya que solo existen fragmentados cuerpos legales, de menor rango que no aportan a unificar criterios en materia de reinserción (Salinero et al., 2017; Castro et al., 2020).

Características generales del sistema carcelario en Chile

El sistema penitenciario chileno es descrito en ocasiones como uno de las mejores de la región en el sentido que las fugas son raras y que el control de los penales está en manos del estado (Mertz, 2016), inclusive en el contexto de pandemia cuando, por ejemplo, no se registraron incrementos en la tasa de fugas, ni tampoco ocurrieron motines graves como si fue el caso de países como Brasil, Paraguay o Ecuador (Alveal, 2021). Este sistema cuenta, asimismo, con un sistema mixto de administración penitenciaria donde, si bien la mayor parte de las cárceles son públicas, existen ocho prisiones a lo largo del país que fueron construidas (y actualmente son administradas) por consorcios privados internacionales privados, tales como Sodexo. Esta colaboración público-privada ha permitido permite que cerca de 14.000 personas privadas de libertad cumplan condena en recintos que tienen mejores condiciones de habitabilidad, descomprimiendo, de este modo, al sistema público-tradicional (Sanhueza y Pérez, 2017). En la actualidad hay un total cercano a las 45.000 personas privadas de libertad en Chile (Gendarmería de Chile, 2022), con una tasa de encarcelamiento cercana a los 236 por cada 100.000 habitantes (ICPS, 2022). Los custodios y el resto del personal penitenciario en general suman alrededor de 20.000 funcionarios desplegados en cerca de 90 cárceles, centros de reinserción social y direcciones regionales de todo el país.

Sin embargo, cuando las cárceles chilenas son comparadas con la realidad de sistemas penitenciarios de países más desarrollados, quedan al descubierto una serie de precariedades que las afectan. Así, por ejemplo, existen severos problemas de hacinamiento (especialmente en las regiones III de Atacama, V de Valparaíso y VII del Maule), a lo cual se suma una deficiente infraestructura tanto para cubrir necesidades básicas de una persona —como un baño limpio, agua corriente o atención sanitaria— (Sánchez & Pinol, 2015) como para atender las necesidades psicosociales de las personas privadas de libertad y poder implementar programas de intervención para ellos/as (Brander y Sanhueza, 2016).

En los últimos años se ha observado, asimismo, un cambio cualitativo y cuantitativo en los niveles de violencia al interior de las cárceles chilenas, especialmente en lo que dice relación al incremento las riñas entre internos y del número de muertes, tanto al interior de cárceles públicas como concesionadas (Sanhueza et al., 2020; Sanhueza y Perez, 2017). Al interior de las cárceles en Chile también existen situaciones de maltrato institucional de funcionarios penitenciarios a reclusos (INDH, 2013), escaso acceso a programas de reinserción (Espinoza, Martínez y Sanhueza, 2014) y, en general, una muy limitada capacidad de rehabilitación de las personas privadas de libertad, con una tasa de reincidencia que alcanzaría el 43% (Fundación Paz Ciudadana, 2013). En estas condiciones complejas son las áreas técnicas las encargadas de ejercer acciones de «tratamiento» en pro de la reinserción social de los internos, tales como talleres, entrevistas individuales, diagnósticos psicosociales, entre otras. Estas áreas técnicas usualmente se componen de trabajadores sociales, psicólogos/as, terapeutas ocupacionales y, en algunos casos, monitores deportivos y/o artísticos (Valdivia et al., en evaluación; Brander y Sanhueza, 2016).

Según Ghaddar (2006), en cárceles se cuenta con más factores de riesgo para la salud mental que otras labores, debido a que se encuentran trabajando en un ambiente marcado por la desconfianza, operando en una organización con altos niveles de burocracia (Thurston-Snoha& Mora, 2011), donde el entrenamiento se percibe como insuficiente para la complejidad de la labor, con jefaturas percibidas como poco apoyadoras y enfrentando un trabajo monótono (Lambert et al, 2009). El estrés laboral afecta directamente la satisfacción laboral, el compromiso con la organización y así el desempeño (Lambert et al, 2009).

En cuanto a la situación de los profesionales en Chile, no darían abasto por para atender a un alto número de internos, sumado a la ausencia de espacios de intervención (Navarro et al, 2012). Agravado por los altos grados de ausentismo que acumula la carga laboral de los profesionales que sí se presentan (Pizarro, 2008). Este exceso de trabajo es crítico cuando se tiene en cuenta la población con la que se trabaja, que los sueldos se perciben como bajos (Pizarro, 2008) y los recursos para trabajar son escasos (Ahumada & Grandón, 2015).

Según un estudio hecho con profesionales penitenciarios en 2016, Gendarmería sería percibida como una institución que privilegiaría la custodia y al área uniformada por sobre la reinserción social y el área técnica, lo que dificulta generar intervenciones efectivas por falta de recursos humanos, problemas de infraestructura, falta de apoyo de las jefaturas y falta de espacios de intervención (Brander y Sanhueza, 2016).

Principios de intervenciones que funcionan: superando el «nada funciona» de Martinson

En los últimos años, se ha consolidado la idea de que el tratamiento en cárcel puede reducir la conducta delictual y que las las intervenciones basadas en evidencia podrían ser efectivas para lograr este objetivo (Farranaga et al., 2022). Básicamente, este enfoque, conocido como what works señala que la reincidencia y la re-encarcelación pueden ser reducidas puesto que existen ciertos factores que pueden poner al ofensor en riesgo de cometer nuevamente delitos en el futuro. Desde la década de 2010, Gendarmería ha estado en un proceso de implementar el modelo RNR en sus tres subsistemas de modo de realizar intervenciones basadas en evidencia con las personas que tiene a su cargo (Gendarmería de Chile, 2019). En países desarrollados, se ha encontrado que los programas que adhieren a RNR pueden llegar a reducir la reincidencia de los infractores hasta en un 35% (Andrews & Bonta, 2010), aunque evidencia reciente demuestra que una implementación adecuada es condición indispensable para que el modelo de los resultados que se esperan (Borseth et al., 2021)

Este modelo consta con tres principios fundamentales. El principio de riesgo establece que los infractores que corren el mayor riesgo de cometer un nuevo delito deberían ser los sujetos con más intervención, supervisión y programas. En este sentido, diversos estudios han señalado las consecuencias negativas de las intervenciones destinadas a reclusos de alto riesgo cuando se aplican a los infractores de bajo riesgo o cuando se mezclan diferentes grupos de riesgo; Las tasas de reincidencia aumentan para el grupo de menor riesgo (Andrews et al., 2011; Lowenkamp y Latessa, 2005; Latessa et al 2002).

El principio de necesidad sugiere que las intervenciones deben dirigirse directamente a los factores dinámicos (también llamados «necesidades criminogénicas») asociados a comportamientos de alto riesgo, incluyendo personalidad antisocial, actitudes y valores antisociales, asociados antisociales, disfunción familiar, el control, las malas habilidades para resolver problemas, el abuso de sustancias y la falta de empleo / habilidades laborales, la educación, el escaso afecto familiar y la mala comunicación (Gendreau, Smith, & French, 2006). Sin embargo, el principio de necesidad no siempre se ha respetado en la práctica correccional, ya que no ha sido infrecuente que en muchas intervenciones se hayan tomado como objetivos del programa ciertas variables no directamente asociadas con la conducta criminal, como la autoestima. Como resultado, estos programas han demostrado ser infructuosos en la reducción de la reincidencia (Latessa, et al., 2002).

Finalmente, el principio de responsividad establece que la entrega de tratamientos debe corresponder a las características de los individuos, incluyendo sus rasgos cognitivos, de personalidad y socioculturales (Andrews et al., 2011). La mayoría de los especialistas están de acuerdo en que hay dos tipos diferentes de responsividad: general y específica. Mientras que la responsividad general se refiere al uso de un enfoque cognitivo-conductual en las intervenciones correccionales (Van Voorhis et al, 2004), la responsividad específica, por otra parte, tiene que ver con la coincidencia que debe existir entre el programa y las características específicas del infractor. Incluyendo la raza, el género, la cultura, la capacidad cognitiva, la edad, el estilo de aprendizaje y una variedad de otras características personales (Pantoja, 2010).

Sin embargo, el traspaso de este modelo a un país como Chile no resulta trivial, ya que las intervenciones sociales en cárcel están sujetas a una serie condiciones complejas. En este sentido, Oliveri (2011) ya señalaba hace más de diez años atrás en su estudio sobre «Programas de rehabilitación y reinserción de los sistemas de cárceles concesionadas y estatales» que se hacía necesario revisar y potenciar el área de intervenciones psicosociales en las cárceles chilenas, puesto que existían diversas carencias e inconsistencias en la forma en que los programas de reinserción eran ejecutados.

Ella hacía referencia a llevar a cabo intervenciones desde una mirada integral, señalando algunos lineamientos:

• Fortalecer el personal dedicado a ejecutar los planes de intervención en centros penitenciarios cerrado en el programa de reinserción social.

• Capacitación especializada y constante monitoreo de éstas, respecto de los contenidos y acreditación de las competencias en los profesionales para implementar el programa de reinserción.

• Distinguir entre los profesionales que evalúan el riesgo de reincidencia respecto de los que ejecutan el plan de intervención y por otra parte los que confeccionan los informes en relación a los beneficios intra-penitenciarios.

• Potenciar el trabajo al interior de los recintos penitenciarios, aumentando los espacios físicos y el equipamiento necesario para llevar a cabo el proceso de reinserción con los internos.

• Efectuar intervenciones altamente especializadas conforme a los perfiles de riesgo.

• Establecer equipos especializados para la preparación de las distintas fases del programa.

• Instaurar un personal altamente calificado encargado de decidir respecto del otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios.

• Profesionalizar la gestión del sistema penitenciario incluyendo capacitaciones en gestión, recursos humanos y derechos humanos (Olivieri, 2011).

En una investigación de Brander y Sanhueza (2016), se visitaron 10 unidades penales de la región metropolitana y entrevistaron a 46 profesionales, quienes reportaron la existencia de problemas de infraestructura, recursos escasos, alta carga laboral, prioridad de custodia sobre reinsercion social y una sensación en los profesionales de desesperanza aprendida, junto a la creencia de que finalmente sus acciones no sirven para lograr una reinserción efectiva de las personas con las que trabajan (Brander y Sanhueza, 2016). En este sentido, muchos de los fracasos en los programas de reinserción con personas privadas de libertad se asocian a problemas en su implementación, ya que, los programas de tratamiento en los sistemas penitenciarios necesitan de condiciones adecuadas para tener éxito en el desarrollo del proceso (Latessa et al, 2002).

La importancia de una buena implementación

En cuanto a la implementación del modelo RNR en otros contextos, el caso de Singapur, por ejemplo, ha estado marcado por su puesta en marcha exitosa en varias fases del sistema de justicia juvenil. En Singapur, uno de los primeros países no occidentales en llevar a cabo de manera exitosa el modelo RNR, la evaluación estructurada ayudó a los profesionales a identificar las necesidades criminógenas de los jóvenes para intervenciones de rehabilitación específicas para trabajar su riesgo de reincidencia, facilitando las decisiones respecto a donde ubicar al joven en términos de la intensidad de la intervención. Asimismo, un elemento facilitador de la implementación fue el seguimiento del progreso de los individuos, así como la eficacia de las estrategias de intervención (Chua, et al., 2014), promoviendo así una mejor gestión y tratamiento de los jóvenes.

En Canadá, por su parte, Richiardelli y Perry (2016) han investigado el rol crucial que cumplen los oficiales correccionales y miembros del staff en la implementación exitosa de los programas de rehabilitación. Para ellos, se necesita una mirada renovada que apunte al papel de las relaciones entre el personal y los internos en orden a facilitar los objetivos de rehabilitación dentro de las cárceles. Entre los elementos que destacaban estaba la generación de confianza y afecto dentro de los establecimientos penitenciarios, incluyendo la comunicación prosocial cuando trabajaban con internos varones en lo que definieron como «un enfoque relacional, pero seguro».

En el Reino Unido, en tanto, Bullock y sus colegas (2018) han llegado a señalar que la mecánica de la reforma penitenciaria tiene que ver con la implementación exitosa de los programas, enfatizando que esta es un desafío permanente y no siempre se alcanzan los resultados deseados. En base a diversas entrevistas realizadas, los autores enfatizan los mecanismos a través de los cuales se hacen los programas en cárceles inglesas y cómo el entorno penitenciario finalmente da forma a lo que se logra. De este modo, el funcionamiento de los programas está influenciado por características organizacionales (valores, prioridades y recursos asociados), situacionales (operar en un entorno seguro) e interaccionales (actitudes del personal penitenciario; naturaleza de las relaciones entre los internos y el personal penitenciario).

Aunque la implementación de programas de reinserción en general se suele analizar desde una perspectiva separada de la infraestructura, desde la mirada del diseño y arquitectura penitenciarias la implementación de programas y las condiciones materiales adecuadas van de la mano; es decir, lo que contemporáneamente se considera «buena infraestructura» no solo tienen que preservar la seguridad y evitar escapes, sino con favorecer procesos de reinserción al interior de los recintos (Urrutia-Moldes, 2019). En este sentido, se trata de cómo interactúan los elementos físicos, sociales y psicológicos de un entorno penitenciario para apoyar o inhibir la rehabilitación (Galouzis et al., 2023). Aunque en contextos correccionales deficitarios en este ámbito como el Latinoamericano la infraestructura no lo es todo (ni puede aspirar a serlo, en las actuales condiciones) (Sanhueza, Schmidt, Liebling & Zúñiga, 2022), la infraestructura vetusta y hacinada de muchas cárceles chilenas ofrece no solo poco espacio para innovaciones en materia de reinserción, sino que condiciones que pueden llegar a ser incluso, infrahumanas en algunos recintos (INDH y Procuración Penitenciaria, 2021).

Andrews y Bonta (2006) por su parte, han enfatizado la necesidad no solo de que existan programas basados en evidencia en los sistemas correccionales (como es el modelo RNR en Chile), sino que además estos adhieran a los lineamientos de una adecuada implementación. En este sentido, señala que la implementación de un programa efectivo no es simplemente una cuestión de seleccionar un programa “basado en evidencia” listo para usar, comprando su licencia. Agrega que, incluso, buenos programas como la Terapia Familiar Funcional o la Terapia Multi Sistémica han fallado en algunos países debido a la poca atención prestada a temas de implementación (Barnoski, 2004).

El caso chileno: Puesta en marcha del RNR

Cabe señalar que previo a la adopción e implementación del modelo RNR, Gendarmería de Chile trabajaba con un modelo general de tratamiento penitenciario, a través de su departamento de readaptación, donde el objetivo principal era «propender a la recuperación de las personas condenadas a través de la educación, el trabajo, la capacitación y el desarrollo de habilidades de competencia social. Junto a ello, se pretende otorgar una mejor calidad de vida durante la permanencia de los internos en las unidades penales que signifique humanizar la rutina en los recintos de reclusión» (Gendarmeria de Chile, 2019; 2011).

Las limitaciones de esta perspectiva eran varias: i) en primer lugar, no existía un «paraguas común» de las diversas iniciativas llevadas a cabo en todo el país y, básicamente, las intervenciones dependían de los gustos, intereses, conocimientos y habilidades de cada profesional ii) una segunda limitación era derivada de la anterior: dada la alta discrecionalidad en el diseño e implementación de los programas, una evaluación clara de sus efectos era altamente problemática e improbable iii) finalmente, gran parte de las iniciativas no estaban informadas por teorías o modelos de intervención estructurados, obedeciendo muchas veces a intuiciones de lo que funciona, más que a evidencia empírica.

En el contexto de un mayor fortalecimiento de los procesos de reinserción social promovidos por el Ministerio de Justicia y en conjunto con Gendarmería de Chile, se determinó unificar los criterios hacia la intervención penal de la población que cumple condena, tomándose en cuenta las recomendaciones de la Reforma Penitenciaria año 2009 y 2010 incluyendo los estudios licitados sobre la temática en cuestión. Así, se incorpora el modelo riesgo —necesidad— responsividad (RNR) y el instrumento de evaluación denominado «inventario para la gestión de caso/intervención» (IGI) como elementos centrales del proceso de intervención. Los lineamientos técnicos y de gestión propuestos por el modelo RNR, están dirigidos a optimizar los recursos profesionales y a organizar el proceso de intervención.

La aplicación del modelo RNR y del instrumento IGI se inició en el sistema abierto, taxativamente en el contexto de las modificaciones a la Ley 18.216 bajo la pena sustitutiva de libertad vigilada y libertad vigilada intensiva. Desde septiembre a diciembre 2013 y hasta junio 2014, se realizaron capacitaciones a nivel nacional para delegados de libertad vigilada y libertad vigilada intensiva a cargo de Gendarmería de Chile; Dado que la Ley 18.216 indica que los profesionales deben aprobar un curso para desempeñarse, a fin de proceder a ser habilitados para ejercer este instrumento. A partir del año 2014, se añade el IGI para intervenir a personas privadas de libertad en el sistema cerrado tradicional y concesionado. Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, se desarrollaron capacitaciones a nivel regional y nacional en Chile con el objetivo de iniciar la incorporación del instrumento (Gendarmería de Chile, 2019)

Dada la novedad que implicaba la adopción del modelo RNR en Chile y, al mismo tiempo, la importancia que la literatura pone en su adecuada implementación para lograr los resultados prometidos del modelo (reducciones significativas en la reincidencia) y, finalmente, la escasa evidencia empírica —siquiera preliminar— que hay de este modelo en países no desarrollados, es que nos pareció pertinente explorar, a través de un estudio de caso, la implementación de este modelo desde la perspectiva de quienes intervienen con personas privadas de libertad, fundamentalmente psicólogos y trabajadores sociales.

Metodología

De este modo, la pregunta central que guía nuestro trabajo es cómo se viene realizando la implementación del modelo de riesgo-necesidad-responsividad en las cárceles chilenas (sistema cerrado), a partir de un estudio de caso en dos prisiones de la región del Maule. Quisimos, en particular, conocer la perspectiva de quienes deben implementar este modelo en terreno al interior de las cárceles. De este modo, se entrevistó a profesionales (psicólogos y trabajadores sociales) de los centros de Cumplimiento Penitenciario de las ciudades de Curicó y Talca. En total, se entrevistaron de manera individual a trece profesionales (siete trabajadores sociales, seis psicólogos) de los centros señalados. La mayoría de las entrevistas duró aproximadamente entre 50 minutos y una hora y diez minutos. El trabajo de campo se realizó entre mayo y junio de 2016.

El paradigma base de esta investigación es constructivista ya que se acepta que la realidad es una construcción de naturaleza local, mediada por la sociedad y la experiencia en tanto a persona, grupo y comunidad (Guba y Lincoln, 2002). En este caso, los profesionales son un grupo específico cuya noción sobre la intervención que se realiza en la cárcel donde trabajan es construida socialmente, cambiante en el tiempo y particular; esta mediada por su experiencia personal, de grupo y social al interior de ambos centros. En este sentido, la metodología cualitativa permitió ahondar en sus experiencias y sus visiones sobre la implementación del modelo RNR al tiempo que se fue construyendo un relato en la interacción con los sujetos de investigación, en vez de introducirlos en categorías previamente diseñadas por nosotros como investigadores. En este tipo de investigación la teoría emerge de los datos (Glaser y Strauss. 1967).

Este estudio es de alcance exploratorio (Hernández, Fernández, Baptista 2018), ya que su fin es conocer una situación y punto de vista de un grupo de profesionales en un contexto en particular, sin pretensiones de hacer inferencias para todo el país, al menos por el momento. A continuación, se presentan los elementos principales de la metodología siguiendo las recomendaciones de Blaikie (2000).

Técnicas e instrumentos

La técnica de recolección de datos utilizada fue la entrevista semi-estructurada individual, con la finalidad de dar cuenta de la construcción de la experiencia en torno al modelo de intervención antes señalado a partir de las propias experiencias y percepciones de los propios profesionales, y no desde lógicas impuestas desde afuera. En este tipo de entrevista se construyen los datos en una conversación que cuenta con ciertos ejes temáticos, pero su desarrollo depende de la interacción con los sujetos de investigación (Roulston, De Marrais y Lewis, 2003). Los ejes temáticos fueron el trabajo que realizan los profesionales en el complejo penitenciario, su percepción del modelo RNR y del instrumento para su aplicación: el IGI. Procuramos generar un diálogo que tuviese un foco en preguntas lo más abiertas posibles para que la persona se expresara de forma prolongada (Roulston, De Marrais y Lewis, 2003). Se conversó sobre los objetivos del modelo, sobre la capacitación otorgada por Gendarmería y la calidad de la supervisión. Lo fundamental es desde ahí llegar a la implementación del modelo de intervención, ya que, el tema central de esta investigación no es la definición teórica-conceptual del modelo, sino que levantar información sobre cómo este grupo lo percibe y cuáles son las principales obstáculos y facilitadores para su correcta implementación.

Para lograr buenas entrevistas en primer lugar es importante la generación de confianza en el trabajo de campo de una manera auténtica, no generando una falsa relación de confianza para instrumentar a los sujetos de investigación (Kvale, 2006), porque esta investigación lo que busca es construir en la interacción los resultados. Los sujetos de investigación no son un medio o un obstáculo, son un participante. Motivar a los profesionales a participar en la investigación y desde su propia visión porque el fin de este trabajo es mostrar su voz y postura, darle validez y un lugar en la academia, además de dar cuenta de cuáles son las dificultades con que se encuentran para ejercer su labor (Brander y Sanhueza, 2016).

Optamos por no realizar técnicas grupales como focus group, porque para nosotros el énfasis no estaba en como interactuaba el grupo con respecto a estos temas (Kitzinger, 1994), sino más bien el poder profundizar en las vivencias, impresiones, creencias y conceptos de manera individual.

Población y muestra

La población son todos los profesionales que trabajan en las cárceles de Chile realizando intervención psicosocial a través del modelo de RNR. En este caso se tomó como referencia a los profesionales de dos centros de cumplimento penitenciario (CCP) de Curicó y de Talca, que fueron capacitados para ejecutar el instrumento IGI del modelo de RNR. De este grupo se selecciona como muestra a 13 profesionales que han llevado o están llevando a cabo la ejecución del instrumento IGI que se encuentran actualmente trabajando en GENCHI en Talca o Curicó. Las entrevistas se realizaron entre mayo y julio de 2016. Los profesionales fueron seleccionados por criterios de factibilidad y disposición a participar.

Estrategia analítica

Se realizó un análisis temático, a través del método comparativo constante de la teoría fundamentada, porque lo que interesa es ahondar en las percepciones de los sujetos de investigación y no en categorías previamente establecidas en la teoría. En primer lugar, con una codificación abierta, de tipo descriptivo, luego codificación axial, para comparar, relacionar y armar conceptos, y finalmente selectiva, de manera más abstractas para armar la categoría central de la investigación desde lo que se dio en la interacción con los profesionales (Glaser & Strauss, 1967). Con apoyo del software Atlas Ti, ya que permite manejar un buen volumen de datos de manera ordenada, marcar las citas, reutilizar los códigos y relacionarlos entre sí.

Aspectos éticos

En la investigación cualitativa —especialmente dentro de contextos carcelarios— los temas éticos suelen aparecer con más fuerza que en otros tipos de investigación, ya que se da una interacción más cercana que puede exponer mayormente a las personas (Rosenblatt, 1995), por lo que en primer lugar tratar siempre de manera respetuosa a los participantes, asegurar su confidencialidad y que nada de lo que sea confiado en la investigación será revelado ni podrá ser usado en su contra (Tracy, 2010). Dejar claro los temas de confidencialidad, honestidad y consentimiento (Karlsson, 2001). Los sujetos de investigación los que deciden cuáles partes de su vida laboral muestran, la participación en la investigación fue totalmente voluntaria. En este proceso también se les comentó que existe la opción de dejar de participar cuando lo estimen conveniente (Rosenblatt, 1995). En este estudio, con todos y cada uno de los participantes se llevó a cabo un procedimiento de consentimiento informado en que se expusieron los objetivos de esta investigación y se explicitaron los acuerdos de confidencialidad.

Resultados

Realizar entrevistas a profesionales que trabajan en prisiones en sus propios lugares de trabajo no fue una tarea fácil e implicó desafíos y oportunidades que es necesario señalar, en el contexto de los resultados del estudio. Entre las dificultades, está el hecho de que la cárcel es un espacio donde ocurren distintas contingencias, incluyendo riñas, motines, crisis de salud mental, intentos de fuga, entre otros (Pizarro, 2008); en el transcurso de las entrevistas nos enfrentamos a situaciones como interrupciones, ruidos fuertes (gritos), demoras en que los entrevistados nos atendieran o, inclusive, el hecho de que algunas entrevistas no pudieron ser hechas en las fechas inicialmente estipuladas (Roulston, De Marrais y Lewis, 2003). Lo importante fue no distraernos y seguir la conversación de la manera que fuese más cómoda para el/la entrevistado/a.

Por otra parte, decimos que este contexto de interrupciones y tensiones también fue a veces una oportunidad en el sentido que nos daban pie para observar y capturar parte de la cotidianidad del trabajo penitenciario, generando diálogos y conversaciones en torno a estos escenarios del día a día; así, tuvimos con espacios tanto formales (las entrevistas en sí mismas) como espacios de diálogo más informales, fuera del espacio de entrevista (Wood, 2012).

Los resultados de este estudio los ordenamos en base a cuatro grandes ejes, en función de los temas que aparecieron en las entrevistas: i) el grado de conocimiento de los profesionales respecto el modelo RNR; ii) la percepción de la pertinencia del entrenamiento de los profesionales que llevan a cabo el plan de intervención iii) las condiciones para la aplicación del instrumento diagnostico IGI (que está a la base del modelo RNR) en el plan de intervención que realizan los profesionales iv) develar los nudos críticos en materia de implementación del modelo RNR.

En un primer punto, cuando se pregunta a los profesionales por las características del modelo (y su grado de conocimiento a nivel teórico) estos remiten a sus conceptos centrales, sobretodo el concepto de riesgo; su finalidad, disminuir la reincidencia delictual y sus potencialidades para el trabajo penitenciario, según el testimonio de uno de ellos:

El modelo RNR trabaja bajo la valoración del riesgo que presenta un individuo con respecto a las probabilidades que tiene de reincidir una vez que se encuentre en el medio libre. Entonces, luego de valorar el riesgo se despliegan una serie de prestaciones que el interno debería recibir para aminorar ese riesgo (…) recibir un tratamiento en donde se potencie a un individuo más sano, con más competencias en términos laborales, educacionales y psicosociales a la sociedad y evitar así el circulo de la delincuencia.

Este modelo se valora como una guía al trabajo que realizan las áreas técnicas, encargadas de la intervención y el tratamiento penitenciario:

Bueno, este modelo viene un poco a ordenar el trabajo psicosocial que nosotros estábamos haciendo con respecto a las intervenciones.

Asimismo, los entrevistados valoraban el que el modelo RNR fuese más avanzado que la forma en que se medía riesgo anteriormente, lo cual era hecho en base a indicadores toscos y poco predictivos de la conducta delictual futura:

El antiguo sistema no discriminaba entre alto, mediano o bajo riesgo. Tampoco valoraba el riesgo! (…)nosotros trabajábamos con la clasificación de compromiso delictual que hacía Gendarmería (…) ahí aparecían una serie de factores que eran ambiguos, como por ejemplo el que interno era [clasificado como de] alto compromiso delictual en base si tenía cicatrices o tatuajes… todas cosas que —en el fondo— cognitivamente o psicosocialmente no tenían relevancia; no nos mostraba nada.

En este sentido, la adopción de un modelo moderno y bien fundamentado en la ciencia era percibido como algo positivo por parte de todos los entrevistados, mirándoselo como un elemento de gran potencial. En esta misma línea, se valoraba el que el modelo contase con un paradigma de base que se apoya en la psicología cognitiva conductual:

La contribución que trae consigo el RNR tiene que ver con un enfoque de aprendizaje, un enfoque cognitivo conductual y también motivaciona… es mucho más integral y transversal en el proceso de reinserción.

Por otra parte, los profesionales entrevistados también señalaban que, aunque el RNR era un buen modelo de intervención, fue en la parte de la implementación donde no se habrían tomado en consideración aspectos relevantes:

No entiendo cómo fue posible que gente que conoce la realidad carcelaria hizo algo como esto sin tomar en consideración tantas cosas! el trabajo penitenciario es altamente complejo; llevar a cabo un instrumento tan amplio como es el IGI que, si bien es bueno, con todo lo que demanda Gendarmería no alcanzamos…

Acorde al testimonio de otro profesional esto conlleva a que no se implemente «como se debe» porque en las cárceles chilenas hay muchas demandas diversas para el/la profesional que realiza intervención, las cuales no necesariamente están ligadas a aspectos directamente de «tratamiento» o intervención:

El sistema penitenciario cerrado chileno es súper complejo: en buenas cuentas la contingencia y la demanda que se vive en las cárceles chilenas hace que modelos buenos como este no se puedan llevar al pie de la letra como debiesen ser.

Para otros, el problema radicaría en la falta de tiempo, sumado a la contingencia de las unidades penales:

Yo llamo al interno; realizo la entrevista; si queda algo pendiente lo vuelvo a llamar; cito a un familiar; hago una visita domiciliaria (siempre y cuando el tiempo te dé); y confecciono el plan de intervención respecto de las necesidades que se van reflejando en esta recopilación de información.

Los profesionales señalaban que la cantidad de evaluaciones realizadas con el instrumento IGI es muy limitada, aduciendo falta de tiempo y lo que suceda en la unidad penal en el día:

Realizo cuatro o cinco IGI… todo depende del trabajo diario que se debe hacer…la contingencia.

Los relatos reconocían, asimismo, que el ritmo de evaluaciones IGI que se realiza es lento, poco constante y siempre sujeto a las diversas demandas de los internos y del sistema penitenciario hacia quienes realizan intervención:

Es bastante complicado poder ser constante en la realización del IGI (…) el contexto o el ambiente laboral en donde nosotros nos desenvolvemos es súper complejo: desde cosas súper básicas como gritos todos los días; la violencia acá en el penal.

Otra agrega:

La carga laboral que tenemos es pesadísima (…) estás entrevistando o confeccionando el plan de intervención, pero tienes a 10 internos más que necesitan un trámite de lo que sea; tienes a otros más que debes entrevistarlos para postular beneficios; otros, para conseguir un permiso de algo…es un sin fin de labores cotidianas que hay que hacer.

Desde estos testimonios se empieza a desprender que la implementación del modelo tiene una serie de complejidades al interior de los recintos examinados.

En general, aunque los testimonios valoraban la adopción del modelo RNR por considerarlo un «paraguas» que viene a unificar los esfuerzos en materia de reinserción, de inmediato se aprecian reparos a su implementación:

El modelo y el instrumento es bueno, no hay problema con eso. El problema es la adaptación o la implantación de este modelo a nuestra realidad.

Se subrayaba además como un obstáculo para dicha implementación la precaria capacitación de parte de Gendarmería, tanto en cuanto al modelo como al entrenamiento en el instrumento diagnóstico IGI:

Estuvimos en una capacitación en Santiago, donde unos expertos hablaban y hablaban (…) no hubo espacio ni mucho tiempo para practicar el modelo ni nada…

En cuanto a las características de la capacitación o entrenamiento recibido por los profesionales que llevan a cabo el plan de intervención, los entrevistados señalaron que hubo pocos espacios para practicar de modo de lograr que los profesionales se sintieran seguros de estar aplicando correctamente el modelo:

Ejercitamos solo una vez …entrenamiento no hubo, mecanismos o metodología tampoco… solo tres días de charla entorno al modelo…un solo ejercicio de aplicación del IGI y listo.

Desde este testimonio se desprendeía la falta de práctica y de retroalimentación —más allá de una simple explicación teórica— respecto al modelo:

Nosotros hicimos un trabajo, pero nunca recibimos respuesta para saber si estaba bien o mal en que nos habíamos equivocado y ver cuáles eran nuestras falencias.

Otro profesional agregaba como problema la falta de evaluación de lo aprendido en estas capacitaciones y la falta de mecanismos de acreditación de los aprendizajes:

Tampoco tuvimos ninguna acreditación para saber si pasamos o no el curso (…) no hubo ninguna retroalimentación de vuelta.

En esta misma línea, otros entrevistados agregaban que les hubiera gustado tener instancias de capacitación más provechosas y encarnadas en la realidad penitenciaria:

Creo yo que se deberían haber incluido todos esos puntos y haber hecho una capacitación mucho más integral… [porque] no estuvo considerado —en paralelo— el contexto penitenciario ni lo que efectivamente se hace allá…

En el mismo sentido, otros relatos enfatizaban el hacinamiento y las precarias condiciones materiales de las prisiones; otros, enfatizaban la creciente violencia y al mal ambiente al interior de la cárcel:

Aquí existe hacinamiento, violencia, peleas, gritos… un ambiente muy fregado para la intervención (…) todos los días la crónica roja…

Otro profesional agregaba las dificultades asociadas a la falta de infraestructura específica para implementar las entrevistas diagnósticas y los talleres que el modelo RNR contempla:

La infraestructura acá no da para aplicar el modelo RNR tal como este viene planteado desde Canadá (…) acá hay cero privacidad cuando uno entrevista a un interno, por ejemplo (…) no hay salas para talleres; es bien complicado.

Otra profesional se aventuró a dar detalles y señaló más en profundidad que los problemas de infraestructura eran cruciales a la hora de realizar intervención:

(…) en la cárcel de Curicó existen 600 internos y solo hay una sala para hacer talleres psicosociales (…) son ciento y tantos los que están con plan de intervención [pero] los talleres más o menos son de 16 internos…

Sin embargo, el problema no eran solo la falta de espacios, sino la baja proporción de profesionales comparado a la cantidad de internos:

la cantidad de internos para el personal que trabaja la temática de reinserción… la diferencia es del cielo a la tierra.

Esta desproporción llevaba a que los profesionales tuvieran una alta sobrecarga laboral y estuvieran en una permanente dispersión de funciones:

Aquí no hay diferenciación de tareas: el psicólogo el asistente social que trabaje con los planes de intervención, al mismo tiempo tramita una pensión, atiende a la familia, evalúa beneficios, la libertad condicional (…) faltan más profesionales.

Finalmente, varios de las personas entrevistadas aducían una cultura organizacional que no apoya necesariamente los esfuerzos en materia de reinserción:

Aquí falta una cultura de reinserción que sobrepase la de seguridad…hay tantas cosas que no se evaluaron en la adopción del RNR!!

En suma, uno de los profesionales entrevistados resume bien las dificultades:

Las cárceles hoy en día son más peligrosas que antes…y no me refiero solo a la violencia que ha existido siempre, sino a que los internos están más pesados (…) faltan espacio para poder trabajar bien (…) esto [RNR] debería replantearse y tomar en consideración estos aspectos importantes: entrenar de forma constante a los profesionales a cargo; contratar a más profesionales —porque la carga laboral es mucha— y, bueno, que más adelante

Conclusiones y Discusión

En este estudio quisimos explorar la implementación del modelo RNR en el contexto chileno, a partir de un estudio de caso en dos prisiones de la región del Maule. Entre los principales hallazgos, muchos profesionales entrevistados valoraban el modelo RNR por centrarse en lograr una menor reincidencia (y generar, de este modo, un paraguas común para la intervención); por basarse en la psicología cognitivo-conductual (y de este modo, unificar varios de los esfuerzos que solían ser acordes más bien a la formación de cada profesional); y por clasificar a los internos en cuanto a su riesgo de reincidencia, a través del uso del instrumento IGI.

Al mismo tiempo, y aun cuando la muestra de este estudio consistió solo en dos penales nuestros hallazgos podrían sugerir la existencia de importantes limitaciones para implementar el modelo RNR en las cárceles chilenas, lo cual limitaría el alcanzar los mismos resultados exitosos ceteris paribus que han sido reportados en otros contextos. En este sentido, uno de los testimonios lo resume así: «en conclusión es un buen modelo que lamentablemente en Chile no se puede ejecutar como debiese ser». Así, una potencial implementación exitosa del RNR en Chile requeriría de una multiplicidad de condiciones para que este sea eficaz en el logro de sus objetivos, incluyendo aspectos generales como una infraestructura apropiada; un personal que conozca el modelo de intervención a utilizar; un mayor nivel de entrenamiento por parte de los profesionales para la aplicación de los instrumentos diagnósticos IGI; roles claros y diferenciados en el proceso de reinserción; y herramientas adecuadas de gestión de la información. Este llamado de atención sobre la adopción de programas exitosos, pero potencialmente mal implementados aparece en artículos recientes (Bullock et al., 2018; Ricciardelli y Perry, 2016).

Los aspectos enfatizados por los profesionales entrevistados están en consistencia con la literatura ya que, dentro de las condiciones que se destacan como relevantes para el éxito de los programas de intervención penitenciaria, según los testimonios serían críticas en la región del Maule: la percepción del entrenamiento, la evaluación y supervisión de las prácticas (Latessa et al 2002), el escaso apoyo de las jefaturas (Lambert et al, 2009); sumado a los problemas asociados a las carencias del sistema penitenciario chileno en general, los testimonios hacen hincapié a la baja proporción de profesionales para la cantidad de internos (Navarro et al, 2012), la violencia (Sanhueza et al., 2020) y los problemas de infraestructura. (Espinoza et al., 2014; INDH, 2013).

Ahora bien, los hallazgos preliminares de este estudio deben ser vistos a la luz de algunas de limitaciones: los resultados de este estudio se basaron en entrevistas a una muestra pequeña de profesionales penitenciarios que realizan intervención directa con personas privadas de libertad, en un estudio de caso realizado en solo dos recintos públicos, localizados en una región del país. En este sentido, tampoco se consideraron para este estudio los puntos de vista ni de los funcionarios penitenciarios (Gendarmería) ni de las propias personas privadas de libertad, quienes podrían haber aportado otras miradas. Desde una mirada con perspectiva de género, este estudio tampoco ayuda a esclarecer la crítica realizada al modelo RNR por Messina y Esparza (2022) en el sentido de no atender las particularidades de género. Finalmente, estos hallazgos corresponden a un contexto previo al Covid-19 y, por tanto, dadas las urgencias y la contingencia propia del contexto penitenciario, no está claro cuánto de la implementación del modelo RNR pudo incluso haberse fragilizado o empeorado, respecto a la exploración hecha en este estudio.

Finalmente, tal como lo han señalado Chua y sus colegas (2014), se necesita más investigación empírica y estudiar el impacto de los resultados a largo plazo de los individuos que se han adherido a los principios RNR en países en desarrollo, incorporando en la mirada de implementación a los diversos actores quero participan de la vida en la prisión, incluyendo guardias y otros miembros del staff no directamente involucrados en la intervención directa (Ricciardelli y Perry, 2016; Sanhueza y Brander, 2021).

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