Introducción

El trabajo de las personas detenidas ha sido una dimensión central de los regímenes penitenciarios modernos en Argentina, en tanto traducción de ese componente clave en el nacimiento de la prisión como forma principal del castigo legal en el Norte Global (Rusche & Kirchheimer, 1939 [1982]; Foucault, 1975 [1989]; Melossi & Pavarini, 1977 [1981]). Al asumir un modelo «auburniano», las primeras prisiones modernas a nivel federal, como la Penitenciaría de Buenos Aires (1877) o el Presidio de Ushuaia (1902), incluyeron al trabajo diurno, colectivo y productivo de los presos como una característica central de sus programas correccionales (Caimari, 2004: 51, 67; González, 2018; Bil & Poy Piñeiro, 2002).

El carácter fundamental del trabajo en los programas correccionales no niega las enormes dificultades que han encontrado la mayor parte de las personas presas en las cárceles argentinas para lograr acceder a un puesto laboral y el carácter escasamente formativo y productivo de las tareas asignadas (Gual, 2015; 2017; Routier, 2015; Taboga, 2016; PPN, 2017; Claus et al, 2019). Entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, específicamente en las prisiones federales argentinas, solo una pequeña parte de la población encarcelada accedía al trabajo, que consistía primordialmente en tareas para garantizar el funcionamiento de la prisión y no recibía como contraprestación más que un peculio exiguo (e incluso, en ciertos puestos laborales, en especies).

El trabajo de los presos se constituyó como uno de los pilares centrales del modelo correccional en las normativas penitenciarias desde la segunda mitad del Siglo XX hasta la actualidad (Sozzo, 2007). La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad Nº 24.660, sancionada en 1996 y actualmente vigente, define al trabajo, ambivalentemente, como un derecho y un deber de las personas detenidas, que debe ser desarrollado de acuerdo a la legislación laboral vigente. Establece su carácter formativo, productivo y remunerado. Pese a la regulación detallada, desde su entrada en vigencia los trabajadores presos en cárceles federales, constantemente tuvieron que desarrollar reclamos, individual y colectivamente, por falta de acceso al trabajo, precarias condiciones laborales y remuneraciones extremadamente bajas.

Discutiblemente, el Servicio Penitenciario Federal calcula las remuneraciones según el valor horario del Salario Mínimo, Vital y Móvil variando el monto según la cantidad de horas que le reconoce como trabajadas a cada detenido.^[1] La legislación establece una serie de deducciones por aportes a la seguridad social y para el caso de deber indemnizar a la víctima del delito o pagar cuotas alimentarias. La remuneración restante se acumula en una cuenta bancaria cuyo titular es la institución penitenciaria, hasta el momento de recuperar la libertad. El trabajador puede solicitar un adelanto de esos fondos para adquirir alimentos y productos de higiene y limpieza dentro del establecimiento o para enviarlos a sus familiares.^[2]

De acuerdo a las estadísticas oficiales reconstruidas por la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre 2010 y 2013 la tasa de ocupación laboral en cárceles federales se incrementó del 40% al 72% de las personas detenidas. Además, aumentó el promedio de horas remuneradas, pasando de 137 a 160 horas mensuales promedio por trabajador (PPN, 2017: 28-31). Si a eso sumamos el incremento en los valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil a nivel nacional durante aquel período,^[3] el aumento del presupuesto destinado a pagar salarios dentro de la prisión permitió a una cantidad importante de trabajadores presos en cárceles federales expandir su capacidad de consumo y ahorro. Lograron mejorar sus condiciones de vida, adquiriendo principalmente alimentos, pero también productos de higiene y limpieza. Además, pudieron colaborar modestamente en la economía familiar, dejando de ser un costo para sus visitantes y aportando remesas para afrontar algunos gastos en sus hogares (PPN, 2017: 58).

Si la transformación del escenario laboral impresiona fuertemente por el crecimiento de la asignación de puestos rentados, lo hace mucho menos en lo que respecta a su dimensión formativa y productiva. Las tareas encomendadas continuaron asociadas predominantemente a garantizar el funcionamiento de la cárcel y al trabajo de escasa calidad para empresas privados. Solo excepcionalmente los trabajadores presos eran convocados a llevar adelante tareas formativas, diariamente y en jornadas completas. Como se ha advertido anteriormente (Gual, 2017: 118), el auge del trabajo carcelario al interior del Servicio Penitenciario Federal en los inicios de los años 2010s se construyó desde una lógica bastante diferente a la que se había estructurado en el pasado, en la «edad de oro» del modelo correccional en el país incluyendo las mutaciones que en este sentido introdujo el «penitenciarismo peronista» a mediados del siglo XX (Caimari, 2002; 2004; Gual, 2020). La transformación ocurrida una década atrás parece haber estado desvinculada de una conexión fuerte con el ideal correccional, con la búsqueda de la producción de una transformación en la persona privada de su libertad que generaría resultados una vez que vuelva a la vida social, luego de su pasaje por la prisión (Sozzo, 2007). El incremento sostenido de presos afectados al trabajo durante el período analizado supuso una mayor capacidad adquisitiva de los detenidos para enfrentarse a un sistema de carencias ligadas al tradicional abandono estatal y, en muchos casos, menor tiempo ocioso dentro de los pabellones. Solo excepcionalmente supuso el tentativo de incorporación de un oficio laboral que resultara útil fuera de los muros de la prisión, una vez concluida la privación de libertad. Estas transformaciones provocaron, y así se observaba en las representaciones de presos y penitenciarios, una mejora en la calidad de vida de los detenidos, mientras ponía en crisis la percepción de la prisión como un espacio donde el orden se garantizaba únicamente a través de la coerción y la violencia. Pero implicaba también qué la principal preocupación oficial en aquel momento era incorporar detenidos al mercado de consumo, a través de la remuneración; antes que al mercado productivo, a través de un trabajo que lo hiciera posible en el presente y en el futuro. (Gual, 2015: 147-148; 2017: 118).

Para comprender esta transformación es necesario analizar complementariamente una serie compleja de condiciones que incluyen nuevas decisiones y políticas públicas («proceso desde arriba») y presiones y reclamos surgidos de los mismos trabajadores presos, tolerados en parte por ciertos actores de la administración penitenciaria (procesos desde abajo y desde adentro), acompañados por actores claves en la sociedad civil («procesos desde afuera»). El aumento exponencial del trabajo carcelario dentro del sistema penitenciario nacional en el período 2010-2014, se encuentra presente en las representaciones actuales de la totalidad de los actores del mundo de la prisión federal. Algunos de ellos, lo asocian directamente con una decisión «desde arriba», desde las cúpulas penitenciarias e incluso, a nivel ministerial, asociado a un modo específico de pensar el gobierno de los contextos de encierro. También se apunta a las máximas autoridades de los complejos penitenciarios, que en algunos casos han considerado al trabajo carcelario como una manera de alinearse con el proyecto correccional. A esas decisiones «desde arriba» se suma en la representación de los entrevistados una presión «desde abajo», con el empoderamiento de los detenidos trabajadores. Esto último ha estado ligado fuertemente a la emergencia y desarrollo del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad (SUTPLA), una experiencia única de organización y lucha colectiva iniciada en el CPF CABA (comúnmente conocida como cárcel de Devoto), y extendida en menor medida por otros establecimientos penitenciarios del país (Gual, 2017: 113).

Este trabajo busca describir en forma profunda el proceso de surgimiento del SUTPLA, sus momentos de auge, consolidación y declive, hasta su situación actual. Nos proponemos ver cómo la emergencia y desarrollo de esta iniciativa y actividad sindical fue posible como un ejercicio constante de organización y resistencia colectivas contra la opresión y degradación de la prisión, a través de la apropiación de un lenguaje de los derechos. Especialmente nos interesa revelar cómo la experiencia acumulada por los Centros Universitarios ligados a la Universidad de Buenos Aires en las prisiones federales, y en la cárcel de Devoto en particular, fue un componente fundamental de este proceso. Recurrimos para estos fines a un trabajo de campo extenso realizado en la cárcel de Devoto entre 2019 y 2021. Como parte de esa experiencia, utilizamos aquí un grupo focal sobre trabajo realizado en el Centro Universitario de Devoto con personas detenidas que estudian dentro de la prisión. Además, realizamos entrevistas con treinta y tres trabajadores presos, algunos de ellos con directa relación con la experiencia sindical y otros ajenos a la misma. También entrevistamos a tres funcionarios penitenciarios y cuatro actores externos que colaboraron activamente en el surgimiento y desarrollo de la experiencia sindical. El trabajo se nutre también de registros de campo de observaciones realizadas durante el desarrollo de la actividad sindical dentro de Devoto y el análisis documental de reclamos administrativos y judiciales, campañas de difusión realizadas por el sindicato y el libro de actas donde formalizaron su vida institucional a lo largo de más de diez años.

El nacimiento del SUTPLA (2012- 2013)

No es posible explicar el surgimiento de la experiencia del primer sindicato de trabajadores presos en la Argentina como la consecuencia de una única causa. Una serie de actores y eventos en el marco de ciertas especificidades del contexto —tanto dentro como fuera de los muros de las prisiones federales— fueron hilvanándose hasta hacer posible la emergencia de este actor colectivo inesperado. Para comprender ese período de gestación, necesitamos remontarnos a las peculiaridades históricas de la cárcel de Devoto, la combinación única de actores externos que participaron activamente en el desarrollo de esta iniciativa, la actitud relativamente tolerante asumida por la administración penitenciaria en un contexto político más amplio que resultó favorable y la capacidad de organización y lucha que desplegaron los miembros del sindicato en sus primeros años de funcionamiento.

Fotografía 1.
Vista aérea de la cárcel de Devoto en la ciudad de Buenos Aires

Una cárcel peculiar

En primer lugar, no resulta casual que esta experiencia se haya iniciado en la cárcel de Devoto, la única prisión ubicada dentro del área urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Esta prisión de varones, además, fue inaugurada un siglo atrás, en 1927, como depósito de contraventores de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. De ese origen se desprenden algunas de sus características definitorias como su alto porcentaje de presos sin condena —75% actualmente—, su arquitectura sin celdas individuales que impide la separación entre detenidos y, en consecuencia, prohíbe el alojamiento de personas que usualmente experimentan cierto rechazo en la comunidad de los presos «comunes» como los ofensores sexuales, ex policías o ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Por estas razones, Devoto se encuentra atravesada por «un entramado de interacciones entre presos y funcionarios penitenciarios mucho más intensas, frecuentes e influyentes en la regulación del orden intramuros» que en el resto del sistema penitenciario federal (Gual, 2021: 255), lo que le otorga mayores similitudes con las formas de construcción del orden observadas en las prisiones provinciales argentina (Navarro y Sozzo, 2020; 2022; Claus y Sozzo, 2023).

En esa cárcel federal tan particular, el trabajo era aún más escaso que en otras prisiones federales. Al nacer como depósito de contraventores, su régimen y arquitectura original eran ajenos al ideal correccional y reacio a la generación de talleres laborales productivos (Gual, 2021: 229): ¿por qué pensar el trabajo carcelario en un establecimiento destinado a prisiones preventivas y arrestos de corta duración?

El proceso de transformación laboral en las prisiones federales que venimos describiendo fue peculiarmente profundo en la cárcel de Devoto. Para 2010, solo dos de cada diez personas detenidas en Devoto tenían acceso a un trabajo. En 2014 eran ocho de cada diez (PPN, 2017: 29). En igual período, las horas remuneradas a cada trabajador preso en promedio en este establecimiento aumentaron de 150 a 175 mensuales. Ahora bien, pese a estos incrementos, la cárcel de Devoto continuó siendo la prisión federal con menor proporción de tareas laborales formativas y productivas. Los talleres productivos no alcanzaban el 4% de los puestos laborales y la inmensa mayoría de trabajadores se distribuían entre realizar actividades para garantizar el funcionamiento de la prisión —limpieza, cocina, reparación del establecimiento— o tareas de mínima calificación para empresas privadas, como armar broches para colgar la ropa o pegar manijas a bolsas para regalos (PPN, 2017: 36). Estas mutaciones en el entramado laboral de Devoto, es posible adelantar, han sido causa y consecuencia del surgimiento del sindicato de trabajadores privados de su libertad.

La influencia del Centro Universitario y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)

El nacimiento del sindicato se vincula, también, a la existencia de un Centro Universitario dentro de la cárcel de Devoto desde hace casi cuarenta años. En 1985, respondiendo favorablemente a la demanda de un grupo de personas presas, la Universidad de Buenos Aires creó allí el primer programa de educación superior en contexto de encierro del país —y en América Latina—: el Programa UBAXXII, una propuesta caracterizada por el desarrollo de actividades presenciales, con ingreso cotidiano de profesores y una amplia autonomía de los estudiantes en la gestión del Centro Universitario dentro de la cárcel (Pegoraro, 1993; 1996; 2012; Daroqui, 2000; Laferriere, 2006; Ceballos, 2022).

El nivel de autonomía de la comunidad educativa en el Centro Universitario logró su momento de apogeo entre 1991 y 2010, cuando un grupo de estudiantes —escogidos por sus pares entre aquellos con mejor rendimiento académico— adquirió el derecho de pernoctar dentro del espacio universitario (Gual, 2023b).^[4]Mataderos^[5] ingresó a la cárcel de Devoto sin título secundario. Al enterarse de la existencia del Programa UBA XXII decidió culminar la escuela media para volverse un estudiante universitario. Mientras tanto, accedía al centro como colaborador, trabajando sin recibir remuneración. «Pintaba el CUD. Con un cuchillo hacía de destornillador, ponía las puertas de los baños que estaban rotas. La política era “el celador de un lado, nosotros de este”. Se rompe, reparamos. Es autogestión. Es nuestro».

Como parte de esa práctica autogestora, los estudiantes presos disponen actualmente de un lugar de libre asociación durante toda la jornada diurna, fuera de los pabellones y alejados del control directo por parte de los guardias penitenciarios. Esa autonomía facilitó a lo largo de su historia el desarrollo de experiencias de organización dentro del Centro Universitario, en el que rápidamente se estructuró una vida política, mediante elecciones y asambleas para la toma de decisiones.

Fotografía 2.

Con el paso del tiempo, fueron emergiendo diversas experiencias de auto organización para la defensa y promoción de derechos de las personas detenidas dentro del Centro Universitario, pero ajenas a las actividades de docencia y aprendizaje y con limitado reconocimiento institucional. Un grupo de estudiantes con conocimiento jurídico conformó a finales de la década de 1980 una asesoría legal gratuita para el resto de los detenidos de la cárcel que continúa vigente hasta la actualidad. También se creó la Cooperativa de Trabajo Esquina Libertad, experiencia iniciada en 2010 en la cárcel de Devoto y que continúa desarrollándose en el medio libre como espacio de encuentro y trabajo de familiares y personas liberadas.^[6] Finalmente, el Centro Universitario cumplió un rol fundamental en la configuración del SUTPLA, permitiendo la generación de un espacio físico propio dentro del mismo y amparado en su autonomía.

Ana Camarda, una tallerista universitaria con presencia activa en la conformación y desarrollo del sindicato, señalaba al respecto:

Yo creo que es fundamental para el Sindicato y en general para las personas que están presas, el contacto con la sociedad civil, con el mundo de afuera. Por algo Devoto es la primera cárcel donde hubo universidad, donde hay más penetración de las organizaciones no gubernamentales, y creo que todo esto llego también al Sindicato. Yo creo que el sindicato es producto de la presencia de la Universidad, no tengo dudas.

En este sentido, el Centro Universitario fue el ámbito ideal para que un grupo de presos —estudiantes universitarios y trabajadores dentro de la cárcel— comenzaran a organizarse con el apoyo de Matías Isequilla, un docente de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que iba a dar clases y se transformó luego en su representante legal. Dictaba un curso en la sede universitaria en la cárcel de Devoto, y al terminar las clases los estudiantes presos se acercaban a hacerles consultas laborales suyas o de sus familiares. También daba clases en la Facultad de Derecho, fuera de la prisión, y conversaba con los estudiantes sobre la experiencia universitaria dentro de la cárcel. Al terminar un encuentro, recordaba, una estudiante se le acercó y le contó que un detenido estaba intentando organizar la lucha por los derechos laborales dentro de la cárcel de Devoto. Esos encuentros entre un estudiante detenido interesado, un profesor universitario y una estudiante del afuera —Mariana Chávez, recibida de abogada poco después y luego, representante legal del sindicato— fueron el germen para el surgimiento del sindicato.

Además, desde sus inicios, comenzó a dictarse un taller de Historia del Movimiento Obrero que apuntaló la formación de los primeros dirigentes del sindicato en los derechos y las estrategias gremiales, bajo la coordinación de Ana Camarda. El espacio propuesto por uno de los estudiantes detenidos y la coordinación de la Facultad de Filosofía y Letras funcionó desde septiembre de 2012 (Libro de Actas SUTPLA, 1º Acta, sin fecha). Para la tallerista, el espacio pretendía «llevar herramientas para trabajar las inquietudes, y las formas de trabajo, como la experiencia militante si se quiere, para poder formalizar el trabajo que el SUTPLA hacía». Este apoyo continuó siendo central durante el período de crecimiento y consolidación del sindicato y la tallerista fue invitada a sumarse a la comisión directiva, integrando la Secretaría de Género (Libro de Actas SUTPLA, Acta Nº 42, 17 de octubre de 2014).

Los vínculos con abogados laboralistas generaron también una conexión con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)^[7] que se constituyó en un aliado fundamental en la creación y consolidación del sindicato. Como los abogados que colaboraban con el SUTPLA integraban también esta central obrera, fueron en búsqueda de ese apoyo rápidamente. Más allá de las dudas iniciales en algunos de los actores involucrados, triunfó la decisión de crear un sindicato propio de las personas privadas de su libertad que a la vez fuera parte de la central obrera.

Gustavo Rolandi era Secretario de Organización de la CTA, persona de confianza de Hugo Yasky —líder de la central obrera— y ex preso político en Devoto y otras cárceles argentinas durante la última dictadura. Fue un actor clave en la conformación del sindicato. En esas primeras reuniones, en nombre de la CTA, Rolandi propuso los pasos iniciales: «armen una asamblea, junten a los compañeros, conformen una junta promotora provisoria solamente a los fines de convocar a elecciones y normalizar la situación institucional».

Fotografía 3.
Firma del Acta Fundacional SUTPLA. Comisión directiva, abogados y representantes sindicales

El 13 de julio de 2012, en el Centro Universitario Devoto, se desarrolló la asamblea que cristalizó la creación del sindicato y su adhesión a la central obrera, se aprobó su estatuto, se conformó provisoriamente su primera comisión directiva e inició el camino administrativo para obtener la simple inscripción gremial en el Ministerio de Trabajo de la Nación. La asamblea inicial se combinó con la elección de autoridades de la CTA. «Yo he participado de elecciones complicadas», recordaba Rolandi, pero «vos imagínate meter mesas en los pabellones, era una elección atípica».

Una buena cantidad de fotografías en portales de internet reflejan ese acto fundante, en términos institucionales, pero también políticos. «Soldati» no estaba alojado en Devoto cuando se creó el SUTPLA, del que luego llegó a ser Secretario Adjunto. La imagen nítida que se construye de ese 13 de julio es una demostración del impacto de aquel evento en el imaginario de los actores involucrados:

Fue algo muy loco, la asamblea fundacional se hizo acá (en el CUD), pero la bandera grande del SUTPLA estaba en el patio grande del Pabellón 5º (donde se alojaba buena parte de los estudiantes universitarios y miembros originales del sindicato). Los pibes lo veían como un logro muy simbólico. Era la primera experiencia (sindical) en contexto de encierro a nivel país.

Fotografía 4.
Celebración de la creación del sindicato en el patio de la cárcel. Miembros del sindicato junto referentes de CTA

Los apoyos de la CTA no eran económicos, al menos en los inicios. Isequilla recordaba que «justo en ese momento la CTA se había escindido, y el Sindicato que financiaba la CTA quedó del otro lado, que es ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). Sí nos ofrecieron una oficina para poder usar dentro de la CTA, nos ofrecían todo lo que era la Secretaría de Prensa y el acceso a los medios de comunicación».

En este marco, se decidió llevar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la experiencia del sindicato para lograr una repercusión y apoyo internacional (Libro de Actas SUTPLA, Acta Nº 12, 20 de febrero de 2013). Luego de diversas intervenciones, lograron que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT tomara nota de la creación del sindicato y señalara que «constituye un elemento suplementario que acerca las condiciones de trabajo de los reclusos para entidades privadas a las de los trabajadores libres».^[8]

Pero el principal aporte de la CTA parece haber sido su peso político a la hora de la negociación con las autoridades penitenciarias y ministeriales. Rolandi mantenía con Carlos Tomada, Ministro de Trabajo de la Nación de la época, una relación personal y profesional profunda, nacida de la experiencia del exilio y que acabó en la creación de la carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales UBA. Recuerda haber mantenido conversaciones con Tomada al respecto: «Eso también ayudó. Nosotros con Carlos teníamos muchísimo respeto, teníamos diferencias, porque él era el Ministro de Trabajo y nosotros éramos sindicalistas, pero había una forma de diálogo».

En la mirada de los actores, ese apoyo trascendía las relaciones interpersonales y se anclaba en la existencia de un proyecto político a nivel nacional. «La experiencia del SUTPLA no hubiera tenido éxito si no era en un gobierno como el de Cristina», planteaba Víctor Hortel, militante peronista y Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal al momento del surgimiento del sindicato. «Un gobierno que tenía determinada orientación», definía Rolandi, «y que, de última, no te digo que sostenía y apoyaba, pero nos dejaba hacer, que eso es mucho ya». Entre otros ejemplos, destacaba Rolandi, que las elecciones del sindicato se realizaron «con veedores, legalizadas por el Ministerio de Trabajo. Una cosa de la que no existen antecedentes en el mundo».

La actitud tolerante de la administración penitenciaria

Ese respaldo político también permitió que el sindicato sobreviviera las dificultades iniciales construyendo los primeros acuerdos con la administración penitenciaria nacional. Víctor Hortel lo reconocía explícitamente:

El Sindicato (SUTPLA) era la CTA, por lo menos para mí era la CTA. Con lo cual, yo tenía que rendirle cuentas desde el punto de vista político al Ministerio, al Secretario de Justicia, pero también en términos de compañeros tenía que rendirle cuentas, no sé si la palabra era rendir cuentas, pero tenías que hablar del Sindicato con Yasky o con Rolandi, que es un recontra compañerazo. Uno en la jerga de todos los días, hablaba del SUTPLA, pero en realidad hablabas de la CTA, porque formaban parte de la CTA.

Los miembros del sindicato incluyen esta apertura a la organización y actividad gremial como parte de una gestión más humanista en los contextos de encierro, asociada a reducir los niveles de maltrato hacia las personas detenidas y sus familiares. «Hizo cosas positivas porque no era del servicio (penitenciario), él era civil», recordaba Balvanera sobre la gestión de Hortel. Por su formación política previa, además, la organización gremial no lo asustaba. «La lectura de la comunidad organizada que tenía Perón», aclaraba Hortel. «Darle valor al agrupamiento, pero no es cualquier agrupamiento, es un agrupamiento en función de pelear por derechos. Yo venía del peronismo, ¿cómo te podés oponer a la organización de un sindicato? En definitiva, es fuerza de trabajo». Para Paternal, uno de los trabajadores fundadores del sindicato, el acompañamiento de la gestión de Víctor Hortel «nos allanó bastante el camino».

Pese a ese acompañamiento, algunos de los primeros integrantes de la comisión directiva y sus abogados recordaban dificultades para avanzar en los inicios. «Le pedimos seis reuniones», remarcaba Isequilla. «Diciendo, armamos un sindicato, tenemos esta problemática: salario, falta de asignación de tareas, condiciones de trabajo, fondo de reserva, falta de asignaciones familiares, queremos dialogar. Bueno, no nos escucharon». La actitud inicial poco colaborativa de las autoridades penitenciarias y un limitado reconocimiento al sindicato se plasma también en las reuniones de la comisión directiva. En ese momento, el sindicato decidió acelerar y reforzar el proceso, convocando a una medida de fuerza para el 21 de noviembre de 2012. Todos los actores recuerdan con tensión la decisión de realizar o no la medida de fuerza, pero principalmente la discusión sobre el tipo de medida. Elsa Porta —como decíamos, una reconocida académica de derecho del trabajo y ex jueza del fuero laboral—, acompañó la experiencia del SUTPLA desde los inicios. Recuerda sus preocupaciones con la medida de fuerza que proponía llevar adelante la comisión directiva. «Insistimos mucho en que tuvieran especial cuidado en una medida de fuerza. Ahí sí tuve una participación bastante intensa en que un paro de actividades podía considerarse como un motín, entonces debían asegurarse de que si hacían un paro de actividades fuera pacífico, que no se les fuera de las manos».

La organización sindical desde abajo

Frente a las lógicas de reclamo individual y colectiva tradicionalmente presentes en las prisiones de nuestro país (D’Amelio, 2019; 2022; PPN, 2023: 211- 220), se impuso una metodología que vinculaba las típicas medidas de fuerza de la lucha sindical con los mecanismos de presión propios de la lógica carcelaria: paro general de actividades por 72 horas, combinado con «batucadas».^[9]

Se instrumentará el Paro General de actividades por el término de 72 horas, a partir del próximo día miércoles 21 del corriente (noviembre de 2012). A tal fin se convoca a todos los compañeros a difundir la medida a la vez que se elaborarán distintas circulares para enviar a los pabellones. (…) Se hará hincapié en el carácter pacífico de la medida a tomar y la misma se complementará con breves batucadas en el CUD y los pabellones a los efectos de llamar la atención. (Libro de Actas SUTPLA, Acta Nº 5, 12 de noviembre de 2012)

La medida logró sus efectos instantáneamente. A las pocas horas de iniciada, Rolandi convocó a Hortel a la cárcel de Devoto. El abogado del sindicato, el representante de la central obrera y la máxima autoridad penitenciaria federal se reunieron con los directores del penal y la comisión directiva del SUTPLA en la cárcel de Devoto en la madrugada del 21 de noviembre. Así lo recordaba Rolandi:

Me acuerdo de que me llama Colegiales y me dice: ‘mirá acá está todo podrido, pudrimos todo’, en medio de que veníamos avanzando bien con el Sindicato. Eran las dos de la mañana, y yo le digo, te pido por favor, sentémonos, busquemos una mesa de negociación, para eso sirve el Sindicato. Y me dice: ‘bueno pero yo quiero que vengan las autoridades’. Víctor (Hortel) vivía en La Plata. Dos de la mañana. Lo llamo, me atiende y le digo: ‘mirá se pudre todo. La única manera que no se pudra es que vos y yo vayamos en este momento al penal. Yo entro al penal a resolver esto si venís vos, si viene la autoridad máxima del Servicio. Vení vos y vemos cómo salimos de este conflicto entre el Servicio Penitenciario y el Sindicato’. Y se vino y se hizo la discusión y se logró no sé la cantidad de puntos. Son pequeñas victorias que van construyendo una confianza, pero mucha confianza.

Una versión muy similar recordaba Isequilla, el abogado del sindicato:

Nosotros queríamos hablar, queríamos transmitir la problemática, y ver la posibilidad de establecer una mesa de diálogo para poder conversar. Porque la idea no era, digamos, joder. La idea era mejorar las condiciones de detención de los detenidos y de coadyuvar y colaborar para que el Servicio Penitenciario cumpla con su obligación de garantizarle a todos los detenidos un trabajo, trabajo formativo, debidamente remunerado, en condiciones de seguridad. Esa es la lógica, coadyuvar, no joder, no vamos a oponernos por oponernos. Incluso había afinidad política en ese momento.

La medida se desactivó rápidamente, esa misma madrugada. El acuerdo quedó plasmado en el Libro de Actas del sindicato. «Desde el punto de vista del derecho colectivo del trabajo fue muy significativo porque hicieron como una negociación colectiva. O sea, se levantó la huelga y se explicitó que era lo que los trabajadores pedían», remarcaba Elsa Porta. Entre los puntos del acuerdo, se destacaba la constitución de una mesa de diálogo permanente entre el SPF y el SUTPLA, con frecuencia, al menos, quincenal y destinada a plantear y resolver cuestiones laborales y gremiales, la finalización de la medida de fuerza y la facilitación del ingreso de representantes de CTA a las distintas cárceles federales. También se fijó una agenda de temas: liquidación y pago de haberes, ocupación efectiva y condiciones de higiene y seguridad en la prestación de tareas laborales (Libro de Actas SUTPLA, Acta del 21 de noviembre de 2012).

En paralelo, en una iniciativa que ya excedía a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, la CTA y el sindicato iniciaron el 9 de agosto de 2012 las actuaciones administrativas para lograr que el Ministerio de Trabajo reconociera al SUTPLA (Isequilla, 2013: 297)

Todo esto no significa que se haya destrabado de una vez y para siempre el ejercicio sindical del SUTPLA. La lectura del libro de actas, de hecho, desmentiría una mirada tan optimista. Pero si dejó sentadas las bases para que el trabajo del sindicato pudiera desarrollarse con relativa regularidad. La organización cotidiana de la actividad sindical quedó conformada por la existencia de reuniones de comisión directiva en su sede, ubicada dentro del Centro Universitario (el Libro de Actas registra nueve en 2012 y catorce en 2013) y reuniones con delegados de distintos pabellones (tres entre 2012 y 2013). «El sistema nuestro tiene que ser asambleario», propuso Paternal cuando redactaban el estatuto. «Tenemos que estar todos, (se vota) a mano alzada, bien horizontal. Nadie tiene que estar “desenterado” de nada, y si vamos a tomar una decisión, por mayoría. El que no está de acuerdo, acompaña. Y se respetaba».

Esas instancias internas se combinaban con reuniones constantes con diversas autoridades de la cárcel de Devoto y de la Dirección Nacional del SPF, en el marco de la mesa de diálogo antes mencionada. Paternal destacaba que tenían «reunión con el ENCOPE,^[10] la Dirección Nacional, y él (Víctor Hortel), la comisión entera del SUTPLA cada quince días». Rolandi recordaba que las reuniones con las autoridades penitenciarias eran por la tarde, pero «yo llegaba a la una del mediodía al localcito, ahí en el CUD. Y me sentaba a discutir lo que íbamos a hacer en la reunión con los directivos. Si había que firmar actas, que firmábamos muchísimas, primero me juntaba con ellos y redactábamos el acta. Yo no tenía reuniones privadas con el Director del Penal, había que generar confianza».

Auge y consolidación del SUTPLA (2013- 2015)

La historia del primer sindicato de presos de Argentina está atravesada por marchas y contramarchas. Pese a lo zigzagueante del proceso, la mayoría de los actores estaría de acuerdo en reconocer la existencia de una «edad de oro» iniciada en 2013 y que fue apagándose hacia 2015. Esos años de bonanza gremial suelen ser asociados con el mayor grado de fortaleza alcanzada, fruto de la consolidación hacia dentro de la cárcel de Devoto, sus intentos de expansión hacia otras cárceles y la identificación de una buena cantidad de metas y acciones para alcanzarlas, muchas de ellas realizadas efectivamente.

Fortaleza hacia adentro de la cárcel de Devoto

Luego de aquella primera elección el día del acto fundacional, el sindicato se volcó a un escrutinio por segunda y última vez en octubre de 2014. Devoto tenía entonces 1.740 personas detenidas y 1.387 eran trabajadores formales (80%).^[11] Participaron de la elección 677 afiliados al Sindicato, 407 afiliados también a CTA (Libro de Actas SUTPLA, Actas Nº 43 y 44 de noviembre de 2014). En ninguno de los dos procesos eleccionarios del sindicato hubo listas opositoras. No era ese el sentido de la votación, sino una demostración de fuerzas hacia las autoridades penitenciarias. Como resaltaba Rolandi: «era muy importante que frente al Servicio Penitenciario vaya una gran cantidad de gente a bancar, a votar».

El proceso de afiliación al sindicato era observado como un modo de fortalecerse y consumía una buena cantidad de las energías de la comisión directiva y el cuerpo de delegados. En una cárcel con un porcentaje elevado de presos preventivos, la población se renovaba continuamente y también era constante la designación de nuevos trabajadores que aún no estaban afiliados. «Afiliamos como a 1.500», se enorgullecía Paternal. «Pero hay que afiliar porque la población cambia acá, tenés que afiliar todo el tiempo. Vos afiliá, afiliá, afiliá. El día que vayas a la cámara laboral (por el trámite de simple inscripción gremial), vas a tener una pila de afiliados y, ¿qué onda? ¿No existe esto?».

Una segunda estrategia de fortalecimiento interno fue la ampliación de la red de trabajadores involucrados en la vida interna del sindicato. Además de consolidar las reuniones semanales de la comisión directiva dentro del Centro Universitario, se fortaleció la actividad de los delegados de pabellón. Esta figura, presente en el Estatuto del SUTPLA desde sus inicios, como réplica de la estructura sindical, dialogaba también con la figura histórica de los representantes en los pabellones de Devoto (Gual, 2023a) -y que tiene reflejos similares en prisiones provinciales argentinas (D'Amelio, 2019; Navarro y Sozzo, 2020; Claus y Sozzo, 2023). La reunión de delegados fue una exigencia de la comisión directiva del sindicato porque descreían de su legitimidad para arrogarse «la posibilidad de ser transmisores» de las respuestas de la administración penitenciaria, «porque no somos mensajeros», remarcaba Soldati. Su compromiso se limitaba a «garantizar una reunión educada y en buenos términos. Llamábamos a representantes de cada pabellón para que cada pabellón pudiera pelear por lo que le correspondía».

Isequilla destacaba la organización del sindicato como «verdaderamente democrática», algo que «no es una característica del sistema sindical argentino. Los dirigentes fueron elegidos por ellos mismos, y además todo se decidía en asambleas, se hacían asambleas en el mismo CUD, o en la capilla, y todo se decidía a mano alzada por mayoría, y todo el mundo podía participar. En un momento, todos los pabellones tenían dos delegados».

En esa estructura, afirmaba Chacarita, el rol del delegado sindical se volvía central porque «canalizaba las inquietudes y nos hacía llegar a nosotros, cuando íbamos a recorrer los pabellones, lo que eran los (faltantes de) elementos de higiene, los elementos de seguridad y las herramientas que les daban a ellos para trabajar». Esa extensión de la red favoreció también la legitimidad del sindicato en todos los rincones de la cárcel de Devoto. Soldatigraficaba ese consenso al momento de la realización de batucadas, cuando «la cárcel explotaba. Había 2000 tipos, y 1990 estaban golpeando».

La cercanía entre comisión directiva, cuerpo de delegados y trabajadores buscó fortalecerse también a partir de la creación de una asesoría jurídica gratuita para sus familiares en la CTA y para los trabajadores de Devoto dentro del Centro Universitario, que coexistiera con la asesoría jurídica histórica del Centro Universitario pero destinada exclusivamente a sus reclamos en tanto trabajadores (Libro de Actas SUTPLA, Actas Nº 2 y 4, 24 de octubre y 7 de noviembre de 2012). «Hemos roto tres impresoras en cuatro años», destacaba Soldati. «No porque seamos brutos, porque no dieron más. Porque se imprimió todo lo que te puedas imaginar». Y no solo escritos judiciales y administrativos, «venía material de estudio, trae las fotocopias que te lo hacemos. Nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda económica, de nadie. Las impresoras, las tintas, las máquinas, las resmas, todo nuestro».

Pero el gesto de mayor fortaleza de la edad de oro del SUTPLA fue su capacidad para realizar recorridas diarias por los sectores de alojamiento y visitas más esporádicas a los lugares de trabajo. Las recorridas fueron identificadas desde el inicio como una estrategia fundamental para la vida gremial, la oportunidad para afiliar nuevos trabajadores y levantar demandas concretas a partir de la voz de los propios afectados. Desde la primera mesa de diálogo post medida de fuerza de noviembre de 2012, el sindicato reclamó a la Dirección Nacional que dictara una resolución legalizando las recorridas para evitar obstaculizaciones de los funcionarios penitenciarios a cargo de la cárcel de Devoto (Libro de Actas SUTPLA, Acta Nº 7, 6 de diciembre de 2012).

Para Paternal, un preso con tres décadas de experiencia en la gestión del Centro Universitario, resultaba claro que llevar adelante un sindicato significaba «caminar los lugares de trabajo todos los días, y estamos en una cárcel. Pero igual lo hicimos, lo sorprendente es eso». Lograron además sumar en las recorridas a la asesoría jurídica del Centro Universitario, que tiempo antes había perdido su autorización para recorrer la prisión. «Fue un momento maravilloso. Imagínate que salíamos cinco y recorríamos un módulo por día, de arriba abajo. Al principio entrábamos hasta a los pabellones, todo. Rompe la lógica de la prisión, caminan y supervisan. Caminan supervisando ¡Los presos, no los vigilantes!», insistía Paternal. Soldati es un preso condenado a prisión perpetua y con varias décadas de encierro sufridas. Pese a su experiencia acumulada, las recorridas fueron «descubrir un mundo. Yo las primeras recorridas me iba vestido como si fuera a (una jornada de) visita. Los pibes me decían, ‘¿qué sos, de la Procuración (organismo de control externo)?’ ‘No, qué Procuración. Nosotros somos presos, dame los datos’. Y llenar planillas, y explicarles. De lunes a viernes, una planta por día».

Las recorridas por los talleres laborales, si bien menos frecuentes, marcaron una incidencia central en la capacidad del sindicato para revertir las lógicas de funcionamiento de la prisión, relevando y denunciando incumplimientos en las normas de seguridad de higiene.

En cuanto al cronograma de próximas recorridas por los lugares de trabajo se decidió lo siguiente:

Viernes 1º de marzo: Cocina central, cueva, sastrería, mayordomía y limpieza

Viernes 8 de marzo: Automotores y huerta

Viernes 15 de marzo: Panadería y cocina central

Viernes 22 de marzo: Talleres de bolsitas. (Libro Actas SUTPLA, Acta Nº 12, 20 de febrero de 2013).

Estas demostraciones de fuerza no significaron que el desarrollo de la actividad sindical haya estado liberado de tensiones y problemas. Una y otra vez, incluso en la época de mayor fortaleza del sindicato, debieron enfrentar obstaculizaciones para el acceso de los delegados a las reuniones en la capilla de la cárcel, o prohibiciones a la comisión directiva de realizar recorridas por talleres o sectores de alojamiento (por ejemplos entre 2013 y 2014, ver Libro de Actas SUTPLA, Actas Nº 14 del 3 de abril de 2013 y Nº 30 del 14 de febrero de 2014). En las memorias de Balvanera era «una lucha de todos los días, a veces no llegaba la boleta (autorización escrita diaria) para ir a la recorrida. También, habeas corpus, a las siete, ocho de la tarde venían y nos tenían que llevar». En muchos de los actores reaparece la idea de ciertas tensiones pues las autorizaciones otorgadas en niveles superiores de la estructura penitenciaria no necesariamente eran bien recibidas por los oficiales a cargo de la gestión cotidiana de la cárcel de Devoto. Una autoridad máxima de la cárcel de Devoto, oficial de cargo intermedio en aquella época, lo asumía explícitamente: «Yo viví la época donde nació todo eso, con Hortel y toda esa gente. Que exigían un montón de cosas que eran… era como querer escupir para arriba».

Al igual que al programar la medida de fuerza de noviembre de 2012, también aquí las resistencias por parte del sindicato vinculaban las herramientas propias de la cárcel con un lenguaje y prácticas sindicales. Como ejemplo de esa hibridación entre estrategias de resistencia sindical y carcelaria, una medida de fuerza de abril de 2013 incluyó un paro de actividades laborales con el inicio de una huelga de hambre por dos miembros de la comisión directiva (Libro de Actas SUTPLA, Acta Nº 16, 24 de abril de 2013). Con el correr del tiempo, el lenguaje de la negociación colectiva y las prácticas sindicales fueron permeando las prácticas y narrativas de los nuevos gremialistas. Las trabas impuestas al ingreso de los abogados a la cárcel, la suspensión de las recorridas y el incumplimiento de las promesas realizadas en mesas de diálogo eran definidas por la comisión directiva como «prácticas desleales», un concepto propio del derecho del trabajo (Libro de Actas SUTPLA, Acta Nº 14, 3 de abril de 2013). Como las reticencias de las autoridades penitenciarias continuaban, un año más tarde surgía la propuesta de «tomar medidas de fuerza y entablar una querella por conducta antisindical (art. 47)» contra el director de la cárcel, mientras se planteaba una denuncia ante el Ministerio de Trabajo (Libro de Actas SUTPLA, Acta Nº 33, 14 de marzo de 2014). Soldati se reía al recordar una ocasión en que no querían permitirles realizar las recorridas por la cárcel, y uno de sus compañeros propuso hacer «un habeas corpus de prácticas desleales», en una clara hibridación entre herramientas del derecho penal y laboral. «Yo sinceramente no había escuchado las palabras “prácticas desleales” en mi puta vida. Porque acá había todo un speech. Nosotros les decíamos a los pibes nuevos que venían (a la comisión directiva), tenés que aprender cuatro cosas, y con esas cuatro cosas vos tener que cortar la reja (vencer la resistencia de los oficiales penitenciarios)».

Expansión hacia otras cárceles

Desde sus inicios, el SUTPLA pretendió extender la experiencia sindical a otras prisiones argentinas. De hecho, su estatuto se proponía agrupar a los trabajadores privados de su libertad «en los diversos establecimientos penitenciarios pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal o a los distintos Servicios Penitenciarios Provinciales de la República Argentina» (Art. 2).

En parte, era consecuencia de una costumbre arraigada dentro de las prisiones federales: lo que ocurre en la cárcel de Devoto corre como reguero de pólvora por el resto del sistema penitenciario federal. La comisión directiva del SUTPLA rápidamente comenzó a asesorar telefónica e informalmente a otros detenidos que enfrentaban conflictos laborales individuales en distintas cárceles federales. En retrospectiva, Soldati añoraba su sueño inicial de crear «un sindicato en cada cárcel federal, porque es mucho más rápido, más espontáneo, y entonces podías traccionar directamente con el Estado». Imaginaba una estructura «con una (sede) matriz acá (en Devoto) y que las otras fueran filiales. No por un capricho de exclusividad, sino justamente por la estrategia de estar en un lugar neurálgico».

Las relaciones más estrechas se entablaron con otras cárceles federales ubicadas alrededor de la ciudad de Buenos Aires, recibiendo inicialmente fichas de afiliaciones desde los Complejos Penitenciarios Federales I y IV de Ezeiza y II de Marcos Paz (Libro de Actas SUTPLA, Acta Nº 1, s/f).

En el caso de los complejos penitenciarios de varones de Ezeiza y Marcos Paz, esto fue favorecido porque algunos de los detenidos alojados en esas dos cárceles eran trasladados durante la jornada diurna al Centro Universitario de Devoto para cursar materias. Esos encuentros eran aprovechados para llevar y traer información y proponer estrategias de trabajo conjuntas. De esas conversaciones, por ejemplo, nació la decisión de crear una sede del sindicato en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz (Libro de Actas SUTPLA, Acta Nº 3, 2 de noviembre de 2012). También se construyó un vínculo fuerte telefónicamente con las trabajadoras detenidas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. En las mesas de diálogo iniciales, de hecho, se solicitó autorización para que la comisión directiva fuera trasladada un día a la cárcel de mujeres para contar la experiencia en primera mano (Libro de Actas SUTPLA, Acta Nº 22, 11 de octubre de 2013). Si bien no existen registros que ese encuentro presencial haya ocurrido, la Dirección Nacional del SPF compartía la necesidad de que el sindicato recorriera las distintas cárceles federales como un mecanismo de validación de la legitimidad pretendida. Al menos, que esto fuera llevado adelante por los actores externos, los abogados y miembros de CTA y los miembros de la comisión directiva del SUTPLA que iban recuperado su libertad. «Yo les decía —recordaba Hortel— vos no tenés esa legitimación, no representás a todos los presos de Devoto. Yo decía, caminen todos los pabellones de Devoto. Y después de que caminaron Devoto, hicimos esta cuestión de que pudieran caminar otras unidades. Si realmente es la legitimación que vos tenés, salí a las cárceles».

La estrategia expansionista se vio favorecida cuando algunos de los primeros miembros de la comisión directiva, entre ellos su primer Secretario General, recuperaron la libertad e incluyeron entre sus funciones negociar ampliaciones del sindicato en distintas provincias. Luego de las experiencias iniciales en cárceles federales como el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y en la Unidad Nº 4 de Santa Rosa (La Pampa),^[12] los intentos de expansión del SUTPLA continuaron con la creación de una delegación en la Unidad Nº 15 de Batán (Servicio Penitenciario Bonaerense) y el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de Viedma (Servicio Penitenciario de Río Negro) durante 2013.^[13] Los últimos dos registros disponibles destacan la creación de delegaciones en la Unidad de Detención Nº 1 de Río Grande (Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego) y la Alcaidía Nº XVII de San Lorenzo (Policía de la Provincia de Santa Fe), durante 2014 (Actas fundacionales refrendadas en el Libro de Actas SUTPLA, Actas Nº 45 y 46 del 21 y 24 de enero de 2015).

Si bien no es posible asegurar que la lucha sindical haya progresado en cada uno de esos establecimientos, ni que su desarrollo haya mantenido un vínculo fuerte con la experiencia inicial, sí da cuenta de la fortaleza que el SUTPLA había adquirido y un parcial éxito en la búsqueda de extender la discusión más allá de los muros de la cárcel de Devoto.

Acciones llevadas adelante

Los primeros tres reclamos del sindicato quedaron impregnados en la memoria de todos los actores y plasmados en el acta que selló el levantamiento de la huelga de noviembre de 2012: mejora de salarios, pleno empleo y condiciones de higiene y seguridad en los talleres laborales (Acta del 21 de noviembre de 2012, reproducida en el Libro de Actas SUTPLA, Acta Nº 6 del 30 de noviembre de 2012).

Rápidamente los reclamos se multiplicaron dentro de la esfera laboral: poner fin al fondo de reserva,^[14] lograr la bancarización del salario y otras medidas para transparentar el uso de fondos por parte del SPF, garantizar el acceso a una obra social y a otras asignaciones familiares. Pero los reclamos que canalizó el SUTPLA fueron también más allá de la esfera laboral, como demandas contra los precios exorbitantes de la cantina,^[15] contra la escasa y mala alimentación de la cárcel, las pésimas condiciones edilicias de baños y cocinas en los pabellones, los déficits de la atención a la salud y el maltrato a las familias durante los días de visita. «Con la primera cosa que nos desviamos fue con (la falta de atención a) la salud», detallaba Soldati. «Porque nos dimos cuenta de que muchos pibes tenían problemas de salud. Quedaba muy ilógico que saliéramos a pelear porque un pibe pudiera ir a trabajar. El que se está muriendo, primero».

Del universo de acciones llevadas adelante, algunas fueron canalizadas judicialmente y muchas otras se desenvolvieron en el marco de la negociación sindical. Mientras algunas cuestiones lograron resolverse exitosamente, otras quedaron a mitad de camino o nunca lograron solucionarse.

Acceso a trabajo y salario

La principal medida impulsada desde el sindicato fue lograr más afectaciones laborales para las personas detenidas en Devoto, buscando incrementar el porcentaje de presos con un destino laboral. Esto se buscaba por medio de una estrategia de negociación sindical que se combinaba con un reclamo judicial por el pleno empleo en las cárceles federales (Isequilla, 2013: 298).

El incremento en las tasas de empleo verificado en ese período, hemos adelantado, es la consecuencia de una serie de factores complejos y no solo de la acción sindical. Una demostración de esta afirmación es que su incremento antecede a la creación del sindicato y que no se verifica solo en Devoto, si no en la totalidad del Servicio Penitenciario Federal donde el SUTPLA carecía de injerencia directa y fuerte. Sin embargo, la influencia del sindicato en el incremento de la tasa de ocupación laboral en Devoto sí parece verificarse con el mayor crecimiento observado desde su constitución en 2012.

Gráfico 1.
Evolución ocupación laboral en SPF y cárcel de Devoto. Tasa c/ 100 detenidos. 2010-2016

«Los tipos nos daban los pedidos de afectación y los afectaban», se enorgullecía Paternal. «A los tres meses tenías laburo. Pasaban de no tener laburo, a tener laburo. Podían tener visitas (por la mejoría económica), cambia todo». Para Balvanera, como para casi todos, el mayor éxito sindical fue incrementar la cantidad de presos afectados al trabajo en Devoto. «Cuando arrancó el sindicato, hay estadísticas, la afectación era del 20% de la población. Con el SUTPLA, en 2015 llegó casi al 80%. No era del 100% porque tenés que pasar cuatro meses (preso) mínimo para que te afectaran. Ese era el trato que habíamos hecho con la policía».

Un segundo reclamo, también judicializado, consistía en garantizar que a todos los trabajadores presos en el Servicio Penitenciario Federal se les abonara «una remuneración equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil» (Isequilla, 2013: 298), es decir, el valor correspondiente a doscientas horas de trabajo mensual. Si bien no se logró el objetivo de máxima, su abogado remarcaba que la intervención constante del gremio «mejoró mucho el nivel cuantitativo de los salarios, sin llegar al salario mínimo para todos, mejoró mucho en ese aspecto también». Esto se refleja en la positiva evolución de los salarios en la cárcel de Devoto que evidencian un incremento aún mayor que el registrado en el resto del Servicio Penitenciario Federal.

Gráfico 2.
Evolución promedio de horas mensuales abonadas por trabajador. SPF y cárcel de Devoto. 2011- 2015

La tercera demanda, planteada en sede judicial, buscaba declarar inconstitucional el instituto del fondo de reserva, que impide a los trabajadores presos disponer libremente de la totalidad de su salario. Si bien esta acción no logró resultados favorables en sede judicial, en la mirada de los actores la intervención del sindicato logró alivianar las exigencias de la administración penitenciaria y de la justicia penal, logrando más permisos especiales para poder utilizar la totalidad del salario libremente. En palabras de Matías Isequilla, la gestión sindical logró «una flexibilización en los informes del propio Servicio, entonces lo logramos casi de hecho, la liberalización del fondo de reserva de hecho».

En la mirada de los miembros del sindicato, ante la complejidad del contexto y la falta de respuestas positivas en las acciones judiciales colectivas, lograr éxitos parciales en materia de obtención de empleos y mejora de salarios resultaba sumamente significativo.

Debemos tener en cuenta que las condiciones ideales son difíciles de alcanzar, como, por ejemplo, el trabajo para todos y el mínimo, vital y móvil, por lo tanto, todo lo que sume en pos de ese objetivo debemos tomarlo. (Libro de Actas SUTPLA, Acta Nº 15, 17 de abril de 2013)

Seguridad e higiene laboral

Las condiciones de seguridad e higiene en los talleres laborales integraron la agenda acordada luego de la huelga laboral de noviembre de 2012. En la primera mesa de diálogo se estableció un trabajo conjunto entre el sindicato y el responsable de seguridad e higiene laboral de la Dirección Nacional del SPF para avanzar en los cambios estructurales que se necesitaban luego de un informe de diagnóstico elaborado por la comisión directiva (Libro de Actas SUTPLA, Acta Nº 7, 6 de diciembre de 2012). Apenas constituyeron el sindicato, Chacarita se hizo cargo de la Secretaría de Seguridad e Higiene. «Hacía recorridas en los talleres una vez por semana y poníamos todos los talleres en condiciones. Todos estaban deplorables, las herramientas de trabajo eran obsoletas ya. La gente no tenía elementos de seguridad e higiene ni de protección. No tenían información sobre que se podía recurrir a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, a la ART en caso de que tuvieras algún problema». Encerrado hace tres décadas y con períodos a cargo de la presidencia del Centro Universitario, la experiencia sindical guardaba un lugar especial en los recuerdos de Chacarita:

Yo estoy orgulloso de haber formado ese Sindicato, acá adentro. Sobre todo, que mis compañeros pudieran trabajar en las condiciones dignas que cualquier trabajador merece. Que pudiera ser atendido por la ART. Que pudiera presentarse a su trabajo con todos sus elementos de seguridad, su ropa de trabajo, sus zapatos con punta de acero, la faja para proteger su columna, sus antiparras para que no le afecte… que se yo carpintería, herrería. Creo que fue, para mí, una experiencia muy buena porque, como te digo, durante ese periodo logramos trabajar en conjunto, no es algo que no se puede hacer.

Además del monitoreo por parte del sindicato, se logró articular los controles externos que nunca habían tenido vigencia dentro de la cárcel de Devoto. «Tuvieron que invertir plata que nunca gastan, siempre se la llevan. Todos matafuegos nuevos, venían a controlar. Logramos que gente del Ministerio de Trabajo viniera a dar cursos de seguridad e higiene», destacaba Paternal.

Para Isequilla se lograron avances notables en materia de seguridad del trabajo. Si bien el Servicio Penitenciario Federal cumplía desde hacía años con la obligación de contratar una Aseguradora de Riesgos del Trabajo:

[la ART] nunca había pisado una cárcel, jamás. Logramos que el servicio le exigiera a la ART que empiece a ir a las unidades y haga sus deberes de prevención y control. Se logró que haya matafuegos en los lugares de trabajo, que se modifiquen instalaciones eléctricas o herramientas de trabajo que eran deficitarias, que los trabajadores trabajen con ropa de trabajo, con botines, con gafas en la herrería y carpintería, con guantes incluso. El avance fue notable.

Transparencia

Las recorridas de la comisión directiva por los sectores de alojamiento y puestos de trabajo, recibiendo reclamos y canalizándolos luego en instancias políticas, administrativas y judiciales fueron la principal vía para generar transparencia sobre las relaciones laborales dentro de Devoto. En paralelo, se intentaron también otras tres acciones con éxito diverso: reclamar la entrega periódica de recibos de sueldo a la administración penitenciaria, bancarizar el pago del salario y realizar una auditoría externa sobre los libros contables del ENCOPE.

Si bien la generación y entrega de recibos de sueldo dentro de Devoto preexistió a la creación del sindicato, muchos de los actores plantean que su entrega era, en verdad, esporádica. Cuando consiguieron que le llevaran el recibo de sueldo a cada trabajador «a la puerta de cada pabellón», afirmaba Soldati fue un logro «importantísimo porque vos podés constatar cuanto ganás, el aporte jubilatorio». También para Elsa Porta, una de las principales colaboradoras del sindicato, la entrega de los recibos permitió «cierto ordenamiento de la cuestión de los papeles, cómo se liquidaba el salario».

El reclamo por la bancarización del salario de cada trabajador en una cuenta sueldo individual fue otra de las demandas históricas del sindicato. La plata de todos los salarios ingresaba desde el ENCOPE directamente a una única cuenta a nombre de la cárcel de Devoto, sin individualización alguna entre los montos correspondientes a cada trabajador. Las tratativas iniciales ante la sucursal del Banco Nación de Villa Devoto las realizaron los abogados del sindicato, aunque rápidamente se encontraron con la necesidad de que el trámite fuera gestionado directamente por las autoridades penitenciarias. En mesas de diálogo posteriores, asesores de Dirección Nacional aseveraron haber avanzado con la gestión y sentirse optimistas con sus resultados (Libro de Actas SUTPLA, Actas Nº 30, 37 y 47, del 14 de febrero y 16 de junio de 2014 y 6 de marzo de 2015). «Estuvimos a nada de lograr la bancarización del salario», se lamentaba el abogado del sindicato. «Eso era muy importante porque implicaba evitar a las familias tener que hacer todo ese peregrinaje^[16] a las unidades para cobrar y después ir al banco, entonces se perdía todo un día. Pero además la bancarización implicaba un modo de transparentar el destino de los recursos». Pese a los esfuerzos del sindicato, tal vez precisamente por evitar esa transparencia, la bancarización nunca avanzó. La gestión de los fondos para el pago de salario continuó siendo igual de opaca y un sistema informático era el único respaldo sobre los salarios percibidos por cada trabajador, los montos utilizados para comprar en la cantina o enviar a sus familiares y el saldo restante.

La tercera acción intentada para transparentar el uso de los fondos consistió en proponer una auditoría externa sobre las cuentas del ENCOPE. En diciembre de 2012, el sindicato envió una nota solicitando acceder a sus libros, y concurrió a la reunión junto con representantes de CTA, abogados y contadores propuestos por el sindicato (Libro de Actas SUTPLA, Actas Nº 10 del 28 de diciembre de 2012). Isequilla destacaba que nunca quisieron mostrarles los libros, usaron como excusa «que se habían arruinado en una inundación y nos pusieron un Powerpoint inverosímil». Tampoco esta acción tuvo un resultado exitoso y mostró los límites de la capacidad de presión y negociación del SUTPLA.

Intervenciones sobre la familia y el egreso

Un cuarto núcleo de acciones del Sindicato se propuso aumentar los beneficios para la familia como consecuencia del trabajo dentro de la prisión de las personas detenidas e influir en su situación una vez recuperada la libertad. En esta categoría incluimos el reclamo por simplificar para los familiares el trámite para hacerse de los fondos enviados por los trabajadores como parte de su salario, garantizar una obra social para parejas e hijos y el cobro de asignaciones familiares, la transformación de los puestos laborales en actividades generadoras de oficios y la creación de cooperativas.

Quienes llevaban dos décadas detenidos, recordaban que a principios del siglo no era necesario un procedimiento para el retiro de fondos por parte de los familiares porque los trabajadores no eran más que algunas decenas. Cuando el trabajo remunerado comenzó a extenderse por la cárcel de Devoto, la primera medida fue, como señalamos, abonar a la familia, el día de visitas, con un cheque a cobrar por ventanilla en el Banco Nación de la sucursal de Villa Devoto. Esto generaba inconvenientes, incertidumbres y largas esperas. Frente a esto el SUTPLA propuso que el pago se haga por una transferencia bancaria. Soldati remarcaba que «el primer modelo de giro bancario, lo hicimos nosotros, no se le ocurrió al servicio». El paso inicial fue organizar los días de pago de acuerdo a un orden alfabético para evitar que las familias se agolparan todas contra las ventanillas de la cárcel un mismo día, y luego nuevamente en la hilera del Banco. El segundo paso, dado efectivamente recién durante la pandemia, fue remplazar el retiro de un cheque por la transferencia a una cuenta bancaria del familiar, liberándolo de todo trámite de carácter presencial.

Entre los objetivos no alcanzados en este plano se incluyen el acceso a la obra social y el reconocimiento de asignaciones familiares, demandas que el sindicato se propuso desde su creación (Libro de Actas SUTPLA, Acta Nº 6 del 30 de noviembre de 2012). Ana Camarda, una de las profesoras universitarias que acompañó al sindicato hasta volverse parte de la comisión directiva, destacaba el reclamo por la obra social y las asignaciones familiares como un gesto de la capacidad del SUTPLA de nutrirse de la tradición sindical: «una obra social que estuviera para las familias en el afuera, que pudiera garantizar algunas cuestiones como útiles escolares para hijos de las personas detenidas o la cuestión recreativa». Nuevamente Soldati reclamaba: «por qué no tenemos obra social, para que sea extensible a mi familia. Porque vos tenés el hospital extramuros o acá adentro. Si es grave, es extramuros. Sí, está bien, pero yo tengo un aporte jubilatorio y podría hacer extensiva la credencial a mi hijo, pero no se puede».

Pensando en el momento de recuperar la libertad, las preocupaciones incluían garantizar un fondo de desempleo durante los primeros seis meses (Libro de Actas SUTPLA, Acta Nº 25, 20 de diciembre de 2013), remplazar las tareas laborales tradicionales de la cárcel por actividades formativas que efectivamente abrieran nuevas oportunidades en el afuera y, hacia el final del momento de auge y consolidación del SUTPLA, la creación de cooperativas de liberados y sus familiares.

Para Isequilla siempre fue clara la necesidad de pensar los reclamos sindicales fuera de la lógica de la laborterapia, porque «¿qué podés aprender pegándoles manijas a bolsitas de papel madera?». «No era solo el salario», recordaba Ana Camarda. El objetivo «era pedir capacitación. Incluso el Sindicato muchas veces armó propuestas propias o empezó a generar contactos. Me acuerdo de que hizo contactos con la Escuela de Arbitraje para realizar capacitaciones en Arbitraje. Hubo todo un proyecto de reciclado, de hacer capacitaciones de reciclado para articular con las cooperativas de cartoneros».

A comienzos de 2014 se observan los primeros registros en el libro de actas de la propuesta de construir una cooperativa de trabajo textil que integre familiares y trabajadores al recuperar la libertad (Libro de Actas SUTPLA, Actas Nº 26 y 28, 22 y 31 de enero de 2014). Haberlo logrado era uno de los mayores orgullos de Paternal. El proyecto se inició con unas becas de fondos de extensión universitaria, «con eso creció y sigue creciendo. Anda bien. Nació acá adentro, no es gente liberada que lo hicieron afuera. Lo hicieron presos, que estaban presos y funcionamos como cooperativa. Y la llevamos para afuera, y creció». En la actualidad, la Cooperativa Esquina Libertad se ha consolidado como una referencia en el cooperativismo de personas liberadas y familiares de personas detenidas en la Ciudad de Buenos Aires.

El declive (2016- 2023)

Hacia fines de 2015 comenzaron a combinarse una serie de factores internos y externos que pusieron en jaque la experiencia del SUPLA en Devoto. Nos detendremos aquí en cuatro que consideramos muy relevantes: a) las tensiones internas entre sus máximos dirigentes, asociadas en muchos casos con la recuperación de la libertad de algunos de ellos y el impacto que provocó en la alianza estratégica con CTA; b) los cambios experimentados en la conducción del Servicio Penitenciario Federal con la salida de Víctor Hortel en 2013 y en la política nacional con el cambio de gobierno y el ascenso de una alianza y programa político de «nueva derecha»; c) los reveses judiciales que minaron la legitimidad de un sindicato que, ya sin respaldo político, comenzó a sufrir mayores interferencias y limitaciones para ejercer sus funciones; y d) la pandemia y sus efectos negativos en el desarrollo de cualquier actividad dentro de las prisiones.

Tensiones internas y repercusiones en las relaciones con actores externos claves

Desde el comienzo de la experiencia, los miembros del SUTPLA discutieron los beneficios y perjuicios potenciales de tener un Secretario General que continuara privado de su libertad, un debate que se actualizaba cada vez que un miembro con un cargo relevante egresaba de la prisión. El Libro de Actas registra dos episodios en que miembros de la comisión directiva fueron liberados y, rindiendo cuentas a la comisión directiva, continuaron ejerciendo funciones para el sindicato, como representarlo ante actores políticos, gestionar útiles escolares para los hijos de los trabajadores y agilizar el trámite de la bancarización de sus remuneraciones (Libro de Actas SUTPLA, Actas Nº 2, 12 y 15 del 24 de octubre de 2012, 20 de febrero de 2013 y 17 de abril de 2013).

En líneas generales, primó la postura de que un miembro de la comisión directiva liberado ejerciera como Secretario General y el Secretario Adjunto fuera un compañero que continuaba preso en la cárcel de Devoto, situación que persiste hasta la actualidad. Además, periódicamente, desde la creación del sindicato y hasta 2017 inclusive se celebraron asambleas para reponer los cargos vacantes por egresos.

Esas transiciones pacíficas se contraponen con un episodio que puso en crisis la estabilidad del sindicato. La perdurabilidad de sus efectos negativos resulta difícil de estimar. Cuando el primer Secretario General recuperó su libertad tuvo la intención de continuar ejerciendo ese cargo, con el apoyo de una de las abogadas iniciales del sindicato y la CTA. La tensión con la comisión directiva que continuaba detenida fue en aumento y obedeció, según con que actor se consulte, a tres posibles factores: el rechazo a ceder el cargo de Secretario General al recobrar la libertad, la autonomía con que tomaba decisiones sin rendir cuenta a la comisión directiva y el provecho personal de las gestiones que realizaba. La situación se complejizó aún más cuando tomó la decisión de participar como abogado en la defensa de un grupo de agentes policiales acusados penalmente por el incendio de una comisaría en la ciudad de Pergamino en que perdieron la vida siete detenidos.^[17]

Sea cual fuera la principal razón, la ruptura terminó de plasmarse en el libro de actas con la expulsión la abogada y la renuncia indeclinable del ex Secretario General (Libro de Actas SUTPLA, Actas Nº 40, 41, 50 y s/n del 26 y 29 de agosto de 2014 y 13 de mayo y 18 de octubre de 2015).

Para separar aguas entre el Secretario General saliente —que se negaba a abandonar el puesto— y la comisión directiva interna se decidió una nueva formalización para el sindicato: manteniendo las mismas siglas, pasó a nombrarse Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria, con nuevo logo, nueva acta fundacional y nuevo trámite de simple inscripción ante el Ministerio de Trabajo (Libro de Actas SUTPLA, Acta de Asamblea del 9 de diciembre de 2015).

Las esquirlas de esa ruptura impactaron en la relación del sindicato con CTA que no volvió a reconstituirse, dando lugar a una mutación trascedente si consideramos que la pertenencia a esta central obrera había sido muy importante en el nacimiento, auge y consolidación del SUTPLA. El abogado del sindicato reseñaba el proceso de reconfiguración institucional de este modo:

Para romper esta lógica de conflicto, les propuse que refundemos el Sindicato. Hagamos una asamblea general, afiliemos de vuelta a todos los compañeros, designemos a las autoridades, refundemos el Sindicato y ya no vamos a tener conflictos más con nadie. Él hacía su camino, el que él elija, y nosotros hacíamos nuestro camino. Se decide en asamblea que sí, pero no cambiarle las siglas. Entonces ahí el sindicato deja de llamarse Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria y pasa a llamarse el Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria, se mantiene la sigla SUTPLA, y se cambia el logo también. Ahí se arranca de otro modo, se decide no mantener la pertenencia a la CTA. El Sindicato cuando se refunda se va de la CTA.

Cambios políticos

Un año después de la creación del sindicato, el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal que había favorecido su surgimiento abandonó el cargo en un proceso atravesado por las resistencias internas de los actores penitenciarios. Su remplazo impactó de inmediato en la fortaleza del sindicato dentro de Devoto. Las mesas de diálogo en las que participaban las autoridades penitenciarias comenzaron a espaciarse y nunca más un Director Nacional aceptó reunirse con la comisión directiva, cediendo ese lugar a asesores de su confianza. Como consecuencia más o menos directa, las restricciones para ejercer las prácticas sindicales se volvieron más recurrentes (Libro de Actas SUTPLA, Actas Nº 37 y 53 del 16 de junio de 2014 y 2 de agosto de 2017).

Ese clima adverso se profundizó con el cambio de gobierno a nivel nacional y la llegada a la presidencia de Mauricio Macri, de la alianza de centro derecha Cambiemos. En la percepción de Caballito, obviamente, esto no solo impactó en el SUTPLA, sino en toda la experiencia sindical nacional. «Cuando hay una situación estructural de menor empleo, llegó acá también esa situación. Porque el SUTPLA antes te anotaba, y a la semana vos estabas afectado».

El recorte del gasto público se hizo evidente en el trabajo carcelario dentro de las cárceles federales hacia 2018, cuando se redujo a la mitad el presupuesto destinado a pagar salarios de trabajadores presos (PPN, 2019: 287). El próximo gráfico muestra el descenso desde 2018 en el promedio de horas abonadas por trabajador mensualmente hasta la finalización del gobierno de Cambiemos. En 2020 en el contexto de la pandemia esta tendencia se prolonga, pese al cambio hacia un gobierno que pretendía en cierta medida recuperar el programa político postneoliberal del período 2003/2015. Sí se observa una lenta y parcial recuperación al culminar la pandemia, en los dos últimos años de la serie.

Gráfico 3.
Evolución de promedio de horas abonadas mensualmente por trabajador. SPF y cárcel de Devoto. 2016-2022.

Pero el impacto del cambio de gobierno nacional y de la orientación de su política penitenciaria afectó la cárcel de Devoto —y en general, las prisiones federales— no solo en término económicos. En 2017 esta alianza gubernamental impulsó la sanción de una reforma a la ley de ejecución penal a través de la Ley 27.375 que restringió fuertemente derechos, principalmente la posibilidad de avanzar en la progresividad del régimen y egresar anticipadamente de la prisión, y remplazó en gran medida una narrativa tradicionalmente asociada al ideal de la resocialización por un discurso de la incapacitación y neutralización (Anitua & Piechestein, 2022; Gual y Sanz, 2023).

«Una víctima del contexto», graficaba Belgrano. «El SUTPLA nació en pleno gobierno de Cristina. Con el kirchnerismo creció mucho. Llegó el macrismo, comenzó a haber un recorte, se comenzó a achicar». Con el cambio de gobierno nacional, coincidían Caballito, Paternal y Belgrano, desapareció la posibilidad de los miembros de la comisión directiva de hacer recorridas por los pabellones y lugares de trabajo. También repercutió en la imposibilidad de mantener el mecanismo de los delegados del SUTPLA en cada uno de los pabellones. Finalmente, se tradujo en el cese de las mesas de dialogo con las autoridades políticas y penitenciarias.

Reveses judiciales

La estrategia judicial del SUTPLA se sostuvo, en gran medida, en la presentación de tres amparos en sede laboral reclamando trabajo para la totalidad de las personas detenidas en cárceles federales, demandando que se les abone una remuneración equivalente al salario mínimo, vital y móvil y planteando la declaración de inconstitucionalidad del fondo de reserva que impide a los trabajadores disponer libremente de la totalidad de su salario (Isequilla, 2013, pág. 298).

El litigio, sin embargo, no se limitó a esas tres acciones centrales. Se sumaron una buena cantidad de acciones colectivas intentadas en sede penal, junto con otros actores como la Defensa Pública y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN, 2022: 299-303). También hubo una serie de reclamos judiciales iniciados por miembros de la comisión directiva del sindicato a título individual, en representación del colectivo de trabajadores presos, relativos a condiciones de seguridad e higiene, afectaciones laborales e irregularidades en las remuneraciones.

Si bien en estas acciones intentadas en el fuero penal lograron éxitos acotados, las tres acciones insignia del sindicato se encontraron con un escollo principal: el rechazo de la justicia a considerar al SUTPLA como legitimado para accionar en nombre de los trabajadores presos. En noviembre de 2015, ante el amparo iniciado reclamando el pago de remuneraciones equivalentes al salario mínimo, vital y móvil, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó que el sindicato fuera «una asociación habilitada para promover un reclamo judicial en el que invoque la representación de los intereses colectivos».^[18] El argumento central era que el Ministerio de Trabajo de la Nación no se había expedido favorablemente sobre el trámite de inscripción gremial (Gual, 2016: 233). El panorama se agravó aún más cuando en diciembre de 2017, en el marco ya del nuevo gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo de la Nación rechazó la inscripción gremial.^[19] Mientras tanto, en marzo de 2019, la Corte volvió a ratificar su postura limitadora de atribuciones del SUTPLA en el amparo presentado por la inconstitucionalidad del fondo de reserva.^[20] Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en 2023 ratificó la decisión de rechazar la inscripción que había tomado el Ministerio de Trabajo.^[21]

Esa sucesión de reveses administrativos y judiciales en el reconocimiento de la legitimidad del SUTPLA calaron hondo en las posibilidades reales del sindicato de mantenerse como un actor relevante en la negociación con la administración penitenciaria. Palermo señalaba esa falta de reconocimiento como la principal derrota de la experiencia del sindicato, porque «si vos tenés un reconocimiento, hacés una presentación y te sentás a discutir con Dirección Nacional y con el ministerio». Por el contrario, los reveses sufridos repercutieron en dos cuestiones centrales para el poder de negociación sindical: se suspendieron las mesas de diálogo y se desautorizaron las recorridas dentro de la cárcel de Devoto decisiones negativas que además eran promovidas como consecuencia del cambio de orientación de la política y gestión penitenciaria más en general.

Para Chacarita, miembro de la primera comisión directiva, el Servicio Penitenciario comenzó a desarticular el sindicato a partir de «cortar la frecuencia (de las recorridas) primero, después decir que porque hay procedimiento de requisa no se podía hacer el recorrido, después porque la nueva directiva de seguridad interna no lo permitía, siempre buscando una excusa distinta. Y así se desarticuló prácticamente el sindicato».

El impacto de la pandemia de COVID19

La pandemia de COVID-19 impactó fuertemente en Argentina desde marzo de 2020 y provocó una serie de medidas de prevención y protección que redujeron notablemente la circulación dentro de las prisiones federales y el acceso de actores externos a las mismas, así como interrumpió el desarrollo de múltiples actividades, entre ellas las laborales, por un período de más de un año, con breves interrupciones (Bessone, 2020; Gual y Colimedaglia, 2022).

Muchos de los actores relacionados con la experiencia del SUTPLA lo identifican como el golpe de gracia que terminó de reducir la experiencia sindical a su mínima expresión. «Con la pandemia, ¿qué recorridas vas a hacer?», se quejaba Paternal. «La cosa venía decayendo», reconocía Elsa Porta, «pero el remate fue la pandemia», una experiencia que Isequilla no duda en calificar como «catástrofe». Como demostración de ese impacto, no se han volcado registros en el libro de actas del SUTPLA posteriores al inicio de la pandemia.

***

En la actualidad, el sindicato continúa teniendo su oficina dentro del Centro Universitario. Desde allí, intenta articular demandas y reclamos por cuestiones laborales o más ampliamente carcelarias, usualmente en sintonía con otros actores del Centro Universitario. Su comisión directiva continúa parcialmente constituida y mantiene reuniones esporádicamente. Sin embargo, su potencia como actor relevante en el mundo de la prisión se ha restringido notablemente. Este declive acompaña la pérdida del lugar que el trabajo asalariado había logrado alcanzar en Devoto durante los años de auge del sindicato, como lo demuestran los descensos en las tasas de ocupación y las horas mensualmente abonadas, al menos hasta el final de la pandemia e incluyendo una moderada recuperación posterior.

Frente a ese panorama desalentador, hemos advertido, el sindicato sufrió fracturas internas y embates externos que minaron su capacidad de intervención y resistencia. En ese contexto, es posible observar tres movimientos que reconfiguran la participación del SUTPLA en cuanto a sus objetos, estrategias y narrativas.

En primer lugar, ante la continua ausencia de resultados positivos en sus reclamos laborales y sindicales, las demandas se volcaron hacia reclamos más tradicionalmente «carcelarios»: oposición a reformas penales regresivas, al hacinamiento en los complejos penitenciarios de Marcos Paz y Ezeiza, a los malos tratos a visitantes y restricciones en el ingreso de alimentos por familiares (Libro de Actas SUTPLA, Actas s/n, 8 de febrero, 10 de mayo y 16 de agosto de 2019).

Los reclamos se articularon cada vez menos en nombre del SUTPLA y perdieron el sostén de los actores externos que habían resultado claves durante los inicios de la experiencia sindical. Los escritos judiciales comenzaron a ser presentados por los mismos detenidos —muchas veces sin acompañamiento de abogados del sindicato— y en representación del colectivo de detenidos en lugar de posicionarse como representantes sindicales. En esta nueva etapa, además, se observa un debilitamiento de los apoyos iniciales con las limitaciones de los abogados del sindicato para ingresar a la cárcel —solo pudieron reunirse en tres ocasiones en los últimos seis años— y la pérdida de vínculo y contacto con la CTA. Las articulaciones parecen haberse orientado cada vez más hacia confederaciones de trabajadores de la economía informal y organismos estatales de control de las condiciones de detención. Los referentes del sindicato se reunieron con el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular^[22] en tres ocasiones entre 2016 y 2018 con el objetivo de impulsar cursos de capacitación y cooperativas de trabajo para presos, liberados y familiares. También canalizaron sus demandas a través de la Procuración Penitenciaria de la Nación, con varias reuniones registradas entre 2017 y 2019 (Libro de Actas SUTPLA, Actas Nº 54- 61).

Finalmente, se observa una restricción de la narrativa original construida por el sindicato mediante la adopción del lenguaje del derecho sindical para cobijarse nuevamente en el lenguaje carcelario y del derecho de ejecución penal que había caracterizado históricamente a la lucha de los presos universitarios en la cárcel de Devoto. Durante el último período desaparecen los amparos en el fuero laboral, las denuncias por prácticas desleales y la organización de medidas de fuerza laborales para dejar su lugar a las batucadas, los habeas corpus correctivos y los reclamos ante jueces penales.

Imagen 1.
Comunicado del SUTPLA – mayo de 2019

A modo de cierre

La experiencia del SUTPLA resulta excepcional en el contexto de las prisiones argentinas —tanto a nivel federal como provincial— y latinoamericanas. Este carácter excepcional se estructura en diversos planos.

Se trata de una iniciativa colectiva de resistencia por parte de las personas privadas de libertad, especialmente en la cárcel de Devoto, frente al estado de cosas existentes en la prisión. Si bien se articula específicamente en relación con el trabajo carcelario, se amplía a lo largo de su historia hacia otras dimensiones del encierro.

Es una iniciativa de resistencia colectiva y ejercida abiertamente. Interesantemente, la sociología de la prisión en el Norte Global, ha tratado justamente de expandir la noción de «resistencia» hacia los terrenos de lo individual y lo subrepticio, evitando su confinamiento exclusivamente en torno a iniciativas colectivas y abiertas (Bosworth, 1999; Carrabine, 2004; Uglevick, 2014; Crewe, 2016: 85-86, 93-96).

Pero, a diferencia de otras manifestaciones tradicionales de resistencia colectiva y abierta frente al estado de cosas de las prisiones argentinas y latinoamericanas llevadas adelante por los presos —en forma paroxística el motín pero también los diversos tipos de «huelgas» (de hambre, de trabajo, etc.)—, esta iniciativa no pasa por llevar adelante acciones que pueden ser consideradas desviadas de acuerdo a las reglas formales de la institución penitenciaria. El sindicato demostró desde sus inicios un esfuerzo por moldear su iniciativa y acciones en el lenguaje del derecho y de los derechos. Este colectivo de personas privadas de su libertad busca crear un sindicato de trabajadores en contextos de encierro como «persona jurídica» y emprender las intervenciones administrativas y judiciales necesarias para lograrlo. Las demandas y reclamos que realizan en este marco institucional siempre se refieren a lo que está establecido en las reglas formales, en relación a la prisión y el mundo del trabajo. No hay una confrontación con el derecho y sus reglas, que reivindicaría otro punto de vista normativo, sino una adopción de la regulación oficial como estándar que es preciso aplicar y defender. Es decir que se trata de una iniciativa de resistencia que impugna el estado de cosas de la prisión por no ajustarse a lo que las reglas formales establecen y demanda a las autoridades (políticas, judiciales, penitenciarias) que produzcan las acciones necesarias para lograr, precisamente, dicho ajuste.

En este sentido, se trata de una iniciativa de «censura», para recuperar el concepto elaborado por Thomas Mathiesen (1965) en su clásico estudio de una prisión noruega. Se trata de la «critica al gobernante por su falta de apego a sus propias normas» (Mathiesen, 1965: 2), «la crítica a aquellos en el poder por no seguir, en sus conductas, los principios que están establecidos como correctos en el sistema social» (Mathiesen, 1965: 23). Es una táctica que asume que existe un cierto nivel de consenso (incluso superficial) sobre los valores y las normas que importan que atraviesa a quienes gobiernan y a quienes son gobernados (Mathiesen, 1965: 12-13). Pero a diferencia de lo que planteaba este autor noruego, en el caso del SUTPLA, no se trata de un desarrollo atomístico, generado por individuos relativamente aislados y débiles —material y psicológicamente— que carecen de medios colectivos para desafiar el estado de cosas existente en la prisión (Mathiesen, 1965: 122-136).^[23] En las antípodas de las estrategias de resistencias observadas por Mathiesen en Noruega, el SUTPLA es una iniciativa colectiva y que, además, pretende dar lugar a esa «persona jurídica» que encarna un alto nivel de organización y una expectativa de perdurar en el tiempo —y que, de hecho, lo logra—, al menos por un período considerable.^[24] Como plantean Sparks, Bottoms y Hay (1996:49), en Mathiesen (1965) parece emerger una suerte de dicotomía entre la existencia de solidaridad y construcción de colectivos entre las personas privadas de su libertad y la «censura» como forma de resistencia frente a la prisión que, en su visión, es siempre patrimonio de individuos aislados y débiles. Desde el punto de vista de estos autores británicos, por el contrario, una «combinación fluida de ambas» dimensiones es «igualmente imaginable» (ver también Carrabine, 2004: 135-137). Precisamente, el ejemplo del SUTPLA demuestra que esto no es solo imaginable sino también practicable: con sus momentos de debilidad y de fortaleza, el sindicato de presos ha ejercido con distinta intensidad una actitud censora frente a las agencias del sistema penal a partir de una estrategia solidaria y colectiva.

Ahora bien, esta iniciativa de resistencia se nutre además de una característica que es también extraordinariamente relevante para entender las prisiones argentinas —y latinoamericanas— que es su alto grado de «porosidad» o «permeabilidad» (da Cunha, 2008; Armstrong & Jefferson, 2017; Weegels, Jefferson, & Martin, 2020; Ellis, 2021). Multiplicidad de actores externos a la prisión —familiares, organizaciones sociales, universidades y otros actores estatales que no son el servicio de prisiones—, atraviesan cotidianamente sus muros generando constantemente un flujo masivo de personas, cosas e información que hacen que la imagen que nace del clásico concepto de «institución total» de Erving Goffman (2001) pueda ser considerada equívoca para este tipo de escenarios. En la creación y desarrollo del SUTPLA, los actores externos son cruciales en la gestación y sostenimiento de esta iniciativa de resistencia. Por un lado, diversas personas que ingresaron durante tres décadas desde la Universidad de Buenos Aires a realizar cursos y talleres dentro del Centro Universitario permitieron construir una tradición de uso del lenguaje jurídico para enfrentar los dolores de la prisión y se volvieron, al momento de la creación del sindicato, constantes interlocutores de las personas privadas de su libertad que fueron sus protagonistas. Por el otro, los miembros de la Central de Trabajadores Argentinos también se volvieron figuras cruciales en el desenvolvimiento de la iniciativa, especialmente en su momento de auge y consolidación. En este sentido, el SUTPLA es una iniciativa de resistencia, colectiva y abierta, de las personas privadas de su libertad, pero con unos apoyos externos extraordinariamente significativos. Estos apoyos externos son tan importantes que resulta difícil imaginar que esta experiencia se hubiera podido gestar sin ellos.

Finalmente, también como testimonio del grado extremo de porosidad de la prisión en nuestro país, aunque en un sentido diverso, la experiencia del SUTPLA fue posible en el marco de un clima político y cultural más amplio, marcado por una determinada alianza y programa gubernamental. Y, sobre todo en un momento inicial, por su traducción en la orientación de la política y gestión penitenciaria. Este marco más general también ayuda a comprender el reforzamiento de la porosidad que implica la incursión de nuevos actores externos, inesperados para el escenario de los contextos de encierro, como la CTA, que a su vez resulta crucial en la construcción de esta iniciativa. Es preciso recordar aquí el episodio relacionado con el nacimiento del SUTPLA, la huelga de trabajo y la batucada y la reunión a la madrugada en Devoto con la autoridad máxima del Servicio Penitenciario Federal, conseguida por el representante de la CTA. La centralidad de este componente se revela también en el cambio gubernamental de 2015, provocando una mutación en ese clima político y cultural y su traducción en la reorientación de la política y gestión penitenciaria, coincidiendo con el declive de esta iniciativa, aun cuando, como vimos, no sea su única causa.

Este carácter excepcional de la experiencia del SUTPLA en el país y en la región da cuenta también de las dificultades para la replicación de iniciativas semejantes en otros tiempos y lugares. Pero consideramos que la historia que este artículo presenta y analiza deja algunas claves importantes para los tentativos de puesta en marcha de futuras prácticas de resistencia al estado de cosas de las prisiones contemporáneas en Argentina y América Latina, que abracen un carácter colectivo y abierto, se apoyen en actores externos en el marco de la alta porosidad de los contextos de encierro y busquen desplegar una táctica «censora» apelando al lenguaje del derecho y de los derechos. Estas claves son especialmente relevantes para la imaginación política frente a los adversos vientos que circulan, dentro y fuera de los muros, en el presente.

Referencias

Anitua, G., & Piechestein, A. (2022). Cambios en el castigo en Argentina. Reforma legal y su impacto en la prisión. José C. Paz: EDUNPAZ.

Armstrong, S., & Jefferson, A. (2017). Disavowing ‘the’ Prison. En D. Moran, & A. Schliehe, Carceral spatiality: Dialogues between geography and criminology (237-267). Londres: Palgrave.

Bessone, N. (2020). La justicia penal frente a la conflictividad carcelaria en épocas de pandemia. En LESYC, ASJP, & APP, Pandemia y Justicia Penal (119-150). Buenos Aires: LESYC - ASJP- APP.

Bil, D., & Poy Piñeiro, L. (2002). Trabajo no libre en la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires. El caso de los talleres gráficos, 1877- 1917. Razón y Revolución(10), 1-10.

Bosworth, M. (1999). Engendering Resistance: Agency and Power in Women's Prisons. Londres: Routledge.

Caimari, L. (2002). "Que la revolución llegue a las cárceles": el castigo en la Argentina de la justicia social (1946- 1955). Entrepasados(22), 27-48.

Caimari, L. (2004). Apenas un delincuente: crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880- 1955. Buenos Aires: Siglo XXI.

Carrabine, E. (2004). Power, Discourse and Resistance: A Genealogy of the Strangeways Prison Riot. Aldershot: Ashgate.

Ceballos, F. (2022). El impacto de la universidad en el gobierno carcelario: las experiencias del "CUD" de Devoto y el "CUSAM" de San Martín. Prisiones, 2(1), 157- 187.

Claus, W., & Sozzo, M. (2023). "Mesas de diálogo". Una experiencia de formalización de la participación de los detenidos en el gobierno de las prisiones de la Provincia de Santa Fe (Argentina). Prisiones, 2(3), 101-134.

Claus, W., Taboga, J., Navarro, L., & Zuzulich, F. (2019). Domesticidad, responsabilización y formas de agenciamiento. Sentidos y usos del trabajo carcelario en la prisión de mujeres de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Astrolabio(23), 53-79.

Crewe, B. (2016). The Sociology of Imprisonment. En Y. Jewkes, B. Crewe, & J. Bennett, Handbook of Prisons. 2nd Edition (págs. 77-100). Londres: Routledge.

da Cunha, M. (2008). Closed Circuits: Kinship, Neighborhood and Incarceration in Urban Portugal. Ethnography, 3(9), 325-350.

D'Amelio, C. (2019). La queja encarcelada. Las demandas carcelarias de la Unidad Penitenciaria Nº 2 de la Ciudad de Santa Fe. Tesis inédita para optar por el título de Lic. en Sociología. Universidad Nacional del Litoral, Argentina.

D'Amelio, C. (2022). La queja encarcelada: condiciones de posibilidad de las demandas carcelarias en la UP 2 de la ciudad de Santa Fe. Prisiones, 1(2), 93-115.

Daroqui, A. (2000). La cárcel en la universidad. El discurso penitenciario en la normativa y prácticas institucionales. En M. Nari, & A. Fabre, Voces de mujeres encarceladas (págs. 101- 158). Buenos Aires: Catálogos.

Ellis, R. (2021). Prisons as porous institutions. Theory and Society(50), 175-199.

Foucault, M. (1975 [1989]). Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI.

Goffman, E. (2001). Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Amorrortu.

González, E. (2018). El trabajo de los penados argentinos alrededor del mundo. Eusebio Gómez en el IX Congreso Penitenciario Internacional (Londres, 1925). Revista de Historia de las Prisiones(7), 28-48.

Gual, R. (2015). Visiones de la prisión. Violencia, incomunicación y trabajo en el régimen penitenciario federal argentino. Tesis para optar al título de Magíster en Criminología. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.

Gual, R. (2016). Derechos laborales en prisión: a propósito del reclamo colectivo por el pago de remuneración por jornada completa a trabajadores privados de libertad. Jurisprudencia penal de la CSJN, 20, 225-241.

Gual, R. (2017). La prisión y la fábrica. Notas sobre el trabajo carcelario en el sistema penitenciario federal argentino. Revista Delito y Sociedad, 43(26), 91-120.

Gual, R. (2020). La prisión porosa. Representaciones oficiales sobre la cárcel federal del primer peronismo. En J. Nuñez, & P. Vacani, El castigo en la conformación de los saberes penales y penitenciarios (págs. 273-304). Buenos Aires: Editores del Sur.

Gual, R. (2021). Devoto. Coordenadas para comprender una prisión federal peculiar. Ícaro. Revista de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y el Encierro, 15(11), 221-267.

Gual, R. (2023a). Coproduciendo el orden. El rol de los delegados en las interacciones entre detenidos y agentes en la cárcel de Devoto. Prisiones. Revista digital del Centro de Estudios de Ejecución Penal, 2(3), 157-186.

Gual, R. (2023b). Building citizenship. University in-prison programs in Argentina. European Review of Latin American and Caribbean Studies, 116, 145-161.

Gual, R., & Colimedaglia, M. (2022). Orden carcelario en tiempos de Covid. El caso de la cárcel de Devoto. Ícaro. Revista de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y el Encierro, 16(13), 69-126.

Gual, R., & Sanz, A. (2023). Penas desproporcionadas e inflación punitiva. Una tragedia en cuatro movimientos. Estudios sobre Jurisprudencia, 111- 136.

Isequilla, M. (2013). El derecho al trabajo y a la libertad sindical de las personas privadas de la libertad ambulatoria. Revista de Derecho Penal, 2(6), 277-304.

Laferriere, M. (2006). La Universidad en la cárcel. Programa UBA XXII. Editorial Universidad de Buenos Aires.

Mathiesen, T. (1965). The Defenses of the Weak. A sociological study of a Norwegian Correctional Institution. Londres: Tavistock.

Melossi, D., & Pavarini, M. (1977 [1981]). Cárcel y Fábrica. Los orígenes del Sistema Penitenciario (siglo XVI- XIX). México: Siglo XXI.

Navarro, L., & Sozzo, M. (2020). Pabellones evangélicos y gobierno de la prisión. Cuadernos de Investigación. Cuadernos de Investigación, 3(3), 177- 226.

Navarro, L., & Sozzo, M. (2022). Evangelical Wings and Prison Governance in Argentina. En M. Sozzo, Prisons, Inmates and Governance in Latin America (pp. 259-293). Londres: Palgrave.

Pegoraro, J. (1993). Degradación y Resistencia: dos formas de vivir en la cárcel. Criminología y Derecho Penal(3 y 4).

Pegoraro, J. (1996). Reflexiones sobre una alternativa carcelaria: las experiencias del CUD y del CINAP. En J. Dobon, & I. Rivera Beiras, Secuestros institucionales y derechos humanos. Barcelona: Bosch.

Pegoraro, J. (2012). La cárcel, las cárceles ¿la educación salvadora? En M. Gutiérrez, Lápices o rejas. Pensar la actualidad del derecho a la educación en contextos de encierro (139- 156). Buenos Aires: Del Puerto.

Porta, E. (2016). El trabajo en contexto de encierro. Buenos Aires: Ediar.

Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). (2017). El Derecho al Trabajo en las Prisiones Federales de Argentina. Buenos Aires: PPN.

Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). (2019). Informe Anual 2018. La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de Argentina. Buenos Aires: PPN.

Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). (2022). Informe Anual 2021. La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de Argentina. Buenos Aires: PPN.

Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). (2023). Informe Anual 2022. La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de Argentina. Buenos Aires: PPN.

Routier, E. (2015). Los sentidos del trabajo en prisión. Prácticas laborales en Unidades Penitenciarias de Santa Fe. REA(XXI), 243-270.

Rusche, G., & Kirchheimer, O. (1939 [1982]). Pena y Estructura Social. Bogotá: Temis.

Sozzo, M. (2007). Populismo punitivo, proyecto normalizador y "prisión depósito" en la Argentina. Nueva Doctrina Penal, B, 518-581.

Sparks, R., Bottoms, A., & Hay, W. (1996). Prisons and the Problem of Order. Oxford: Oxford University Press.

Taboga, J. (2016). Privaciones del encarcelamiento y trabajo carcelario: la mirada de los detenidos de la unidad penitenciaria nº 1 de la provincia de Santa Fe. Delito y Sociedad, 25(42), 77-102.

Ugelvik, T. (2014). Power and Resistance in Prison. Doing time, doing freedom. Londres: Mc Millan.

Weegels, J., Jefferson, A., & Martin, T. (2020). Introduction. Confinement beyond site: Connecting urban and prison ethnographies. The Cambridge Journal of Criminology, 1(38), 1-14.

Notas