Devenir anfibios

Introducción

Este trabajo aborda las transformaciones recientes de las actividades, áreas de actuación y responsabilidades de la Prefectura Naval Argentina. Dichas transformaciones refieren a las políticas de seguridad implementadas desde la década del 2000 hasta el 2015 y orientadas, especialmente, a la saturación policial en los grandes centros urbanos. Estas políticas significaron, por un lado, una actualización en cuanto a las responsabilidades de las fuerzas policiales federales y los despliegues requeridos y, por otro lado, una confirmación de los métodos tradicionales de abordar la seguridad concentrados en el aumento de cantidad de agentes policiales en perímetros definidos (Barrera, Bianciotto, Bover et al, 2012). El abordaje de este fenómeno incluye el modo en que esos cambios son tomados, practicados y discutidos por los miembros de la Prefectura Naval Argentina.

En una clave analítica de las políticas de seguridad durante el kirchnerismo, Máximo Sozzo (2014) identifica algunas iniciativas marcadas por la «inercia» y otras por la «innovación». Entre los desarrollos comprendidos como innovaciones Sozzo coloca la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación en el año 2010, la inclusión de video-vigilancia en la prevención situacional del delito y el despliegue en territorios de marcada marginalidad social de la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina realizando tareas que llegaron más allá de sus funciones tradicionales.

Bajo la intención de profundizar el conocimiento de una de esas políticas, tal como las llama Sozzo, de «innovación», ofrecemos en este trabajo un análisis sobre la actuación de la Prefectura Naval Argentina. No obstante, tomamos un fenómeno iniciado aproximadamente tres años antes del comienzo del primer gobierno kirchnerista, pero potenciado y fortalecido entre 2003 y 2015. Siguiendo la propuesta de Sozzo diremos que se trató de una especie de inercia constituida, por su importancia y dimensiones, en una innovación. Es posible, entonces, utilizar el término «actualización», dado que si bien las tareas de seguridad urbana pueden ser rastreadas en procesos históricos anteriores, se colocó desde el 2003 en adelante en un sitio protagónico de las relaciones político-policiales.

La Prefectura es una fuerza de seguridad cuya área de actuación tradicional son los mares, ríos y aguas navegables del país. No obstante ello, en las últimas casi dos décadas, las decisiones políticas de contener la seguridad (o intentar hacerlo) con operativos de saturación llevó a la Prefectura a territorios urbanos. Los «operativos de saturación», tal como se los llama en la jerga policial, fueron establecidos en ciudades grandes (como capitales provinciales) o con alta densidad poblacional (como el conurbano bonaerense). Ese proceso político llevó, entonces, a esta fuerza a territorios geográficos en los que había tenido hasta ese momento poca o nula experiencia. Esta forma de despliegue fue compartida también por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), una fuerza de tipo intermedia militar y policial, orientada al control de fronteras internacionales e interprovinciales, zonas de montaña y otras regiones de difícil acceso. Un objetivo específico de este artículo es generar conocimiento inicial de la Prefectura Naval Argentina que permita la comparación y el diálogo con otras fuerzas. Hasta el momento, poco sabemos de las actividades, conformación y posicionamientos de esta fuerza en Argentina, por ello apostamos a ofrecer datos empíricos y un análisis exploratorio despojado de pretensiones teóricas.

En noviembre del año 2003 llegaron, por orden de la Secretaría de Seguridad del Ministerio del interior, 400 efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) a un sector del conurbano bonaerense llamado villa La Cava.1 Los medios de comunicación de tirada nacional argumentaron que tal desembarco, poco usual por aquellos años, respondía a la necesidad de contener una ola de secuestros y los cacerolazos vecinales que reclamaban seguridad.2 Esta fue la primera avanzada visible y de relevancia política que colocó a la Prefectura en una actividad netamente urbana y territorial. A partir de allí sucedieron algunos eventos significativos en la definición profesional de dicha fuerza analizados en este escrito. El hallazgo principal del estudio es la transformación generacional de la Prefectura a partir de su participación en la seguridad urbana. Esto refuerza, al mismo tiempo, el tradicional carácter «anfibio», adaptable a terrenos, marcos organizativos y medios distintos de la institución.

La investigación se realizó con una metodología cualitativa, incorporando entrevistas a oficiales y suboficiales de la Prefectura Naval Argentina ocupados en tres unidades. Dos de ellas tienen base en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una en la provincia de Entre Ríos, donde ingresé con el permiso de autoridades de nivel nacional y de cada unidad. Los sitios para hacer el trabajo de campo fueron seleccionados sobre la base de un criterio diferente al objetivo de este artículo. Ese criterio estaba asociado al ingreso de mujeres en la Prefectura y aquellos sitios permitían dar cuenta de fenómenos particulares dentro de ese proceso. Sin embargo, en la producción de datos y en el análisis de los mismos identifiqué como relevante la cuestión del trabajo policial en zonas urbanas como una tarea nueva, desde la perspectiva de los actores, en la institución.

El corpus empírico consistió en observaciones etnográficas con bajo nivel de participación y entrevistas durante el año 2017. Todas las entrevistas fueron realizadas en el lugar de trabajo de los agentes. Entrevisté oficiales y suboficiales que estuvieron afectados a operativos de seguridad urbana, en Villa La Cava, Mar del Plata, Santa Fe o Alto Verde, en algún momento de sus carreras. También me valí de entrevistas a oficiales y suboficiales que, hasta entonces, no habían participado de ninguno de esos operativos, pero tenían opiniones acerca de ellos.

Para la exploración de la implementación del dispositivo de seguridad, los anuncios políticos y los cambios estructurales recientes, revisé publicaciones de prensa de tirada nacional (Página 12 y La Nación) y las crónicas del grupo «La Poderosa» con asiento en el barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que Prefectura tiene jurisdicción desde el año 2003.3 Esta combinación de técnicas está orientada a la reconstrucción de un contexto de sentido, con eje en el espacio público, en el que interactúan y se posicionan los agentes de Prefectura. Las críticas o los eventos críticos que la prensa me permite reconstruir son aquellos con los que dialogan los miembros de la Prefectura sin señalarlos de manera directa. Por eso el lugar que este material tiene en el artículo es para reponer anuncios políticos, eventos críticos en los que la Prefectura participó y críticas a su accionar a las que ellos, indirectamente, responden.

El protagonismo de la Prefectura en un particular escenario de seguridad urbana

La Cava es un espacio geográfico rectangular que, en el 2003, tenía dos cuadras de ancho y veinte de largo. Ese rectángulo albergaba unas 12 mil personas y era un foco territorial de niveles elevados de inseguridad. La instalación de un operativo de seguridad de grandes dimensiones y con una fuerza de seguridad tan específica reforzó la adjetivación de ese barrio como «peligroso». Lejos de disipar el «sentimiento de inseguridad» o el «miedo al delito» que audazmente describe y analiza Gabriel Kessler (2010), entendemos que la presencia de Prefectura reafirmo el estigma del barrio temible producido desde los medios de comunicación nacionales y las políticas focalizadas.

Prefectura se hizo cargo del tránsito a través del barrio. El policiamiento se apoyó, sobre todo, en un dispositivo de vigilancia y control poblacional que en la práctica consistía en la identificación de personas. Uno de los suboficiales4 que se desempeñó durante dos años en La Cava describió que la tarea consistía en: «pedir documentos de identidad, preguntar el lugar de residencia, averiguar con qué motivos entra o sale del barrio, sacar a los que están tomando cerveza o fumando [marihuana] o haciendo lío en la calle». Esas son las tareas concretas que asumió esta fuerza policial que están en línea con lo que algunos investigadores encontraron en el proceso análogo de la Gendarmería Nacional Argentina.5 Esas prácticas instalaron la ilusión de una puerta de entrada y salida del barrio, y de un vigilante a quien rendir cuentas para realizar cada uno de esos movimientos. Así se implementó, según el trabajo de Sánchez (2008) la primera etapa del dispositivo de seguridad que luego avanzó hacia los puestos al interior del barrio.

Cuarenta de los 400 efectivos citados para el operativo pertenecían al reconocido grupo comando Albatros. Una fuerza especial, también denominada de elite, con una completa y exigente formación en técnicas policiales e intervenciones de alto riesgo. El grupo Albatros es llamado para actuar en casos de alta peligrosidad como puede ser un evento con toma de rehenes, un allanamiento de alto impacto o un asalto de un grupo criminal fuertemente armado. La inclusión de los albatros en el operativo de la villa La Cava también señaliza un sistema de empleo de las fuerzas especiales en actividades y responsabilidades ordinarias.

Reparamos en las dimensiones e importancia política de esta intervención en La Cava porque fue el primero de otros dispositivos de control que, involucrando fuerzas federales como la Gendarmería Nacional Argentina (Salles Kabilanski, 2012) o fuerzas provinciales como la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desplegaba en un territorio una alta cantidad de efectivos. Este tipo de operativos llegaban a modificar estrepitosamente la cantidad de policías por cada habitante que se había manteniendo de forma general. En el año 2003, según datos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, había un agente de policía cada 345 habitantes (289 policías por 100 mil habitantes) en la provincia. Mientras que en La Cava se instaló un agente policial cada 30 habitantes (3.300 policías cada 100 mil habitantes).

Este modelo de control policial alimentó el trabajo conjunto entre fuerzas, dispuestas en el mismo territorio, implementado durante la gestión presidencial de Eduardo Duhalde en el año 2002. En ese entonces, los controles consistían en patrullajes en puntos fijos o con baja movilidad en franjas que bordeaban la ciudad de Buenos Aires, especialmente del lado provincial. Algunos agentes que participaron en esa etapa del operativo marcaban un cambio que se dio en el año 2003: «ahí empezamos a tener la jurisdicción». Se desplazó, desde las manos de la policía provincial a la PNA, la responsabilidad sobre cualquier hecho que los agentes puedan detectar en modo de flagrancia (actuando de oficio) o denunciados, a través de la línea de emergencia 911, por otras personas dentro de los límites de la zona adjudicada. El tipo de trabajo conjunto considerado años antes llamaba a colaborar a una fuerza como Prefectura o Gendarmería en una intervención puntual, pero la jurisdicción continuaba estando a cargo de la policía provincial (o jurisdiccional) habitual. Esta situación cambió en 2003.

Es destacable otra cualidad de las intervenciones inauguradas con el operativo en La Cava. Si bien la Prefectura participaba, desde su creación, en la seguridad urbana, ésta tarea estaba circunscripta únicamente a los espacios aledaños a los puertos, donde se asientan sus unidades operativas. De este modo, en el año 2003 comenzó a exigírsele a esta fuerza intervenir en un tipo de medio que no le era propio.

Como mencionamos antes, a este operativo se sumaron rápidamente dos: en el barrio Ejército de los Andes de Ciudadela, también conocido como Fuerte Apache, se instalaron puestos de control de la Gendarmería Nacional Argentina con un apoyo de unos 500 efectivos; y en Morón, la Policía de la Provincia de Buenos Aires apostó 400 efectivos en los márgenes de la villa Carlos Gardel. Años más tarde, ya con el Ministerio de Seguridad de la Nación como sujeto político estratégico, estos operativos se consolidaron y se multiplicaron. En el año 2018, luego de varios intentos de desplazar a la Gendarmería de Fuerte Apache, sus puestos de control siguen funcionando.6 En Morón, la creación de la Policía Local en el año 2015 provocó algunos cambios, pero en esencia el operativo se mantiene con puestos fijos dentro del barrio Carlos Gardel a cargo de la policía bonaerense y controles perimetrales bajo responsabilidad de la inexperta policía local.7

La labor de la Prefectura en intervenciones de seguridad urbana se consolidó durante estos 15 años y significó, en parte, el crecimiento de la organización. Al operativo inicial en San Isidro se añadió otro, en el año 2015, en la ciudad de Santa Fe y en la de Alto Verde (distrito de la provincia de Santa Fe, ubicado en la costa del Río Santa Fe enfrente de la ciudad capital). En mayo de ese mismo año se dispuso el despliegue de 350 prefectos/as en la ciudad de Mar del Plata y en los primeros meses del 2018, 60 agentes fueron desplegados en la ciudad de Rosario, en el marco de un operativo de seguridad integrado por la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En los siguientes apartados revisamos las evaluaciones de los agentes de la Prefectura acerca de esta experiencia y reponemos sus principales argumentos. En simultáneo, los análisis vernáculos permiten advertir cuál es la expectativa acerca del devenir de la institución para sus propios trabajadores.8

Salir del agua

Un dato confirma el interés político por el fortalecimiento de actividades de seguridad en los centros urbanos para la Prefectura. Desde el año 2003, cuando se inició la participación de esta fuerza en la seguridad urbana, hasta el 2012 el presupuesto global asignado a la institución se sextuplicó, pasando de 500 a 3.600 millones de pesos anuales, y la cantidad de personal también creció pasando de 14 mil efectivos a 18 mil en ese mismo lapso.9 El crecimiento de las policías, en términos de personal y presupuesto, puede ser entendido como un proceso generalizado en la Argentina de esos años, lo destacable es que la Prefectura no escapó a dicho movimiento. Aun cuando su esfera tradicional de actuación ­— la seguridad marítima— no presentó grandes conflictos o dificultades ni se colocó como un problema de atención política, la PNA quedó incluida en tanto actor de valor en el campo de la seguridad.

Las entrevistas realizadas, en la coyuntura del movimiento de reconversión de las tareas de seguridad de la Prefectura, era la oportunidad de los más altos mandos para realizar una revisión de la historia institucional. En una entrevista con un oficial con el grado de Prefecto Mayor que me atendió en su propia oficina, pulcra y cómoda, escuché atenta ese relato que mostraba las tensiones entre las nuevas tareas con la existencia de una identidad prefecturiana tradicional.10 La elaborada historia que los oficiales contaban, comenzaba en 1810, año de la fundación de la Prefectura. La figura central es Juan Martín Jacobo Thompson, nombrado Capitán de Puertos en 1810 bajo la orden de la corona española y que, aclaraban, continuó en su cargo luego del proceso de independencia. En los relatos de estos oficiales con altas jerarquías, el siglo XX no contaba con grandes sobresaltos formales salvo un evento ocurrido en 1983. El regreso de la democracia institucional a la Argentina también significó la independización de la Prefectura respecto de la Armada Naval. Por primera vez, la conducción de la Prefectura estuvo a cargo de un Prefecto Nacional propio y no, como había sido durante todo el siglo, del comandante en jefe de la Armada. Así su estructura orgánica salió de la órbita del Ministerio de Defensa y se encomendó, entonces, en la Secretaría de Seguridad de la Nación del poder ejecutivo nacional.

Parte de esta relación con las fuerzas armadas diferencia a la Prefectura de otras policías argentinas. La Ley general de la Prefectura Naval Argentina Nº 18.398 postula en el capítulo 1 del Título III (sobre el régimen del personal) que los prefecturianos tienen «estado policíal» y que, de acuerdo al artículo 16 del mismo capítulo, el poder ejecutivo nacional tiene facultad para darle «estado militar» en caso de conflicto externo.11 Las demás fuerzas de seguridad (salvo la Gendarmería, con doble carácter, militar y policial simultáneamente) pueden ser llamadas en caso de conmoción interna, pero no se les otorga el «estado militar».

En las entrevistas y conversaciones con oficiales, pudimos dar cuenta de la valorización de las tareas operativas asociadas a la navegación, el comercio y la seguridad marítimos. En ellas también se destacaba la profunda articulación de sus actividades con las de organizaciones mundiales, poniendo en evidencia una fuerte impronta internacional tanto como un espíritu empresarial. En este sentido, un oficial que se encontraba a cargo de los Institutos de Formación, me dijo en la primera reunión «para entender qué hacemos en Prefectura tenés que leer como mínimo 60 tratados internacionales». Esta inserción repercute en la participación de oficiales en la Organización Marítima Internacional (OMI) y en la observancia de decenas de tratados internacionales que regulan su actividad cotidiana. En este orden de importancia, las tareas de policía urbana no representaban para ellos «ni el 10%» de sus misiones.

Los elementos simbólicos utilizados, expuestos o venerados en espacios educativos, operativos y/o administrativos son objetos normalmente empleados para la navegación: rueda de cabillas, anclas, palos de velas, embarcaciones pequeñas, maquetas o fotografías de embarcaciones, brújulas, boyas, escafandras y sextantes. En una recorrida por el Museo Histórico Central de la Prefectura Naval Argentina, ubicado en la localidad costera de Tigre, pudimos ver esta contundente asociación de la Prefectura con las cuestiones marítimas en todas sus salas. El Museo es un espacio institucional de la Prefectura que está a cargo de oficiales que realizaron formación en historia (profesorados terciarios o universitarios) y fomentan la identificación acuática al llegar a la sala de modelismo, cargada de buques realizados a escala, y anuncian «ésta es la sala más característica». Del mismo modo, en una de las primeras recorridas que realicé por el Instituto de Formación ubicado en la ciudad de Zárate, a la vera del río Paraná, la gran atracción fue el ingreso a las embarcaciones escuelas. Entre ellas es destacable el buque Mandubí, fabricado en los Astilleros Río Santiago en el año 1939, puesto en servicio en 1941 y completamente restaurado en la década del 2000 manteniendo su estilo antiguo. Esto muestra la centralidad de los buques, para oficiales y funcionarios de la Prefectura, a la hora de explicar sus actividades operativas y educativas.

En esta misma línea, en las entrevistas se reiteraba la narración personal de ingreso a la institución debido al interés por la navegación. «Me gustaba nadar» o «me llamaba la atención todo lo que tenía que ver con la navegación» son algunas de las respuestas que encontré en los relatos acerca de la propia trayectoria y vocación profesional. Un suboficial de más de 15 años de antigüedad recientemente reincorporado a la Prefectura, luego de haber pedido la baja voluntaria, contaba en una entrevista que él había renunciado por la alta carga de trabajo operativo en Santa Fe, narraba «yo no entré a la Prefectura para eso, yo entré porque me gustaba la navegación, el agua, no para estar en una villa, para eso me hubiera hecho policía». La reincorporación de este suboficial se hizo mediante un compromiso informal para mantenerlo en una prefectura de zona, como se llaman las jurisdicciones tradicionales.

En este camino, la experiencia de los prefectos en tareas de seguridad urbana es vivida como una «adaptación», en el mismo sentido en que lo trabaja la antropóloga Sabina Frederic (20014) para la Gendarmería Nacional Argentina, en el contexto del Operativo Cinturón Sur a partir del año 2011. En ese análisis, Frederic toma y analiza la idea de «adaptación» de los gendarmes que asumen haber aprendido el trabajo operativo urbano, las tareas políticas, el control y recorrido de un territorio nuevo y la aceptación del desplazamiento. Ese aprendizaje, para los efectivos, se expresa como un rasgo identitario propio del gendarme aunque, sin embargo, «no es una condición igual ni permanentemente distribuida entre todos los efectivos» (Frederic, 2014: 230). El término puede tomarse para la Prefectura en la medida en que sus integrantes asumen una modificación en las tareas y responsabilidades y las llevan a cabo en un contexto de tensiones y disputas.

Peligros y conflictos en las nuevas tareas operativas

Una de las resonantes consecuencias de la inclusión de la PNA en operativos y dispositivos de seguridad instalados en los centros urbanos son los conflictos acerca del uso de la fuerza. Esta cuestión puede explorarse en dos direcciones. Por un lado, las relacionadas a las denuncias penales y públicas acerca del uso indebido o abusivo de la fuerza por parte de prefectos. Por el otro, en relación a las dificultades identificadas por el personal, causadas por el desfasaje entre la formación académica o escolar y la práctica profesional en técnicas policiales.

Acerca del primer conjunto de temas, reunimos algunos datos que dan cuenta de episodios de violencia con la que se asoció a la Prefectura en los últimos años. Estos datos surgieron de la revisión de prensa en el archivo digital de Pagina12, Clarín y La Poderosa. En el año 2013 se creó, en el barrio villa Zabaleta, la organización «Vecinos sin gorra» impulsada especialmente por la asamblea de vecinos La poderosa y orientada a controlar el accionar de las fuerzas de seguridad.12 La creación de dicho organismo se inscribe en el marco del asesinato de Kevin, un niño de 9 años muerto de un tiro en la cabeza durante un supuesto enfrentamiento entre bandas del barrio. La acusación directa a la Prefectura fue por la liberación de la zona y, en episodios posteriores, por hostigamiento a la familia —sobre todo los hermanos y hermanas— de Kevin.13 La Poderosa, una asamblea barrial preocupada, entre otras cosas, por la violencia policial, se había creado en el año 2004 y venía señalando abuso de poder de estos oficiales de forma casi constante.

Nos desplazamos a otro momento. El 24 de septiembre de 2016 por la noche Iván y Ezequiel fueron interceptados por la Prefectura. Los jóvenes, de 13 y 18 años respectivamente, fueron esposados y trasladados a una garita de Prefectura dentro del barrio. A uno de ellos, lo golpearon adentro del móvil policial y al otro, en el destacamento del personal.14 Luego de esto, según las declaraciones públicas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ambos fueron trasladados en un automóvil a un descampado ubicado a unas 10 cuadras del destacamento.15 Allí, nuevamente, los golpearon, amenazaron con tirarlos al agua y los sometieron a simulacros de fusilamiento. Los jóvenes establecieron la denuncia en la fiscalía unos días más tarde y, al momento mismo de hacerla, reconocieron a uno de los prefectos que actuó esa noche. Luego de un mes, siete integrantes de la fuerza (incluido el que habían reconocido en la fiscalía) fueron detenidos por apremios ilegales bajo orden de una jueza.

En mayo del año 2018 dos patrullas de Prefectura perdieron el control, impactaron entre sí y contra una vivienda en el barrio de Barracas. El topetazo rompió parte de la conexión de gas de la residencia y generó una importante pérdida. El accidente ocurrió mientras perseguían a un auto «sospechoso», dice la prensa, que había salido de la villa 21.24.16 Además de las destrucciones materiales en la vivienda, 6 efectivos sufrieron heridas. A simple vista, y con los elementos aportados por la prensa, la colisión fue producto de la impericia. En cualquier otra policía de carácter urbano es sabida la restricción para realizar persecuciones en la vía pública. Este posicionamiento se ha generalizado al punto de, en la jerga policial, haber cambiado su nominación. La única acción de persecución aceptada es la llamada «seguimiento controlado». En ella se acentúa la fiscalización de la limitación del peligro para el personal policial, sujetos civiles presentes en las cercanías y no implicados directamente en el hecho y, en última instancia, para las personas objeto del seguimiento. Trabajos recientes analizan el lugar de las impericias en la actuación policial aun cuando el resultado es un agente muerto y su posterior martirización (Galvani y Maglia, 2017). Allí, resultan evidentes los procedimientos simbólicos gracias a los cuales la mirada benevolente sobre los muertos o heridos se agrieta dando lugar a evaluaciones y acusaciones por la mala implementación de técnicas policiales básicas. El análisis de Mariana Sirimarco da cuenta de la profunda asociación entre la «falla» policial y la elaboración de figuras heroicas (Sirimarco, 2017).

Sin dudas, los elementos constitutivos de la base explicativa de esta tendencia al abuso de la fuerza y la impericia son variados. Este conjunto diverso de conflictos en el espacio urbano eran retomados por los agentes de prefectura como «los problemas» o «las críticas» que ellos encontraban o recibían en estas nuevas tareas. Las orientaciones políticas e incluso la intencionalidad o liberalidad de ellas son objeto de continuo debate público que, sin embargo, dado el objetivo de este texto y las limitaciones, no trataremos en esta ocasión. Queda de manifiesto la ejecución y difusión de intervenciones conflictivas, erradas o denunciables de la Prefectura en el ámbito urbano y a cargo de la prevención del delito. Estas situaciones visibilizan una suerte de «mala praxis» tanto como exponen a la institución (y sus miembros) a denuncias judiciales y públicas. Al nivel de la conducción de la Prefectura, esta debilidad causada por la actuación en un ambiente inespecífico, coloca en una situación de riesgo la reputación de la organización.

El segundo conjunto de temas, indicados al inicio del apartado como un supuesto desfasaje entre la formación académica o escolar y la práctica profesional en técnicas policiales, está conectado con el primero. La conexión la establecen los oficiales y suboficiales de la PNA al reparar en la nula o baja formación para la intervención en espacios urbanos como causa de las intervenciones fallidas. El contenido teórico era, efectivamente, limitado, las prácticas de tiro pocas y rudimentarias y la idea de progresión del uso de la fuerza no existía durante la formación básica. Decía una suboficial con seis años de antigüedad en la Prefectura y una carrera especializada en buceo:

Yo voy a aprender a Mar del Plata, no sé cómo manejarme con la gente porque a nosotros no nos enseñan eso. En cambio, allá estamos con las policías y ellas sí se re manejan. Al principio, yo miraba nada más, después te vas animando porque ellas te explican y vas viendo [entrevista, mayo 2017].

El aprendizaje sobre el uso de la fuerza como un eje transversal a la formación de los futuros oficiales y suboficiales comenzó a tener lugar en las Escuelas de PNA en el año 2013. En el caso de la formación de los marineros, descentralizada en diferentes provincias, esta incorporación fue todavía más tardía. Aún con ese impulso político y estratégico, la estructura edilicia de las escuelas contaba con algunas trabas. El polígono de tiro era una construcción rudimentaria, a cielo abierto, cuyas medidas de seguridad resultaban incompletas. No contaba con paredones laterales y los parabalas estaban elaborados con montículos de tierra. Las pedanas de tiro consistían en tanques vacíos con tapa, donde los/as tiradores/as apoyaban las armas y la munición. Aquellas no estaban separadas por tabiques y tampoco contaban con sistemas automatizados para colocar los blancos a la distancia deseada o acercarlos de forma individual para evaluar los resultados del tiro. Cadetes y aspirantes esperaban sus turnos de tiro sentados en el piso y difícilmente lograban ver la performance de sus compañeros/as en las pedanas. Comparadas con otras dinámicas de aprendizaje, como la de la Policía Federal Argentina analizada por Bover (2016), estas condiciones de enseñanza resultan básicas e insuficientes. Como bien demuestra Bover, las expectativas del conocimiento a producir en las instancias del polígono rebasan por lejos lo estrictamente vinculado a la técnica del tiro y se instala, en muchas ocasiones, en la experiencia policial con la muerte, la legislación y las intervenciones de riesgo (2016:100).

Para el uso del polígono virtual alumnos/as e instructores/as debían trasladarse a la unidad Albatros ubicada en San Fernando. El polígono virtual es un dispositivo didáctico que fue implementándose en la última década para la formación policial y militar. Está orientado más a la disuasión de situaciones conflictivas y a la decisión en la realización del disparo que a la termodinámica y puntería del tiro. Incluye, como ventaja, la posibilidad de enseñar y aprender el uso progresivo de la fuerza debido a la integración de la palabra (las órdenes, los pedidos y la negociación), el arma de fuego y el tiro en movimiento (mientras el sujeto corre o se esconde y el/la agente se parapeta). En Argentina, estos dispositivos se incluyeron en la currícula de la formación de las policías alrededor del año 2010 y fueron fabricados por una empresa nacional que, a diferencia de los modelos extranjeros, reproduce situaciones en paisajes locales y emplea un lenguaje típicamente argentino. Más allá de las ventajas de la práctica en el polígono virtual, este viaje, por su logística costosa, se hacía pocas veces en el año.

La perspectiva de la mediación en conflictos está mínimamente contemplada en la formación y su desarrollo depende del perfil del docente a cargo de la materia Procedimientos Policiales. No se aborda luego en la capacitación posterior excepto en especialidades. Una suboficial explicaba que en operativos con otras fuerzas, ella evitaba interactuar con la población y dejaba esa tarea para el personal de la policía bonaerense o las policías locales con mejor desenvolvimiento. Y cito sus palabras: «ellas [las agentes de otras policías], con la palabra te manejan a la gente, a mí las palabras no me salían de la boca», contaba. La prefecta aprovechaba tales instancias para aprender esa habilidad basada en interactuar con otras personas e imponer su autoridad.

Existe una distancia entre los contenidos académicos y la práctica concreta de la fuerza. Esto se reitera, de manera más o menos lógica, en diferentes profesiones o formaciones armadas o civiles. Por ejemplo, difícilmente un oficial sepa hacer toda la documentación necesaria para un control de embarcación apenas egresado de la escuela de oficiales. El conocimiento teórico de este ejercicio se aprende en la escuela, pero se adquiere plenamente en la práctica.17 En un grado mayor de lejanía entre la formación y el ejercicio profesional concreto, la conducción de automóviles policiales o de emergencias y el uso proporcional y progresivo de la fuerza tenían un lugar reducido dentro de una materia hasta el año 2014. A partir de ese año, las autoridades encargadas de la formación de prefectos/as estimaron como urgente el abordaje de contenidos orientados a la seguridad urbana de la que, en parte, renegaban. Un oficial con cargo de autoridad en la escuela de oficiales expresaba el desacuerdo con integrar estos nuevos contenidos: «lo tenemos que enseñar, porque lo exigen, pero no es nuestra tarea, no sabemos por cuánto tiempo vamos a tener que darlo». Otro suboficial, que había estado desplegado en Villa La Cava contaba que «al principio actuaba por intuición, no había tenido preparación para entrar a una villa».

Un último elemento quisiera destacar acerca de la intervención de la Prefectura en centros urbanos. La ausencia de lazos con la comunidad y la tradición en el despliegue de seguridad urbana parecía, inicialmente, ser la fortaleza de las fuerzas federales de seguridad para la intervención en los barrios de alta peligrosidad. En este sentido, se construyó el discurso político asentado en que la Prefectura no contaba con una historia previa de participación en redes delictivas en comunidades urbanas. A diferencia de las policías de la provincia de Buenos Aires o de la Policía Federal que habían establecido formas de control informales, redes de corrupción, favores e ilegalidades a cambio de mantener bajos grados de exposición o conmoción pública (Saín, 2008), la Prefectura llegó en el 2003 con cierta «pureza» derivada de haber estado históricamente en otro tipo de espacios sociales. La contracara de tal «pureza» era la falta de experticia en los métodos más pragmáticos y efectivos de vigilancia y control urbano. Estos últimos resultan, evidentemente, las tareas esenciales en los barrios más pobres y «peligrosos». Si la policía en Argentina no sabe controlar el delito sino a través de la implementación de técnicas más o menos ilegales, la Prefectura no concilió aún un equilibrio entre el uso de tales ilegalidades policiales y la actividad delictiva callejera contra la propiedad.

Valoraciones discrepantes de las nuevas tareas de seguridad urbana

Con estas ideas acerca de la peligrosidad que implica, en especial, para el personal poco entrenado en intervenciones urbanas y los riesgos penales que esto implica conviven expectativas del personal subalterno de participar en los operativos de seguridad. Una primera cuestión a tener en cuenta es el incentivo económico que reciben los uniformados para realizar los operativos. Se trata en general de personas cuyo salario no les permite ahorrar y conciben la opción de este ingreso extra para la adquisición de un automóvil, un terreno o materiales para la construcción de su vivienda. En algunos casos se trata puntualmente de jóvenes comenzando a planificar una vida familiar y el dinero se integra a la proyección de tener hijos, casarse o mudarse a una vivienda propia o alquilada, pero de mayores dimensiones.

Durante el trabajo de campo en prefecturas del interior del país encontré entusiasmo en el marco de las convocatorias del personal para los operativos en centros urbanos. Además de la dimensión económica, los efectivos más jóvenes consideraban tales instancias como una posibilidad para el crecimiento profesional gracias al intercambio de experiencias con personal de unidades lejanas, adquisición de herramientas para las intervenciones policiales y el establecimiento de redes con personal de mayor jerarquía posible de ser capitalizadas en futuros destinos. Un suboficial con cinco años de antigüedad contaba, en el marco de una entrevista, que lamentaba no haber sido convocado en el listado que acababa de publicarse para ir al operativo. Había estado hacía poco tiempo en uno de ellos y le parecía un trabajo estimulante, dinámico y entretenido. Decía:

Mirá acá [señalando la guardia adormecida], no pasa nada, pero nada de nada. Con suerte capaz mañana encontramos algún pescador borracho, mirá lo que te digo…eso es lo más movido que puede haber. En cambio en operativo pasan cosas todo el tiempo, tenés que ir atento, preparado, pedís documento, hay un allanamiento…otra cosa [entrevista, abril 2017].

Un aliciente para la participación en estos despliegues securitarios es la experiencia social. El hecho de «salir» de la vida en los pequeños pueblos en los que están instaladas las unidades de Prefecturas y pasar a vivir en grandes ciudades como Santa Fe o Buenos Aires. El hastío y el tedio de la vida en pequeñas ciudades también movilizan esperanzas que son transmitidas, inevitablemente, al desarrollo profesional. Una suboficial dedicada a las actuaciones judiciales en una unidad del interior del delta del Río Paraná revivía, en una entrevista, parte de este aspecto de los operativos de seguridad diciendo: «me gusta ir porque aprovecho para hacer compras, acá no encuentro nada de ropa por ejemplo, allá hay muchas cosas y mucho más barato. Algún fin de semana van mis hermanos a visitarme, salimos, hay cine, un centro lindo, se puede pasear». De este modo graficaba el ritmo de vida propio del despliegue en grandes centros urbanos como, al contrario de otros tipos de dispositivos que habitualmente ejecutaba la Prefectura (como un embarque durante dos meses en altamar para tareas de reconocimiento o investigación), estimulante.

Esta valoración es recurrente entre los más jóvenes o en personas que durante algún tiempo vivieron en grandes ciudades y añoran esa forma de vida. No lo evalúan del mismo modo todos los agentes. Un suboficial de unos 47 años de edad recordaba su experiencia en la ciudad de Buenos Aires, durante el trabajo en villa La Cava, en tanto traumática. Sufrió un asalto con armas de fuego en su vivienda en presencia de toda la familia. Frente a lo cual sentenciaba: «no quiero que mis hijos vivan así». Este agente decía tener claro que ese despliegue era parte de un requerimiento político, «hay que hacerlo ahora, yo lo entiendo, pero no estoy de acuerdo, no es para lo que nos formamos y no nos pueden obligar».

Por otro lado, encontramos algunos oficiales que, interesados en hacer una carrera profesional exitosa y seducidos por la formación específica, creen que la capacidad de intervenir y tomar decisiones en la seguridad pública no debe dejarse de lado. La participación en estas tareas urbanas de seguridad les otorga una visibilidad política que no necesariamente logran con otro tipo de intervenciones (a excepción de los grandes operativos por narcotráfico). Bajo este razonamiento creen que los debates y planes acerca de la seguridad han sido cooptados por personas carentes de la «verdadera experticia». Un oficial con un cargo dentro de la sede central de Prefectura, con ocho años de antigüedad, decía «acá tenemos personas muy bien formadas, muy preparadas y muy inteligentes. Nosotros tenemos que decidir qué hacer con la seguridad…en el ministerio [de Seguridad de la Nación] hay personas que no tienen idea de nada». El oficial, encargado en tareas de gestión de recursos y desarrollo de nuevos dispositivos, veía a las tareas de seguridad urbana como parte de un proceso mayor de modernización de la Prefectura y del sistema de seguridad en su conjunto. «Si la dinámica de los problemas de seguridad cambian, nosotros tenemos que cambiar… hay que modernizarse», decía.

Con estas experiencias podemos ver la convivencia en la institución de opiniones divergentes acerca de este proceso de incorporación de tareas de seguridad urbana. Y, de modo muy particular, notar la presencia de algunos agentes policiales que consideran estas mutaciones como una situación de oportunidad para posicionarse en el campo de la seguridad en tanto actores legítimos.

La revisión las formas de la concepción y explicación de los cambios estructurales y las nuevas herramientas de intervención por parte de los integrantes de la Prefectura Naval Argentina muestra una tensión entre las ideas de «modernización» de las fuerzas de seguridad por un lado y la idea de «disgregación» o «diversificación» de los objetivos securitarios por otro. El ingreso de los dispositivos de seguridad urbanos a las tareas operativas de la Prefectura produjo varios fenómenos en su interior: 1) la preparación, formación y organización de una mayor cantidad de personal para tareas de seguridad o la conciencia plena de que la formación tradicional es, cuanto menos, escasa para atender estas nuevas tareas; 2) la modificación de expectativas de carreras profesionales y valoración de los traslados en tanto experiencias laborales, sociales o económicas interesantes; 3) reafirmación de la identificación discursiva con las aguas y la navegación; 4) proliferación de conflictos judiciales a causa de la actuación de personal de la Prefectura. De forma aledaña a esas transformaciones, la institución vivenció un crecimiento exponencial de su personal que incluyó, entre otras cosas, el ingreso de mujeres a todos sus escalafones y especialidades. Esta última cuestión, meritoria de un análisis en sí mismo, será abordada en otros trabajos que están en proceso.

Reflexiones finales

Este artículo contribuye al análisis de las políticas de seguridad durante los gobiernos kirchneristas y en el cambio o continuidad con el gobierno de la Alianza Cambiemos. El recorrido por las prácticas, discursos y eventos políticos dejan de manifiesto que la estrategia de la saturación policial fue protagonista en el período. El despliegue de agentes policiales sobre el territorio fue el modo privilegiado de actuar y decidir sobre la seguridad de la población por parte del Estado nacional. En este orden de cosas, la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina cobraron una importante visibilidad y nuevas responsabilidades. Estos lineamientos convivieron, como es de esperar, con otros como la creación de Policías Locales o la implementación de video-vigilancia.

Un interesante debate se aviva con la actividad de la Prefectura y la Gendarmería que: ¿es esto militarizar, por una vía alternativa, la seguridad? El carácter de estas fuerzas de seguridad, en su doctrina, entrenamiento, normativa o estado jurídico está vinculado con la militarización. En el caso de la Prefectura, gracias a su larga historia de crecimiento en el marco de la Armada Naval, en parte de su doctrina y en la posibilidad de convertirse en una fuerza armada en caso de que el poder ejecutivo lo solicite descansa esa doble identificación. Su carácter, como aquí lo llamamos, «anfibio» es precisamente eso: la capacidad de experimentar una transformación durante su desarrollo. Esta transformación le permite adaptarse a ambientes distintos y, es fundamental, se logra en el proceso de cambio, en movimiento.

Si una línea de discusión a la que contribuye este artículo es la militarización de la seguridad, la otra línea es la de la securitización de las ciudades como discurso global. Con esto me refiero a que las fuerzas de seguridad tendieron a colocar a las ciudades como objetivo principal de seguridad. «Urbanizar» a la Prefectura, bajo la idea antes mencionada, se expresó en la intención de cambiar su preparación (al menos en el horizonte de tareas), incluir preocupaciones judiciales específicas y desplazar sus personal hacia áreas demográficamente densas. Un fenómeno interesante es la permanencia de la identidad asociada a las tareas tradicionales de navegación que, lejos de diluirse, se reforzaron en el marco de nuevas demandas operativas a la fuerza. Es posible pensar que este refuerzo de la identificación con el agua no es únicamente una reacción sino también un modo de distinción respecto de las otras policías. Tal distinción se realiza no sólo respecto de otras fuerzas sino también de los errores, vicios o inoperancia para contener el nivel de conflictividad e criminalidad en las zonas de los operativos de aquellas fuerzas.

Además, a partir de la inclusión de tareas modernas, los y las integrantes de la Prefectura realizan sus propias lecturas frente a los cambios. Por un lado, se ubican quienes ven estas novedades como modificaciones permanentes y, por diferentes razones, necesarias de la fuerza. Por el otro lado, están quienes consideran a estos movimientos en tanto efímeros y esperan que se desvanezcan con el próximo cambio político. La forma de leer la situación actual origina una distinción generacional entre el personal más moderno y el más conservador. Para aclarar, no se trata de que las personas leen de un modo u otro esta situación de acuerdo a si son más modernos o conservadores sino justo lo contrario: la interpretación de esta dinámica las ubica de un lado u otro. Porque, como vimos, algunos oficiales experimentados y con muchos años en la institución apoyan la lectura de la modernización y de la necesidad de adaptación al nuevo escenario. No se trata, entonces, de una diferencia de la edad biológica o el ciclo de vida, sino de la interpretación de la profundidad y legitimidad de los cambios.

Decidí utilizar la figura de los anfibios para analizar a la Prefectura Naval Argentina porque es una fuerza policial capaz de convertirse, si las condiciones lo ameritan, en una fuerza militar. Porque es una policía de medio acuático apta para transformarse en una policía barrial urbana. Y porque hasta los más experimentados agentes devienen modernos apoyando, impulsando y defendiendo la innovación de las tareas operativas. Las nuevas demandas de seguridad exigen colocar esta capacidad anfibia a flor de piel. Mantener vívido el rasgo identitario del agua contribuye a demostrar esa habilidad para la adaptación y la flexibilidad, aún con resistencias.

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Como citar este artículo:

Calandrón, S. (2019). Devenir anfibios.
Las transformaciones y derivas de la Prefectura Naval Argentina frente a las demandas de seguridad (2000-2015). Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales. 28(48), 38-55.