El contrabando vinculado al comercio informal de mercaderías en el noroeste argentino y su relación con el desarrollo económico

Introducción

El presente trabajo se realizó en el marco de un proyecto de investigación1 cuyo objetivo general se dirigía a responder las siguientes cuestiones: ¿Cómo se relaciona el desarrollo económico con la cuestión criminal en Argentina? ¿Los «modelos» económicos adoptados en las últimas décadas ejercieron una influencia diferenciada sobre la evolución del delito? ¿Cómo y por qué? Un primer avance (Cid Ferreira, Lorenzo Pisarello, 2017) ha expuesto un conjunto de observaciones sobre la evolución del delito en Argentina (tasas de delito totales, contra la propiedad y contra las personas) en relación con los contextos económicos de los últimos veinticinco años. El presente se propone avanzar sobre un universo delictual específico y relativamente distinto al de los delitos convencionales o comunes2,acotando el análisis a los llamados «delitos económicos». Pueden definirse—siguiendo a Herrero Herrero(cit. enBarroso González, 2015)—, como aquellos que «ponen en grave peligro los esquemas fundamentales de producción, distribución y consumo de los bienes de la comunidad como tal, o de un número apreciable de sus miembros, o que afecte, de igual forma, sus sistemas de financiación y de cambio». Delitos de lavado de dinero, contrabando, apropiación indebida de activos, manipulación contable, soborno, fraude fiscal, quiebra fraudulenta,entre otros, se incluyen dentro de esta categoría. Conceptualmente relacionados con los llamados «delitos de cuello blanco» (Sutherland, 1939), para esos delitos las fronteras entre lo legal y lo ilegal son más difusas (sea por su funcionalidad respecto del sistema económico, seapor la tolerancia social de la que gozan sus autores);los autores tienen, típicamente, características distintas a aquellas asociadas a las de los delitos convencionales o comunes; y los casos, cuando registrados, son tramitados en formas y por caminos diferentes a los de los estos últimos.

Nuestroobjetivo general es observar, en el mismo sentido, si los diferentes contextos económicos asociados a «modelos» económicos de desarrollo relativamente distintos influyen sobre esos delitos, cómo y por qué. Utilizamos la palabra «modelo» con la acotación de que los supuestos modelos se distinguen más bien en cuanto a su grado de intensidad de convergencia con el enfoque ortodoxo de la economía (hoy hegemónico en el contexto internacional), sin que se pueda establecer una ruptura esencial. Reconocemos que el tema es amplio y complejo y se procura contribuir al desarrollo de un marco teórico para abordar semejantes fenómenos, tomando ciertos tipos de delito y ciertos casos que ofrece la experiencia concreta de Argentina. Con motivo de importantes conflictos que acontecieron en la frontera argentino-boliviana y en las provincias del NOA a principio del año 2017, decidimos abordar, como primer avanceen ese sentido, el delito de «contrabando»3vinculado al «comercio informalde» mercaderías, específicamente aquel que ocurre en la frontera noroeste de Argentina, en donde se verifica una intensa actividad de compra, venta y traslado irregular por la frontera y por las rutas, de mercaderías con destino a la venta informal en el interior del país. El comercio informal se incluye en el amplio espectro de actividades de la economía informal. Esta se refiere al tipo de actividad económica que no cumple con las regulaciones marcadas por las leyes, es decir, que no es formalmente constituida y por ende, no paga impuestos ni servicios. El comercio informal se refiere a aquel intercambio económico que se realiza de manera irregular porque no sigue los procesos fiscales y de permisos requeridos por las autoridades para ejercer esa actividad. 

Claramente, no todo contrabando está destinado al comercio informal de mercaderías. En este trabajo abarcamos solamente el contrabando vinculado al comercio informal. Dichas actividades ocurren también en fronteras de otras regiones del país. En ellas participan los denominados «bagayeros y bolseros»,4 es de larga data y en gran medida tolerada por las agencias estatales; pero en ciertas condiciones políticas y económicas arrecianconflictos importantes, como los ocurridos a principios del año 2017, por la intervención del Estado cuando decide limitar y reprimir la actividad.

Cuestiones metodológicas

La primera cuestión a destacar es el problema de la base empírica. Estudios criminológicos han comprobado queel delito registrado constituye sólo una parte del universo de todos los delitos acaecidos en determinadas coordenadas espacio-temporales, lo cual da lugar a la existencia de una «cifra oculta» o «cifra negra» del delito. Esta cuestión se relaciona con el fenómeno de la selectividad del sistema penal frente a las conductas más diversas. El sistema penal funciona selectivamente, en primer lugar mediante la definición de las conductas que serán penadas en la ley; en segundo lugar por la selección de aquellos individuos que serán efectivamente perseguidos, entre todos los individuos que cometen infracción a la ley penal (Baratta, 1993). En esa selección no están ausentes los prejuicios y estereotipos acerca de qué se considera delito y quienes son considerados delincuentes. Por ello, el delito registrado constituye una realidad criminal «aparente» que no concuerda con la «criminalidad real».A la elaboración de estas nociones contribuyeron las teorías del etiquetamiento y de la reacción social y luego la criminología crítica, a partir de corrientes como la fenomenología, el interaccionismo simbólico y el marxismo.

El problema de la cifra oculta es aún más significativo en lo que se refiere a los delitos económicos. Al contrario de los delitos comunes contra la propiedad (robos, hurtos, etc.), son delitos que con frecuencia involucran a individuos de clases sociales más elevadas, que en principio no son socialmente percibidos como delincuentes. El problema de la «cifra oculta» es muy fuerte en este ámbito siendo, además, usualmente inexistente la cuantificación y procesamiento estadístico de los delitos registrados.Así, la posibilidad de un satisfactorio acceso a la base empírica para abordar los delitos económicos en el país es endeble.En estas condiciones, llevamos a cabo una investigación exploratoria y abordamos el objetoen estudioa través demetodología cualitativa, mediante recopilación y análisis de información de fuentes secundarias, periodísticas específicamente. Así se han compilado 56 notas periodísticas referidas a los conflictos con «bagayeros ybolseros» y al «contrabando»en la frontera argentino-boliviana aparecidas en distintos diarios argentinos (La Gaceta Tucumán, El Tribuno Salta, El Tribuno Jujuy, Qué Pasa Salta, La Nación, Clarín) entre 2014 y principios de 2018, siendo que varias de las notas incluyen entrevistas a los sujetos involucrados. De ese material se buscóobtener datos cualitativos que den cuenta de los hechos y de los diferentes puntos de vista sobre los factores que inciden en la generación y reproducción de este fenómeno (contrabando destinado al comercio informal de mercaderías). El registro, al no ser producido en primera mano por el investigador, conlleva considerar posibles interpretaciones y sesgos de la investigación periodística. Se prevé profundizar el presente estudio con entrevistas directas a personas que realizan comercio informal de mercaderías provenientes del contrabando, en Tucumán.

Por otra parte, la perspectivahistórica, que se requiere para el examen del fenómeno en relación con los modelos económicos, se procura lograr a través del análisis de la influencia de los factores económicos cambiantes (políticas económicas y régimen de acumulación) sobre el mercado laboral en general y sobre las prácticas económicas en la frontera, considerando investigaciones realizadas por otros autores, que dan cuenta de otros contextos históricos, que se traen a discusión. En este trabajo discutiremos primeramente, como marco teórico, los conceptos de delito económico y modelos de desarrollo. Luego pasamos a abordar el problema del contrabando de mercaderías vinculado al comercio informal en el noroeste argentino, enfocando en los conflictos suscitados en los últimos años, para posteriormente relacionarlos con economía política de la nación, el significado de la Aduana y la posible influencia de los modelos económicos.

Cuestiones teóricas preliminares
El delito económico

Desde las ciencias jurídicas, Edmundo Hendler (1990) sostiene que los delitos económicos son aquellos que aun pudiendo afectar al patrimonio individual, tienen la característica de que afectan la organización económica que rige en una sociedad o comunidad. Visando delimitar y clasificar esos delitos, Hendler apunta cuatro clases de delitos económicos: I. Los delitos contra patrimonios individuales que afectan bienes jurídicos colectivos. Por ejemplo, ciertas situaciones de insolvencia «que, más allá del interés individual de los acre­edores perjudicados, suponen que cada patrimonio o conjunto de bienes en poder de los individuos no deba ser des­­truido o dila­pidado al punto de afec­tar la cadena productiva de la comunidad».  II. Los delitos que afectan la integridad de patrimo­nios colectivos. Por ejemplo, los hechos de fraude que afectan patrimonios co­lectivos: la recaudación tribu­taria y la de fondos de previsión o de ayuda mutual. III. Los delitos contra el libre comercio. La libertad de comerciar, la consiguiente posibilidad de competir y la preservación de los «mercados» —dice Hendler— son objeto de tute­la con la legislación actualmente llamada —en la Argentina y en varios países europeos— de «Defensa de la com­petencia». IV. Los delitos contra las restricciones al comercio. Por ejemplo, el «contrabando», de larga tradición, pero también otros más recientes referidos al control de cambios o a los abastecimientos y precios máximos.

Se entiende que los delitos económicos tienen un sentido de protección de la economía de la sociedad, al margen y a veces incluso contra el interés individual. Según Hendler, «en el terreno de la dogmática jurídico-penal la cuestión de la definición y deslinde de los delitos económicos está, funda­mentalmente, hoy en día, centrada alrededor del concepto de bie­nes jurídicos supraindividuales o colectivos». Sin embargo, como bien advierte Hendler, las nociones (tomadas de diversos autores) que plantean los delitos económicos como protectores de bienes jurídicos supraindividuales o colectivos —como supuestamente sería el «orden económico de la comunidad»— tiene una sustancia problemática. El Derecho Penal moderno, al proteger la economía, tiende a disolver el concepto de bien jurídico puesto que no se trata de intereses humanos concretos sino de instituciones sociales o «unidades funcionales de va­­­­­­­­­­­­lor» (Hassemer cit. por Hendler, 1990)5. Para superar este problema, Hassemer propone —según Hendler— la idea de retornar a la noción personal de bien jurídico limitando la protección de los de carácter colectivo a aquellos que brinden la posibilidad de servir a intereses del hombre individual. En otras pala­­­­­­bras, sólo se justifica el castigo cuando el objeto de tutela colecti­vo sea el medio para proteger concretos intereses del in­dividuo.

Como se puede imaginar, la noción de bien jurídico colectivo de cara a los bienes jurídicos individuales, plantean problemas generales y bastante complejos que surgen cuando se aborda la dinámica económica-social concreta. Algunas cuestiones debemos formular acá: ¿el «orden económico de la comunidad» responde al interés colectivo? ¿Todos sus miembros resultan en principio (o estructuralmente) beneficiados por dicho orden y tienen interés por protegerlo? ¿Qué pasa si la tutela de un bien jurídico colectivo protege los intereses de unos individuos pero afecta los intereses de otros? Esto requiere de la discusión de la misma noción de orden económico (o social) y en qué medida este orden explica el surgimiento del delito económico, con sus diversas manifestaciones.

Así parecenecesarioevitar una noción abstracta de «orden económico de la comunidad» y abordar la noción de orden económico desde una perspectiva realista y crítica, es decir, desde una perspectiva que tome en cuenta la realidad del proceso social marcado por contradicciones y oposiciones entresectores y clases sociales, es decir, entre intereses vinculados a las diversas posiciones dentro del orden económico y social. Pues los concretos intereses del individuo pueden, para algunos, coincidir con los del orden económico establecido, y para otros,oponerse.

Cabe advertir que el concepto de delito económico corrientemente se asocia, en el campo criminológico, a los llamados «delitos de cuello blanco».Pero este último concepto entraña una caracterización del tipo de autor involucrado: quienes portan el «cuello blanco» ejercen actividades y profesiones asociadas a la clase media y superior. A propósito de los delitos de cuello blanco, Jorge Luis Barroso González (2015) señala dos orientaciones fundamentales en su estudio: la línea de investigación que se centra en la figura del delincuente de cuello blanco (orientación al autor), y las investigaciones criminológicas orientadas al delito cometido, en las que se resaltan los efectos sociales de este tipo de criminalidad (orientación al hecho). La primera línea de investigación fue iniciada por Edwin Sutherland (1939), quien definió como criminalidad de cuello blanco los «delitos cometidos por una persona honorable, con prestigio social y en el marco de su ejercicio profesional». En la segunda, ya no es la figura del autor la que permite hablar de delincuencia de cuello blanco, sino ciertas características empíricas del delito económico. En la definición de delito económico, Barroso González se inclina por el criterio de Herrero Herrero6, cuando lo establece como toda agresión, prohibida o no por el ordenamiento jurídico, que ponga en grave peligro los esquemas fundamentales de producción, distribución y consumo de los bienes de la comunidad como tal, o de un número apreciable de sus miembros, o que afecte, de igual forma, sus sistemas de financiación y de cambio.

Ahora, frente a estas definiciones, el concreto fenómeno que nos importa agrega una mayor complejidad porque, si bien en tanto «hecho»pueda encuadrarse, en principio, en esta definición de delito económico, gran parte de los autores involucrados no se encuadran en la figura de «autor» corrientemente asociada a los delitos económicos (la del «delincuente de cuello blanco»). Los bagayeros, por caso, provienen de la extensa población de trabajadores excluidos de la economía formal y socialmente muy vulnerables;se consideran ellos mismos como trabajadores de frontera que en nada se identifican, en cuanto a características socioeconómicas, con los delincuentes de cuello blanco.

Cierto es que en el contrabando de mercaderías destinadas al comercio informal también están involucrados individuos de mayor poder económico que actúan organizadamente pudiendo configurar lo que Juan Pegoraro (2015) denomina «delitos económicos organizados» (DEO)7; pero hay muchos que, en el marco de un mercado laboral limitado y expulsor, o bien ejercen estas actividades como estrategia familiar de subsistenciaal margen de tales organizacioneso bien actúan como mano de obra precaria para aquellas.No hemos encontrado información para sopesar la importancia de unos y otros. Sin embargo, por lo general se observa que la población que se encuentra inmersa en la economía informal está constituida principalmente de personas que no tienen lugar en el ámbito de economía formal, en su mayoría por pertenecer a sectores sociales en situación de vulnerabilidad o inestabilidad laboral en el marco de una economía excluyente. Aun que por ello mismo también sean vulnerables a ser utilizadas en esquemas delictivos, el contrabando significa para muchos una actividad económica normal en la frontera, parte de la economía, que no es considerada por ellos mismos como delito (como se verá más adelante).

Modelos de desarrollo

A los fines de examinar el contrabando vinculado al comercio informal a la luz de procesos de desarrollo que se desenvuelven (a nivel nacional o incluso internacional considerando que el contrabando de frontera involucra dos o más países),resulta adecuado adoptar para el análisis el concepto de modelo de desarrollo y, de manera complementaria, incorporar la noción de economía informal (de la cual el contrabando es una manifestación) con el objeto de mediar, para el análisis, el contrabando como referente empírico con el concepto de modelo de desarrollo. En efecto, se esbozará un argumento de porqué el modelo de desarrollo vigente en Argentina es en cierto modo un generador de informalidad en varias actividades económicas.

En una primera instancia, por modelo de desarrollo se entiende a una forma en que un país encara el desarrollo insinuando de ese modo la idea de estrategia o proyecto de nación. El desarrollo en su primera acepción(que aparece fuertemente en el discurso político a partir de la segunda posguerra y se establece como uno de los tópicos centrales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)) significa un proceso que alude a un «movimiento» que ocurre en el tiempo y conlleva la connotación de «crecimiento», «modernización» y/o «progreso». Inicialmente, la noción de desarrollo ponderaba el aspecto económico de la vida de un país, es decir, que se lo asociaba al crecimiento económico (cuyo indicadores el PBI). Había desarrollo si la economía crecía sostenidamente a lo largo del tiempo, o bien, en la medida en que el excedente generado se reinvertía generando crecimiento del empleo y de los salarios reales.

Visto desde una perspectiva crítica, que entendemos más adecuada para entender el tipo de hecho social que estamos analizando, se puede concebir el desarrollo como una forma o estilo en que el capitalismo concretamente opera en un determinado país. Al respecto, la socióloga Susana Torrado emplea el concepto de «modelos de acumulación» (o «regímenes de acumulación») hegemónicos, definido aquello como «el conjunto complejo de factores territoriales y demográficos, de las instituciones y de las prácticas que, inciden coherentemente en el proceso de acumulación de capital, entendiendo a este último como una actividad microeconómica de generación de ganancias y toma de decisiones de inversión» (Torrado; 2010). El modelo o régimen de acumulación de un país puede trascender los sistemas de gobiernos que, dado el caso, se suceden por lo general tras procesos electorales. En relación con esto último, el modelo de acumulación hegemónico sería resultado de una lógica impuesta de organización y negocio capitalista en el territorio por parte de un sector de la burguesía. Lógica que puede operar en detrimento de los intereses o requerimientos de reproducción de otras fracciones capitalistas y de otros modelos de acumulación alternativos (como uno integradamente industrialista). De forma más ilustrativa, las decisiones de política económica a nivel nacional implican la manipulación de variables macroeconómicas tales como la apertura comercial ante el mundo, la política fiscal, el tipo de cambio, entre otros, a los fines de mejorar las condiciones de acumulación de determinados sectores del capital. En contrapartida, como ya señalamos, otros sectores capitalistas pueden verse perjudicados así como amplios contingentes o bien el conjunto de la clase trabajadora. Puede, por otro lado, generar una coyuntura de poco crecimiento, nulo o contracción económica generando desempleo o escasas oportunidades ocupacionales. De modo que ante una situación como la de antes descripto, amplios contingentes se verían necesitados de recurrir a actividades económicas que se desenvuelven de manera informal para su sustento.

Ahora bien, de acuerdo con lo arriba argumentado, la economía informal se inscribe como una función del modelo de acumulación establecido. Dentro del complejo semántico de lo que es la economía informal interesa para la problemática de este trabajo enfatizar el significado de lo informal como «el conjunto de actividades económicas que son el refugio de quienes, al ser excluidos del sector moderno, se ven forzados a inventar modos de obtener algún ingreso con muy escaso acceso al capital y otros recursos complementarios al trabajo» (Labrunée y Gallo, 2005:64); en otros términos, la informalidad en un contexto de vigencia de un modelo de acumulación con una dinámica social excluyente «son estrategias de supervivencia desesperadas frente a la desestructuración de sociedades actuales antes que la consecuencia de un proceso de modernización desbalanceado o de la tentativa de la gente por eludir la acción estatal» (Labrunée y Gallo, 2005:66).

De acuerdo con fuentes estadísticas, las provincias de la región del noroeste exhiben un coeficiente de informalidad laboral por encima de la media de las otras regiones del país (en torno al 40 a 47%). Esto se correlaciona con la estructura productiva primarizada y carente de una transformación estructural en las últimas décadas (de hecho buena parte del empleo generado en los últimos lustros corrió por cuenta de los estados provinciales e incluso parte de tales soluciones laborales son de carácter de contratación precaria). A nivel nacional, el crecimiento económico medido por el PBI en los últimos años exhibió una marcada merma respecto de la coyuntura 2003/11. Se toma el año 2003 porque es el primer año que muestra crecimiento después de los años de crisis del modelo aperturista y porque es cuando empieza a cobrar mayor coherencia las reformas económicas tomadas, en parte, desde el año anterior. La evolución del PBI8 muestra incrementos superiores al 8% entre 2003 y 2007, un 4,1% en 2008, una caída de 5,9% en 2009 y un repunte de 10,1% en 2010 y 6% en 2011. Por otro lado, se puede observar cómo a partir del año 2012 el desempaño económico de Argentina se torna oscilante con un crecimiento casi nulo9 provocando la pérdida de posiciones antes avanzadas en materia de ingreso y empleo. A su vez, este pobre desempeño es en parte consecuencia de la dependencia del país de los precios de las «commodities» y de la estructura productiva primarizada (Svampa, 2014, Mercatante, 2015).

Si bien esta realidad del contexto nacional repercute desde luego en las situaciones de frontera, que es donde se desarrolla el contrabando, tales zonas siempre han padecido el problema de estar en la marginalidad de los planteos desarrollistas de progreso y mejoramiento económico (que tan bien se demuestra en la zona centro del país). Como más adelante se analizará, las ciudades de frontera, especialmente del lado de Bolivia prácticamente han desarrollado su economía y soluciones ocupacionales en actividades informales.

El contrabando vinculado al comercio informala la luz de los conflictos acaecidos en el año 2017 en la frontera argentino-boliviana

En la primera mitad del año 2017 un importante conflicto se produjo en los pasos fronterizos que unen Bolivia y Argentina, con movilizaciones y cortes de ruta también en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, conflicto que se venía gestando a raíz de los mayores controles que ha procurado implementar el poder ejecutivo nacional, desde la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2015, sobre las fronteras, incluyendo la actividad de los llamados «bagayeros» y «bolseros», o «trabajadores de frontera» como se autodenominan.

Ya en noviembre del 2015 informaban los medios de comunicación que en paso argentino de Pocitos (Bolivia), los bagayeros se oponían a que la Gendarmería Nacional tome el control del tráfico de mercadería en la zona y amenazaban con cortar el puente internacional (LA NACIÓN, 11/11/2015). En agosto de 2016, en la frontera Villazón-La Quiaca, fuentes locales admitían que la frontera era un colador, con decenas de cruces no autorizados y que pasaban mercadería o personas indocumentadas con facilidad. A días de asumir el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, consideraba que la zona limítrofe con Bolivia —como también con Paraguay— era «caliente» (aludiendo al tráfico de drogas) y anunciaba que se trabajaría en la «frontera que se ha tornado extremadamente permeable». En ese marco se puso en marcha la Secretaría de Fronteras (LA NACIÓN, 16/08/2016). En mayo de 2017, en una noticia sobre el insólito caso de contrabando de cocaína en carretilla en la frontera con Salvador Mazza, se apuntaba que el puente internacional allí ubicado tenía un intenso tránsito cada día, con el paso en forma repetida de bagayeros que cruzan diferentes mercancías, en especial artículos de indumentaria que llegan a los puntos de venta en varias ciudades en las llamadas «saladitas». En medio de ese movimiento diario de miles de personas se filtrarían además organizaciones narcos, que también ingresan por pasos no habilitados, como sucedió en este caso, muy cerca del puente internacional, «en una zona conocida como La Picada, lugar de cañaverales en el que el límite entre los fondos de una propiedad en la Argentina y una vivienda en Bolivia no supera los quince metros» (LA NACIÓN, 27/05/2017). El 2 de junio informaba ese diario que unos 5000 bagayeros de la zona de Orán montaron piquetes y protestas en la ruta nacional nº. 50, provocando que esta ciudad quedara sitiada (ver foto).

Reclamaban que cesen los controles de Gendarmería y los operativos de secuestro de bultos de 80 kilos que cargan en sus espaldas. Desde el inicio del año hasta esa fecha, Gendarmería incautó más de 200 millones de pesos en mercadería en operativos realizados en las rutas 50, 9 y 34. En Tucumán también estallaron las protestas, con demandas similares a las que se exteriorizaron en Salta. La protesta se gestó en la localidad de Tapia, sobre la ruta 9. El secretario de Fronteras Luis Green sostuvo a LA NACIÓN que lo que «se está haciendo en esa zona es controlar las fronteras para impedir que ingrese el contrabando. El contrabando compite deslealmente con la producción argentina dañando nuestra economía». Respecto de los bagayeros, consideró que «en realidad son personas explotadas por capitalistas del contrabando. Son jóvenes de Orán y localidades cercanas que destruyen su salud cargando enormes bultos de hasta 60 kilos con mercaderías ilegales. Estos jóvenes son víctimas de un sistema perverso que los usa como mano de obra esclava. Queremos que los jóvenes tengan un futuro mejor»(LA NACIÓN, 02/06/2017). A su vez, la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, señaló: «Tratamos de convertir a los bagayeros en importadores que van a tener un límite de importación por día y la mercadería que va a venir va a tener un sello de la AFIP» (LA NACIÓN, 24/06/2017). Según la nota periodística, una de las localidades más implicadas en esa forma de vida que basa el sustento diario en el cruce de mercaderías, es la salteña Aguas Blancas. Allí viven 3000 personas y no hay actividad económica más allá del cruce de bultos a través del río Bermejo desde la homónima ciudad boliviana. Aguas Blancas, Salvador Mazza y Orán forman el triángulo de acopio de las mercaderías que terminarán comercializadas en La Salada (LA NACIÓN, 24/06/2017).

En efecto, de acuerdo con descripciones periodísticas, la actividad del bagayero (o «pasero») se realiza en condiciones de extrema crudeza y precariedad:

La situación de los «paseros» entre La Quiaca y Villazón (Bolivia) representa una de las peores formas de trabajo, tanto para mujeres, hombres adolescentes y niños, por las condiciones en que se lleva a cabo dañando la salud principalmente.A diario deben cruzar la frontera la mayor cantidad de veces posible, llevando consigo mercaderías que van desde cajas de manzana hasta harina, pañales, materia prima y todo lo que requiere el mercado altiplánico (EL TRIBUNO de Jujuy, 15/03/2011).

Cabe advertir que la actividad envuelve a trabajadores tanto argentinos como bolivianos.Estos últimos transportan mercaderías,en carritos o en las espaldas, desde el lado argentino al boliviano; mercaderías generalmente traídas en camiones desde otras regiones de Argentina. Los bagayeros bolivianosentraron en conflicto con las nuevas disposiciones del gobierno argentino en materia de comercio internacional. En julio de 2017, bagayeros bolivianos nucleados en una cooperativa que agrupa a más de mil trabajadores, realizaron cortes en el puente internacional entre las localidades de Salvador Mazza y San José de Pocitos, en reclamo a las reglamentaciones de la Dirección Nacional de Aduanas de Argentina ya que la apertura de las exportaciones y una serie de aranceles dispuestos por el gobierno argentino afecta su fuente de trabajo. Hasta noviembre de 2016 los bagayeros bolivianos realizaban en carritos el traslado de mercaderías que llegan a la frontera norte y con esa modalidad eran cruzadas hacia el vecino país. La apertura a las exportaciones afectó el trabajo informal de los mismos ya que los camiones cruzan directamente hacia los grandes centros urbanos de Bolivia bajo el régimen de exportaciones (EL TRIBUNO, 17/07/2017).

El término «bagayero»se usa para denominar a una persona que traslada bultos de mercaderías sobre sus espaldas entre Bolivia y Argentina, mientras que los «bolseros» son aquellos que traen productos en bolsas para comercializar, generalmente en ferias como la de La Salada10 (Buenos Aires) y muchas otras similares (las llamadas «saladitas» por los medios de comunicación), así también en las «ferias americanas»11, a lo largo y lo ancho del país. Dichas ferias se incluyen dentro de la economía informal, es decir, la actividad económica se realiza al margen de la economía formal, regulada por el Estado. La actividad de los bagayeros incurre en el delito de contrabandocuando el traslado por la frontera se hace obviando el control y pago de impuestos aduaneros. La actividad de los bolseros envuelve además el delito de evasión de los impuestos que se aplican a la comercialización de productos en el territorio nacional.

No obstante que sus acciones puedan encuadrarse en alguno de los tipos de delitos contemplados por el derecho penal económico, lo cierto es que las personas que ejercen efectivamente estas tareas se consideran a sí mismos como trabajadores que realizan una actividad cuya única finalidad es procurarles el sustento a sí y a sus familias, en el marco de un sistema económico que ofrece escasas oportunidades de trabajo en el mercado formal.

En realidad, son actividades en las que se mezclan diferentes actores, roles y jerarquías, y por lo tanto deben hacerse algunas distinciones: una primera entre los trabajadores que realizan una actividad económica de subsistencia con aquellos individuos que han montado una estructura económica importante, como sería el caso de Jorge Castillo, «dueño» de la feria Punta Mogotes de La Salada12, que se enriqueció en el manejo de este negocio irregular, propiciado por la extensión de la informalidad laboral en el país.

En ocasión de los cortes de la ruta 9 realizada por los bolseros en la altura de Tapia, una de las mujeres que participaba de la protesta, referente tucumana de los bolseros, manifestó: «Esto no es nuevo. Hace 32 años que vivimos de esto. Crié a mis cuatro hijos desarrollando esta actividad. No tenemos ningún plan social ni trabajo para subsistir.Por eso pedimos que nos dejen continuar con esta actividad» (LA GACETA, 03/06/2017).

Su antigüedad en esta actividad se remonta, por lo tanto, a 1985, o sea, todo el periodo democrático reciente de Argentina. En otra nota, la misma persona afirma:

Tenemos una franquicia de U$S 150 —valor permitido por el régimen aduanero para el paso libre de artículos—; hace 30 años que tenemos la franquicia de U$S 150, o sea que equivale a entre $ 2.300, $ 2500 (cotización actual), que no me cubren los gastos que tengo, entre pasaje y comida (LA GACETA, 22/06/2017).

Y recalca: «No me considero delincuente, no me considero contrabandista. El contrabandista es el de un camión. Si yo tuviese para comprar por $ 1 millón, $ 2 millones, no estaría acá hablando…» (LA GACETA, 22/06/2017).

Una segunda distinción es con aquellos individuos que en su actividad de bagayeros contrabandean mercaderías ilegales como las drogas, a sabiendas, con lo cual en la medida en que se inscribe en el delito de narcotráfico, excluye la posibilidad de visualizarla como trabajo legítimo. «No somos contrabandistas ni narcos. No somos delincuentes. Somos personas que se dedican a vivir el día a día vendiendo mercadería que traemos de Bolivia» (LA GACETA, 03/06/2017).

Otra diferenciación que cabe hacerse, ahora en el plano de las reacciones oficiales a dichas actividades, radica entre el gobierno nacional y los municipios afectados. Un dirigente bagayero del municipio de Orán habla del «doble discurso que tiene el Estado», pues mientras el municipio les facilita las cosas, la nación les secuestra la mercadería. Refiere a que la Feria Latinoamericana, la más grande que hay en Orán, se levantó en un predio municipal. Y que además varias veces, especialmente cuando se aproximan las elecciones, allí hacen un censo de bagayeros y hasta les entregan una credencial. El dirigente señala que desde hace décadas el Estado permite esta actividad, y que «de un plumazo quieren cambiar todo». Y que «las soluciones pasan por la creación de fuentes genuinas de trabajo para que los bagayeros se dediquen a otra cosa y no a esta actividad» (LA GACETA, 04/06/2017). En las protestas, los manifestantes pedían al Gobierno nacional que se les permita ingresar dos bolsones de mercadería por persona sin abonar impuestos, elevando el cupo diario de mercadería a 10 mil pesos por trabajador de frontera (el cupo estaba fijado en $ 2.500) (LA GACETA, 05/06/2017).

También cabe apuntar diferencias de los reclamos de acuerdo al lugar y a la actividad que realizan los trabajadores. Un dirigente de los bolseros tucumanos explica que en Orán la mayoría de los manifestantes son «bagayeros», es decir, aquellos que pasan la mercadería de Bolivia para Argentina, mientras que los tucumanos y santiagueños son «bolseros», como se denomina a quienes comercializan la mercadería. Los primeros pidieron especialmente que se creen fuentes de trabajo y se eliminen las trabas burocráticas; los segundos, que se aumente hasta dos bolsones la cantidad de mercadería que se pueda pasar sin tener que pagar el impuesto previsto.

Así señalan, por ejemplo, las dificultades generadas con el endurecimiento de los controles:«Con todo este conflicto, tuvimos que cambiar. En vez de conseguir la mercadería en Bolivia, ahora debemos viajar a La Salada de Buenos Aires. Esto nos generó varios dolores de cabeza, no nos conviene de ninguna manera».

Para el referente de los «bolseros» tucumanos, el costo se mide en tiempo y seguridad.

En 24 horas vamos a Bolivia, hacemos las compras y volvemos. En cambio, para ir a Buenos Aires necesitamos al menos dos días. Y hay otro problema. En nuestro país es peligroso caminar con el dinero para la mercadería o con los bolsones. En Bolivia, en cambio, uno puede dejar una bolsa llena de ropa en la calle y nadie toca nada (LA GACETA, 07/06/2017).

Un referente de los bolseros termenses así se expresó en momentos en que la policía santiagueña los reprimió cuando intentaban cortar la ruta 9:

La situación no da para más. En Santiago del Estero las ferias se están quedando sin mercadería. No nos queda otra que salir a protestar porque hace dos semanas que no podemos viajar a comprar ropa. Hay gente que paga alquiler, que empeñó su auto para poder hacer viajes. No puede hacerlo y se está desesperando (LA GACETA, 08/06/2017).

Horas antes Gendarmería Nacional decomisó un camión repleto de mercadería que había partido desde La Salada (Buenos Aires) con destino al NOA.

El día 13 de junio después de varios días de conflictos, los trabajadores de frontera, en encuentro con autoridades nacionales, de Salta (el gobernador Juan Manuel Urtubey) y de Orán (el intendente Marcelo Lara Gross y el obispo Gustavo Zanchetta), acordaron que podrían ingresar desde Bolivia hasta dos bagayos con mercadería por día. También se comprometieron a realizar un censo para que queden registradas todas las personas que se dedican a esta actividad. En ese acuerdo no quedaron contemplados los bolseros. Estos últimos seguían autorizados a traer sólo hasta U$S150 por mes (unos $2.400 entonces)13 y si se excedieran de ese monto sólo podrían transportarla abonando la tasa aduanera correspondiente. Los revendedores, al enterarse de que había llegado el acuerdo, salieron en gran número a comprar mercadería, sin saber que la situación no se había modificado a su favor para revenderla en las provincias. Los problemas no tardaron en llegar, pues los controles, persecuciones y el decomiso en las rutas continuaron (LA GACETA, 16/06/2017). El 14 de junio, a poco más de 24 horas de que se resolviera la negociación entre la Nación y los bagayeros, personal de Gendarmería Nacional secuestró más de $2,2 millones a bolseros (LA GACETA, 21/06/2017).

El malestar de los bolseros por los controles y las incautaciones de mercadería que realiza Gendarmería nacional en las rutas continuó y en agosto bolseros en Las Talitas analizaban la continuidad de las protestas. En el sector expresaron su malestar por ser excluidos del acuerdo entre el Gobierno nacional y los «trabajadores de frontera» de Orán, Salta. «El derecho debe ser para todos, para los tucumanos, los santiagueños y los cordobeses», enfatizó uno de ellos (LA GACETA, 02/08/2017)

Por otra parte, el acuerdo ha recibido la crítica de representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Salta. Su presidente considera que «están legalizando el transporte y el ingreso de mercadería ilegal y, de alguna manera, están legalizando un delito». En Tucumán, el presidente de la Cámara de Empresarios en Artefactos de Hogar opinó que los trabajadores de frontera perjudican la actividad formal (LA GACETA, 21/06/2017).

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) hizo un relevamiento en 465 ciudades del país14. Según el estudio realizado en mayo, se detectaron 86.728 puestos irregulares entre saladitas y manteros que venden en la vía pública de las ciudades relevadas. Según los cálculos de la CAME, sus ventas en el mes ascienden a $ 5.958 millones, que equivaldrían a $ 71.500 millones anuales. Esto implicaría, para las arcas del Estado, que sólo por la evasión del IVA, se pierde de recaudar casi $ 15.015 millones al año.

Pasados ya varios meses de momento álgido de los conflictos, el traslado y comercio informal de mercaderías provenientes del ingreso irregular por la fronteraes sometido a mayores controles e incautaciones, pero, al parecer, noha afectado significativamentesu funcionamiento. Sin embargo, en octubre de 2018directivos de una cooperativa de bagayeros denuncian una nueva problemática relacionada con los secuestros de la mercancía y las extorsiones que sufren los comerciantes en las rutas nacionales que conducen al sur del país. La nota intitulada «Denuncian un cartel de coimas en las rutas nacionales» (EL TRIBUNO de Salta, 19/10/2018) señala que: «de un tiempo a esta parte se acentuaron los controles, pero nació un nuevo “microemprendimiento” en las rutas, el cobro de una tasa ilegal que por increíble que parezca está establecida en distintos lugares o controles de rutas en diversas provincias del NOA y el NEA». Y expresa que la coima que otrora estaba casi circunscripta a la provincia de Salta se extendió al resto de los estados provinciales vecinos e involucraría a todas las fuerzas de seguridad. Según manifiesta uno de los dirigentes de Orán —dice la nota—, desde el Gobierno nacional se busca dar una solución «que consistiría en un proyecto consentido entre todos los actores, trabajadores, comerciantes y la parte impositiva de Nación y Provincia para poner fin a este despojo».

Dentro de las actividades de comercio informal vinculado al ingreso irregular de mercaderías, cabe puntualizarel fenómeno de expansión de las llamadas «ferias americanas» (venta de ropa usada) que constituye un fenómeno global. La nota online «El negocio global de la ropa de segunda mano» de BBC Mundo (14/02/2015)15, señala que el «el creciente apetito del mundo occidental por la moda rápida y desechable, alimentada por el abastecimiento y disponibilidad de productos baratos fabricados en China y otros países, significa que estamos consumiendo y deshaciéndonos de cantidades cada vez más grandes de ropa». La gente en su mayoría dona la ropa a distintas organizaciones para ser destinadas a quienes las necesitan. Sin embargo, Andrew Brooks, autor del libro ClothingPoverty citado en la nota, revela que, en países como Reino Unido y Estados Unidos, la mayoría de la ropa que la gente dona pensando que ayudará a alguien, termina siendo exportada y vendida en el exterior. Y esto forma parte de una gigantesca industria global de ropa de segunda mano que vale US$4.300 millones. Una cantidad importante de ropa usada que se recolecta en Estados Unidos termina en América Latina, esto a pesar de que varios países en la región, incluidos México y Bolivia, prohíben la importación de estos artículos. México prohíbe el ingreso por motivos sanitarios, argumentando que la ropa de segunda mano es «un riesgo a la salud pública». En Bolivia el presidente Evo Morales introdujo un decreto en 2006 en el que se establecía como ilegal el negocio de los «ropavejeros» (vendedores de ropa usada). Prohibía la entrada de estos artículos al país declarando que Bolivia no era el basurero de Estados Unidos. Pero, según la profesora Kate Maclean16, también citada en la nota, a pesar de la prohibición, ésta «es una industria enorme» en el país.

Los mercados donde se venden estas prendas se han expandido a un ritmo extraordinario. Se calcula que unas 8.000 toneladas de ropa usada entran al país cada año, la mayoría proveniente de Estados Unidos vía Chile. Y 93% de este contrabando está valuado en más de US$40.000 millones al año. (BBC Mundo 14/02/2015)

Para Brooks, aunque el comercio de ropa de segunda mano ofrece empleos a algunos, por ejemplo los que se dedican al negocio callejero informal, también socava la industria textil local en muchos países, como en el caso de la África subsahariana, donde se vende un tercio de toda la ropa donada globalmente. En un esfuerzo por proteger sus industrias textiles, algunas naciones africanas han establecido límites en la importación de ropa usada. A su vez, un estudio publicado por Oxfam en 2005 (citado en la misma nota), concluyó que a pesar del daño a la producción textil en África subsahariana, la importación de ropa de segunda mano, en general, había ayudado a la región. Además de ofrecer a las comunidades pobres un abastecimiento barato de ropa, el comercio también ofrece un sustento a cientos de miles de personas, dice la organización.

Maclean, sin embargo, considera que este comercio «es una cruel ilustración de las desigualdades e injusticias de la globalización». Los artículos desechados en los países ricos —dice la investigadora— terminan en los países pobres creando a su vez una industria donde unos pocos se están enriqueciendo y otros intentan difícilmente ganarse la vida con la venta de prendas usadas.

La Aduana, el contrabando y la economía política de la nación

De acuerdo con el Diccionario Jurídico Elemental, las aduanas «son oficinas del Estado, establecidas en las fronteras nacionales, encargadas de percibir los derechos impuestos sobre la entrada y salida de las mercancías y velar para impedir las importaciones y exportaciones prohibidas»17. Se puede decir que fueron creadas para recaudar dichostributos y regular mercancías que por su naturaleza pudieran afectar la producción nacional, la salud pública, la paz o la seguridad de una nación. Los derechos de importación tienen la finalidad de proteger la producción nacional mediante el encarecimiento, a través de estos impuestos, de las mercancías extranjeras. Con ello favorece a que el producto nacional ponga freno al extranjero, dado que parte en condiciones más ventajosas a la hora de ofrecer un precio más competitivo en el mercado interno.Si bien el derecho aduanero es muy antiguo (se remonta a los siglos XV y XVI a. C., y ya se mencionaba en el Antiguo Testamento), ha evolucionado a través del tiempo hasta perder su primitivo carácter rentístico o fiscal para transformarse, junto con las restricciones gubernamentales y administrativas, en un instrumento tendiente a asegurar el desarrollo de la industria nacional, protegiéndola contra la concurrencia del producto foráneo18. En Occidente la aduana ha constituido un elemento estratégico en la consolidación de los estados nacionales y formación de las burguesías nacionales, en competencia con las burguesías de las otras naciones. Por ello, dentro de la economía política19 de la nación, la aduana tiene este carácter estratégico de afirmar tanto la industria nacional como el dominio político de su burguesía (se impone la expresión «economía política», ya que economía y política son inseparables).

No obstante que estos conceptos aporten claridad acerca de la función de la aduana, para abarcar la dinámica real que ocurre en la frontera es necesario ponerla dentro de cada contexto histórico (económico, social, político, cultural, etc.). Pensemos que con el fuerte entrelazamiento entre capitales nacionales y extranjeros, no puede darse por supuesto la competencia entre ambos, debiéndose analizar cada caso y sector en particular. Por otro lado, según sea el sector de la burguesía que obtenga el dominio en cada etapa, y el papel que se asigna al país en la división internacional del trabajo, la política económica puede propiciar el desarrollo industrial nacional como, al contrario, su deterioro. La actividad en la frontera varía de acuerdo a las políticas más generales que propenden a la apertura comercial o al cierre. Así también varían el tipo y la intensidad de los intercambios en la frontera, pudiendo aumentar o mermar la actividad de comercio regular e irregular (contrabando), especialmente a causa de las variaciones en el tipo de cambio y las regulaciones fiscales de uno y otro lado de la frontera.

María Dolores Linares (2013) analizólas transformaciones ocurridas en principios de los años noventa en la frontera Posadas-Encarnación20, y observa cómo la política de integración regional y de apertura comercial volvió la frontera mucho más permeable, alterando las tradicionales movilidades internacionales.Aumentóel comercio fronterizo por medio de actores —paseras, paseros, paquitos, puesteros, etcétera— y la circulación de posadeños hacia los negocios de Encarnación. Estos cambios implicaron un perjuicio a los comerciantes y empresarios posadeños, generando importantes conflictos, con movilizaciones organizadas por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas que reclamaban por un estricto control aduanero.

Linares observa que las prácticas de comercio fronterizo incluyen el comercio formal y el comercio informal, que no se rige por las normativas y leyes relativas a las transacciones de bienes y/o servicios del país en donde se ejerce.Dentro del comercio informal encuentra el contrabando, y observa que existe una modalidad en el lenguaje coloquial de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas que se refiere al ingreso de mercancías sin declarar en escasas cantidades para no pagar tributo: el «contrabando hormiga». Este contrabando es característico de las áreas fronterizas21, dependiendo de los amparos legales utilizados por los actores de comercio fronterizo.

En un estudio sobre fronteras y movilidades, tomando por caso la frontera argentino-boliviana, Alejandro Benedetti y Esteban Salizzi(2011) abarcan tres conjuntos de aglomeraciones en la frontera argentino-boliviana: La Quiaca-Villazón, Aguas Blancas y Bermejo y profesor Salvador Maza y Yacuiba. Además de esbozar un marco teórico-metodológico para abordar la relación entre territorialidad, frontera y movilidad, los autores realizan una tipología de las movilidades según diferentes escalas espacio-temporales y propósitos. Ellos observan la porosidad de la frontera, donde existen diferentes sectores no controlados o mal controlados que propician movilidades ilegales, junto a otras tradicionales, como la trashumancia y el pastoreo. En las tres conurbaciones se concentra el grueso de los itinerarios terrestres entre la Argentina y Bolivia. En la detallada tipología de movilidades que realizan, aquellas relacionadas al comercio incluyen: el arrieraje en el siglo XIX; exportación e importación (se trata del sector del comercio binacional formal); el paseo de compras; la red comercial motorizada por la comunidad aymara; el tráfico vecinal y el comercio hormiga; y el régimen simplificado de exportación e importación. Podemos relacionar estas cuatro últimas con el fenómeno que aquí estudiamos.

Respecto del «paseo de compras» los autores observan que desde el año 2000 Villazón,Bermejo y Yacuiba se consolidaron como centros comerciales para las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán. Explican que desde diferentes ciudades de esas provincias proceden personas a realizar compras minoristas y mayoristas, utilizando el esquema aduanero del tráfico vecinal. En esas ciudades se ofrecen mercaderías de origen asiático, junto con otras provenientes de la industria boliviana: ropa, accesorios para el traje de las cholas, artesanías, hojas y te de coca, alimentos. Los viajes son realizados en vehículos propios o en buses de línea, permaneciendo unas cuantas horas durante un día o, excepcionalmente, más de un día.

La red comercial motorizada por la comunidad aymara22, explican Benedetti y Salizzi, es una red que ha crecido y se consolidado notablemente desde el año 2000, con la importación de mercaderías provenientes de China y el Oriente.Se comercializan prendas de vestir nuevas y usadas, vehículos usados, aparatos electrónicos, artículos para el hogar, calzados, medicamentos, etc. La frontera se constituye en un recurso económico, en la medida que se desarrollan circuitos comerciales que aprovechan las disparidades cambiarias y las diferentes posibilidades y disfuncionalidades que ofrecen los controles estatales. Con la acumulación de capital a largo plazo, estos comerciantes pudieron, con el tiempo, invertir en la mecanización del transporte y la mejora logística, con lo que emergió el pilotero, sujeto social que combina su saber-circular con camiones en el espacio montañoso, con su capacidad para negociar con los funcionarios, salvar controles estatales y contrabandear. Se trata de una circulación subterránea, con gran fluidez espacial y capacidad de adaptación a los cambios, con territorialidades diseñadas a escala del Cono sur, superpuestas a las estatal-nacionales (Benedetti y Salizzi, 2011, p. 167).

El comercio fronterizo también se vale del «tráfico vecinal» para introducir, de un país a otro, diferentes mercancías. En este caso, explican Benedetti y Salizzi, empresas que buscan colocar productos industriales argentinos (como la harina de la provincia de Buenos Aires) en el mercado boliviano, no realizan viajes con camión cerrado, sino que llevan la carga hasta el lado argentino de la frontera, allí se mueve la carga a través del límite con tracción a sangre humana23, para luego seguir viaje en camión. «Para ello es fundamental la presencia de un sujeto social, también existente en otras fronteras latinoamericanas, con diferentes denominaciones: bagayero o bagallero, pasero, piloto, pilotero, mula, camelô, vendedor, comprador, cargador, sacoleiro, mesitero, changarín, acopiador, torero» (Benedetti y Salizzi, 2011, 167-168).Estas denominaciones hacen referencia, con matices, a personas involucradas en el movimiento fronterizo local de bienes24.Los autores explican que este sistema de traslado hormiga aprovecha el llamado Régimen simplificado de exportación e importación (que habilita una importación simplificada para valores que no sobrepasen lo estipulado por la autoridad estatal).

Los estudios citados (Linares, 2013; Benedetti y Salizzi, 2011) nos ayudan a identificar los diferentes actores e instituciones que se relacionan en el fenómeno del contrabando vinculado al comercio informal, y nos permite notar la influencia de las decisiones económicas y políticas más generales (política de integración regional, política cambiaria, política aduanera, mayor o menor protección a la industria nacional)sobre las formas y la intensidad de esta actividad. No obstante, esta se mantiene a lo largo del tiempo (con variaciones), más allá de los cambios en las políticas económicas y en los modelosque se suceden.Entendemos que la persistencia de la actividad se debería a un rasgo contradictorio pero característico de la economía informal,a saber, la combinación de irregularidad con funcionalidad. Para el caso que nos ocupa, vemos, por una lado, una porción de la población (individuos, familias, comunidades) que ha adoptado el contrabando de mercaderías y/o el comercio informal como estrategia de subsistencia, actividades que no causan víctimas personales, sino, probablemente, un perjuicio económico a algunos sectores del comercio y de la industria que estuvieran en competencia. Pero esas mismas familias, al conseguir un ingreso de esta forma, adquieren los medios (ingreso económico) para poder consumir otros bienes producidos y/o comercializados en el país. Lo que a primera vista aparece como perjudicial en un sentido, resulta beneficioso en otros. Y en lo fundamental significa para esas familias una actividad laboral que no encuentran en el mercado laboral formal en el país. Por supuesto, como ya se ha sugerido antes, es necesario discriminar las familias e individuos que realizan esta actividad como medio de subsistencia de aquellos que han montado una estructura empresarial que incluye la explotación del trabajo ajeno en condiciones generalmente precarias.

Existen diferentes intereses involucrados, y en el juego de intereses, podemos señalar otros sectores que de alguna manera se relacionan con esta actividad: el estado y sus funcionarios, la clase política, las agencias de controlpolicial y sus agentes, los consumidores. El estado y la clase política buscarán incidir y regular la actividaden función de ciertos intereses. Los agentes de seguridad que, como vimos, han podido montar esquemas extorsivos aprovechando el carácter irregular de la actividad. Los consumidores, por otro lado, se benefician con el no cobro de los impuestos, ya que se abarata la mercadería. En efecto, muchos consumidores buscan las ferias de indumentaria, frente a los altos precios vigentes en el mercado formal argentino en relación con el poder adquisitivo promedio.Al parecer, de los sectores más vulnerables (ya sean trabajadores o consumidores) provienen la mayoría de aquellos que tienen interés en el funcionamiento del comercio informal, que puede contraponerse a los intereses de comerciantes y empresarios que actúan dentro de la legalidad.

Ahora bien, frente a los modelos económicos que generan tanto economía formal como economía informal, la contraposición de intereses de trabajadores en situación de informalidad con los de comerciantes y empresarios formales no puede resolverse por la aplicación lisa y llana de la ley basada en el supuesto de la formalidad. Decimos «no puede» por dos razones: una, por su inutilidad, ya que la propia economía política y los modelos económicos que generaengendran informalidad; otra porque no sería legítimo negar sin más el derecho a ganarse la vida de personas y familias en necesidad de subsistencia. En este marco, las expresiones de los protagonistas de esta actividad sugieren un camino que implica: (a) la no persecución del traslado y comercio informal de mercaderías cuando significa una estrategia familiar de subsistencia; (b) la fijación de la franquicia aduanera en un nivel que permita que la actividad pueda continuar de forma rentable en el marco de la legalidad y no obligar a bolseros volverse «contrabandistas»; (c) fundamentalmente, la creación de fuentes genuinas de trabajo, lo cual implicaría una reorientación sustancial en la economía política.

La influencia de los modelos y el noroeste argentino

Según el testimonio de los propios agentes económicos, las actividades económicas en estudio habrían empezado a desarrollarse hace unos treinta años, periodo en que se sucedieron el modelo netamente neoliberal —o «aperturista», como plantea Torrado (2010)— y el llamado «modelo de crecimiento con inclusión». En primer lugar, la vigencia de la concepción neoliberal, especialmente bajo el menemismo, ha incidido en favor del establecimiento de altos niveles de informalidad, en virtud del gran aumento de la desocupación. La zona de frontera comprendida en los departamentos salteños de Oran y Gral. San Martín sufrieron, especialmente en las décadas del 70 y 90, crisis de empleo que conllevaron una acentuación de la pobreza estructural, resultado de la implementación de políticas de corte neoliberal. Hacia mediados de la década del 70 se avanza en la mecanización de la zafra azucarera, lo que genera una gran disminución del empleo estacional que generaba la actividad especialmente para los habitantes de las áreas rurales cercanas. Al mismo tiempo la reducción del salario real que se produjo durante la segunda mitad de la década del 70 desalentó a los trabajadores rurales migrantes procedentes de Bolivia (Abduca, 1995). Pero el perjuicio más fuerte que afectaría en la zona fue la privatización de YPF durante los primeros años de la década del 90. YPF venía funcionando desde hace décadas en esa importante zona de producción de hidrocarburos del norte argentino. Esta empresa, en su momento estatal, había hecho un importante aporte para el desarrollo de la zona generando miles de empleos bien pagos con prestaciones sociales tanto directos como indirectos. La privatización y su consiguiente «reestructuración» de su planta de empleados, fuertemente resistida por los trabajadores, genera en Salta la pérdida de empleos en una cifra de 3.400, entre los años 1991 y 1997. En localidades de la zona en cuestión (al igual que en las provincias de Neuquén y Río Negro) se desarrolló durante la década de los 90 los inicios de movimiento de desocupados que ensayaban los piquetes como medios de lucha. De acuerdo con Favaro (2007), «El proceso de privatización desarticuló empresas públicas que, como YPF, aseguraban la sociabilidad territorial en términos de contención de las dinámicas regionales. El desmembramiento de la empresa estatal trajo como consecuencia la desestructuración de las áreas petroleras (…) engrosando la marginalidad de los ya de por sí populosos barrios de las ciudades». Tras el retiro de YPF como generador de empleos en la zona no se desarrolló otra actividad económica que la reemplazara en lo que concierne a la generación de empleos configurando así la situación actual de marginalidad e informalidad laboral.

Durante la década del 2000, en simultáneo con el proceso de recuperación económica y bajo un modelo que, a diferencia de los modelos de los gobiernos de la década anterior, se declara incluyente, ocurren transformaciones en la estructura social agraria de la zona norte de Salta. Parte de la recuperación económica de esa década se explica por el aumento de los precios reales de los «commodities», entre ellos los de la soja. Aquello implica que tierras que para ese entonces eran marginales para la inversión capitalista en el agro de la zona, pasan a interesar a los actores del agronegocio. Sobre la parte este de la región del noroeste (que incluye el departamento salteño de Gral. San Martín), coincidente con la ecorregión del chaco argentino, se extrapola el modelo productivo de la soja transgénica que desde hace varios años venía implementándose en la zona pampeana. Este proceso es lo que varios autores han denominado «pampeanizacion» del norte o del chaco (Schmidt, 2014, Reboratti, s/f), que tiene como característica la producción a gran escala, con mucha inversión de bienes de capital y poca de fuerza de trabajo. La cuestión que interesa señalar es que sobre aquella zona (refiriéndonos al norte de Salta), aparte de la masa boscosa, los sujetos agrarios allí presentes son pequeños productores criollos o indígenas que practican la agricultura o ganadería a pequeña escala. Estos sujetos presentan la característica de poseer una tenencia precaria de la tierra (es decir, no poseen títulos de propiedad), lo que los hace vulnerables a las maniobras de desalojo realizados por grupos empresariales con anuencia del gobierno salteño. Esto explicaría por qué, a la par de las mayores tasas de desmonte del país, se registra también un desplazamiento de la población rural dispersa hacia poblados rurales o urbanos de la zona (Schmid, 2014). El modelo de desarrollo agropecuario implementado en la zona en el transcurso de la década del 2000 no sólo genera desmontes y la migración rural-urbana sino que genera poco empleo y un pobre efecto «derrame» en la economía local (dado que los actores que se benefician de la actividad tienden a destinar las ganancias en otros lugares). Mucho de lo descrito lleva a concluir que los efectos del reciente modelo agropecuario de la zona son la expresión local de la reprimarización de la economía argentina.

Así, si por un lado es cierto que bajo el modelo de «crecimiento con inclusión» hubo importantes mejoras en las tasas de empleo en el país, otros procesos inherentes al modelo contribuyen a mantener los altos niveles de informalidad en la economía en general. El desenvolvimiento de las actividades de bagayeros y bolseros tiene como marco el modelo de acumulación y el trasfondo de la dinámica del capitalismo a escala global, con sus formas de desarrollo. La persistenciade esas actividades en el tiempo se explica en que los niveles de informalidad laboral se mantienen en altos niveles más allá de los modelos. En relación a la pregunta inicialmente formulada, acerca de «si los modelos económicos adoptados en las últimas décadas ejercieron una influencia diferenciada sobre la evolución del delito», cabe razonar que, más importante que la posible influencia de los modelos (con sus concepciones de desarrollo), son los condicionantes de este marco global y nacional que responden a ciertas leyes económicas que ocurren a espaldas de los actores. Por ejemplo, la «ley general de la acumulación» (planteada por Marx) explica el crecimiento absoluto y relativo de la población excedente en el mercado de trabajo capitalista, con lo cual la imposibilidad del pleno empleo implica para la mano de obra excedente la búsqueda de estrategias de subsistencia por fuera de estrictos marcos legales.

A modo de conclusión

Enmarcado en un proyecto acerca de la influencia de los modelos económicos sobre el delito en Argentina, el presente trabajo tenía como objetivo observar si los diferentes contextos asociados a «modelos» económicos de desarrollo relativamente distintos influyen, y de qué manera, sobre un tipo de delito económico: el contrabando vinculado al comercio informal de mercaderías. Este trabajo se circunscribe a la frontera argentino-boliviana y las provincias del NOA, donde a principios de 2017 acaecieron importantes conflictos debido a la decisión del gobierno nacional de ejercer un mayor control sobre la frontera y las rutas a fin de impedir la actividad de ingreso irregular de mercaderías con destino a la venta informal en el interior del país. Esta actividad, como vimos, es de larga data y en gran medida tolerada por las agencias estatales; pero en ciertas circunstancias,cuando algunasdecisiones enmarcadas en políticas generales de gobierno trastornan dinámicas y prácticas establecidas, recrudecen los conflictos entre sectores con distintos intereses.

El estudio considera que las actividades que llevan a cabo los implicados en el contrabando vinculado al comercio informal en el noroeste de Argentina (los bagayeros y los bolseros) están inmersas en lo que se llama «economía informal», que mantiene una relación contradictoriacon la economía formal, en la medida en que combina irregularidad con funcionalidad. Siendo la economía informal un rasgo propio de la estructura económica del país y de su forma de desarrollo como país atrasado, la tendencia,paralos tipos de actividades que se estudian, parece ser de que se mantenga con cierta intensidad más allá de los modelos económicos que se suceden en el tiempo, pudiendo variar a causa de decisiones relativas al tipo de cambio, regulaciones fiscales de uno y otro lado de la frontera y de las diferentes posibilidades y disfuncionalidades que ofrecen los controles estatales. Aquella tendencia resulta, básicamente, de los condicionantes de un marco global y nacional que, a causa de ciertas leyes económicas que rigen en el capitalismo, empujan a la informalidad.

La alianza de fuerzas políticas que asumió el gobierno argentino en diciembre de 2015 ha centrado su campaña en la lucha por la legalidad, la institucionalidad y el republicanismo, y las ofensivas contra el comercio informal se hicieron en nombre de estas banderas. Sin embargo, la persistencia de la informalidad y las resistencias a las normas legales de comercio, revelan el carácter abstracto de estas normas frente a una realidad que las supera. Estas actividades definidas como ilegales, que no implican víctimas personales, encuentran legitimidad en la necesidad de subsistencia en el marco de opciones laborales muy limitadas. Marco este, determinado por la economía política de la nación y por la misma lógica de desarrollo del capitalismo a escala local y global, que produce mano de obra excedente en creciente proporción.

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