Crimen Estatal Organizado*

Existe una forma de delito que ha escapado a la indagación criminológica, a pesar de que su persistencia y su omnipresencia la eleva como un tema central a profundizar teórica y metodológicamente en la búsqueda de desarrollar la criminología como una ciencia. Me estoy refiriendo a lo que llamo «Crimen Estatal Organizado».

El Problema

Hace 25 años empecé a investigar la relación entre crimen organizado, políticas y el cumplimiento de la ley en Seattle, Washington (Chambliss, 1968, 191, 1975a, 1975b, 1977, 1988a). En un inicio me concentré en entender las relaciones políticas, económicas y sociales de aquello directamente involucrado en la organización y la financiación del delito y el vicio en esas áreas locales. Se volvió evidente, no obstante, que para entender el cuadro general debía extender mi investigación a todo Estados Unidos e incluso, eventualmente, a las conexiones internacionales entre las actividades del crimen organizado y los centros políticos y económicos. Este enfoque me llevó a realizar investigaciones en Suecia (Block and Chambliss, 1981), Nigeria (Chambliss, 1975b), Tailandia (Chambliss, 1977) y, por supuesto, en América.

Los métodos se fueron adaptando para dar respuestas a las demandas de las situaciones que fueron irrumpiendo durante las investigaciones. Entrevistas con criminales, políticos y miembros de agencias destinadas a la aplicación de la ley de todos los niveles fueron el principal insumo de información, pero siempre fueron complementados con datos de registros oficiales, reportes gubernamentales, sesiones del Congreso, periódicos (cuando su precisión pudo ser chequeada), archivos e informes especiales.

Mientras continuaba mi investigación sobre el crimen organizado, empecé un estudio histórico sobre piratería y contrabando. En el proceso de analizar y comenzar a escribir en relación a estos tópicos arribé a la conclusión de que estaba, en esencia, estudiando el mismo fenómeno en períodos de tiempo distintos. Parte de la piratería de los Siglos XVI y XVII puede ser entendida, sociológicamente, de la misma manera que algunas de las relaciones del crimen organizado en la actualidad —siendo ambos ejemplos de crimen estatal organizado—.

En la raíz de la indagación se encuentra la pregunta respecto a las relaciones entre criminalidad, estructuras sociales y economía política (Petras, 1977; Schwendinger y Schwendinger, 195; Tilly, 1985). En las páginas sucesivas describo características propias del crimen estatal organizado (1) que relacionan actos que están desconectados en el tiempo y en el espacio pero que presentan vinculaciones sociológicas, sugiero un marco teórico (2) para el entendimiento de dichas relaciones y ofrezco ejemplos específicos de crimen estatal organizado (3).

Definición de Crimen Estatal Organizado

El tipo más importante de criminalidad organizada por el estado consiste en actos definidos por la ley como criminales y ejecutados por agentes estatales en la realización de las tareas propias de su actividad en representación de él. Los variados ejemplos incluyen: complicidad estatal en piratería, contrabando, asesinatos, conspiración criminal tanto antes como después del hecho y la violación de normas que limitan sus actividades. En el último supuesto estarían incluidos el uso de diversos métodos ilegales, tales como el espionaje a ciudadanos, la obtención y la desviación de fondos mediante formas prohibidas por la ley (por ejemplo, contribuciones ilegales durante las campañas, venta de armas a países prohibidos por ley para este tipo de operaciones, apoyo y aporte económico a actividades terroristas).

El crimen estatal organizado no incluye actos criminales que solo benefician a agentes estatales individuales, tales como la aceptación de sobornos o la utilización ilegal de violencia por parte de la policía hacia los ciudadanos, a menos que esas conductas violatorias se opongan a la ley penal y formen parte de una lógica política oficial. Como ejemplo de esto, la política actual de tortura y violencia aleatoria que está llevando a cabo la policía en Sudáfrica forma parte de la noción de crimen estatal organizado porque, aparentemente, dichas prácticas cumplen con ambos requisitos, son una política de estado y violan la ley existente en ese país. En contraposición, el uso excesivo de la violencia de la policía en guetos urbanos no es un crimen estatal organizado, por la carencia de la institucionalización que es requerida para ser considerada como política de estado.

Piratería

En la historia de la criminalidad, la piratería con el apoyo de los estados que existió entre el siglo XVI y XIX es un destacado ejemplo de crimen estatal organizado (Andrews, 1959, 1971).

Cuando Cristóbal Colón vino a América en busca de prosperidad y especias en 1492 navegaba bajo la bandera de España, a pesar de ser él mismo oriundo de Génova. Vasco da Gama siguió a Colón 6 años después, portando la bandera portuguesa. Entre España y Portugal se dividieron una vasta región que rápidamente fue conquistada. La riqueza de plata y oro fue mucho mayor que la de sus sueños más ambiciosos. Una extensa y escasamente armada población nativa se convirtió en la mano de obra esclava para la minería y el transporte de los metales preciosos, sin ser en ningún momento un desafío para los mejores armados ejércitos español y portugués, integrados por colonos dispuestos a sacrificar vidas humanas en su búsqueda de riquezas. Apoyados en la infatigable creencia de que no solo estaban enriqueciendo a su tierra natal y a ellos mismos, sino que también estaban convirtiendo a los infieles mediante los postulados de la Cristiandad, los colonizadores portugueses y españoles se dedicaron al despojo de estas tierras recién descubiertas en beneficio personal y en el de su gente (Lane-Poole, 1890). Portugal, como resultado de los viajes de Vasco da Gama, también acordó con India rutas de intercambio que les dio una ventaja en el comercio de especias y té. Los reyes de Portugal se convirtieron así en los royal grocers of Europe1 (Howes, 1615; Collins, 1955).

En Europa durante el siglo XVI y XVII, las naciones-estado se vieron inmersas en una intensa competencia por el control de los territorios y los recursos. En aquel entonces, como en la actualidad, el poder militar era la principal arma en los esfuerzos de expansión y el instrumento mediante el cual los estados-nación protegían sus propias fronteras. La fuerza militar, a su vez, dependía del trabajo y de los recursos de cada estado, en especial del oro y la plata. Las naciones aventajadas podían invertir en armamento militar más poderoso, en especial barcos más grandes y veloces, y contratar mercenarios para la armada y la marina. La exploración también costaba dinero. Cuando España y Portugal reclamaron para sí el nuevo territorio de América, también rechazaron la posibilidad de que otras naciones realicen intercambios con sus colonias (Mainwaring, 1616). Casi inmediatamente, se produjo un conflicto entre España y Portugal, pero mediante la intervención del Papa, que dibujó una línea divisoria que separaba el Nuevo Mundo en una parte española y una portuguesa, se matizó la tensión generada. No obstante, británicos, franceses y daneses no fueron incluidos en el acuerdo de paz del Papa. Ellos fueron forzados a aceptar tierras de peor calidad o que aún no habían sido reclamadas por España y Portugal.

A pesar de no haber tenido la visión suficiente para financiar exploraciones como la de Cristóbal Colon y la de Vasco da Gama, Francia, Inglaterra y Holanda poseían flotas poderosas. Siendo, además, el hogar de algunos de los más aventureros y osados piratas, que hasta ese momento solo había actuado dentro de Europa y en la costa de África.

Con el descubrimiento de España y Portugal de una inagotable fuente de riquezas, otras naciones europeas se vieron frente a un dilema. Tenían la opción de esperar inactivos y observar cómo se consolidaba inexorablemente la Península Ibérica como el centro del poder o podían buscar caminos para interferir en el crecimiento y en el desarrollo de sus vecinos del sur. Otra alternativa era, por supuesto, iniciar una guerra. Otra, menos riesgosa en ese momento pero que auguraba similares resultados, era establecer alianzas con piratas. Francia, Inglaterra y Holanda eligieron este último curso de acción menos arriesgado. .

Para transportar el oro y la plata desde Spanish Main2 (las costas del Caribe en Sudamérica) hacia Bilbao y desde Brasil hacia Lisboa eran necesarias verdaderas hazañas de navegación. Los barcos cargados con oro y plata no podían viajar a gran velocidad, lo que los hacía presas fáciles para los merodeadores (Exquemling, 1670). Además, las embarcaciones eran forzadas a tomar caminos predecibles por los vientos, lo que aumentaba la desprotección y el riesgo. Todas estas condiciones invitaban a los piratas a explotar la debilidad del traslado para su propio beneficio. La pobreza y la falta de oportunidades empujaba a muchos hombres jóvenes hacia el mar en busca de una mejor vida. Muchos llegaban al Nuevo Mundo como convictos o como esclavos contratados. La promesa de la vida de un pirata, a pesar de todas sus dificultades, era más atrayente que la perspectiva de la servidumbre o la esclavitud.

El gobierno francés fue el primero en aprovechar la oportunidad devenida de participar en actos de piratería (Richie, 1986). Se vislumbró la piratería como una fuente de riqueza y un camino para neutralizar parte del poder de España y Portugal. A pesar de que la piratería constituía un acto de extrema gravedad en la ley francesa (su castigo era la ejecución sumaria), el gobierno francés ordenó a los diferentes gobiernos de sus islas que permitan que los barcos piratas atraquen de manera segura en sus puertos a cambio de que les den parte de las mercancías robadas. Así, el estado se convirtió en cómplice de uno de los capítulos de criminalidad más terribles de la historia.

La cultura pirata permitió y naturalizó la violencia de una manera pocas veces vista. No había piedad para las víctimas en los ataques ejecutados por los piratas. Borgnefesse, un pirata francés que escribió sus memorias luego de retirarse para vivir una vida de caballero en la campiña francesa, da testimonio del modo en que estas acciones se ejecutaban. Escribió, por ejemplo, sobre cómo una vez salvó a una joven «que no había ingresado en la pubertad» de ser violada por dos «bestiales filibusteros» que estaban persiguiéndola fuera de una casa en una villa que él y sus hombres habían atacado (LeGolif, 1680). Borgnefesse expresó sentirse avergonzado en aquella ocasión por haber sentido «pena» por aquella joven, ya que por esa sensación había violado una regla fundamental en el mundo pirata que rezaba que las mujeres eran premios para todo aquel que las encontrara mientras se ejecutaba un saqueo. El hombre que intentaba violarla rechazó el esfuerzo por intentar salvarla y «me dijo que estaba interfiriendo en un asunto que nada tenía que ver conmigo, que el saqueo estaba permitido y la violencia se podía usar para violentar tanto cofres como mujeres».

No dejar prisioneros a menos, claro está, que resultaran útiles para obtener la victoria, era un acuerdo extendido entre todos los piratas. Borgnefesse describió cómo cortó las cabezas de todos los tripulantes de un «premio» español, solo porque estaba enfadado porque le habían herido el brazo durante la batalla. En otra ocasión, él y sus hombres ataron a todos las personas a bordo de un barco capturado al mástil principal, para luego tirarlos al agua y ponerse a tomar ron mientras escuchaban los gritos producidos por numerosos hombres que se ahogaban lentamente. Por todos sus aberrantes crímenes, Borgnefesse no recibió más que la protección de los barcos y las colonias francesas.

Inglaterra y Holanda fueron rápidos en sumarse a los franceses en sus modos. Sir Richard Hawkings y su aprendiz, Francis Drake, fueron provistos de «carta de marca» (o patente de corso) por parte del Almirante, gobernador de las colonias Británicas y capitán de la fuerza naval, con el que tenían pasaje seguro, además de ponerle a disposición cualquier asistencia que pudieran darle como si estuvieran «bajo las órdenes de la corona» (British Museum, 1977). Sus «órdenes» fueron las de emprender acciones de piratería contra navíos de España y Portugal. De este modo, el estado directamente ordenó a individuos en particular para que realicen actividades criminales. La ley, debe ser enfatizado, no fue modificada. La piratería seguía siendo un crimen castigado con la muerte, pero a algunos piratas se les concedía licencia para asesinar, violar, saquear, destruir y robar.

Podemos sospechar que la complicidad estatal con la piratería fue más exitosa incluso que la más avara de las expectativas de los monarcas. En una de sus incursiones (entre 1572 y 1573) Drake regresó a Inglaterra con suficiente oro y plata como para solventar el gobierno y todos sus gastos por un período de 7 años (Corbett, 1898a, 1898b). La mayoría de esta riqueza provino del ataque perpetrado por Drake al pueblo de Nombre de Dios, que era un depósito español de oro y plata. En esta aventura Drake unió fuerzas con algunos piratas franceses y emboscó una partida desde esa ciudad.

Drake fue declarado caballero por sus esfuerzos, pero los españoles no se quedaron callados. Optaron por cuestionar formalmente la política británica, pero la reina de Inglaterra negó que Drake haya estado operando con su bendición (luego, por supuesto, de apropiarse de todo el oro y la plata que había traído a casa) y Drake fue tratado como un criminal. Fue públicamente exiliado, pero en privado fue enviado a Irlanda donde resurgió varios años después (1575) sirviendo al primer Conde de Essex de Irlanda.

Borgnefesse y Drake son solo dos de cientos de piratas que operaron entre 1400 y 1800 (Senior, 1976). Sus crímenes fueron apoyados, y consecuentemente compartidos, por todas aquellas naciones-estados que les ofrecieron protección y suministros. En teoría, cada estado-nación solo protegía a sus propios piratas, pero, en la práctica, protegieron a cualquier pirata con la intención de poder compartir sus ganancias.

Para racionalizar la contradicción fundamental entre la ley y los intereses del estado, las naciones europeas crearon una ficción legal. Provistas indistintamente de manera directa por la monarquía o por el Almirantazgo, las letras de marca le daban a los piratas una especie de licencia, pero con limitaciones específicas respecto a los tipos de acto que tenían permitidos. Algunas de las restricciones eran la de no atacar barcos de países emisores de estas cartas (a), no saquear villas o pueblos (b) o no abrir el botín obtenido hasta regresar al puerto (c).

La realidad de la piratería era bastante diferente a la que pretendían todas estas limitaciones. Mucho del éxito de la piratería dependía de atacar pueblos y villas, momento en el que la violación, el saqueo y el arrasamiento eran prácticas aceptadas. Algunos piratas a veces mantenían como prisioneros a uno o varios oficiales de los barcos capturados junto con sus cartas de marca y sus banderas identificatorias con el objetivo de exhibirlos en caso de ser atacados por un barco de otro país. Esto permitía a un barco de Francia izar una bandera inglesa y atacar a otro barco francés. Para los piratas la lealtad a una nación venía después del interés por poseer la mayor cantidad de oro posible.

En un momento u otro, prácticamente, cada nación de Europa, y de los Estados Unidos también, entre 1500 y 1800, fue cómplice de piratería. En los Estados Unidos, Charleston, Carolina del Sur, muchos pueblos de Nueva Inglaterra y Nueva York fueron puertos seguros para los piratas. A cambio de algunas ganancias, estos pueblos proveían seguridad para evitar ser capturados por autoridades extranjeras y un lugar seguro donde festejar sus victorias.

John Paul Jones se convirtió en un héroe nacional a partir de su éxito como pirata y fue, incluso, reconocido con una comisión en la marina (de la Croix, 1962; MacIntyre, 1975). Jean and Pierre Lafitte fueron personalidades destacadas en la sociedad de Nueva Orleans mientras se enriquecían colaborando con piratas y contrabandistas en la boca del Misisipi. Su estatus aumentó considerablemente cuando el gobierno federal los incluyó en una lista de contribuyentes para la guerra contra Inglaterra y nombró a Jean como oficial de la Marina de Estados Unidos en reconocimiento de su ayuda prestada para vencer a la Marina Británica, que estaba reagrupando sus fuerzas para un ataque en Nueva Orleans (Verril, 1924). En tiempo de guerra, las naciones enlistaban piratas para que presten servicios en sus fuerzas militares de mar. En tiempos de paz, todos compartían las ganancias.

Durante el período comprendido entre 1600 y 1900, el capitalismo se consolidó como el sistema económico dominante en el mundo. Para una nación, el determinante esencial para poder industrializar y proteger sus fronteras fue la capacidad de acumular capital. La riqueza de otra nación no solo era una amenaza para la autonomía de los estados vecinos, sino que la ganancia de una nación era invariablemente la pérdida de otra. La piratería ayudó, entonces, a restaurar el balance y redujo la tendencia a la monopolización en la acumulación de capital. La necesidad de acumular capital no se acabó con la emergencia del capitalismo, se mantiene mientras las relaciones entre el poderío económico y el militar de una nación se fortalecen. Cuando la piratería dejó de ser un método aceptable para la acumulación de capital, otras formas ilegales fueron empleadas. En el mundo de hoy existen evidencias de que pequeñas ciudades de ciertos estados en el Lejano Este (especialmente Indonesia) mantienen una política de apoyo a los piratas, compartiendo con ellos sus ganancias. Pero la piratería no desempeña un rol prioritario en el crimen estatal organizado en la actualidad, siendo la posición que antes ocupaba asumida por el contrabando.

Contrabando

El contrabando surge cuando el gobierno logra arrinconar exitosamente el mercado de algún producto o cuando busca evitar que un insumo producido por otra nación transponga sus fronteras. En los anales del crimen, todos los productos desde las ovejas hasta los seres humanos, desde la lana hasta la madera, desde el oro hasta las drogas, hasta incluso las ideas, han sido prohibidos tanto para la exportación como para la importación. Paradójicamente, cualesquiera sea el producto que sea prohibido, dicha prohibición se hace a expensas de un grupo en beneficio de otro. Así, las legislaciones que prohíben la exportación o la importación de algún bien inevitablemente generan resistencias. Alguna parte de la población siempre querrá poseer o distribuir alguno de los productos prohibidos. En un tiempo, el estado se encontrará a sí mismo en la posición de desarrollar algún interés en violar las mismas normas que creó para prohibir la exportación e importación de algún bien y mediante las cuales había definido esas mismas acciones como ilegales.

Narcóticos y la Guerra de Vietnam

En algún momento alrededor del siglo VIII, los comerciantes turcos descubrieron un mercado para el opio en el Sudeste Asiático (Chambliss, 1977; McCoy, 1973). Los comerciantes portugueses, varios siglos después, encontraron un próspero negocio en el tráfico de opio, a través de pequeñas embarcaciones que navegaban entre puertos comerciales en la misma área. Uno de los botines para los piratas portugueses era el opio, que obtenían de los comerciantes locales, para luego ser intercambiado por té, especias y porcelana. Algunos siglos más tarde, cuando Francia colonizó Indochina, el tráfico de opio se volvió un floreciente negocio. Francia se asoció con traficantes de drogas y concedió licencias para la proliferación de guaridas de opio a lo largo y a lo ancho de Indochina. Con las ganancias de dichas licencias, los franceses solventaron el 50% de los costos de sus gobiernos coloniales (McCoy, 1973: 27).

Cuando el comunismo empezó a amenazar la hegemonía francesa en Indochina, el gobierno francés se valió de las ganancias del opio para financiar la guerra. Además, generó instancias de cooperación con las tribus que habitaban las montañas y producían el opio, como una estrategia de fortalecer la alianza y asegurar su participación en la guerra contra el comunismo (McCoy, 1973).

Los franceses fueron vencidos en Vietnam y se retiraron del territorio, pero solo para ser reemplazados por Estados Unidos. Los Estados Unidos heredaron la dependencia de las ganancias generadas por el opio y la consecuente relación de cooperación con las tribus de las montañas dedicadas a producirlo, quienes mantuvieron el acuerdo por su necesidad de ser autorizados para seguir creciendo y para trasladar lo producido mediante barcos. La CIA fue más lejos que los franceses y le proveyó a los señores feudales del opio en las montañas de Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia transporte para la droga producida mediante Air America, la aerolínea de la CIA en Vietnam.

Air America regularmente transportaba bultos de opio en vuelos desde Laos, Camboya y Burma hasta Saigon y Hong Kong (Chambliss, 1977:56). Un estadounidense en Long Cheng, la base militar secreta de la CIA en el norte de Laos durante la guerra, expresó:

...mientras que el liderazgo de Meo fue capaz de mantener a sus combatientes en los muelles peleando y muriendo en el nombre, para aquellos desafortunados, de alguna nebulosa causa...el liderazgo de Meo era recompensado en forma de carta blanca para explotar los recursos estodounidenses, los aviones y los centros de comunicaciones con el fin de sofisticar las operaciones de opio...(Chambliss, 1977: 56).

Este reporte fue confirmado por el General del Ejército laosiano Ouane Raltikone, quien me dijo en una entrevista en 1974 que él fue el principal controlador de los envíos de opio que partían desde el Triángulo Dorado a través de Air America. La legislación norteamericana no permitía que la CIA o cualquiera de sus agentes se involucraran en el contrabando de opio.

Luego de la retirada de Francia de Vietnam y la transmisión del deber de proteger la democracia hacia Estados Unidos, el servicio de inteligencia francés que precedía a la CIA en el manejo del tráfico de opio en Asia mantuvo algunas de sus operaciones clandestinas de tráfico de drogas (Kruger, 1980). A pesar de que dichas operaciones eran secretas, la evidencia que demuestra que el servicio de inteligencia francés participó en el desarrollo de la actividad del opio en Medio Oriente (especialmente en Marruecos) luego que se le impidiera continuar operando en el Sudeste Asiático es contundente.

En 1969 Michael Hand, un boina verde y uno de los agentes de la CIA destinado a Long Cheng cuando Air America despachaba el opio, se mudó a Australia, aparentemente como un ciudadano ordinario. A su llegada a Australia, Hand comenzó una relación comercial con un ciudadano australiano, Frank Nugan. En 1976, crearon el Nugan Hand Bank en Sidney (Commonwealth of New South Wales, 1982a, 1982b). El Banco Nugan Hand comenzó como una pantalla con una inversión de capital mínima, pero casi inmediatamente estaba en condiciones de alardear más $25 millones. El rápido crecimiento del Banco provino de enormes depósitos de fondos secretos generados por el contrabando de armas y de drogas y, también, de grandes cantidades de dinero pertenecientes a la CIA (Nihill, 1982).

Más allá de los registros del banco que sugieren que la CIA lo utilizaba como un salvoconducto para sus fondos, la conexión de éste con la CIA y con otras agencias norteamericanas de inteligencia queda evidenciada al analizar cómo estaba integrado su directorio y quiénes eran sus principales oficiales, entre los que se incluyen a los siguientes:

• Almirante Earl F. Yates, presidente del Banco Nugan Hand, quien fue durante la guerra de Vietnman Jefe de Grupo de Planificación Estratégica de las Fuerzas de Estados Unidos para Asia y el Pacífico.

• General Edwin F. Black, presidente de la sucursal en Hawai del Banco Nugan Hand, quien fue comandante de las tropas de Estados Unidos en Tailandia durante la Guerra de Vietnam y, luego de la guerra, asistente del Jefe del Ejército para el Pacífico.

• General Erle Cocke Jr., Jefe de la Oficina de Washington del Banco Nugan Hand.

• Bernie Houghton, representante de Nugan Hand en Arabia Saudita. Houghton era también un agente encubierto de la agencia de inteligencia de la Marina.

• Thomas Clines, director de entrenamiento en los servicios clandestinos de la CIA, era un operador para Nugan Hand en Londres que colaboró en la compra de un banco en dicha ciudad; también había sido designado a Long Cheng durante la guerra de Viernam, donde conoció a Michael Hand y Theodore S. Shackley.

• Dale Holmgreen, piloto en Vietnam para el transporte civil de pasajeros en la Civil Air Transport, que luego sería Air America. Estaba en la junta directiva en el Banco Nugan Hand y estaba a cargo de la oficina del banco en Taiwan.

• Walter McDonald, un economista y ex director de investigación económica de la CIA, especialista en petróleo. Se convirtió en un consultor de Nugan Hand y fue el representante de la sucursal en Annapolis, Maryland.

• General Roy Manor, quien estuvo a cargo de la oficina de Nugan Hand en Filipinas, fue un veterano de la guerra de Vietnam que colaboró en la coordinación del frustrado intento de rescatar a los rehenes iraníes. Jefe del Comando Pacífico de Estados Unidos y enlace del gobierno de Estados Unidos en Filipinas con el Presidente Ferdinand Marcos.

En la Junta Directiva de una compañía anexa formada por Michael Hand que precedió a la creación del Banco Nugan Hand estaban Grant Walters, Robert Peterson, David M. Houton y Spencer Smith, todos los cuales al momento de declarar sus direcciones inscribieron: Air America, Oficina Postal del Ejército, San Francisco, California.

También trabajando para el Banco Nugan Hand estaba Edwin F. Wilson, un agente de la CIA involucrado en contrabando de armas en Medio Oriente y que, luego, fue condenado a prisión por los tribunales de Estados Unidos por contrabando ilegal de armas a Libia. Su socio en los envíos de armas a Oriente Medio era Theodore Shackley, a cuyo cargo estaba la estación de Miami, Florida, de la CIA3. En 1973, cuando William Colby fue designado como Director Central de Inteligencia, Shackley lo reemplazó como Jefe de Operaciones Encubiertas en Medio Oriente; a su retiro como agente de la CIA, William Colby asumió como abogado del grupo Nugan Hand.

A finales de la década de 1970, el banco comenzó a transitar dificultades económicas, que incidieron en la muerte de Frank Nugan, quien fue encontrado muerto con un disparo de escopeta en su Mercedes Benz en un camino remoto en las afueras de Sidney. La versión oficial fue la de un suicidio, pero algunos investigadores especulaban con el hecho de que podría haber sido un homicidio. De cualquier modo, la muerte de Nugan generó un escándalo bancario que desencadenó una investigación por parte del gobierno. Esta investigación reveló que millones de dólares no estaban registrados en los libros contables del banco y que éste operaba como un instrumento para el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y para que la CIA financie el contrabando de armas y otras actividades ilegales en todo el mundo. Las operaciones ilegales realizadas por esta agencia incluían contrabando de armas hacia el Sur de África y Oriente Medio. También había evidencia de que la CIA hacía uso del banco para pagar campañas de difamación hacia políticos, entre los que se incluía al Primer Ministro de Australia Witham (Kwitny, 1977).

Michael Hand trató desesperadamente de encubrir las operaciones ilegales del banco. Cientos de documentos fueron destruidos antes que los investigadores pudieran ingresar al edificio. A pesar de los esfuerzos de Hand, el escándalo se expandió hasta el punto en que se vio obligado a irse de Australia. Logró salir del país, estando imputado por numerosas conductas delictuales, con la ayuda de una agente de la CIA que voló hasta Australia valiéndose de un pasaporte falso y lo acompañó mientras se evadía de la justicia. El padre de Hand, que vive en Nueva York, niega saber el paradero de su hijo.

De este modo, la evidencia recolectada por la investigación del gobierno australiano puso sobre el tapete conexiones de la cúpula de la CIA con un banco en Sidney mediante el cual se lavó gran parte del dinero producido por el tráfico de drogas en el Sudeste Asiático y a través del cual se financiaban las operaciones que hacían que éste sea posible (Commonwealth of New South Wales, 1982b; Owen, 1983). También trajo a la luz las conexiones de la CIA con el contrabando de armas y su interferencia en procesos democráticos en naciones amigas. Otra investigación reveló que los eventos en Australia eran solo una parte de una trama mundial de contrabando de narcóticos y armas llevado a cabo por la CIA y por el servicio de inteligencia francés (Hougan, 1978, Kruger, 1980; Owen, 1983).

Contrabando de Armas

Una de las formas más importantes del crimen estatal organizado en la actualidad es el contrabando de armas. De manera significativa, la participación de Estados Unidos en el contrabando de narcóticos puede ser entendido como un medio para financiar la compra de armamento militar para naciones o grupos insurgentes que no podían ser financiados de manera legal a través de los mecanismos previstos en el Congreso o a los que, incluso, la ley de Estados Unidos prohibía financiar (NARMIC, 1984).

En violación a la ley norteamericana, miembros del Consejo Nacional de Seguridad (NSC), el Departamento de Defensa y la CIA llevaron a cabo un plan para vender armas por un valor de millones de dólares a Irán, valiéndose de las ganancias producidas para financiar a los Contras en Nicaragua (Senate Hearings, 1986). La Enmienda Boland, vigente desde 1985, prohibía a cualquier oficial de Estados Unidos brindar asistencia a los Contras, tanto de manera directa como indirecta. Para eludir la ley, un grupo de agentes de inteligencia y militares crearon un «equipo secreto» de operaciones, en el que estaban incluidos: Teniente Coronel Oliver North, Theodore Shackley, Thomas Clines, General Mayor Richard Seccord, entre otros (testimonio prestado ante el Senado de Estados Unidos, 1986). Shackley y Clines, como se ha señalado, eran agentes de la CIA en Long Cheng y junto con Michael Hand llevaron a cabo la guerra secreta en Laos, que fue financiada en parte con los beneficios obtenidos con el tráfico de opio. Shackley y Clines también estuvieron involucrados en la invasión de Cuba de 1961 y fueron quienes contrataron a miembros del crimen organizado de la isla para el intento de asesinato a Fidel Castro.

Senador Daniel Inouye de Hawai exclamó que este «gobierno secreto dentro de nuestro gobierno» que estaba emprendiendo acciones bélicas en el Tercer Mundo era parte de la doctrina Reagan (The Guardian, 29 de Julio, 1987). Pero, en realidad, que el Presidente Reagan o el Vice Presidente Bush estuvieran al tanto de estas operaciones está pendiente de ser esclarecido. Lo que está más allá de cualquier duda, en virtud de los abrumadores testimonios recibidos por el Senado y por los documentos de la Corte, es que este grupo de oficiales del estado coordinó y supervisó la distribución y venta de armas a Irán y a los Contras en Nicaragua. Estas acciones violaban de manera directa el Acta de Control de Exportación Ilegal de Armas, documento que volvía ilegal la conducta de proveer armas o fondos a los grupos en Nicaragua.

Las armas que fueron vendidas por la CIA a Irán fueron obtenidas por esta Agencia a través del Pentágono. El Secretario de Defensa Caspar Weinberg ordenó el traslado de armas desde los almacenes del Ejército hacia depósitos de la CIA en cuatro ocasiones en 1986, sin que esta situación sea conocida por el Congreso. Dichas armas fueron luego transferidas a intermediarios, tales como el vendedor de armas iraní Yaacov Nimrodi, el exiliado vendedor de armas iraní Manucher Ghorbanifar y el empresario saudí Adman Khashoggi. Algunas, también, volaron directo a Nicaragua para los Contras, mientras que los fondos obtenidos con la venta de las restantes se volcaron en la financiación de los gastos militares de estos mismos grupos. También hay suficiente evidencia de que este «equipo secreto», junto con otros agentes militares y oficiales de la CIA, participaron en el narcotráfico en América Latina con la intención de reunir fondos para seguir financiando a los Contras nicaraguenses.

En 1986, la administración de Reagan reconoció que el grupo de Contras de Adolfo Cachorro, que había sido apoyado por la CIA, estaba ayudando a un traficante colombiano a ingresar droga a los Estados Unidos. Adolfo Cachorro fue arrestado en Abril de 1986 por su participación en este hecho (Potter y Bullington, 1987: 54). Innumerables testimonios en muchos de los más importantes juicios a narcotraficantes en los últimos 5 años han revelado varias instancias en las que la droga volaba directamente desde Centroamérica hacia Estados Unidos, contando para ingresar con la cooperación de militares y personal de la CIA. Esta información ha sido confirmada por personal militar y por civiles que testificaron haber presenciado tanto la carga de drogas en aviones en Centroamérica, como su descarga en bases militares en Estados Unidos. Pilotos que transportaban en sus aviones armas para entregarle a los Contras declararon regresar con sus aeronaves cargadas con drogas.

En el mismo momento en que Estados Unidos estaba abasteciendo a los Contras con armas adquiridas con dinero, al menos en parte, obtenido con la venta de drogas ilegales, la administración lanzó una campaña contra el régimen Sandinista por su presunto involucramiento en el tráfico de drogas. Dos veces durante su programa semanal de radio en 1986 el Presidente Reagan acusó a los Sandinistas de narcotraficantes. A Barry Seal, un informante y piloto de la Administración para el Control de Drogas (DEA – Drug Enforcement Administration), miembros de la CIA y de la DEA le ordenaron tomar fotografías de sandinistas cargando un avión. Durante un discurso televisado en 1986, Reagan exhibió la fotografía que Seal había tomado y afirmó que la misma mostraba a oficiales sandinistas cargando con drogas un avión que tenía como destino los Estados Unidos. Luego de que esa imagen fue mostrada, el Congreso concedió una ayuda de $100 millones de dólares a los Contras. El fotógrafo, luego, admitió ante periodistas que en la imagen que capturó solo se veía que se cargaban unas cajas, las cuales no contenía ningún tipo de drogas. También reconoció que estaba al tanto de que los Contras formaban parte de una red de narcotráfico con conexiones con un cartel colombiano dedicado a la cocaína. Por su sinceridad, Seal fue asesinado en febrero de 1987. Poco tiempo después de su muerte, la DEA emitió una aclaración de «clave baja» respecto a la validez de la fotografía, reconociendo que no había evidencia alguna que demostrara que el avión que se veía estuviera siendo cargado con drogas.

Otros testimonios ponen de manifiesto la complicidad de la CIA y de oficiales militares norteamericanos en el tráfico de drogas, entre los que se destaca el de John Stockwell, un agente de la CIA de alto rango, que manifestó que el narcotráfico y la CIA fueron dos componentes esenciales en la campaña de los Contras. Estas afirmaciones fueron corroboradas por George Morales, uno de los más grandes traficantes de drogas de Sudamérica, que testificó que en 1984 fue abordado por agentes de la CIA para enviar armas a Nicaragua. En su testimonio sostuvo que la CIA puso en funcionamiento una aerolínea en Costa Rica y les dio a los pilotos información precisa de cómo evitar las trampas de los radares. Según su relato, Morales envió 20 cargamentos de armas a Costa Rica en 1984 y 1985. Como contrapartida, la CIA lo ayudó a ingresar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos. Solo Morales transfería 250.000 dólares cada trimestre provenientes de su actividad criminal al líder de los Contra Adolfo Chamorro. Un piloto de Morales, Gary Betzner, apuntaló lo expresado por Morales y reconoció haber transportado 4000 libras de armas hasta Costa Rica y 500 kilos de cocaína hasta Lakeland, Florida, en sus viajes de vuelta. Entre 1985 y 1987, la CIA hizo posible que entre 50 y 100 vuelos aterrizaran en suelo de Estados Unidos sin someterse a controles de carga.

El destino de los vuelos de Morales y Betzner era una pista de aterrizaje secreta ubicada en el rancho de John Hull. Hull, un reconocido agente de la CIA, era una pieza central en el plan de Oliver North para ayudar a los Contras. Las actividades de Hull estaban monitoreadas de cerca por Robert Owen, un actor muy importante en la red de suministro a los Contras. Owen puso en marcha el Instituto de Democracia, Educación y Asistencia, que recaudaba fondos para la compra de armas para los Contras y quien, en 1985, fue convocado por el Congreso para distribuir $50000 dólares en «ayuda humanitaria» entre ese grupo. Owen trabajaba para Oliver North en la coordinación de las ayudas ilegales hacia Nicaragua y en la puesta a punto y la preparación de la pista de aterrizaje en el rancho de John Hull.

Según un artículo en The Nation, la red de operaciones y de mercenarios de Oliver North ha estado conectada con el principal cartel de drogas de Sudamérica desde 1983. La DEA estima que el colombiano Jorge Ochoa Vazquez, la «piedra angular» del imperio de drogas de Medellín, es responsable del suministro de entre el 70% y 80% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos cada año. Ochoa fue puesto bajo custodia por la policía española en Octubre de 1985 luego que el Embajador de Estados Unidos en Madrid emitiera una orden de arresto verbal. El embajador dio la orden específica de que el arresto debía ser realizado por el oficial Cos-Gayon, que había sido entrenado por la DEA. Otros miembros de la policía Judicial de Madrid estaban conectados con la DEA y con la red de tráfico de armas de North. El abogado de Ochoa le comunicó que Estados Unidos estaba dispuesto a alterar la orden de extradición si aceptaba implicar al gobierno Sandinista en el tráfico de drogas. Pero Ochoa rechazó ese acuerdo y pasó 20 meses en la cárcel antes de regresar a Colombia. Los tribunales españoles dictaminaron que los Estados Unidos estaban tratando de utilizar a Ochoa para desacreditar a Nicaragua y ordenaron su liberación (The Nation, 5 de Septiembre, 1987).

Existe otras conexiones entre el gobierno de Estados Unidos y el cartel de Medellín. José Blandón, ex Asesor en Jefe del General Noriega, expuso que había ejecutado operaciones para proteger el imperio de las drogas en el pasado y que le pagó a Noriega $4.7 millones de dólares por su silencio. Blandón también testificó ante una comisión del Senado que las bases militares de Panamá eran utilizadas como campos de entrenamientos por los Contras a cambio de apoyo «económico» por parte de los Estados Unidos. Finalmente, expresó que la CIA entregó a los líderes de la inteligencia panameña documentos sobre los Senadores de Estados Unidos y las ayudas; la CIA rechaza estas acusaciones (The Christian Science Monitor, 11 de Febrero, 1988: 3).

Otras muestras claras de la interconexión entre el tráfico de drogas, la CIA, la NSC y las ayudas entregadas a los Contras, son las siguientes:

• En Enero de 1983, dos líderes Contras en Costa Rica convencieron al Departamento de Justicia para que les sean devueltos más de $36000 dólares producidos por la venta de narcóticos a los vendedores Julio Zavala y Carlos Cabeza, por haber ayudado a los Contras (Potter y Bullington, 1987: 22).

• Michael Palmer, un vendedor de droga de Miami, declaró que la Oficina de Asistencia Humanitaria a Nicaragua del Departamento de Estado pactó con su empresa, Vortex Sales and Leasing, para enviar ayuda humanitaria a los Contras. Palmer afirmó haber contrabandeado $40 millones de dólares en marihuana a los Estados Unidos en el lapso comprendido entre 1977 y 1985 (The Guardian,, 20 de Marzo, 1988: 3).

• Durante las Audiencias en las Cámaras y en el Senado en 1986, fue revelado que la mayor investigación de la DEA en relación al cartel de Medellín en Colombia, mediante la cual se tenía expectativa de detener a varios de los líderes del cartel, se vio comprometida cuando alguien desde la misma Casa Blanca filtró información relevante sobre la investigación al periódico Washington Times (un diario conservador de Washington D. C.), que publicó la historia el 17 de Julio de 1984. De acuerdo a la opinión del Administrador de la DEA John Lawn, la filtración destruyó lo que era «probablemente una de las más importantes operaciones en la historia de la DEA» (Sharkey, 1988: 24).

• Cuando el General de Honduras José Buseo, que había sido descrito por el Departamento de Estado como un «terrorista internacional», fue imputado por conspirar para el asesinato del Presidente de Honduras, a través de una trama financiada con las ganancias del tráfico de cocaína, Oliver North y algunos oficiales del Departamento de Defensa y de la CIA presionaron al Departamento de Justicia para que el General reciba un trato indulgente. En un memo desclasificado por el comité de Irán-Contra, North sentenciaba que si Buseo no era protegido «rompería su prolongado silencio sobre la resistencia nicaragüense y otras operaciones sensibles» (Sharkley, 1988:27).

A primera vista, resulta extraño que estas agencias estatales y sus miembros quisieran actuar con tal manifiesto desprecio a lo que prescribían las normas. Por lo que, en un primer paso para construir una explicación de ésta y otras formas de crimen estatal organizado, intentaremos entender por qué oficiales de la CIA, de la NSC y del Departamento de Defensa podrían querer cometer actos criminales en la persecución de los objetivos propios de su actividad.

¿Por qué?

¿Por qué agentes gubernamentales de la NSC, del Departamento de Defensa, del Departamento de Estado y de la CIA querrían verse involucrados en el contrabando de armas, en el narcotráfico, en el lavado de activos, en asesinatos y en otras actividades criminales? La respuesta está en las contradicciones estructurales inherentes a cualquier estado-nación (Chambliss, 1980).

Como han señalado Weber, Marx y Gramsci, ningún estado puede sobrevivir sin ser capaz de generar legitimidad. La ley es un componente fundamental en la creación de esa legitimidad y en la ilusión (al menos) de orden social. La norma declama principios universales que demandan la realización de determinados comportamientos y prohíbe la realización de otros. La protección de la propiedad privada y la seguridad personal son obligaciones asumidas por todos los estados en miras de legitimar el monopolio estatal de la violencia y de proteger intereses comerciales (Chambliss y Seidman, 1982).

La amenaza del contrabando hacia la seguridad personal y hacia la propiedad privada transforman a las leyes que la prohíben en una consecuencia lógica en la búsqueda de protegerlas. Bajo algunas circunstancias, no obstante, esas prohibiciones contradicen otros intereses del estado. Esa contradicción prepara el terreno para la irrupción del crimen estatal organizado como una solución al conflicto generado por el dilema de la existencia simultánea de objetivos «legítimos» contradictorios.

La inteligencia militar de los Estados Unidos está fuertemente comprometida con la lucha contra la propagación del comunismo en el mundo. Esta misión no es nueva, se ha mantenido desde el siglo XIX. El Congreso y la presidencia no son consistentes en su apoyo monetario y político a los guerreros que están en la primera línea de batalla, por lo que éstos no disponen de los medios necesarios para la realización de sus loables objetivos. Por este motivo, programas en curso son socavados por la falta de fondos o, incluso, suspendidos por leyes que prohíben su continuidad (como la creación de leyes que prohibieron brindar apoyo a los Contras). Oficiales gubernamentales perjudicados por estos cambios políticos se enfrentan a un dilema: si ellos cumplen con todas las limitaciones legales en sus funciones deben renunciar a los objetivos de su misión. El dilema se ve agravado por el hecho de que pueden prever un nuevo cambio de política en el futuro que reinstale los objetivos, restituyéndole sus recursos y su libertad de acción. Para cuando ese cambio se dé, no obstante, el programa afectado sería muy difícil, sino imposible, de recrear.

Una serie de eventos ocurridos entre 1960 y 1980 empañaron la imagen pública del ejército y de la CIA. Esos acontecimientos, sumados a ciertos cambios políticos, profundizaron su vulnerabilidad. La CIA perdió gran parte de su influencia política cuando su plan de invadir Cuba (la infame Invasión de la Bahía de los Cochinos) resultó un completo desastre. Quizás como nunca antes en su historia, Estados Unidos se mostraba débil ante la resistencia de una pequeña nación. La CIA fue a quien se le cargó el fiasco, a pesar de ser el Presidente Kennedy quien decidió poner en marcha un plan que había heredado de la administración que lo precedió. Para agravar aún más los problemas de la agencia, el acuerdo con el ITT para invadir Chile y derrocar al Presidente Allende fue otra cicatriz (tal como desarrollaremos más abajo), así como también lo fue el envolvimiento de la CIA en el tráfico de drogas en Vietnam.

Ésta y otras realidades políticas derivaron en la existencia de una profunda brecha entre los Presidentes Kennedy, Johnson, Nixon y Carter y la CIA. Durante la presidencia de Nixon, uno de los hombres más importantes de la CIA, James Angleton, se refirió al Asesor de Seguridad Nacional de Nixon, Henry Kissinger (quien se transformó en su Secretario de Estado), como «objetivamente, un agente Soviético» (Hougan, 1984: 5). Otro encumbrado agente de la CIA, James McCord (posteriormente implicado en el robo de Watergate) escribió una carta secreta a su superior, General Paul Gaynor, en Enero de 1987, en la cual expresaba:

Cuando cientos de buenos y dedicados hombres y mujeres de la CIA dejen de escribir sumarios de inteligencia y reportes con integridad, por miedo a recriminaciones de la política y cuando el correcto director [Richard Helms] que está siendo desafectado sumariamente de su cargo deje su lugar a un político que escribirá y reescribirá lo vinculado con la inteligencia del modo en que la política quiere que esto sea escrito, en lugar de transitar por el camino de la verdad y el juzgamiento certero, nuestra nación estará ante el mayor de los problemas y con la libertad misma puesta en vilo. La Alemania nazi se elevó y sucumbió ante exactamente la misma filosofía que moviliza las operaciones del gobierno (Hougan, 1984: 26-27)

McCord (1974: 60) fue la voz de muchos de los altos mandos militares y de inteligencia de los Estados Unidos cuando escribió en su autobiografía: «Creo que todo el futuro de nuestra nación está en juego». Estas manifestaciones ponen en evidencia la profundidad de las preocupaciones respecto al peligro de la «interferencia» política en la generalmente aceptada definición propia de los objetivos militares y de inteligencia (Goulden, 1984).

Cuando Jimmy Carter fue elegido presidente, designó al Almirante Stansfield Turner como Director de la Central de Inteligencia. Desde el inicio, Turner se encargó de dejar claro que tanto él como el presidente no compartían el punto de vista de la agencia que considaraba estar actuando correctamente en relación a sus misiones (Goulden, 1984; Turner, 1985). Turner insistía en centralizar el poder en la oficina principal y en supervisar las operaciones clandestinas y encubiertas. Se encontró con muchas resistencia en sus pretensiones. A pesar de una importante oposición dentro de la agencia, decidió reducir el tamaño de la Oficina de Operaciones Encubiertas que pasó de tener 1200 agentes a 400. Los agentes aun refieren a este evento como la «masacre de Halloween».

Los históricos referentes de la CIA no pensaban que su trabajo pudiera ser abandonado. Ellos pensaban de manera celosa, conservadora y, uno está tentado a decir, con cierto fervor religioso, que lo que ellos hacían cumplía un rol insustituible en la salvación de la raza humana. Ante la amenaza tanto de administraciones republicanas como demócratas, la agencia procuró fuentes alternativas de ingresos para lograr concretar su misión. Las opciones eran claras a partir de la existencia de relaciones con el tráfico internacional de drogas, el contrabando de armas, la presencia de corporaciones secretas en países extranjeros (como Panamá) y de bancos mediante los cuales se podría lavar el dinero generado en las operaciones encubiertas.

Asesinatos y homicidios como crimen estatal organizado

Las conspiraciones de asesinatos y los homicidios políticos son usualmente asociados en el imaginario colectivo con dictaduras militares o monarquías europeas. La práctica del asesinato, no obstante, no se reduce a un único evento histórico sino que se ha convertido en una herramienta de la política internacional que ha sido utilizada por naciones-estado de diversos tipos.

En 1a década de 1960 la agencia de inteligencia francesa contrató a Christian David para asesinar al líder marroquí Ben Barks (Hougan, 1978: 204-207). Christin David fue uno de esos «espías» que tenían conexiones con la DEA, con la CIA y con traficantes internacionales de armas, tales como Robert Vesco.

En 1953, la CIA organizó y supervisó un golpe de estado en Irán que desplazó del poder al gobierno democráticamente elegido de Mohammed Mossadegh, quien había generado mucha resistencia en Estados Unidos a partir de su decisión de nacionalizar empresas petroleras extranjeras. El golpe de la CIA reemplazó a Mossadegh por Reza Shah Pahleví, quien inmediatamente devolvió las empresas a los capitales extranjeros y bajo la guía de la CIA creó uno de los servicios secretos de inteligencia más viciosos del mundo: SAVAK. En los años subsiguientes, el shah y agentes de la SAVAK entrenados por la CIA asesinaron a miles de ciudadanos iraníes. También arrestaron a 1500 personas mensualmente, la mayoría de las cuales fueron sometidos a torturas y castigos sin que sean presentados ante ningún tribunal para ser juzgados. Estos actos no fueron realizados solo por los agentes que recibieron entrenamiento por parte de la CIA, pero hay evidencia contundente de que los integrantes de este grupo recibieron instrucción en técnicas de tortura (Hersch, 1979: 13).

En 1970 la CIA repitió su estrategia de derrumbar gobiernos democráticos que no se alineaban con los intereses de los Estados Unidos. Cuando Salvador Allende fue elegido presidente en Chile, la CIA orquestó un golpe para destituirlo, en el marco del cual fue asesinado, junto con la cabeza del ejército de ese país, el General Rene Schneider. Luego de la caída de Allende, la CIA entrenó a agentes del Servicio Secreto de Chile (DINA). Este grupo creó un equipo de asesinos que podría «viajar a cualquier lugar del mundo» para aplicar sanciones, incluida la de asesinato. Uno de los asesinatos ejecutados por la DINA fue el de Orlando Letellier, embajador de Allende en los Estados Unidos y ex Ministro de Defensa. El asesinato se produjo cuando un coche bomba voló su coche en la embajada Row en Washington D.C. (Dinges y Landau, 1982).

Otros sangrientos golpes fueron conocidos por haber sido planeados, organizados y ejecutados por agentes de los Estados Unidos, entre los que se destacan los golpes en Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Vietnam. La participación americana en esos golpes nunca fue legalmente autorizada. Las muertes, los homicidios y los actos terroristas que se cometen en el marco de golpes de esta naturaleza son actos criminales, prohibidos por las leyes, tanto del país donde se realizan como en los Estados Unidos.

Ejemplos más recientes de muertes y asesinatos de los que son responsables agentes del gobierno son la muerte de 80 personas en Beirut, Líbano, cuando explotó un auto bomba el 8 de mayo de 1985. La bomba fue colocada por una unidad de contraterrorismo libia que trabajaba con la CIA. El Senador Daniel Moynihan ha dicho que cuando él era vice presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el Presidente Reagan ordenó a la CIA la creación de un pequeño grupo antiterrorista en Oriente Medio. Dos fuentes diferentes dijeron que la CIA estaba trabajando con el grupo que plantó la bomba para matar al líder chiíta Hussein Fadallah (New York Times, 13 de Mayo de 1985).

Una serie de planes y actividades terroristas vinculadas con el intento de deponer al gobierno de Guatemala, entre las que se incluyen asesinatos y homicidios, fueron expuestas en la declaración jurada presentada por los reporteros independientes Tony Avirgan y Martha Honey. Ellos empezaron a investigar las actividades de los Contra cuando Avirgan resultó herido en un atentado contra la vida del líder de los Contra Eden Pastora. En 1986, Honey y Avirgan presentaron cargos en la Corte de Distrito de Miami contra John Hull, Robert Owen, Theodore Shackley, Thomas Clines, Chi Chi Quinteros, el General Mayor Richard Secord y otros sujetos que trabajan para la CIA en América Central por los delitos de conspiración criminal y contrabando de cocaína para ayudar a los rebeldes nicaragüenses.

Existe una conspiración criminal en la que la CIA admitió haber participado mediante la publicación del Manual: Psycological Operation in Guerrilla Warfare4, el cual fue distribuido en Nicaragua. El manual describe la manera en que los individuos deben proceder para cometer homicidios, sabotajes, vandalismo y otros actos criminales que permitan erosionar al gobierno. Alentar e incentivar esos actos no es sólo una violación a la ley de Estados Unidos, sino también a la ley Ejecutiva dictada por Reagan en 1981, que prohibía cualquier participación de los Estados Unidos en asesinatos cometidos en el extranjero.

La CIA no era la única agencia en ser parte de conspiraciones criminales. La DEA organizó un «Grupo de Operaciones Especiales» a cuyo cargo estaría la creación y la ejecución de planes para asesinar líderes políticos y comerciales de países extranjeros que estuvieran involucrados en el tráfico de drogas. La cabeza del grupo era un ex agente de la CIA, Lou Conein (también conocido como «Luigi Negro»). George Crile escribió en el Washington Post (13 de Junio de 1976):

A fin de cuentas, Conein estaba organizando un programa de asesinatos. Estaba frustrado porque los grandes operadores estaban demasiado aislados como para poder llegar...Reuniones se llevaban a cabo para decidir quién era el objetivo y qué método de asesinato se emplearía.

Los descubrimientos de Crile fueron, además, respaldados por el periodista de investigación Jim Hougan (1978: 132).

Conspirar para cometer un homicidio es un delito grave. Los registros oficiales, incluidos testimonios de participantes en tres conspiraciones ante el Congreso de los Estados Unidos y en los tribunales, dejan manifiestamente claro que el crimen de conspirar para matar se comete con habitualidad en agencias de inteligencia de Estados Unidos y de otros países.

También es un delito encubrir actos criminales, pero hay innumerables ejemplos de instancias en las cuales la CIA y el FBI conspiraron para interferir en la persecución penal de vendedores de drogas, homicidas y asesinos. En la muerte de Letellier, mencionada anteriormente, el FBI y la CIA se negaron a cooperar con la investigación contra los agentes de la DINA que cometieron tal acto (Dinges y Landau, 1980: 208-209). Estas agencias estuvieron involucradas, asimismo, en el encubrimiento de las actividades criminales de un exiliado cubano Ricardo (Mono) Morales. Actuando bajo las órdenes de la CIA, Morales colocó una bomba en un vuelo de Air Cuba que despegaba desde Venezuela, lo que causó la muerte de 71 personas. La policía de Miami confirmó los dichos de Morales de estar actuando por indicaciones de la CIA (Lernoux, 1984: 188). De hecho, Morales, quien fue arrestado por estar supervisando el traslado de 10 toneladas de marihuana, admitió haber sido una agente contratado de la CIA para la realización de actos tales como la colocación de bombas y los asesinatos. Luego de hacer pública su relación con la CIA y con el FBI, él mismo fue asesinado en un bar.

El Coronel Muamar Gadafi y Fidel Castro han sido el blanco de varios intentos de asesinatos y de conspiraciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Un plan, reportado por The Washington Post, fue el esfuerzo de «tentarlo» (a Gadafi) en alguna aventura extranjera de hazañas terroristas que les permitiera a un creciente número de oponentes de Gadafi en el ejército libio tener la posibilidad de tomar el poder, o quizás, una acción en el extranjero de ese tipo, podría darle a algunos de sus vecinos, Argelia o Egipto por ejemplo, una justificación para responderle militarmente (The Washington Post, 14 de Abril de de 1986). La CIA recomendó poner énfasis en las faltas de Gadafi y «alentar a los elementos desafectados del ejército libio que pueden ser acuciados para la realización de intentos de asesinato» ( The Guardian, 20 de Noviembre de 1985: 6).

Oponerse a decisiones estatales puede ser un negocio de alto riesgo, tal como lo descubrió el grupo ecologista Greenpeace cuando se opuso a las pruebas nucleares que el gobierno de Francia quería realizar en el Pacífico. A finales de 1985, el gobierno francés planeaba una serie de pruebas atómicas en el pacífico sur. Greenpeace, por su parte, dispuso que un barco zarpara desde Nueva Zelanda para viajar hasta la zona donde preveían que ocurrirían las detonaciones. Antes de que el navío pudiera llegar al lugar, no obstante, el servicio secreto francés lo localizó en el puerto y lo hizo volar por los aires. La explosión de la bomba acabó con la vida de uno de los tripulantes.

Otros crímenes estatales organizados

Todas las agencias estatales se encuentran de algún modo limitadas por leyes en cuanto a su actuación. Empero, la existencia de presiones estructurales pueden empujar a las agencias para ir más allá de sus límites legales. La CIA, por ejemplo, no tiene permitido realizar acciones de inteligencia doméstica. A pesar de ésto, ha abierto y fotografiado los mails de más de 1 millón de ciudadanos (Rockefeller Report, 1975: 101-115), ingresado ilegalmente a casas y realizado vigilancia doméstica a través de dispositivos electrónicos (Parenti, 1983: 170-171).

Las agencias de gobierno tampoco pueden legalmente dirigir experimentos con seres humanos que violen derechos civiles o que pongan en peligro la vida de los sujetos. Pero la CIA puso en marcha procedimientos sobre sujetos desconocidos, mediante la contratación de prostitutas para que suministren drogas a sus clientes. Doctores y psicólogos especialmente entrenados por la CIA presenciaban los efectos producidos por la drogas a través de espejos dobles ubicados en departamentos suntuarios amueblados por la CIA para que las trabajadoras sexuales realicen sus actividades. Al menos una de las víctimas de estos experimentos murió y otros sufrieron graves traumas (Anderson y Whitten, 1976; Crewdson y Thomas, 197; Jacobs, 1977a, 1977b).

La violación más flagrante de derechos civiles realizada por una agencia estatal es la de la FBI en su programa de contrainteligencia, conocido como COINTELPRO. Este programa fue diseñado para romper, acosar y desacreditar grupos que la misma agencia definía de algún modo como «anti-americanos». Entre los grupos que merecieron esta consideración se destacan el Sindicato Americano por los Derechos Civiles, movimientos anti-guerra, organizaciones de defensa de derechos civiles, y una multitud de otros grupos legalmente constituidos cuyos puntos de vistas se oponían a algunas de las políticas definidas por el gobierno de Estados Unidos (Church Committee, 1976). Cuando COINTELPRO salió a la luz, el grupo fue desmantelado. No obstante, hay evidencia de que la vigilancia ilegal a ciudadanos de Estados Unidos no cesó con la abolición del COINTELPRO sino que se mantiene hasta la actualidad (Klein, 1988).

Discusión

En otras oportunidades he sugerido una teoría general para dar cuenta de las variaciones en los tipos y en la frecuencia del delito (Chambliss, 1988a). El punto de partida de la teoría es asumir que en todo período de tiempo las relaciones entre la política, la economía y lo social generan ciertas «contradicciones», que producen «conflictos y dilemas» que los sujetos batallan por resolver. El estudio del crimen estatal organizado trae a la luz la necesidad de entender el rol de la contradicciones en la formación y en la implementación de la ley.

Las contradicciones intrínsecas a la formación de los estados crean las condiciones bajo las cuales habría una tendencia de los oficiales del estado a violar la ley criminal. Dichos oficiales heredan leyes del pasado que no fueron pensadas para su realidad, sino que fueron el resultado de intentos pretéritos por intentar resolver los conflictos forjados por las mismas contradicciones estructurales (Chambliss, 1980; Chambliss y Seidman, 1982). Las leyes heredadas, sin embargo, representan las bases sobre las que la legitimidad de la autoridad del estado reposa. Esas leyes proveen los fundamentos para los intentos del estado de controlar los actos de otros y justificar el uso de la violencia en ese objetivo.

Para Inglaterra en el siglo XVI, aprobar leyes para legitimar la piratería de los piratas ingleses mientras condenaba como criminales esos mismos actos realizados por otros contra sí misma habría sido una solución insostenible, del mismo modo que hubiera minado la legitimidad ideológica y la posición política de Estados Unidos aprobar leyes que permitieran actos terroristas por parte de agencias americanas mientras condenaba y punía conductas de la misma naturaleza realizadas por otros.

La ley es una espada de doble filo, que crea una serie de conflictos en su intento por resolver otros. La aprobación de una ley en particular o de un conjunto de leyes puede resolver algunos conflictos y mejorar el control estatal, pero a la par limita las actividades legales para el estado. Los agentes estatales se ven, así, atrapados entre demandas en conflicto, se ven constreñidos por límites legales que interfieren en la consecución de otros objetivos exigidos por los roles que desempeñan, o por su percepción respecto a lo que representan los intereses del estado. Se ve una contradicción entre las prescripciones legales y las metas acordadas para sus agencias estatales. No todo aquel que se enfrente a este dilema va a optar por la transgresión de la ley, pero algunos sí lo harán. Aquellos que lo hacen son los perpetradores, pero no son la causa, de que el crimen estatal organizado persista en el tiempo.

Cuando España y Portugal comenzaron a explotar el trabajo y los recursos naturales de América y Asia, otras naciones europeas rápidamente se dieron cuenta de las implicancias que este nuevo escenario tenía para su propio poder y soberanía. Francia, Inglaterra y Holanda eran naciones poderosas, pero no con el poder suficiente como para desafiar a España y Portugal directamente. El dilema para esas naciones fue cómo compartir la riqueza y reducir el poder de España y Portugal sin la necesidad de ir a la guerra. Una resolución a este dilema fue la creación de alianza con piratas. La cooperación con estos grupos requirió la violación de las leyes, tanto las que legislaban en sus propias naciones como la de otros países. En este sentido, la criminalidad estatal organizada se estructuró a partir de la búsqueda de cumplir sus propios fines, sin poner en tensión su reclamo de legitimidad o su capacidad de condenar y punir la piratería cometida por otros contra ellos mismos.

Debe ser tenido en cuenta que algunos monarcas en los siglos XVI y XVII (James I de Inglaterra, por ejemplo) se negaron a cooperar con piratas sin importar cuán rentable podría haber sido esa alianza para la Corona. Por ende, del mismo modo, no todo el personal de la CIA o la NSC organiza actividades criminales en la persecución de objetivos del estado.

Los ímpetus para la criminalidad de los estados europeos que se comprometieron con la piratería fueron generados por la necesidad de la acumulación de capital en las etapas tempranas de la formación del capitalismo. La criminalidad estatal organizada no desapareció, sin embargo, con la emergencia del capitalismo como sistema económico dominante en el mundo. Más aún, el crimen estatal organizado en la actualidad también tiene sus raíces en la creciente necesidad de los estados-nación modernos de acumular capital, independientemente si son capitalistas, socialistas o de economía mixta.

Sociológicamente, entonces, la característica más importante del crimen estatal organizado en el mundo moderno estaba presente en el crimen estatal organizado en las etapas primigenias del desarrollo capitalista. Hoy, los estados organizan contrabando, asesinatos, operaciones encubiertas y conspiraciones criminales para atacar ciudadanos, activistas y líderes políticos que son percibidos como una amenaza. Estos actos son tan criminales en las leyes de las naciones que los realizan como lo eran los actos de piratería en los que las naciones europeas participaban.

A nivel más general, las contradicciones que operan como la fuerza detrás del crimen estatal organizado actualmente son las mismas que impulsaban la piratería en el siglo XVI en Europa. La acumulación de capital determina el poder, la riqueza y la supervivencia de una nación hoy, tanto como lo hacía 300 años atrás. El estado debe generar un clima propicio y desarrollar una serie de relaciones internacionales que faciliten esta acumulación si pretende subsistir y tener éxito. Los agentes estatales serán juzgados de acuerdo a su capacidad de crear dichas condiciones.

A pesar de esto, las contradicciones ideológicas y las demandas en conflicto son la esencia de la formación de los estados. Las leyes de cada estado-nación impiden a los oficiales maximizar las condiciones que conducen a la acumulación de capital, al mismo tiempo que ellos intentan facilitar ese proceso. Las leyes que prohíben el asesinato y el contrabando de armas habilitan a los gobiernos a controlar dichos actos cuando resulten perjudiciales a sus intereses. Cuando esas acciones sirven a los intereses del estado, entonces, se genera la presión para que algunos oficiales públicos cometan actos criminales. Hablando sobre la relación entre la NSC, la CIA y el tráfico de drogas, el Senador John Kerry, presidente del Subcomité de Terrorismo, Narcóticos y Operaciones Internacionales de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, marcó con precisión el dilema cuando dijo: «acabar con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos ha sido un objetivo secundario de política exterior. Ha sido sacrificado repetidas veces en virtud de otros objetivos políticos» (Senate Hearings, 1986). Quizás podría haber agregado que la participación en el tráfico de drogas y en el contrabando de armas ha sido un precio que las agencias de gobierno han estado deseosos de pagar en miras de «otros objetivos políticos».

Estas contradicciones generan conflictos entre los estados-nación, como así también entre las diferentes ramas del gobierno. En nuestro días, observamos como naciones como Turquía, Bolivia, Colombia, Perú, Panamá y las Bahamas alientan la exportación de drogas ilegales mientras condenan públicamente este tipo de actividades. Al mismo tiempo, otras agencias de gobierno cooperan en la exportación y la importación de armas ilegales y drogas para financiar actividad subversivas y terroristas. Los gobiernos planean y ejecutan asesinatos y actos ilegales contra sus propios ciudadanos con el objetivo de «preservar la democracia» mientras apoyan las más antidemocráticas instituciones que se puedan imaginar. En este proceso, las contradicciones que generan los conflictos y los dilemas se mantienen impertérritas, lo que lleva a que la secuencia se perpetúe indefinidamente.

Como un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos (1985) ilustra, quizás, la salida del crimen estatal organizado en el mundo moderno sea la institucionalización. En este reporte, el Departamento de Estado ofrece poner coto a las actos criminales en Nicaragua a cambio de ciertas concesiones por parte del gobierno de dicho país. Trescientos años antes, Inglaterra, Francia y España firmaron un acuerdo que los obligaba a suspender los actos de piratería en contra de los otros obteniendo como contraprestación ciertas garantías económicas y políticas respecto a sus soberanías.

Conclusiones

Mi preocupación es apuntar la importancia de estudiar el crimen estatal organizado. A pesar de que he sugerido algunas nociones teóricas que me resultan promisorias, el objetivo más importante es plantear con claridad la cuestión para investigaciones ulteriores. Los problemas teóricos y empíricos para dedicarse al estudio del crimen estatal organizado son, no obstante, formidables.

La información respecto a ejemplos actuales de crimen estatal organizado son muy difíciles de obtener. La información que he podido reunir surgió de fuentes que han de ser usadas con mucha cautela. Audiencias gubernamentales, juicios, entrevistas, informes de prensa y documentos históricos están repletos de problemas de validez y confiabilidad. Desde mi punto de vista, no son más que los métodos convencionales de investigación en las ciencias sociales, pero eso no altera el hecho de que hay un margen de error en la interpretación de los descubrimientos. Requerirá mucha imaginación y diligencia continuar con la investigación de estos tópicos y agregar una base empírica que permita elaborar y probar proposiciones teóricas.

Necesitamos explorar diferentes sistemas políticos, económicos y sociales en diversos períodos de la historia para descubrir por qué algunas formas de organización social sean más proclives a crear instancias de crimen estatal organizado que otras. Tenemos que explorar la posibilidad de que algunos tipos de organización estatal son más propensas a involucrarse en actos criminales que otras. Parece probable, por ejemplo, que agencias estatales cuyas actividades pueden ser ocultadas y sacadas del escrutinio público tengan una mayor inclinación a realizar actos prohibidos que aquellas cuyas actuaciones son asentadas en registros públicos. Este principio podría ser aplicado a naciones-estado enteras; mientras más abiertas a la sociedad se encuentren, menos probable que el crimen estatal organizado se institucionalice.

Existen importantes paralelismos entre la criminalidad estatal organizada y la criminalidad de la policía y las agencias dedicadas a hacer cumplir la ley en general. Departamentos de policía local que descubren que es más útil cooperar con las bandas criminales antes que combatirlas están respondiendo a sus propias contradicciones, conflictos y dilemas (Chambliss, 1988b). La exploración de las implicancias teóricas de estas similitudes podría redundar en importantes descubrimientos.

El asunto del crimen estatal organizado vuelve a traer a la luz la pregunta de cómo debe ser definido el crimen para que su conceptualización sea científicamente útil. Para los propósitos de este análisis, he aceptado la tradicional definición criminológica de crimen como acto que viola la ley penal. Esta definición tiene obvias limitaciones (ver Schwendinger y Schwendinger, 1975) y el estudio del crimen estatal organizado puede que ayude al desarrollo de una definición más útil al subrayar la interrelación entre el crimen y el proceso de creación legal. En el sustrato del planteo, el estudio del crimen estatal organizado sirve como recordatorio de que el crimen es un fenómeno político y que, como tal, debe ser analizado acorde a su naturaleza.

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Esta obra es el resultado de la ayuda de tantas personas con las que se mantiene una gran deuda que es imposible reconocerlos a todos. Los muchos informantes y los oficiales que cooperaron con varias partes de la investigación y los bibliotecarios que ayudaron a descubrir documentos históricos esenciales deben ser los primeros en formar parte de este agradecimiento. Me siento profundamente en deuda con Raquel Kennedy, Pernille Baadsager, Richard Appelbaum, Marjorie Zatz, Alan Block, Jim Petras, Ray Michalowski, Stan Cohen, Hi Schwendiger, Tony Platt y Martha Huggins por sus opiniones y su ayuda en varias etapas del desarrollo de esta investigación. También estoy en deuda con un donante confidencial que financió la investigación en Tailandia durante 1974.

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Como citar este artículo:

Chambliss, W.J. (2019) Crimen Estatal Organizado. Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales. 28(47), 241-167.