Recibido: 02/05/2019 · Aceptado: 30/05/2019 | DOI: 10.14409/dys.v2i48/8548
En Por qué preferimos no ver la inseguridad (aunque digamos lo contrario), Marcelo Sain postula una afirmación contundente: «en la Argentina el narcotráfico está estatizado o, dicho de otra manera, es regulado estatalmente.» (Sain, 2017, p. 17). El autor sostiene que en todo negocio relacionado con el narcotráfico, la policía se constituye en tanto actor principal, ya sea encubriendo o protegiendo a sus participantes. Esto no sería posible sin el consentimiento de los gobiernos, que avalan dicha situación en función de que les permita una gobernabilidad sin sobresaltos. Partiendo de este postulado, recorre y analiza tres casos que tuvieron lugar en la Provincia de Buenos Aires —en el partido de San Martín— en tanto situaciones ejemplificadoras que permitieron visibilizar lo que llama el contubernio político/policial/criminal. De esta manera, desentrañala compleja trama que constituye un doble pacto y que lleva a gobernar la seguridad a partir de la regulación policial del narcotráfico en la zona en cuestión.
Sain nos invita a pensar a partir de casos y sostiene que las conclusiones a las que arriba valen para entender cómo funciona el narcotráfico en particular, y el crimen organizado en general, en grandes centros urbanos del país. Retoma, entonces, discursos de diferentes fuentes, algunas institucionales —como documentos judiciales e informes parlamentarios— así como también información periodística de medios televisivos, radiales y gráficos a nivel nacional, provincial y regional. Muestra, a partir de su análisis, cómo funciona el entramado de prácticas y vínculos que reproducen la entente policial/político/criminal. No se trata sólo de «hacer la vista gorda» sino de accionar, lo que convierte a cada una de las partes del contubernio en asociados.
El primero de los casos que toma es el de Candela Sol Rodríguez (11 años), quien fue secuestrada en agosto de 2011 y 9 días después fue hallada muerta en un baldío de Villa Tesei, Hurlingham; había sido asesinada. La hipótesis confirmada por la mayoría de los testigos de la causa indicaba que el acontecimiento se inscribía en un ajuste de cuentas entre grupos narcos de la zona de San Martín que tenían estrecha vinculación con la policía provincial. Este ajuste de cuentas se trataba de una venganza contra su padre -la familia de Candela tenía vinculación con grupos de narcotraficantes que operaban en Villa Korea, lindante con localidad de Villa Adelina-. La hipótesis mencionada no fue tenida en cuenta por el fiscal ni por el juez de garantías, y fue desviada deliberadamente por la justicia para encubrir a los policías que habían participado del secuestro. Es importante tener en cuenta que los secuestros son un típico modo de disciplinamiento entre grupos narcos. El análisis de este caso le permitió al autor hacer visible el entramado estructurado entre política, policía y narcotráfico en el lugar. «(...) queda manifiesta la forma en que la policía gestiona la relación con grupos narcos de San Martín y cómo intenta restituir el control regulatorio quebrado con el asesinato de la niña, en busca de impedir que ese hecho tornase visible la trama de relaciones entre policías y criminales y escalase a una situación de crisis política» (Sain, 2017, p. 25).
En segundo lugar analiza el caso «Santiso» (2014-2015), quien en el año 2014 fuera titular de la Jefatura Departamental de San Martín (Jefe de Policía). En 2015 fue detenido e incomunicado por la justicia federal por liderar una banda de narco-policías. A partir de este caso, Sain expone el modo en que la policía garantizaba y moldeaba el negocio criminal, así como el grado de compromiso institucional que tenía en él. Las altas jerarquías de la Policía Bonaerense se interpusieron a las autoridades judiciales para evitar que se descubra la trama policial-criminal. Sain se vale de estos dos primeroscasos para «hacer foco sobre la regulación policial del narcotráfico en la localidad bonaerense de San Martín» (Sain, 2017, p. 24).
Por último, toma el caso «Bressi» (2015-2017) que permite visibilizar hasta dónde —y cuán atrás en el tiempo— la entente gobierno / policías / narcotraficantes está instalada en San Martín, y cuenta con la connivencia y el aval de los sucesivos gobiernos, más allá de su color político. «(...) saca a la luz la superestructura policial de la regulación estatal del narcotráfico, con el encubrimiento gubernamental y el patrocinio de la Drug Enforcement Administration (DEA) estadounidense» (Sain, 2017:25). Bressi fue designado como jefe de la policía provincial por la gestión que ganó la gobernación de la Provincia de Buenos Aires en el año 2015. Yaen 2014 había sido superintendente de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, que es la autoridad superior encargada de investigar el narcotráfico en el ámbito provincial. Era sabido que durante el período en que Bressi había estado en dicho cargo, el narcotráfico había crecido en la zona con la connivencia del gobierno y de la misma policía. En el año 2016, la entonces diputada Elisa Carrió denunció públicamente a Bressi por haber brindado protección a grupos narcotraficantes que operaban en el Gran Buenos Aires y lo vinculó directamente con un jefe narco de San Martín. Tanto María Eugenia Vidal como Ritondo por parte de Cambiemos, así como Sergio Berni por parte del Frente para la Victoria, salieron en defensa del Jefe de Policía. El fiscal de la causa, muy vinculado a Cambiemos, desestimó la denuncia al interpretar que respondía a una interna policial. Finalmente, en mayo de 2017, Bressi presentó su renuncia.
«El Estado es parte del crimen organizado» (Sain, 2017, p. 22). Éste es el rasgo singular de la relación entre política y delito en el ámbito provincial. Hace más de dos décadas que en la Provincia de Buenos Aires existe un contubernio entre la cúpula de la policía provincial y grupos narcos vinculados a las drogas ilegales, con participación indirecta de gobernantes. Dice Sain:
(...) el contubernio político-policial-criminal, que se replica en todos los casos analizados, supone la conformación de ciertos circuitos de estabilidad ilegal derivada de la regulación policial del crimen, ya sea por medio de pactos con delincuentes o de la participación en el negocio delictivo complejo, así como el consentimiento político a ese vínculo regulatorio establecido entre policías y criminales. (Sain, 2017:22).
Uno de los actores que participan de la entente es el poder político encarnado en los gobiernos, que se valen de esa asociación con el fin de construir gobernabilidad en materia de «inseguridad». Como ya se ha señalado, la policía es otro actor central ya que hace más de dos décadas los gobernantes bonaerenses han delegado el manejo de la seguridad en la policía y eso constituye una forma recurrente de gestión en esa área. La «alta policía» lleva adelante esa tarea a partir de la vinculación con criminales con amplios márgenes de autonomía institucional. De parte de la política esto implica no sólo «hacer la vista gorda», sino encubrimiento; no hay un Estado ausente, muy por el contrario, sin la regulación ilegal del Estado como modo de gestión de la criminalidad y de la gobernabilidad política de la seguridad, el narcotráfico en la zona no hubiera podido ni expandirse. Es decir que uno de los factores constitutivos del crimen organizado es su relación con el Estado y sus autoridades. Es importante aclarar que ni todos los gobernantes ni toda la policía participan de la entente.
En Argentina, el Estado regula el delito a partir de una serie de prácticas que se han institucionalizado. Una de ellas es la delegación del gobierno de la seguridad pública por parte de las sucesivas autoridades gubernamentales a las cúpulas policiales, lo que se puede llamar el pacto político/policial. A su vez, existe un pacto policial/criminal que se concreta en el control de los delitos que quedan en manos de la policía en cuanto regula y a menudo participa en la trama. Esto es lo que el autor llama doble pacto.
La trama del doble pacto se constituye de tres actores cuyas relaciones van más allá de la obtención de beneficio económico: los gobernantes, la policía y los criminales. Cada uno obtiene su ganancia —no necesariamente económica— hasta que algo se sale de la lógica interna que los sostiene y se rompe el doble pacto —puede ser una serie de hechos como un secuestro, un asesinato, una denuncia a ciertos negocios—. Para los criminales —aquí particularmente nos referimos a los narcos— este pacto funciona si pueden llevar a cabo sus emprendimientos ilegales en un escenario previsible y seguro provisto por la policía al regular y brindarles protección. Por su parte, los gobernantes obtienen una gobernabilidad tranquila sobre el crimen; lo importante es sostener su legitimidad y su reproducción como clase política. Esto es garantizado por parte del actor principal, la policía, quien lo logra por medio de la regulación ilegal del crimen y su efectivo control. De este modo, obtiene su propio rédito: prestigio institucional. Este actor en particular sí obtiene un importante beneficio económico que funciona como dispositivo de financiamiento a una institución quebrada en sus bases.
Cuando el pacto se rompe, como se puede leer en los casos analizados, es siempre momentáneo, ya que, hasta ahora, no ha surgido un nuevo modo de gobierno de la seguridad ni de la gestión de la criminalidad a partir de esos momentos.
Existe un vínculo asociativo entre los tres actores fundamentales del doble pacto descrito. La policía ejerce actividades de tipo legislativa, ejecutiva y judicial que le permiten al gobernabilidad regulatoria sobre el crimen, pero esto no sería posible sin el aval, consentimiento y respaldo político, ni tampoco sin tener el monopolio de la violencia —tanto legal como ilegal— sobre un territorio y una población en particular. No se trata, entonces, sólo de «dejar hacer» sino que hay acciones que hacen al gobierno de la seguridad. Esto puede verse con claridad en los casos presentados, la asociación entre narcos y policías fue siempre encubierta o silenciada por los diferentes gobiernos.
Hacia el final de este ensayo, Sain propone ciertas estrategias para una política realista de control del narcotráfico que conforman una estrategia de regulación legal. Expone dos objetivos que, a su entender, son prioridad: la privatización y la fragmentación de los grupos criminales. El primer paso consta de la desarticulación de la regulación ilegal de los grupos narcos por parte de la policía, es decir, de la participación estatal en la regulación ilegal del narcotráfico. En ello consiste la privatización, el abandono paulatino del doble pacto, proceso al que sobrevivirán los pocos grupos que están más estructurados. Para ellos propone un segundo paso, que es la fragmentación. Ciertamente, para ello es necesario algo que nuestro país no tiene: una policía especializada en el control del crimen organizado.
El trabajo de Marcelo Sain pone de manifiesto una temática que está en las sombras del campo académico y revela un entramado que lleva décadas funcionando en nuestro país. Así también logra desmitificar discursos que sostienen qué es la inseguridad y cuál es su vinculación con el narcotráfico.