I. Introducción

La década de 1930 viene siendo revisitada con nuevos bríos en los últimos años, manifestándose particular interés entre los historiadores respecto de aspectos clave como la dinámica de los partidos políticos o la competencia electoral a lo largo del período 1930-1943^[1]. De igual manera, la reducción de la escala de observación desde los escenarios nacionales a marcos regionales, provinciales o locales ha permitido matizar ciertas afirmaciones plausibles para el espacio nacional y complejizar el abordaje al interior del mosaico de partidos que protagonizaron la vida política en todo el mapa electoral argentino (Lichtmajer y Parra, 2014).

Para el orden nacional se destacan los estudios clásicos de Ciria (1964), Cantón, Moreno y Ciria (1980) y Macor (2001), que explicitaron los aspectos salientes de la dinámica político-partidaria, la estructura de la coalición oficialista y las trayectorias de la oposición^[2]. Otros abordajes apuntaron al fraude electoral y el problema de la legitimidad para explicar tanto los derroteros partidarios como el sustento político de los gobiernos del período^[3]. Por otro lado, existen estudios en clave sub-nacional que permiten reflexionar sobre cómo se imbricaron estos factores con las particularidades provinciales y las dinámicas de competencia electoral a nivel local^[4].

En lo que respecta a la provincia de Mendoza, la historiografía local ha puesto énfasis en el legado de la obra pública o la labor educativa y cultural de las gestiones demócratas e igualmente en su vocación institucionalista, caracterizada por el respeto de las formalidades republicanas y la reactivación de la arena parlamentaria local (Scalvini, 1965; Martínez, 1979; Lacoste, 1991; Cueto, 1999).

Otros estudios específicos reconstruyeron el abanico de partidos existente y las dinámicas electorales, destacándose el trabajo pionero de Llaver (1976), quien analizó los documentos partidarios presentados ante la Junta Electoral local en 1931. En el plano partidario, Lacoste (1991, 1993, 1994) analizó las trayectorias de conservadores, socialistas y radicales en esos años. Por su parte Cueto (1999) abordó las acciones de gobierno y denominó como «neoconservadores» a los dirigentes demócratas del período. Por último, resultan de interés los trabajos de Caroglio (2009, 2017), sobre el desempeño de las fuerzas políticas y el impacto del fraude en las contiendas electorales provinciales entre 1931 y 1937.

A pesar de estos avances, no ha sido abordada la dinámica intrapartidaria y el derrotero del lencinismo^[5]como fuerza política en correlación con el marco institucional y la normativa electoral, ni frente a la reconfiguración del sistema de partidos que siguió al derrocamiento de Yrigoyen. Ante tal vacío, es preciso revisitar el escenario político mendocino del primer lustro de la década de 1930, para apreciar el peso de las diversas cortapisas aplicadas a la oposición radical y reconsiderar cómo se sentaron las bases de la hegemonía demócrata en la vida política provincial.

Corresponde señalar que en Mendoza el «demonio» radical era bifronte: por un lado estaban los elencos del yrigoyenismo, que habían ocupado los altos cargos provinciales con la intervención de 1928 y por otro el lencinismo, movimiento que había hegemonizado –con fuertes notas personalistas y populistas- el gobierno provincial y los municipios en la década anterior.

Junto con la reconstrucción del escenario de partidos gestado por las restricciones legales se pretende reconsiderar los resultados de 3 elecciones clave del período: 8 de noviembre de 1931; 2 de abril de 1933 y 4 de marzo de 1934. Ello en vistas a identificar el peso relativo del fraude frente a otras cortapisas y para identificar los ejes que articularon la relación oficialismo-oposición. Por último, se busca reflexionar sobre el impacto de estas restricciones en el derrotero interno del lencinismo y en su desempeño político-electoral en los años treinta.

Cabe advertir que la preponderancia del partido lencinista durante los años veinte estuvo sustentada en liderazgos carismáticos y en acciones de clientelismo y patronazgo, facilitadas por su condición de oficialismo (Rodríguez, 1979). En pos de apuntalar su hegemonía política, recurrieron algunas veces a prácticas fraudulentas –como intimidación con matones, secuestro de libretas de enrolamiento o robo de urnas– y persiguieron reciamente a sus opositores (Lacoste, 1992). Corresponde considerar entonces cómo tales prácticas se resignificaron en los años treinta, cambiando el signo político de «perseguidores y perseguidos».

II. Las intervenciones federales: todos contra el lencinismo

El ocaso del tercer gobierno lencinista –encabezado por Alejandro Orfila– vino de la mano de una intervención federal a cargo del radical yrigoyenista Carlos Borzani. Hubo acciones de acoso judicial y policial a sus líderes, además de persecuciones contra periodistas del diario La Palabra^[6], detenciones arbitrarias de dirigentes y torturas a los presos políticos lencinistas (Lacoste, 1994).

A fines de 1929 recrudecieron las tensiones entre yrigoyenismo y lencinismo por el tratamiento del diploma de Carlos Washington Lencinas^[7] y éste fue asesinado el 10 de noviembre de 1929. Su muerte generó un gran vacío en el partido, dando comienzo a una lucha intestina por la sucesión del liderazgo partidario entre dos de los hermanos supérstites de la familia Lencinas (José Hipólito^[8] y Rafael Néstor^[9]) y otros dirigentes de primer nivel, sin que los dos primeros lograran constituir un liderazgo equiparable al de sus familiares fallecidos.

Por otro lado, el escenario electoral favoreció al radicalismo yrigoyenista, beneficiado subrepticiamente por Borzani. El 2 de marzo de 1930 hubo elecciones para diputados nacionales en las que triunfó el candidato de esta tendencia –Alfredo Perrupato– sobre otra facción yrigoyenista y sobre la UCRL, que llevaba como candidato a José H. Lencinas. Se trataba de la primera elección local –no coincidente con una elección presidencial– en la que el lencinismo era derrotado^[10]. En ese marco, Borzani ganó confianza y convocó a elecciones para gobernador para el 7 de septiembre. Pero un día antes tuvo lugar el golpe contra Yrigoyen, que provocó en Mendoza la asunción del coronel Ergasto Saforcada como gobernador provisional^[11].

El nuevo escenario abierto por el golpe septembrino desorientó a los lencinistas. Si bien en un principio aplaudieron el derrocamiento de Yrigoyen –tanto por animosidad como porque creyeron ver la oportunidad para retornar al poder (Lacoste, 1994)–, pronto entendieron que el nuevo interventor designado por Uriburu –el conservador José María Rosa– no los favorecería.

Rosa arribó a Mendoza y asumió el gobierno provincial el 25 de septiembre y entre otras acciones inaugurales dictó la ley marcial por delitos comunes y dispuso rebautizar con el nombre «6 de septiembre» al Rosedal^[12]. Asimismo, clausuró los diarios Tribuna (radical yrigoyenista) y La Palabra (lencinista), y detuvo a sus directores^[13].

Por otro lado, se iniciaron investigaciones sobre el accionar de varios ex funcionarios lencinistas y de la intervención Borzani. La Comisión Investigadora dio a conocer en noviembre una lista de 45 expedientes girados a la Justicia^[14]. Comenzó así la exclusión del espectro radical –lencinista e yrigoyenista– del juego político local.

III. El «espíritu» septembrino: las cortapisas institucionales de la intervención rosa

1. Las «tachas» al electorado lencinista y radical

En vistas a la reorganización partidaria, Uriburu dictó diversos decretos en materia electoral. Dispuso la depuración general de padrones electorales antes del 31 de enero de 1931, y estableció que cualquier elector o partido político reconocido podían pedir la exclusión del padrón de ciudadanos denunciados por falso domicilio. Asimismo, el decreto-ley 10368 dispuso igual medida para la eliminación de ciudadanos fallecidos, de los repetidos y de los inhabilitados según Ley 8871.

En ese marco, el 23 de junio de 1931 Rosa creó una comisión de «Estudio y Depuración del Padrón Electoral de Mendoza». Resultaron elegidos secretario y presidente Luciano Peltier y Cruz Vera, ambos miembros del Partido Liberal (conservador), al igual que el vocal Joaquín Méndez Calzada^[15]. Si bien otros partidos como el socialismo independiente o los demócratas progresistas fueron invitados a conformar la comisión, no hubo otras incorporaciones^[16].

Las acciones de la Comisión apuntaron a la exclusión de electores del padrón provincial, a partir de diversas impugnaciones hechas por el Partido Liberal sobre la base del falso domicilio. En distintas instancias –hasta octubre de 1931– la entidad resolvió y elevó a la Justicia Federal varias listas de electores tachados, salvándose a posteriori algunos casos por el patrocinio letrado del lencinismo y el socialismo.

La depuración discrecional del padrón electoral alcanzó una magnitud considerable. Si bien las fuentes discrepan en cuanto a las cifras, que oscilan entre 17.000 y 21.000 votantes^[17], se trata de aproximadamente un tercio del padrón si consideramos los electores y votantes de las elecciones de diputados nacionales de marzo de 1930, cuyo padrón había sido elaborado por autoridades nacionales^[18].

La identificación partidaria explícita de la Comisión dio pie a denuncias de la oposición sobre parcialidad en la «limpieza» del padrón. El perjuicio –provocado principalmente a simpatizantes lencinistas– denota más bien la intención de cercenar el derecho electoral de los sectores populares, ampliamente identificados con ese partido, que tenían además mayores dificultades para realizar los trámites burocráticos de la índole de los exigidos. Sin duda, la falta de garantías constitucionales y la vigencia del estado de sitio –junto con la persecución policial y judicial a los lencinistas– explican que las denuncias sobre esos atropellos se vieran acalladas por la intervención.

2. «Barajar y dar de nuevo»: la Junta Electoral y el nuevo escenario partidario

La «cuestión radical» había sido el motor de la revolución septembrina y conjurar su amenaza fue el objetivo primordial del gobierno de Uriburu (De Privitellio, 2001). En Mendoza, Rosa apuntó por igual a lencinistas e yrigoyenistas (atomizados estos últimos en diversos grupos).

Una de las primeras trabas institucionales a la actividad política fue la restricción del derecho de reunión, ejercida en el marco del estado de sitio y la ley marcial a través de la Policía, mediante la denegación de autorizaciones para realizar tanto mítines públicos como simples reuniones partidarias en locales cerrados^[19]. Asimismo, la intervención dictó una singular disposición que ordenaba la presencia policial en reuniones partidarias, para controlar que los discursos no criticasen los actos del gobierno nacional ni de la intervención, so pena de detener al orador y disolver la reunión. Tal medida generó enérgicas protestas de todo el arco partidario^[20].

Por otro lado, el 4 de agosto de 1931 Uriburu dictó un decreto que elevaba las exigencias para el reconocimiento legal de los partidos políticos: debía evidenciarse un carácter «democrático manifiesto» y «licitud de propósitos», un tesoro compuesto por aportes de los afiliados, autoridades internas elegidas por voto directo de estos y plataformas electorales sancionadas con antelación a la definición de candidaturas. En forma complementaria, se estipulaba que las Juntas Electorales nacional y provinciales no computarían los votos para candidatos que hubieran integrado el «depuesto gobierno radical» (Sanguinetti, 1980:1149; Segovia, 2006: 36-37).

En Mendoza, tal decreto abrió camino a un accionar arbitrario de la Junta Electoral provincial, orientado a la exclusión de los partidos «personalistas» o «caudillistas» del juego electoral. Rosa nombró funcionarios de su gobierno para integrarla, dejándola así al mando de simpatizantes del clima de ideas imperante^[21]. En este contexto se produjo la reconfiguración total del escenario partidario local.

La concesión de la personería fue una herramienta clave de la que se valió la intervención para favorecer a los partidos que simpatizaron con el golpe septembrino y limitar, como contrapartida, la acción política del yrigoyenismo y del lencinismo.

En virtud de las nuevas exigencias legales todos los partidos debieron convocar convenciones, elegir autoridades, sancionar cartas orgánicas, programas y plataformas para solicitar personería y elegir finalmente candidatos a cargos electivos.

La UCR Lencinista celebró su convención en agosto de 1931, ratificando a sus autoridades. Sancionaron una carta orgánica y una plataforma electoral, ambas a propuesta de una Junta Ejecutiva presidida por José H. Lencinas^[22]. Pero este partido omitió sancionar una declaración de principios «democrática» y la Junta Electoral le negó el 9 de octubre de 1931 la personería, a pesar de que ya habían lanzado su campaña. Se argumentó que el carácter personalista del lencinismo era un peligro para la democracia y la estabilidad de las instituciones^[23]. En concreto, se aludía al predominio absoluto de figuras vinculadas a la familia Lencinas en los años 20 –tanto en el plano partidario como en la función pública–, y a procedimientos irregulares para lograr mayorías en los cuerpos legislativos. Las autoridades partidarias apelaron la decisión en la Justicia, sin éxito.

Por el lado del yrigoyenismo, el faccionalismo cundió con la autocrítica que hicieron algunos dirigentes sobre la intervención Borzani. Un grupo, encabezado por Aníbal Cabrera^[24], convocó reuniones excluyendo a los «borzanistas». Hubo una reorganización del partido, se eligieron nuevas autoridades y se sancionaron una Carta Orgánica y una plataforma electoral. En su declaración de principios señalaron que no tolerarían «personalismos», por ser contrarios a «la independencia ciudadana» (Llaver, 1976:43). Luego de una nueva división interna, se presentaron ante la Junta Electoral bajo la denominación «Unión Cívica Radical Tradicional» y postularon a Cabrera para gobernador, siéndoles otorgada la personería.

Ajeno a tal espíritu crítico, otro sector integrado por ex funcionarios de la intervención Borzani solicitó personería luego de realizar una convención en octubre. Proclamaron la fórmula Francisco Evans y Manuel V. Lugones, bajo la sigla «UCR de Mendoza». Pero el sector se atomizó en varios subgrupos y finalmente la Junta Electoral determinó denegarle personería jurídica (Llaver, 1976:46).

Asimismo, se presentó una tercera facción yrigoyenista: el «Radicalismo Rojo», agrupación provincial creada en 1927 a partir del «rubilarismo»^[25]. Su fórmula fue encabezada por el militar Juan Greco^[26]. Este partido fue aceptado por la Junta Electoral –a pesar de su evidente adscripción al yrigoyenismo–, probablemente por sus fuertes críticas al lencinismo y su escaso peso electoral.

Finalmente surgió en esa coyuntura un quinto grupo radical, que adoptó la denominación «Antipersonalista», y en 1931 obtuvo personería partidaria, presentando candidatos junto al socialismo independiente (Caroglio, 2017:99).

Otro tema clave fue la orden de abstención dada por las autoridades nacionales del radicalismo, luego del veto de Uriburu a la candidatura de Alvear. En Mendoza, sin embargo, sólo los grupos de Cabrera y Evans enfrentaron la disyuntiva abstencionista^[27].

Por el lado de los liberales, luego del golpe septembrino su revitalización vino de la mano de la órbita nacional. En enero de 1931 los conservadores bonaerenses convocaron a la formación de un partido nacional. En abril se reunieron en Córdoba y finalmente se reunió en Buenos Aires una convención, quedando el 1 de agosto conformado el Partido Demócrata Nacional (PDN), reafirmando su apoyo a los ideales del 6 de septiembre (Azzaretto, 1983:81).

El 12 de septiembre se reunió una convención del Partido Liberal local, se adoptó la denominación nacional y se sancionaron un estatuto, una declaración de principios y una Carta Orgánica. Asimismo, se proclamó la candidatura del ingeniero Ricardo Videla –Secretario de Industrias y Obras Públicas de la intervención Rosa– y de Gilberto Suárez Lago –presidente partidario– para las elecciones de noviembre de 1931, así como también candidatos a electores de presidente, legisladores y concejales. La Junta Electoral les concedió personería en forma inmediata y su campaña electoral recibió amplio apoyo de la intervención y del gobierno nacional, llegando a contar en su cierre de campaña con la presencia del General Justo.

Desde entonces y hasta 1943, el PDN hegemonizó la política mendocina sin interrupciones. Aunque al principio hubo actuación separada de socialistas independientes y de antipersonalistas, el primero de estos grupos se sumó al PDN –tanto en el plano electoral como en la función pública–, mientras que los segundos se inclinaron por la abstención y luego por el apoyo incondicional a los conservadores.

Por último, fuera del espectro radical, fueron reconocidos el Partido Demócrata Progresista (PDP) y una facción del socialismo local –encabezada por Benito Marianetti y Santiago Castromán–, que obtuvo personería como «Federación Socialista de Mendoza» (FSM)^[28]. En la coyuntura de 1931 ambos partidos se unieron, replicando para Mendoza la alianza de nivel nacional encabezada por De la Torre y Repetto. Surgió así la candidatura de Luis Silveti (PDP) para gobernador y Santiago Castromán (FSM) para vicegobernador (Lacoste, 1993). En el plano programático manifestaron su rechazo del personalismo y su aspiración a una democracia real, además de pronunciarse públicamente contra las tachas, el fraude y la violencia política.

Dada la acción proscriptiva de la Junta Electoral, las estructuras que hasta septiembre de 1930 tuvieron mayores chances electorales –lencinistas e yrigoyenistas– quedaron fuera de competencia. La negativa al reconocimiento de su personería incidió en forma clave en la reconfiguración del escenario político y favoreció las chances electorales del PDN camino a los comicios de 1931.

Por otro lado, la asunción de los tres poderes locales por la intervención y sus funcionarios –junto con la vigencia del estado de sitio y la ley marcial a nivel nacional y provincial– hicieron que Rosa y sus ministros pudieran influir sin limitación alguna sobre la policía y el sistema judicial en pos de sus intereses políticos. Esta situación se replicó en otras jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, donde el Poder Ejecutivo provincial intervino en la justicia local con el objeto de disciplinar a los jueces y lograr sus objetivos banderizos (Béjar, 2004; 2005).

Junto con las tachas y la persecución policial-judicial, la denegación de la personería partidaria al lencinismo fue la restricción que más afectó su vida partidaria y sus chances electorales. De modo equivalente a lo que sucedió con el radicalismo en el orden nacional, su peso electoral quedó neutralizado y ello se convirtió en un grave problema de «incentivos» para el partido, al no poder traducirse tal peso en cargos, bancas y posiciones institucionales acordes a su fuerza política efectiva (Giménez, 2017:5). Ello facilitó la dispersión de las bases y la migración de dirigentes de base a las filas del PDN, que se nutrieron de terceras líneas o caudillos territoriales lencinistas que vieron en las administraciones demócratas la posibilidad de mantener sus redes clientelares y recursos.

3. Las elecciones de 1931 y el ascenso del PDN: siguen las cortapisas

Replicando la directiva de Uriburu, Rosa llamó a elecciones para el 8 de noviembre de 1931, debiendo elegirse en Mendoza 16 electores de presidente y vicepresidente; 6 diputados nacionales; gobernador y vicegobernador; 6 senadores y 9 diputados provinciales en cada distrito electoral y concejales en todos los municipios. Desconoció la ley electoral provincial vigente –sancionada por el lencinismo en 1920– y dispuso aplicar la ley electoral nacional^[29].

La Junta electoral reconoció a siete partidos: el Partido Demócrata Nacional; el Partido Demócrata Progresista y la Federación Socialista de Mendoza (como «Alianza Demócrata-Socialista»); la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente (en alianza); el «Radicalismo rojo» y la Unión Cívica Radical Tradicional^[30].

Por su parte los lencinistas denunciaron el rechazo de su personería y decidieron llevar adelante una singular forma de protesta: ordenaron a sus votantes colocar igualmente en las urnas la boleta del binomio Rafael Lencinas-Jorge Calle, como forma de reclamar por su exclusión arbitraria de los comicios (Diario Los Andes, 1982:93). Esto provocó el enojo del interventor Rosa y algunos enfrentamientos entre militantes lencinistas y la Policía en locales de votación.

En las elecciones triunfó el Partido Demócrata Nacional, alcanzando 25.390 votos frente a 10.236 de la alianza Demócrata-Socialista y 2.497 de la alianza PSI-UCR Antipersonalista. El PDN obtuvo la gobernación, la mayoría en los electores de presidente, en diputados nacionales y en los espacios legislativos provincial y comunales (Llaver, 1976).

Entre otras restricciones, en los días previos al comicio hubo impedimentos al derecho de reunión y a la libertad de prensa. El estado de sitio fue levantado el día 8, por lo cual la campaña se dio bajo vigilancia de las fuerzas policiales. A nivel nacional, miembros de la Alianza Demócrata-Socialista denunciaron que el fraude había arreciado en Mendoza y en Buenos Aires, caratulando los comicios de esas dos provincias como «escandalosos» y, al igual que los lencinistas y los radicales rojos en Mendoza, pidieron su nulidad^[31]. Sin embargo, el gobierno de la intervención adujo la normalidad absoluta de los comicios^[32].

IV. Gobierno de Videla: nueva ley electoral, fraude y escisión lencinista

En febrero de 1932 asumió la gobernación Ricardo Videla, abriendo paso a la normalización institucional de la provincia, bajo la égida del PDN. La Legislatura se conformó en diciembre de 1931, quedando integrada por mayoría del PDN y minoría correspondiente a socialistas y demo-progresistas.

1. La reforma electoral y su primer test en 1933

En abril de 1932 el PDN presentó un proyecto para modificar la ley electoral provincial, que databa de la época lencinista^[33]. La nueva norma –Ley 977– fue publicada en el Boletín Oficial el 10 de octubre de 1932^[34]. Entre las novedades principales incorporó un apartado destinado a los partidos políticos y dispuso la reestructuración de la representación parlamentaria.

El nuevo capítulo sobre los partidos estuvo en sintonía con los decretos de Uriburu de 1931. Se preveía para su reconocimiento la inscripción de las agrupaciones ante la Junta Electoral, exigiéndose diversos documentos partidarios^[35]. El trámite debía reiterarse antes de cada elección, aunque bastaba para las ya inscriptas en 1931 la presentación de acta de renovación de autoridades, plataforma y proclamación de candidatos. Por último, en clara oposición al personalismo, se disponía una singular prohibición de recurrir a nombres de dirigentes vivos para bautizar partidos, comités o sus locales campaña^[36].

Respecto de la representación parlamentaria, se dispuso el voto por lista cerrada (no por candidato) y, por el artículo 52, se asignó «la mitad más uno» de las bancas en juego a la lista del partido ganador, quedando la «mitad menos uno» restante disponible para dividir entre «las minorías» que seguían en orden de votos, siempre que alcanzaran el piso mínimo de votos. Esta última distribución debía realizarse mediante el sistema de cociente y por orden estricto de candidatos de cada lista. Conforme a este sistema mixto, la lista triunfante lograba la proclamación de todos sus candidatos, mientras que el escrutinio debía disponer –por medio del cociente– la asignación proporcional del resto de los escaños para las minorías que siguieran en votos^[37].

Se vislumbra en el fondo de esta innovación tanto el intento de fragmentar la representación opositora como la necesidad de dotar al oficialismo de una bancada numéricamente sólida, que garantizase el quórum y una posición indiscutible a la hora de proponer, votar y aprobar las leyes requeridas por el Ejecutivo.

En cuanto a la composición de la Junta Electoral provincial, se mantuvo su integración con los jueces de la Corte y las máximas autoridades legislativas^[38] y se ratificó su papel preponderante en la organización de los comicios y el juzgamiento de su validez. La novedad estribó en su potestad –ahora legal– para el otorgamiento de las personerías partidarias, punto ampliamente cuestionado por el lencinismo, que sostuvo que la nueva ley electoral fue creada únicamente para «perseguir» y separar de los comicios al partido que en Mendoza era «popular y mayoritario»^[39].

El 2 de abril de 1933 hubo elecciones legislativas provinciales para el primer distrito y de concejales bajo la nueva ley. El lencinismo decidió la abstención electoral y lanzó la consigna de «no votar», manifestando que la participación legitimaría el fraude del oficialismo. Un afiche explicativo elaborado por el Comité provincial de la UCRL (figura 1) justificó la abstención con un mensaje moral y patriótico^[40].

En tales comicios triunfó el PDN –que obtuvo 8.620 votos– frente a los 3.420 del Partido Socialista y 720 del Partido Demócrata Progresista. Hubo denuncias de fraude e irregularidades de partidos minoritarios reflejadas en la prensa nacional^[41], pero que fueron desconocidas por el gobierno. Posteriormente, en la discusión de los diplomas en los recintos de las cámaras se reiteraron y ampliaron tales denuncias, pero el predominio numérico del oficialismo permitió su aprobación y la exposición de argumentos que desconocían irregularidades y brindaban un barniz de normalidad^[42].

Figura 1.
Afiche de la UCRL.
«La Palabra», 01/02/1933.

En forma complementaria, en octubre de 1933 se sancionaron otras dos leyes sobre cuestiones electorales: la Ley 1022 –que concedía una amnistía a los que no votaron en las elecciones del 2 de abril– y una modificatoria del artículo 110 de la Ley 977. Esta última fue aprobada en la Legislatura sólo con mayoría demócrata, y dispuso sumar 3 escaños a la Cámara de Diputados^[43]. El objetivo era reforzar la cantidad de bancas del PDN en el marco de la mayoría y alterar el quórum para aprobar las leyes.

Este tipo de modificaciones –hechas sobre la marcha y de manera irregular– evidencian la amplia discrecionalidad que tenía el oficialismo local para cambiar las reglas de juego según sus intereses. Pero la persistencia del recurso al fraude en las elecciones posteriores da cuenta de que las restricciones institucionales se presentaban como recaudos insuficientes para los demócratas a la hora de conjurar la amenaza lencinista y garantizar su prevalencia.

2. «Divide y reinarás»: escisión lencinista, personerías y elecciones en 1934

A mediados de 1933 tuvo lugar una escisión interna en partido lencinista, a partir de un conflicto originado en el comité de Godoy Cruz^[44]. Una convención partidaria reunida el 20 de agosto ratificó la remoción de José H. Lencinas y de otros dirigentes solidarizados con este –incluido su hermano Rafael–. Lencinas reaccionó afirmando que el partido era «él» y dispuso echar a todos sus oponentes, empezando por el vicepresidente del Comité provincial, Virgilio Sguazzini (Llaver, 1976:8).

Expulsados los hermanos Lencinas y sus acólitos, el apoderado de la UCRL, Alberto Chacón, solicitó en septiembre a la Junta Electoral la personería partidaria, elevando una síntesis de la disputa interna reciente. Luego de rechazar un primer pedido –por entender que el aditamento «Lencinista» constituía una referencia «personalista»– la Junta les otorgó la sigla «UCRL», argumentando que tal adjetivo era sólo un «homenaje» a dos políticos «ya desaparecidos». Se reconoció como nuevos apoderados a Sguazzini y Chacón^[45].

Luego, en enero de 1934, y en vistas a consolidar la ruptura, la Junta Electoral aceptó la petición de personería de la otra facción, presentada por José H. Lencinas y su apoderado Jorge Albarracín Godoy, bajo el nombre de «UCR Federalista»^[46]. Se argumentó que en su Carta Orgánica manifestaban adoptar un carácter «definidamente democrático, que persigue el ejercicio de una democracia integral en lo social, político, económico y el bienestar de los trabajadores (…)»[^47].

En forma paralela se produjo una división en los órganos de prensa que acompañaban la actividad partidaria: mientras los hermanos Lencinas retuvieron para sí La Palabra, la facción liderada por Sguazzini se expresó a través de las páginas de Libre Palabra y hubo fuertes cruces entre ambos (Lacoste, 1994:140)^[48].

En vistas a las elecciones legislativas del 4 de marzo, los dos partidos lencinistas y el socialismo postularon sus candidatos y comenzaron sus campañas. Los «federalistas» recurrieron igualmente al nombre «Lencinista», a pesar de la prohibición de la Junta. Los hermanos Lencinas encabezaron sus listas, siendo Rafael Néstor primer candidato a Diputado Nacional y José Hipólito primer candidato a senador provincial por el tercer distrito (figura 2). En los días previos al comicio los tres partidos denunciaron amenazas y persecuciones por parte de la policía, prohibición de actos proselitistas y secuestros de libretas de enrolamiento. El gobierno, sin embargo, continuó desconociendo ante la opinión pública las diversas denuncias (Llaver, 1976:13).

Figura 2.
Afiche publicitario de la UCR «Federalista».
«La Palabra», 01/03/1934.

La disputa por la sigla se trasladó al plano nacional, merced a un escrito presentado por la familia Lencinas ante la Junta Electoral Nacional. En él rescataban la figura de los ex gobernadores fallecidos y reclamaban su nombre como un patrimonio propio, que se extendía a su familia más allá de la existencia física de aquellos, acusando a los dirigentes de la otra fracción de usurpadores, «contubernistas» y personas carentes de rectitud cívica. El reclamo, sin embargo, no tuvo ningún efecto^[49].

Por otro lado, las juntas electorales nacional y provincial prohibieron colocar retratos, emblemas o figuras geométricas en las boletas, y sobre la base de ello fueron impugnadas por el PDN las boletas de la UCRF y el PDP. En el caso de los «federalistas», se observó que la boleta original contenía un curioso monograma (figura 3) que, si bien contenía la sigla del partido tal como había sido aprobada por la Junta provincial («UCRF»), representaba un corazón y formaba la letra «W» (en referencia a la inicial de Washington, el segundo nombre del ex gobernador Lencinas)^[50].

Probablemente la estrategia habría servido a la camarilla federalista en la disputa con la otra facción por el voto del electorado lencinista –constituido en buena parte por analfabeto– para identificar la boleta «correcta» mediante el monograma, con previa indicación de los dirigentes y punteros locales, procurando así sortear la prohibición de colocar los retratos de los ex gobernadores fallecidos, que solía encabezar sus boletas.

Figura 3.
Monograma que encabezaba la boleta de la UCRF.
«La Palabra», 8/02/1934.

La dilación de la cuestión provocó una airada protesta de José H. Lencinas y la mesa directiva del partido al Ministro del Interior –Leopoldo Melo–, donde señalaban que esto demoraba la impresión y distribución de sus boletas, perjudicando al partido a pocos días de las elecciones. En su telegrama, los lencinistas afirmaron que preferían

«la lucha comicial directa contra el partido oficial, con todas las violencias y fraudes, antes que esta lucha imposible contra las juntas electorales, que con sus expedientes dilatorios silenciosos y sus cuartos intermedios, resultará en definitiva nuestro adversario principal invencible y triunfante» ^[51].

Con el mismo criterio, y amparados en el artículo 11 de la Ley 8871 (y en su decreto reglamentario de 1916), la Junta Electoral Nacional rechazó también las boletas de la UCR Lencinista por contener las fotografías de los ex gobernadores Lencinas^[52].

En los comicios votaron cerca de 55.000 electores, de un total de 77.000 habilitados. Triunfó el PDN, que alcanzó el 43,96% de los votos, seguido de la UCRF (21,34%), la UCRL (20%) y el socialismo (12,55%)^[53]. Una proyección aritmética muestra que las dos siglas lencinistas, en caso de ir unidas, habrían sumado cerca del 42%, alcanzando a los demócratas. Por otro lado, los números evidencian que la cuestión de las tachas perdió peso y que la escisión lencinista fue clave para el triunfo del PDN, aunque ello no implicó que no hubiese irregularidades^[54].

V. Las cortapisas para-estatales

A lo largo de toda la etapa analizada, las restricciones institucionales y legales fueron acompañadas de otras formas de coacción. Desde fines de 1930 recrudecieron las intimidaciones y actos de fuerza llevados a cabo por personeros del gobierno, bajo amparo de su posición oficial y de la omisión del accionar policial y la justicia en su castigo. Entre ellas se destacan la amenaza del uso de fuerza contra los lencinistas de parte de la Legión Cívica durante el gobierno de Rosa^[55] y por matones a sueldo del Estado durante la etapa neoconservadora^[56].

En el plano electoral, el rol de los matones complementó las amenazas a opositores, el secuestro de libretas, la expulsión de fiscales y el «vuelco de padrones». Pero resultó una novedad la implicación de los matones e igualmente de la policía en una forma particular de fraude, consistente en la intimidación de votantes o la inducción del voto dentro del cuarto oscuro (figura 4)^[57].

Figura 4.
Representación de la prensa lencinista-federalista sobre las elecciones de 1934.
«La Palabra», 15/03/1934.

Otras maniobras fueron la participación de empleados públicos en las campañas electorales a favor del oficialismo y la disolución de actos proselitistas opositores por la Policía^[58]. El primer caso es constatado en diversas denuncias de dirigentes opositores en la prensa, que acusaron al PDN de realizar publicidad con los empleados públicos e incluso de obtener de estos recursos para las campañas en forma coactiva[^59].

VI. Conclusión

Las limitaciones a la participación política de los partidos pertenecientes al espectro radical aplicadas entre 1930 y 1934 permitieron a los gobiernos del Partido Demócrata sentar las bases de su hegemonía en la vida política provincial, que duró hasta 1943. En la integración de la coalición oficialista a nivel local –que fue equivalente al orden nacional– el PDN pudo detentar mayor respaldo electoral, frente al carácter insignificante de sus socios socialistas independientes y antipersonalistas. Tal condición le permitió al elenco dirigente local constituirse como un actor de identidad y peso propios dentro del espectro demócrata y del rompecabezas de partidos que integraban la Concordancia a nivel nacional.

La restricción de la participación opositora se llevó adelante en Mendoza con los mismos instrumentos aplicados en el orden nacional y en otras provincias, aunque con distinta magnitud e incidencia. Sin duda resultaron clave las cortapisas institucionales y paraestatales, lo que permite pensar que el fraude electoral no fue indiscriminado y que se aplicó como complemento en forma variable, según el tipo de comicio, los distritos, los partidos que participaban, la percepción del oficialismo respecto de las chances opositoras y los cargos o escaños en juego.

Como pudo verse, en las elecciones de 1931 tuvieron mayor impacto la cuestión de las tachas y la negativa de la personería partidaria, argucias legales que afectaron los vínculos con el electorado y dieron lugar a la proscripción del lencinismo y de la facción yrigoyenista mayoritaria. Lo mismo en 1933, aunque ese año se sumó una reforma electoral como puntal de los intereses del PDN. Hacia 1934, con el lencinismo rehabilitado en sus dos facciones, adquirieron de nuevo importancia las acciones de fraude y la violencia política.

Se vislumbra así que hubo al principio mayor impacto restrictivo de las cortapisas institucionales: depuración de padrones, decretos regulatorios sobre partidos políticos, decisiones de la Junta Electoral y la nueva Ley Electoral provincial, permitiendo a la intervención Rosa primero y luego al gobierno de Videla establecer por vía administrativa o legal las reglas de juego comiciales y adecuar el escenario partidario y electoral a su conveniencia.

Los demócratas aprovecharon su posición de oficialismo y su influencia en las decisiones de la Junta para incidir en la escena política y articular elecciones semi-competitivas; desconocieron denuncias opositoras; modificaron la legislación electoral; utilizaron los recursos estatales a su favor y recurrieron al fraude, acompañando a este último de declamaciones sobre la libertad electoral. Al final del período analizado, promovieron el faccionalismo de la UCRL con el otorgamiento de las personerías partidarias por separado, favoreciendo subrepticiamente a la facción de Sguazzini. Asimismo, a lo largo de toda la etapa, recurrieron al servicio de matones e hicieron uso político de la policía, tácticas que si bien no eran nuevas, se practicaron con mayor impunidad dado el respaldo que le daba al PDN local la situación política nacional.

El manejo arbitrario de la normativa electoral junto con las restricciones institucionales y paraestatales a la oposición se convierten en la contracara de las gestiones del PDN mendocino en los treinta, caracterizadas en buena parte de la historiografía local por el respeto a las formalidades republicanas, la reavivación de la arena legislativa y su extensa labor en obra pública, cultura y educación. Todos estos aspectos coadyuvaron sin duda a la construcción de la legitimidad indispensable para su dominio político efectivo, tal como advierten Macor y Piazzesi (2005), pero ello no oblitera el vicio de origen de su ascenso y permanencia en el poder provincial.

Respecto del derrotero interno del lencinismo, se constata que –amén de la crisis de liderazgo y del faccionalismo interno–, sus dirigentes no supieron responder a las cortapisas de Rosa y de Videla, haciendo además una lectura errónea de las perspectivas electoralistas que quitó eficacia a sus protestas. La acción impugnadora con boletas no oficializadas de 1931 no se replicó luego: en 1933 se proclamó la abstención con un fuerte discurso moralista, pero después legitimaron –con la concurrencia por separado de los dos partidos– los comicios fraudulentos de 1934 y 1935, a pesar de las irregularidades antes señaladas. Por otro lado, la falta de vinculación orgánica de este partido con fuerzas de orden nacional –como el Antipersonalismo, con el cual no se registran contactos hasta 1936– implicó su aislamiento en la escena provincial.

Como pudo verse, tanto las restricciones institucionales y para-institucionales como el proceso interno fueron haciendo mella en el caudal electoral de este partido y determinaron su pérdida de relevancia en la escena política, aunque su piso de votos se evidenció casi intacto en las legislativas de 1934.

Por otro lado, las cortapisas limitaron las acciones de resistencia y favorecieron la atomización de la oposición. Junto con ello se desconocieron sus denuncias y se neutralizaron sus acciones de protesta. En ese sentido, debe hacerse hincapié en el rol dinámico de los partidos como actores de la escena política y en la variedad de reacciones a las restricciones padecidas tanto a nivel nacional como local, para matizar el peso del fraude frente a otras limitaciones que restringieron su participación política y a conductas que son responsabilidad de los propios dirigentes opositores.

Asimismo, tal como se mencionó, la práctica del fraude ya tenía antecedentes en la cultura política mendocina. La novedad es que la intervención Rosa y los gobiernos conservadores tuvieron mayor margen de maniobra en las limitaciones legales que implementaron desde su rol de oficialismo, con complicidad de las esferas gubernamentales nacionales, y amparados también en el desprestigio del radicalismo yrigoyenista y del lencinismo ante buena parte de la opinión pública.

En definitiva, se constata la correspondencia para Mendoza de algunos tópicos clave que la historiografía ha debatido para el orden nacional respecto de los años treinta, como las diversas modalidades que adoptó el fraude electoral –en sentido amplio– según las distintas coyunturas comiciales y las jurisdicciones, la sobrerrepresentación de partidos políticos otrora minoritarios en los espacios legislativos y la construcción de legitimidad de los gobiernos fraudulentos por vías alternativas al respaldo electoral genuino.

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Notas

Información adicional

Sobre el artículo: Una versión preliminar de este trabajo fue presentada como ponencia en las XVII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia organizadas por la Universidad Nacional de Catamarca, los días 2, 3 y 4 de octubre de 2019.