1. Metodología, antecedentes y particularidades del caso de estudio: sujetos, instituciones e intervenciones en el territorio de borde

Acudimos al enfoque etnográfico, en tanto perspectiva que intenta documentar lo no documentado de determinada realidad social (Rockwell, 1987). Nos posicionamos desde una perspectiva socio-antropológica (Ezpeleta y Rockwell, 1986; Achilli, 2015) la cual privilegia el carácter relacional-dialéctico de los fenómenos sociales, en una búsqueda por relacionar distintas dimensiones de una problemática a través del análisis de los procesos que se generan en sus interdependencias en un determinado contexto socio-histórico (Achilli, 2013). Además, siguiendo a Ezpeleta y Rockwell (1983) la vida cotidiana se trata del ambiente inmediato donde los sujetos construyen actividades particulares, sucede su reproducción y generan apropiaciones diferenciales, lo cual supone heterogéneos procesos e instancias de aprendizaje con márgenes de maniobra entre posibles alternativas. En tal sentido, retomamos a Geertz (1973) para construir un “estudio en caso” donde la producción del conocimiento no es desde la codificación de regularidades abstractas, sino más bien, a través de “descripciones densas” de las experiencias situadas.

Como se mencionó, este trabajo se desprende de un proceso investigativo más amplio, en el cual se intenta analizar las disputas y tensiones en torno al modelo productivo y prácticas agropecuarias asociadas presentes en el periurbano de la localidad de General Villegas. Consideramos que nuestra postura analítica nos permite ampliar el foco para una comprensión de los fenómenos locales mirados desde aquello que sucede en este espacio, con énfasis en la aprehensión de las relaciones socio-históricas. Particularmente, en esta instancia intentaremos tensionar aquellos estudios que desde diversas disciplinas, perspectivas o enfoques abordan la cuestión periurbana en grandes urbes, debido a que comprendemos que este distanciamiento permitirá analizar las particularidades, continuidades y rupturas con relación a los poblados rurales.

General Villegas es la capital del Partido homónimo y cuenta con 13.873 habitantes (INDEC, 2010). Se trata de una localidad ubicada en la eco-región de la Pampa Húmeda, en una zona predominantemente agrícola-ganadera. Desde los últimos veinte años se consolida un avance del modelo de agronegocios, el cual desde diversas modalidades territorializa sistemáticamente en este espacio local sus lógicas fundamentales. Un informe elaborado por el colectivo Paren de Fumigar de la Provincia de Buenos Aires (2019) con relación a la campaña 2017-2018, expone datos que permiten visualizar al Partido de General Villegas como el principal productor de soja. Asimismo, registra el mayor uso de agroquímicos con una acumulación de 4.5000.000 de litros anuales.

En yuxtaposición al mencionado proceso, se observa un incremento en el número de habitantes en la localidad. En concreto, se registra una variación intercensal del 12 % entre el Censo Nacional de Población de los años 2001 y 2010. Más allá de la escasa oscilación en términos estadísticos —la cual podría deberse a la desactualización de estos datos— al recorrer las calles del poblado es posible advertir el creciente avance de zonas residenciales sobre la frontera agropecuaria. Se contempla un territorio de borde que expone este “rebasamiento”, el cual cuenta con un total de 1.514 viviendas con 4.777 habitantes.

A partir de lo señalado, reconocemos trabajos que describen cómo se construyó históricamente la problemática en torno al periurbano en nuestro país (Feito y Barsky, 2020; De Marco, 2020). También existen producciones académicas que trazan caracterizaciones, particularidades y singularidades de estos espacios (Barsky, 2005; Venturini et al., 2019). Del mismo modo, encontramos estudios que abordan diversos fenómenos sociales que tienen lugar o allí suceden (Ávila Sánchez, 2004; Barsky, 2012; González Meraschio, 2012). Es mediante estos antecedentes que visualizamos procesos de apropiación, luchas y consensos que tienen lugar en estos territorios, que exceden sus límites geográficos y adquieren grados de diferenciabilidad, en tanto y en cuanto, los sujetos configuran procesos de resistencia por los recursos distribuidos desigualmente.

En las localidades de la Región Pampeana, los espacios periurbanos se configuran como bordes de transición, en permanente transformación y con heterogéneas modalidades de uso del suelo (Barsky, 2005; Pérez et al., 2013). Además, se intensifican presiones sobre el ambiente, competencias por el acceso a los suelos y recursos relacionados, siendo posible distinguir una serie de desajustes y disfuncionalidades producto de deseconomías de aglomeración y procesos de segregación socioespacial de la ciudad (Feito y Barsky, 2020). Específicamente, debido a los movimientos migratorios e incremento en la cantidad de habitantes estos poblados comienzan a adquirir límites urbanos-rurales difusos, siendo a menudo una ocupación o habitar procesos no planificados, en donde algunas áreas residenciales se ubican cercanas a campos de producción agropecuaria.

En términos antropológicos, General Villegas podría definirse como una ciudad “ruralizada” porque no existen una realidad urbana o rural dicotómica o distinta, sino que las interacciones cotidianas configuran una única trama caracterizada una “cultura rural bonaerense” (Ratier, 2009). Teniendo en cuenta su cartografía y relevancia geopolítica, en los últimos cuarenta años se desarrolla como una ciudad donde se concentran empresas transnacionales y nacionales que llevan adelante la producción, transformación y comercialización de commodities. En este sentido, consideramos que el proceso de periurbanización contendrá ciertos grados de diferenciabilidad en contraste con grandes metrópolis. Ávila Sánchez (2009) visualiza la existencia de procesos específicos como la rurbanización o la periruralidad, en tanto mutación del campo, con mudanzas e impulsos propios y caracterizados por un modo de vida en particular.

Ferrer y Cabrini (2018) identifican la puja de intereses contrapuestos entre diversos sectores, el cual comienza a adquirir estado público a partir del año 2012 en numerosas localidades de la Región del NOBA por los debates sobre las zonas de exclusión y zonas de amortiguación para las fumigaciones con agroquímicos en las intermediaciones urbano-rurales. Sostenemos que los diversos sujetos implicados accionan, se movilizan e intervienen desde desiguales posiciones con distintos capitales puestos en juego. Atendiendo las mencionadas nociones, que definen teórica como epistemológicamente las periferias, nos adentraremos en las particularidades del periurbano villeguense.

Consideramos al periurbano de la localidad de General Villegas como un espacio emergente, con relación a la creciente conflictividad socioambiental por los usos intensivos de agroquímicos. Retomamos la noción de periurbanización para pensar el proceso de transformación espacial que acontece actualmente, en el cual intervienen diversos sujetos e instituciones tanto públicas como también privadas, con diferentes y desiguales posiciones en la estructura social local. Por esto, nos interesa analizar la perspectiva de riesgo presentada por productores agropecuarios, quienes en la trama conflictiva local se imbrican como sujetos constituyentes de la hegemonía agraria.

Hasta el año 2020, nuestra localidad de referencia se encontraba dentro de los veintitrés partidos de la Provincia de Buenos Aires sin existencia de norma jurídica que regulara prácticas agronómicas en torno a la aplicación de agroquímicos en el área periurbana. El Honorable Consejo Deliberante (HCD) de la localidad aprobó la Ordenanza 6124 que legisla el acopio, expendio, utilización y disposición final de agroquímicos. Asimismo, establece una zona de amortiguación de trescientos metros y una zona de exclusión de cuarenta metros con la prohibición de agroquímicos de banda roja y banda amarilla.¹ El proyecto de ordenanza fue presentado por el actual gobierno, en articulación con otras instituciones público-privadas y si bien cierta cantidad de agricultores periurbanos no participaron del proceso de confección, algunos relatos reflejan intercambios que algunos productores agropecuarios realizaron con funcionarios municipales y delegados del Colegio de Ingenieros Agrónomos.

Esta normativa comenzó a gestionarse desde el año 2018 pero tomó mayor impulso a fines del año 2019, debido a los avances propiciados en el anteproyecto por algunos funcionarios municipales, progresión en las articulaciones y la adquisición de una mayoría favorable en los votos. Esta fue sancionada el 13 de julio del año 2020 y es importante mencionar que también se debatió otro proyecto de ordenanza municipal presentada por el frente opositor, presentando proporciones métricas más amplias en la determinación de las franjas de protección ambiental. No obstante, la naturaleza jurídica de la ordenanza aprobada tiene origen en el “incorrecto” uso de agroquímicos en la actividad agropecuaria extensiva, configurándose “un escenario de preocupación para la población en general y una amenaza para el medioambiente”. Se busca “minimizar los riesgos para la salud y proteger el medioambiente” pero sentencian que “la aplicación de agroquímicos por parte del productor agropecuario es ineludible, ya que los modelos de producción actuales revisten gran importancia para incrementar la productividad de los cultivos”.

También se precisa la introducción de “nuevos” actores en los procesos productivos denominados fiscalizadores. En parte, las articulaciones políticas y “sugerencias” percibidas por parte del Municipio se concretaron con la firma de un convenio de cooperación institucional entre la administración local y el Colegio de Ingenieros Agrónomos, definiendo una tercerización de la tarea de control de agroquímicos en el periurbano como también el asesoramiento técnico en la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en la localidad. Particularmente, los registros generados por estos agentes deben contener información climática y las “mezclas” o composiciones de los productos de síntesis química, no así observaciones sobre las condiciones laborales-sanitarias como tampoco sobre personas presentes o posibles afectados.

Semanas previas a la aprobación, ciento cincuenta vecinos del Partido de General Villegas elaboraron, firmaron y elevaron una nota expresando su rechazo frente a esta normativa, considerando la ausencia de comunicación en el proceso de formulación con la comunidad local. Se argumenta que ninguno de los avances de la ordenanza fue sometido a consulta pública previa. De esta manera, se solicitó una charla abierta para que sean transmitidos aquellos puntos nodales de ambos proyectos presentados en el HCD. Además, esta instancia se configuró como oportunidad para asentar colectivamente un posicionamiento concreto no sólo sobre las fumigaciones sino además una postura relacionada al actual modelo agroproductivo, acompañada o respaldada con publicaciones científico-académicas de contenido socio-técnico y experiencias de otras organizaciones ambientalistas.

Debido a la pandemia del COVID-19 la convocatoria por parte de la administración local fue reducida. La reunión contó con la presencia de solo cuatro delegados de los vecinos autoconvocados, concejales del oficialismo, funcionarios de la Secretaría de Producción de General Villegas e ingenieros agrónomos representando al Colegio de Ingenieros Agrónomos. Luego de ésta, la organización difundió desde sus redes sociales un escrito relatando esta experiencia, en el cual se detallan “pruebas” científicas que comprueban diversos efectos negativos de los agroquímicos en la salud humana como también la peligrosidad que reviste el actual modelo agroindustrial, así como también sensaciones de “rechazo” y “negatividad” percibidas en este diálogo con los burócratas y tecnócratas.

La agrupación de vecinos, en momentos previos a la sanción, nos relataba la posibilidad que finalmente no sea aprobado el proyecto del oficialismo debido a la posición ambivalente de un concejal hasta momentos ulteriores a la votación. Sin embargo, finalmente se desarrolló el curso legislativo tal como especulaba el actual gobierno municipal con la aprobación de su proyecto. El mes de octubre del año 2020 cobró vigencia la mencionada ordenanza, por tanto, es legislada actualmente por el Municipio y percibida e implementada por los productores agropecuarios del espacio periurbano local.

Frente a este contexto, los vecinos autoconvocados presentaron a la administración local una Petición de Protección Pública Ambiental con el aval de cuatrocientas firmas de vecinos y vecinas del Partido de General Villegas. Esta figura legal se había convertido en una posibilidad para el colectivo de intervención en el proceso administrativo ambiental, expresamente en el rechazo y configuración de un nuevo dispositivo institucional de regulación ambiental. Como ya se mencionó, ciertos vecinos y vecinas consideran que esta normativa no cuenta con evidencia científica que actúe como sustento legal ni tampoco ha sido sometida a una consulta pública abierta a la comunidad local, en tanto diálogo multisectorial.

2. Dimensiones analíticas sobre la construcción social del riesgo

Desde la Antropología rural y la Sociología rural existen diversos trabajos (Giarraca y Cloquell, 1998; Giarraca, 2001; Feito, 2005a y 2005b; Teubal, 2006; Cloquell et. al 2014) que documentan cómo la expansión de las relaciones de producción capitalistas, la globalización y las políticas de la liberalización de la economía fueron transformado los espacios rurales en América Latina. En estos países, la adopción de políticas de ajuste estructural fue acompañada por el avance en los territorios de grandes corporaciones transnacionales que introdujeron la agricultura industrial en el sistema agroalimentario mundial. Este escenario presentó nuevas condiciones y condicionantes de producción en el sector agrícola, predominando hegemónicamente en la Región Pampeana las lógicas del agribusiness o los agronegocios. En este sentido, las empresas multinacionales irrumpen con la comercialización del paquete tecnológico consumado una tendencia ascendente hacia el monocultivo de soja transgénica y la dependencia de los cultivos a insumos externos.

En este contexto, los productores agropecuarios del agro pampeano devienen en empresarios innovadores (Hernández,2007) participantes del sistema de red de redes asociativas (Gras y Hernández 2008; Gras y Hernández 2013; Carabajal 2014; Hernández y Muzlera, 2016). La identidad promovida desde las lógicas del modelo de los agronegocios debe contener nuevos saberes, lo cual implica romper viejas estructuras y olvidar antiguos soportes identitarios no compatibles: relación simbólica con la tierra, importancia de saberes heredados y el trabajo directo (Liaudat, 2018). En la última década, tanto el actual modelo productivo como sus prácticas agropecuarias asociadas, han recibido cuestionamientos desde distintos sectores de la sociedad civil, los cuales pueden observarse en heterogéneas manifestaciones y expresiones de resistencia en los territorios. Pero, ¿de qué manera construyen estos productores agropecuarios una perspectiva de riesgo en torno a las aplicaciones con agroquímicos? En primera instancia, recuperamos ciertos aportes que nos permitirán avanzar sobre los interrogantes planteados a lo largo del trabajo.

Beck (2000) en su teoría sobre la sociedad del riesgo global la conceptualiza en tanto enfoque moderno donde se institucionaliza el control de consecuencias futuras no deseadas. El régimen del riesgo se encuentra estrechamente vinculado con el proceso administrativo y técnico de decisión, el cual se define no sólo desde el Estado sino también por empresas y la ciencia. Además, en la estructura oculta del poder en los conflictos de riesgo la responsabilidad se configura como una forma institucional impersonal diluida en el flujo del mercado global donde sus elementos constituyentes persiguen su propio interés.

En su obra, Douglas (1996) elabora la idea de la percepción de riesgo como un proceso social. Estructuralmente, son asignados riesgos anclados en la distribución del poder como también en los posicionamientos de los sujetos que, desde construcciones intelectuales, desenvuelven evaluaciones sociales de probabilidades y valoraciones. Asimismo, considera que la recepción pública de cualquier política sobre el riesgo se encuentra condicionada por la circulación de ideas acerca de la justicia social como la libertad.

Para el caso de Argentina, Ríos y Pellizari (2016) realizan un recuento de la legislación ambiental vigente en torno a la aplicación de agroquímicos. Sostienen que, en términos generales, el marco legal aplicable es completo y más exhaustivo en ciertos aspectos. En este esquema, las autoras evidencian “diferencias” que impiden la implementación sistemática de la política ambiental. Entendemos que se trata de una sucesión de instancias orquestadas —disposiciones provinciales, designación de instrumentos de gestión y administrativos, descentralización y designación de instituciones de transferencias de recursos y capacitación, ordenanzas municipales, entre otros— que en numerosas ocasiones se encuentran desfasadas o desarticuladas.

Por su parte, Jager, Pellizari, Feito, Battista y Solari (2016) señalan que la utilización de plaguicidas y fertilizantes sintéticos generan efectos en el ambiente, en la salud poblacional e incluso en los mismos productos agrícolas de consumo. No obstante, los paquetes tecnológicos aplicados sistemáticamente en la actividad agropecuaria comprenden conocimientos, criterios y prácticas producidas para avanzar con la imperante búsqueda tecnocrática de eficiencia económica. Se observa cómo los empresarios industriales o agrícolas perciben que los efectos colaterales o las externalidades producto de su uso exceden su responsabilidad individual, por tanto, sólo se incorporan en sus planificaciones ciertos requerimientos exigidos por la probabilidad a ser “descubiertos” y adquirir alguna penalización.

En los párrafos siguientes pretendemos abordar la perspectiva de riesgo conformada por productores agropecuarios presentes en el espacio periurbano de General Villegas. En este sentido, entendemos que se trata de una conjunción de distintas impresiones de actores sociales que interactúan de manera dinámica y desigual, en las que intervienen divergentes conocimientos, prejuicios, ausencia de información o proyecciones conformando una construcción social del riesgo (Jager, et. al 2016).

3. Los productores agropecuarios de la interfase urbano-rural

Anteriormente hicimos mención al contexto socio-político de surgimiento de la ordenanza que regula las aplicaciones de agroquímicos en las intermediaciones urbano-rurales de la localidad. La misma contiene las zonas de amortiguamiento y de exclusión más limitadas métricamente del territorio bonaerense y los aportes realizados en Argentina por el International Life Sciences Institute (ILSI) a comienzos del año 2020 fueron sustento fundamental para la planificación de estas franjas ambientales. El informe expone consideraciones basadas en ensayos a campo efectuados a lo largo de seis años en regiones ecológicas del país donde se presenta esta problemática. Es importante mencionar que estas pruebas fueron desarrolladas reemplazando los compuestos agroquímicos por agua, pero se afirma que podría asemejarse a la “realidad productiva cotidiana” en donde los productores reproducen sus prácticas. Se examina que, en términos generales, las derivas fueron “reducidas” y las distancias promedio fueron 9.7 metros para las aplicaciones terrestres y 45 metros para las aplicaciones aéreas.

Asimismo, advertimos el avance de ciertos lineamientos producidos por la Cámara de Sanidad de Agroquímicos y Fertilizantes (CASAFE) en torno a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en la localidad de referencia. Se las definen en tanto “conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas en asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles”. Si bien se presentan como metodologías específicas que los agricultores deben implementar, consideramos que, en primera instancia, se realiza un reconocimiento público del actual problema ambiental por causa de la dependencia del modelo productivo a insumos externos. Sin embargo, al apropiarse de dicho conflicto les permite configurar una “solución”. Por tanto, este sector económico-político dominante genera, propone e impulsa las BPA como alternativa “sustentable” caracterizada por su “rigurosidad” científica.

Se trata de una estrategia geopolítica fundada desde el sector privado que luego es asumida como política de Estado. En este aspecto, entidades públicas y privadas dieron origen a la Red de Buenas Prácticas Agrícolas en el año 2015.² Desde esta organización se creó un plan con recomendaciones para impulsar este tipo de normas jurídicas en municipios, en una búsqueda por reglamentar sistemáticamente la aplicación de agroquímicos en los espacios periféricos desde estos criterios. Se expone como modelo de ordenanza con el propósito de replicar en la extensión de numerosos territorios una uniformidad de criterios de forma empaquetada. De igual modo, las BPA continúan configurando ortodoxia desde la consolidación del modelo de los agronegocios. El proceso de territorialización de estos preceptos socio-técnicos impulsa conjuntamente la estandarización de las prácticas agrícolas y su posterior normativización e institucionalización.

Retornando al caso de estudio, todas las propuestas referenciadas fueron retomadas y apropiadas desde articulaciones políticas. Concretamente, entendemos que se extrapolan y proliferan criterios que invisibilizan contextos inmediatos. Es decir, homogéneamente se presenta localmente una premisa por normativizar la práctica de aplicación de agroquímicos, la cual además se encuentra definida mediante la uniformización del territorio de borde del poblado. Aún con todo, ciertos funcionarios sostienen que la regulación presenta “grises” que deben ser revisados e incluso podrían ser transformados en años siguientes. Por su parte, los productores agropecuarios expresan la ausencia de ciertas explicitaciones en el cuerpo legal, tal como: carencias en la delimitación como la planificación del ordenamiento territorial del espacio periurbano, inexistencia de procedimientos para aplicaciones en lotes contiguos a escuelas rurales, ausencia de señalamientos o alternativas por las prohibiciones de agroquímicos en los cultivos producidos bajo el actual modelo, entre otros.

Entonces, al igual que otros vecinos y vecinas de la localidad, ciertos sujetos productores también percibieron una “falta” de comunicación en el planeamiento de la ordenanza. Dos meses luego de su aprobación, se llevó adelante un encuentro virtual con éstos para informar los puntos más relevantes de la ordenanza. Esto se presentó como una posibilidad para expresar incertidumbres, como ¿Es posible continuar produciendo soja transgénica? ¿Qué ocurre con las aplicaciones nocturnas? ¿Cuáles son los canales comunicacionales legales para informar a escuelas rurales sobre una aplicación en lotes contiguos? ¿Por qué no se abordan otras problemáticas como la ausencia de acceso a agua potable en el espacio periurbano?

El caso del espacio periurbano villeguense, al igual que otros poblados de la Pampa Húmeda, es un territorio que emerge en términos de lo público mediante la regulación de interfases de ordenamiento ambiental. En el dispositivo de gobernanza se expone una construcción social del riesgo “consensuada” entre pobladores, el sector agropecuario y la administración local. Además, se determina que no existe otra modalidad de producción que pueda ser desarrollado en este espacio y alcance los rindes actuales. Ahora bien, partimos del supuesto que existen desiguales posiciones como también capitales que los distintos sujetos implicados ponen en juego para alcanzar estas definiciones. Circunscribiendo más este universo, Senigagliesi (2019) realiza una tipología de agricultores presentes en los periurbanos de localidades ubicadas en la Región del NOBA: agricultores de patio, pequeños productores emprendedores, productores dinámicos, productores preponderablemente familiares, productores de granjas o chacras y productores familiares capitalizados.

Atendiendo lo señalado anteriormente, en este trabajo referimos a productores agropecuarios capitalizados presentes en el territorio de borde. Con modalidades de arrendamiento o propiedad de la tierra, los mismos acumulan entre 40 a 300 hectáreas y se autodefinen como pequeños productores. En primera instancia, coinciden en señalar que las BPA pueden ser “bien” implementadas en el espacio periurbano y permiten “solucionar” un “problema” existente en la localidad. Expresan que anteriormente las aplicaciones “mal” realizadas eran frecuentes, pero ninguno se autorreferencia como “infractor” sino que en sus narrativas son citadas las experiencias de otros sujetos cercanos. Además, concuerdan en la nula percepción de “miedo” a los agroquímicos, incluso algunos de nuestros interlocutores manifiestan que habitan en sus campos productivos con sus respectivas familias. Entonces, destacan que en la institucionalización de estas metodologías, protocolos y sugerencias es habilitado un marco regulatorio para desarrollar “responsabilidad” en sus “prácticas de campo”.

Particularmente, precisan que las “buenas” aplicaciones pueden ser efectuadas bajo factores climáticos óptimos, es decir sin altas temperaturas y vientos con flujos opuestos a las zonas residenciales cercanas. Sin embargo, existen ocasiones donde esto los “excede” y se convierte en una imposibilidad producto de la tercerización de las actividades hacia contratistas rurales. En este sentido, ellos distinguen dos tipos de servicios: el contratado en la misma localidad y aquel adquirido en otra ciudad. Estos últimos comparativamente son considerados como “más desprolijos” debido a que, en tiempos de mucha demanda, suelen realizar en un mismo día varias aplicaciones en diversos lotes ubicados sobre distintas localizaciones. Es importante señalar que, en una menor proporción, algunos disponen de maquinaria propia.

Todas estas sensaciones y afirmaciones son expresadas en el espiral de conflicto (Merlinsky, 2014) donde contextualmente los productores agropecuarios del espacio periurbano y sus prácticas agrícolas se encuentran dentro del epicentro de las polémicas. Poder ampliar la mirada nos permitió aprehender otros sentidos construidos. Con respecto a esto, luego de varios encuentros los actores manifestaron la “peligrosidad” de los insecticidas, pero desde sus prácticas de campo resaltan un compuesto más “temido” llamado Paraquat.³ Uno de nuestros interlocutores mencionaba que debido a una aplicación “mal” realizada vivenció sensación de “terror”. Sostienen que, en muchas ocasiones, es sólo mediante “la práctica” y “el error” que se toma conocimiento sobre cómo proceder “correctamente”. Recientemente, algunos han “descubierto” que es un compuesto muy volátil con 30 kilómetros de alcance.

A pesar de su exclusión en producciones agrícolas de países del norte, hasta la actualidad este activo se comercializa libremente en Argentina. Diversas organizaciones ambientalistas e investigadores vienen denunciado en numerosas instancias la multidimensionalidad de sus afecciones e implicancias socio-sanitarias de la utilización de agroquímicos, que resuena y se multiplica en heterogéneos territorios. En muchos casos, mediante estas luchas se han alcanzado restricciones provinciales en la periodización de su comercialización e incluso impedir su venta. Particularmente, la Ordenanza 6124 prohibió, más allá de su banda toxicológica, la utilización de cinco agroquímicos: 24D, Picloram, Paraquat, Atrazina, Clorpirifos.

Con relación a lo último mencionado, esta disposición no es considerada por aquellos productores agropecuarios como una materialización de años de disputas o “logro” de las organizaciones ambientalistas. Por el contrario, manifiestan que la creación e implementación la ordenanza que regula localmente las prácticas de campo en torno al uso y disposición final de los agroquímicos es una “cuestión política” que la municipalidad debe abordar producto de “presiones sociales” percibidas sobre esta problemática. Luego de la causa Pergamino, caso testigo que sentó precedentes en términos jurídico-políticos en la Región del NOBA, los canales administrativos avanzaron e impulsaron con rapidez la sanción de la normativa y esto es interpretado como una estrategia en la que sólo “ganan” algunos pocos.

Lo anterior da cuenta sobre como en la apertura pública del debate de los agroquímicos en los espacios periurbanos son puestos en juego capitales materiales y simbólicos específicos, los cuales posicionan desigualmente a los actores en la trama conflictiva local. En este sentido, los productores agropecuarios del territorio de borde disponen menores recursos con relación a otros sujetos agrarios. Aún con todo, conforman conjuntamente un dominio hegemónico en términos estructurales que desplaza a otras realidades agrícolas presentes por fuera del actual modelo productivo. Advertimos así la configuración de relaciones de poder asimétricas entre los mismos que acumulan ganancias o ingresos extraordinarios a través de la comercialización de commodities. Más aún, por los desplazamientos del debate público de los pobladores expuestos cotidianamente a las consecuencias ambientales y socio-sanitarias del actual régimen agro-extractivista.

En primera instancia, las presiones socio-ambientales ejercidas en este espacio condujo a la entidad administrativa a exponer y circular las ideas de “consenso” o “acuerdos” generales. Corresponden con articulaciones multiescalares complejas que intentan abordar la señalada problemática con una perspectiva “sustentable” o “verde” que introduce los principios de ciclicidad, pero donde no son discutidos o planteados cambios desde lo estructural. Es ahí donde residen los avances en la implementación de la mirada moralizante vinculada con los “malos” o “buenos” usos de agroquímicos, acompañados por el llamado explícito a la generación de “individualidades responsables” cimentado en el vigente modelo de desarrollo (Escobar, 1999 y 2005). Observamos que, más allá de la extrapolación de criterios, los flujos entre lo macro y lo micro son condensados en enfrentamientos concretos constituyendo especificidades en el caso de estudio.

Visualizamos primeramente una perspectiva de riesgo vinculada estrechamente con los grados de exposición y peligros relacionados con la toxicidad que reviste la utilización de los productos de síntesis química. Respecto de las BPA, las entidades técnicas del agro fomentan el planteamiento del “control de daños” que seguidamente es apropiado. En otras palabras, son negadas experiencias con modalidades o estilos productivos divergentes porque contemplan que bajo el actual modelo productivo es posible a través de determinadas metodologías operar con parámetros “más seguros” en sus prácticas de campo. Al mismo tiempo, examinamos esta noción de riesgo anidada a la “incertidumbre” producto de la prohibición del uso de los cinco plaguicidas en las bandas de protección ambiental. Concretamente, ¿cómo producir sin éstos? Recordemos que, así como los monocultivos transgénicos son altamente dependiente a insumos externos, los mismos supeditan al agricultor frente al complejo industrial-financiero-oligopólico (Porto-Gonçalves, 2004).

4. A modo de cierre

En este artículo reconstruimos la matriz de una perspectiva de riesgo construida por productores agropecuarios del espacio periurbano, desde un enfoque socio-antropológico. Dar cuenta de esto implicó describir primeramente las estrategias metodológicas y los antecedentes sobre el caso de estudio. Luego introducimos particularidades de la localidad en la que desarrollamos nuestra investigación como también el contexto de surgimiento del dispositivo legal que actualmente regula aplicaciones en este territorio. La conflictividad socioambiental y las presiones locales actuales revisten una complejidad espiralada, la cual implicó sintetizar las matrices teóricas que retomamos para abarcar el objetivo del presente trabajo.

Concluimos que el periurbano es un espacio que emerge en la creciente conflictividad ambiental. De este modo, colocamos nuestra atención en articulaciones político-administrativas desprendidas en distintas escalas. Por un lado, consideramos que se imponen estratégicamente por el sector empresario agrícola e institucionalmente, a través de las Buenas Prácticas Agrícolas, una mirada consensualista entretejida en una retrospectiva percepción moralizante de las prácticas agropecuarias. En su territorialización intervienen la comunidad científica con la mediación de ciertas instituciones técnicas.

Esto último fue recuperado por nuestros interlocutores en sus discursos, pero advertimos que sucede en un contexto donde se ubican en el epicentro de las arenas del conflicto. Por esto, adentramos a los sentidos y percepciones configuradas por ciertos actores del territorio de borde. Estos productores agropecuarios capitalizados a partir de sus propias trayectorias constituyen experiencias anidadas a sensaciones y afectividades sobre la utilización de agroquímicos. Además, precisamos las interconexiones con los riesgos que en términos materiales supone la prohibición de plaguicidas en su organización productiva.

En síntesis, comprendemos que la normativa vigente configura desde la hegemonía local sus aportes para el sostenimiento del flujo de competitividad en el mercado global y la rentabilidad del actual sistema productivo. Consecuentemente, el territorio de borde es un espacio determinado por la actividad extensiva, pero mediante nuestro análisis visualizamos que no se limita a los monocultivos porque habitan otros agricultores. En la actualidad, se representan complejos procesos que implica analíticamente apostar al estudio que privilegie su aprehensión en sentido amplio.

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Notas

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