1. El mandato fundacional y los proyectos en pugna para la Escuela de Servicio Social

Desde 1937 y hasta 1943, la provincia de Santa Fe está gobernada por la Unión Cívica Radical. Dos gobiernos conservadores^[1] que, con el objetivo de suplir los déficits de legitimidad de origen, buscan producir legitimidad de sustitución. Para eso, amplían la intervención estatal concentrándose en la obra pública, la salud y asistencia social poniendo en marcha la centralización de los organismos del Estado (Piazzesi, 2009). En el discurso a la Asamblea Legislativa de 1942, Argonz enfatiza el “alto contenido social” de su gobierno, en el que la obra pública debe estar al servicio del bienestar colectivo, invirtiendo especialmente en la obra vial (para posibilitar el aumento de la producción, reducir su costo y facilitar el transporte) pero también en la construcción de establecimientos de salud y de centros de irradiación educativa y cultural en condiciones higiénicas, destinados a enriquecer la instrucción y el acervo espiritual de la raza. Esa inversión, además, contribuye a mantener la distribución territorial de la población sin que se concentre en las ciudades de Santa Fe y Rosario, fortalecer la estructura productiva agrícolo-ganadera y a hacer posible que pueblos y pequeñas ciudades "disfruten de una vida higiénica y económica sin sentirse aislados o desprovistos de las ventajas del progreso".

El programa de gobierno resalta la necesidad de proteger y garantizar la fuerza de trabajo, lo que deriva tanto en políticas de asistencia social y su énfasis en la protección de los niños, como de salud y en la aprobación de leyes que dan forma a un entramado institucional tendiente a posibilitar la ejecución de las políticas. Esas leyes disponen la creación de la Caja de Seguro Mutual (destinado a todos los empleados y obreros permanentes del territorio provincial) y la Caja de Previsión Social de los Empleados Públicos de la Provincia de Santa Fe, para atender los servicios sociales del Seguro Mutual en los casos de muerte e invalidez y fomento de la vivienda propia; la Caja Provincial de Asistencia Social a la Vejez, Invalidez a la madre y a los huérfanos; se establece la Asignación Familiar por hijo y cónyuge incapacitado para los empleados públicos (que según sus propias palabras, se inspira en las generosas concepciones del catolicismo). La ley Nº 3069 de Asistencia Social y Hospitalaria constituye un fondo especial para la asistencia social a la vez que crea una estructura administrativa y funcional para su implementación.

Estas políticas se fundan en enfoques incipientes en la época que apuntan a fortalecer la intervención estatal en la resolución de los conflictos derivados de la acumulación de capital, la integración económica y la cohesión social; a la vez que instalan una perspectiva “técnica” del bienestar social que, en el mismo movimiento, despolitiza la cuestión social y la coloca como un asunto de política pública. Esa perspectiva “técnica” del bienestar supone que la intervención se hace especializada y requiere profesionales que se “hagan cargo” de los problemas sociales (Bacolla y Parera, 2011). Se trata de personal que organiza su práctica con base en conocimientos y pericias específicas lo que exige formación especializada e institucionalizada.

1.1. Implementar la Ley de Asistencia Social exige personal idóneo

Al iniciar la década de los '40 se diseña una modalidad de intervención estatal con múltiples aristas, pero la Ley de Asistencia Social plantea un eje central, corriéndola de la vinculación exclusiva con la Salud. Si bien el foco de atención principal es la niñez, se considera necesario “extender la acción social a todos los terrenos, a fin de permitir que el bienestar y la salud del niño aparezcan como una resultante de situaciones que permitan gozar de los mismos derechos a todos los individuos…” (Irigoyen Freyre. 1943, p. 54).^[2]

Así, la asistencia se organiza de acuerdo a las etapas vitales, planteando acciones dirigidas a las madres y a los niños (para combatir la mortalidad infantil, establecer comedores infantiles y proveer de recursos a familias carecientes), los adolescentes (para los que propone el aprendizaje teórico - práctico de oficios y manualidades, articulando la acción estatal y de las industrias con la implantación de anexos de formación a las fábricas y talleres) y los obreros (para quienes busca garantizar la asistencia fuera de los horarios de trabajo, estimulando la creación de centros culturales y de “sanas diversiones”, el estímulo de espectáculos teatrales, cinematográficos y musicales, el establecimiento de colonias de vacaciones, propiciando el turismo y la actividad física atlética). La ley prevé, además, los mecanismos y fuentes para su financiamiento y pretende llegar a todo el territorio, para lo que se organizan dos Comisiones Asesoras de la Ley Nº 3069^[3] (una por cada circunscripción) responsables de organizar la asistencia y controlar el cumplimiento de lo dispuesto por la misma. A su vez, cada circunscripción se divide en zonas regionales, con centro en los asentamientos urbanos en los que funciona un hospital. Éste tiene a su cargo las escuelas de su zona de influencia, que son consideradas centros auxiliares de asistencia social y el medio para relacionarse con los hogares, realizando la ficha médico social de cada niño y concretando la acción asistencial (por lo que directores y maestros deben prestar su colaboración para cumplir con los propósitos de la ley). Se trata de una organización piramidal que está destinada a llegar hasta la intimidad de cada familia, a través de las instituciones estatales instaladas en el territorio y que irán requiriendo personal con formación específica para concretar el mandato de la Ley.

Asimismo, se deben investigar las causas de los problemas sociales, que conjugan aspectos económicos y éticos, con primacía de los primeros, “porque hay sectores de población que por falta de trabajo o insuficiencia del poder adquisitivo del salario [llegan] a situaciones de indigencia” (Junta de Acción Social 2ª circunscripción. 1943, p. 3). Cada Comisión, debe organizar un censo de hogares para determinar los que estarán comprendidos en la ley, que deberá actualizar semestralmente, así como la nómina de fábricas y establecimientos industriales. También debe determinar los lugares para establecer colonias de vacaciones, destinadas al turismo obrero y escolar. Como puede observarse, el diseño de la política social se racionaliza y exige el conocimiento técnico estadístico de la realidad social que dé sustento a las decisiones, lo que marca una distinción significativa con las formas anteriores de intervención en lo social.

Por lo tanto, poner en acto la política de asistencia social requiere la formación del personal idóneo, como mandato explícito de la Ley Nº 3069, lo que se concreta con la creación de dos escuelas de formación de Asistentes Sociales, una en Rosario y otra en Santa Fe, lo que se concreta en marzo de 1943. Los discursos inaugurales de esta última destacan la importancia de la función de las Asistentes Sociales con relación a la legislación vigente fundada en los principios de la justicia social. También plantean al Servicio Social como una actividad encaminada a corregir las desigualdades que crea la lucha por la vida, resocializando al inadaptado y sirviendo al niño y su familia. Asimismo, enfatizan en la influencia negativa de la enfermedad, la miseria y la ignorancia sobre la vida comunitaria, y los obstáculos que ofrecen al progreso, razones por las que se tornan prioritarias para la política social del Gobierno de Santa Fe. Enfrentar esos problemas requiere servicios descentralizados en todo el territorio provincial y personal especializado que disponga de los fundamentos científicos para la comprensión de los hechos y la influencia de los factores ambientales.

En esa oportunidad, Irigoyen Freyre sostiene que es necesaria la

“[…]formación de un personal consagrado por entero al desenvolvimiento y realización de las obras de asistencia social, como una profesión aceptada por vocación, mantenida por la fe y con un amplio espíritu de justicia social [… y] que podremos contar dentro de muy poco tiempo […] con un núcleo calificado de trabajadoras sociales que, por su cultura, su amplitud de conocimiento y criterio, por su generosidad y altruismo, en una palabra, por su sentido social, estén en condiciones de completar la obra educativa de la escuela, con la obra social indispensable, llevada al hogar de los mismos educandos, para más tarde extenderla a todos los sectores de la sociedad” (1943, p. 55)

En la mirada del Ministro, las Asistentes Sociales tienen al conocimiento como arma de trabajo, por lo que deben combinar estudio y acción. Además, deben ser modelos de salud, limpieza y orden, con conductas ejemplares que combinen bondad y energía, sinceridad con un amplio bagaje intelectual, que le permitan ser “la gran propagandista de los ideales higiénicos y sociales.” (1943, p. 55). Irigoyen Freyre anuda directamente la implementación de la Ley de Asistencia Social, a través de las Comisiones Asesoras, con la formación de Asistentes Sociales (Genolet, 2017). Éstas se transformarían en las profesionales técnicas, formadas por el propio Estado, para la implementación de sus políticas destinadas al tratamiento de los problemas sociales en general, pero particularmente de la niñez (objetivo principal de la Ley 3069). Es posible pensar que se trata del inicio un pasaje de intervenciones legas, sostenidas principalmente en las acciones de la beneficencia, a intervenciones a cargo del Estado, sostenidas en la experticia profesional. Así, la institución estatal asume tanto la responsabilidad de la formación y la contratación de los agentes especializados como del diseño, financiamiento y puesta en acto de las políticas.

2. Los planes de estudio del momento fundacional: proyectos en pugna para la formación profesional y la profesión

Si bien todas las iniciativas coinciden en la necesidad de formar los técnicos ejecutores de la política asistencial, hay distintas posiciones respecto a cómo concretar esa formación. En principio, hay antecedentes de una desavenencia entre Gianello^[4] y Sanchez Rizza.^[5] El primero, que gana la disputa, brega por tomar el antecedente de los Cursos de Asistentes Sociales de Rosario y la ubicación de la Escuela en el Consejo de Educación; el segundo se inclina por el modelo de la Escuela del Museo Social Argentino y la dependencia de la Comisión de Acción Social.

El primer Plan de Estudios se formaliza en el Expediente 614 – C del Consejo de Educación de la Provincia de Santa Fe, del cual depende la Escuela de Servicio Social en el momento de su fundación. En ese expediente se expresa que

“La escuela tendrá la finalidad de formar el personal idóneo que tendrá a su cargo la atención de:

• las obras de asistencia a los necesitados;

• la asistencia a la infancia abandonada;

• los servicios sociales de la industria y el comercio;

• las obras de educación social;

• la difusión de los postulados y objetivos de la Ley de Asistencia Social N° 3069;

• la realización de un amplio plan de extensión cultural tendiente a conseguir lo expresado en el punto anterior”.

En 1943, la formación ofrecida tiene 2 años de duración, requiere ser argentino y tener título de Maestro Normal Superior. La estructura curricular es la siguiente:

1. Primer Año: Economía Política: Elementos - Economía Doméstica: Nociones de dietética – Psicología - Derecho Usual - Higiene y Puericultura

2. Segundo Año: Economía y Legislación social: Infancia abandonada y delincuente - Medicina Social - Servicio Social – Psicopatología

Las asignaturas son de régimen es anual y es obligación aprobar la totalidad de las asignaturas del primer año para iniciar el segundo. La formación es teórico – práctica, e incluye encuestas, seminarios, visitas y estadías en institutos sociales, con un trimestre especialmente destinado a la intensificación de la práctica en instituciones de previsión social con contralor de la dirección de la escuela y bajo la guía docente. Para acceder al título, también se requiere la presentación de una monografía sobre un tema de previsión social.

En el mes de junio de 1943 se produce el golpe de estado y se interviene la provincia. La intervención mantiene las políticas del Ministerio de Salud Pública y Trabajo, y en el área que nos ocupa, reemplaza las Comisiones Asesoras de la Ley 3069 por dos Juntas de Acción Social, una por cada circunscripción. Emilio Sánchez Rizza es electo presidente de la Junta de la Primera Circunscripción. Desde la Junta (y en un reclamo coincidente con el Centro de Estudiantes y la planta docente) se reclama por mejoras en la dirección y financiamiento de la Escuela de Santa Fe. En primer lugar, el Consejo General de Educación y luego el Ministerio de Gobierno e Instrucción Pública y el Interventor Federal deciden el traspaso, que se terminaría de formalizar al año siguiente con la aprobación del Reglamento de la Escuela de Servicio Social de Santa Fe -en adelante, ESS- (Decreto 4412 / 1944 – SP 314) y la creación de la Escuela de Servicio Social de Rosario a partir de la transformación de los Cursos (Decreto 149 /1944 – SP 3358). De alguna manera, se salda la disputa original sobre la dependencia y orientación de la formación, en favor de la posición de Sánchez Rizza, quien finalmente asume la dirección de la Escuela.

Como Director, impulsa la modificación del Plan de Estudios [aprobada en 1944], que pasa a tener tres años de duración, cambiando la denominación de algunas de las asignaturas, e incorporando otra asignatura Servicio Social (en primer año) y Estadística Metodológica, un seminario de casos individuales con sesiones semanales de lectura comentada sobre temas de Servicio Social (a desarrollarse en el tercer año) así como seis meses de práctica con supervisión docente a realizarse en instituciones de acción o asistencia social. También se incorpora una monografía final y se especifica que la misma debe versar sobre temas relacionados a las materias de la formación. Si bien no se detallan los contenidos específicos de cada asignatura ni se han conservado los programas de las mismas, es posible inferir una mayor atención a las cuestiones específicas de la profesión, fundamentalmente en aspectos metodológicos a desarrollarse en las clases, el seminario y la práctica supervisada, en concordancia con una mayor delimitación del campo de experticia profesional.

Se producen otras modificaciones que, si bien se instalan, no se formalizan en el Plan de Estudios:

• Se dicta “Pre – Seminario” como curso común para estudiantes de 1º y 2º año, que brinda elementos de Metodología de la investigación, con el fin de orientar al estudiantado en los trabajos que deberán iniciar, estimular el espíritu crítico y la actitud investigativa.

• La Intervención Federal incorpora en 1944 la asignatura Moral Cristiana, a cargo de Monseñor Santa Cruz. El clérigo impulsa el cambio de denominación por “Moral Social” y elabora un programa destinado a que las estudiantes conozcan “los principios morales Cristianos, las consecuencias que ellos tienen en la aplicación al orden social”, considerando que la materia debe contribuir a formar una moral Cristiana en el futuro asistente social, inscribiéndose “en el espíritu de las tradiciones y las leyes y en el empeño de las autoridades de volver a Cristo a la conciencia nacional”. Argumenta la solicitud de cambio de nominación planteando que “no puede prescindirse de la moral en la vida en sociedad y en manera especial, entre aquellos que cumplen funciones de orden social entre los necesitados de asistencia” y que sólo la moral Cristiana ofrece normas de vida claras y concretas. (Expte. 108 – J. 1944. MSPT). La solicitud encuentra sus fundamentos directos en el llamado de Pío XI a combatir la descristianización del orden social y económico, volviendo a todos los hombres a la doctrina evangélica. Esa incorporación resulta a tono con la voluntad de la intervención federal de difundir las ideas ideas nacionalistas y católicas en los distintos niveles educativos, desde la escuela primaria hasta la universidad (plasmada en el Decreto Nacional Nº 18411/43 que incluye en los contenidos obligatorios la enseñanza de la religión católica) y que influye en la designación de las autoridades educativas provinciales salidas de las filas del nacionalismo católico (Sironi y Sironi. 2015).

Como ya lo había planteado Irigoyen Freyre, la labor de las Asistentes Sociales conjuga estudio y acción, virtud y racionalización de la acción social. Los considerandos del Decreto 33.733, de nacionalización de los títulos de las Escuelas de Santa Fe y Rosario destacan por un lado la necesidad de prestigiar la formación como “medio de propender al estudio y conocimiento de los problemas de la Provincia” y por otro el marcado renombre conquistado por la acción desplegada en la formación, así como la calificación de los profesores y sus planes de estudio, lo que “permite llevar a la práctica los fines primordiales de la Asistencia Social”.

Sánchez Rizza, como Presidente de la Junta de Acción Social y Director de la Escuela, se ocupa de priorizar ese perfil. Entre otras acciones, impulsa la participación de estudiantes de la Escuela en una encuesta social (Decreto 3221/1944 MSPT) a partir de la cual se sientan las bases de la creación de los Centros de Acción Social y la creación de 20 cargos de Asistentes Sociales en la Junta (Decreto 5354 – SP 592 MSPT).

La gestión de Sánchez Rizza dura aproximadamente un año, luego de la cual la intervención federal designa como director a Lorenzo García.^[6] En menos de un mes, éste suspende el Plan de Estudios de 1944 y presenta los lineamientos de reorganización de la Escuela, que incluyen un nuevo Plan de Estudios -que pretende poner en práctica ese mismo año para que “los que egresen dispongan de los conocimientos indispensables a la función que les corresponda desempeñar” (Provincia de Santa Fe. Decreto 8918/45)- y la propuesta de creación de “un instituto general que se denominaría Liceo Social y que abarcaría una Escuela Elemental de Salud Pública y la Escuela de Servicio Social” (Libro de Actas del Consejo Directivo, Tomo 1 pg. 58). El Director encuentra similitudes entre la Escuela y las Facultades, por lo que asume las directivas del Poder Ejecutivo nacional referidas la normalización del gobierno de las universidades y la reforma de estatutos y planes de la enseñanza.

García tiene la intención de presentar ese Plan de Estudios ante la Comisión Unificadora de Programas de las Escuelas de Servicio Social de la República,^[7] que funciona en la Secretaría de Trabajo y Previsión, bajo la dirección de Lucila de Gregorio Lavié^[8] (quien también es la responsable de la División de Trabajo y Asistencia de la Mujer de esa misma Secretaría, creada por Perón en 1944).

En las discusiones sobre el Plan de Estudios puede observarse una presencia cada vez mayor de contenidos específicos de Servicio Social, la relevancia otorgada a la estadística metodológica, así como una mayor influencia jurídica en la formación y la persistencia de los contenidos de “Moral Social”. En la mirada del director, ésta expresa "… la deontología del Asistente Social, sucesión de normas aplicadas a su conducta pública y privada y en su trabajo; [lo que] se afirmará con un contenido ético y filosófico que le dará jerarquía universitaria” (1945, Acta 13, pg. 73).

El Plan se aprueba al año siguiente (Decreto 19.608 / 1946), unifica la formación de las Escuelas de Santa Fe y Rosario y, finalmente, tiene esta estructura curricular

1. Primer año: Economía Política, Higiene General y Especial, Psicología, Asistencia Social Alimentaria, Introducción y elementos de Derecho.

2. Segundo Año: Medicina Social, Legislación Materno-Infantil, Psicopatología y Criminología, Maternología y puericultura, Servicio Social (primera parte)

3. Tercer año: Sociología, Orientación Profesional, Legislación del Trabajo, Servicio Social (segunda parte), Deontología social.

También comienzan a establecerse reglamentaciones que van cristalizando la vida institucional: el Reglamento de la Escuela [propuesto por el director], el Reglamento del Gabinete de Investigaciones económico – sociales, se diseña un plan para la puesta en marcha del tercer año y se reglamentan las tesis. Los trabajos prácticos -una práctica semestral obligatoria- pueden realizarse tanto en instituciones como en el Gabinete de Investigaciones económico-sociales, lo que implica equiparar la práctica pre profesional de intervención a la práctica pre profesional de investigación.

Podemos identificar otra disputa, esta vez entre Sánchez Rizza y García, que tienen un contrapunto persistente -ya por cuestiones relevantes, ya por nimiedades- en el que se destaca la diferencia sobre la dependencia institucional. El primero sostiene la dependencia directa del Ministerio, porque allí se desempeñan estudiantes y profesionales y porque jerarquiza la profesión. García señala la tendencia del Gobierno a que las escuelas dependan de un organismo específico, que conlleva mejor presupuesto y mayor vinculación con las autoridades. La discusión se salda a favor de la posición del director, quien también impone su criterio de discrecionalidad para la designación de profesores.

La preocupación de Sánchez Rizza por la jerarquización de la profesión también se expresa en la discusión respecto a los alcances del título de Auxiliar de Asistente Social, otorgado por el curso destinado a la formación del personal de la Dirección de Acción Social. Ese curso, de 7 meses de duración, pretende que el personal incorpore los mismos conocimientos que las Asistentes Sociales a la vez que permitiría la retroalimentación con los problemas prácticos que aportarían los cursantes. A García, en cambio, no le interesa la formación de Asistentes Sociales, sino la capacitación del personal que ya se desempeña en el área, para que se identifique con lo que se enseña en la Escuela y se transforme en idóneo para las tareas de bienestar social.

Todo el período está atravesado por la preocupación por la jerarquía de la formación y el prestigio de la Escuela, expresado -entre otras manifestaciones- en la distinción de las exigencias a las Asistentes Sociales y la formación de idóneos, exigencias al estudiantado, organización de actividades que obliguen a los alumnos a realizar trabajos de investigación en el Gabinete (organizados desde las cátedras), creación y crecimiento de la Biblioteca, intercambio con otras instituciones nacionales y extranjeras, participación en eventos de la especialidad así como la creación, en 1945, de la Revista de la Escuela de Servicio Social.

3. El proyecto del Peronismo

A fin de 1946, el gobierno del laborista Waldino Suárez elabora un Plan Trienal para la acción gubernamental, alineado y complementario del Plan Quinquenal, destinado más a los aspectos sociales que a los económicos. El Plan se organiza en dos grandes capítulos, uno destinado al financiamiento a través de dos empréstitos destinados a obras públicas y acción social y otro a la reforma administrativa. Macor y Piazzesi (2011) señalan que solo llega a implementarse el segundo capítulo. Eso supone la reestructuración de los Ministerios, apuntando a la vez a la especialización, la unidad y agilidad del mecanismo estatal. Con esos objetivos, se establecen 4 ministerios: Educación, Justicia y Culto; Finanzas y Obras Públicas; Economía y Trabajo; y Salud Pública; y la creación de 4 Secretarías (con rango ministerial): Gobierno; Técnica; Bienestar y Seguridad Social; e Industrias, Orientación Profesional y Aprendizaje.

La creación de la Secretaría de Bienestar y Seguridad Social centraliza la Acción Social al tiempo que la separa de las políticas de Salud Pública y Trabajo. Sus fundamentos recuperan el espíritu de la ley 3069, a la que critica la falta de operatividad. Como puede observarse en la Figura 1, esa Secretaría (equiparada por el Gobernador a la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación) tiene a su cargo las políticas dirigidas a la familia, la protección de la infancia y adolescencia, la asistencia social al niño en edad escolar, la vivienda popular, el turismo obrero y el Servicio Social individual y de grupo; e incorpora otras dependencias concurrentes al Bienestar Social [ya existentes]: la Caja de Jubilaciones y Pensiones; la Caja de Asistencia Social; la Caja Provincial de Asistencia Social a la Vejez, la Invalidez, a la Madre y a los Huérfanos; la Caja de Previsión Social a los Empleados Públicos de la Provincia y Asignaciones Familiares; la Dirección de Acción Social, la Junta Central del Patronato de Menores, el Instituto de Educación Física y la Dirección Provincial de la Vivienda Popular. Las Escuelas de Servicio Social también pasan a depender de esta nueva secretaría.

Figura 1.
Esquema gráfico de la organización de la Secretaría de Bienestar y Seguridad Social, Ley Nª 3139.
Nota: Adaptado de Secretaría de Bienestar y Seguridad Social. Ley de Creación y Esquema gráfico de su organización (p. 30). Gobierno de la Provincia de Santa Fe, 1947.

Según expresa el mensaje del gobernador al presentar el Plan Trienal a la Legislatura, la puesta en acto de la política de Acción Social, como “obra auténticamente revolucionaria”, requiere de cuadros técnicos expertos que actúen como agentes de enlace entre los beneficiarios y las instituciones. Esos expertos, los Asistentes Sociales formados en las Escuelas de Servicio Social, deben educar y animar con su ciencia y conciencia el Servicio Público del que son ejecutores (1946, p. 122).

Para servir a esos objetivos, en 1948 las autoridades de la Secretaría indican la elaboración de un nuevo Plan de Estudios que se adapte a los principios sociales de la Revolución, con orientación práctica de la enseñanza, que incluya la referencia a la organización social del Estado, la enseñanza religiosa y los cursos de auxiliares de Servicio Social. En poco tiempo, las direcciones de las Escuelas elaboran la para lo que considera las orientaciones gubernamentales, los lineamientos de la Asociación Argentina de Escuelas de Servicio Social,^[9] fundamentos doctrinarios aceptados en los congresos internacionales respecto a la formación, así como los aportes de los docentes de ambas escuelas. La propuesta contiene un plan de formación profesional orientado a un amplio conocimiento de los fundamentos, objetivos y métodos de Servicio Social en sus aspectos generales y de especialización. Para eso, establece cursos teóricos, práctica supervisada en instituciones asistenciales públicas y privadas y la presentación de un trabajo escrito de investigación personal o tesis. Los cursos teóricos abarcan la enseñanza en lo que podríamos denominar áreas curriculares: Servicio Social, Ciencias Ético-Sociales, Ciencias Médico-Sociales, Ciencias Económicas y legales e Investigación Social. Particularmente, la enseñanza del Servicio Social se debe impartir en su doble aspecto teórico-práctico. La teoría se divide en dos cursos básicos (1º y 2º año). Los Trabajos Prácticos se ubican a lo largo de toda la carrera, con una carga horaria que oscila entre las 10 y las 21 horas semanales. El campo de los trabajos prácticos abarca: Organización de los Servicios Sociales de la Comunidad, Servicios Sociales de Grupo, Servicios Sociales de casos Individuales y campos de actuación profesional que incluyen a la Investigación en Servicio Social (el estudiante debe adquirir experiencia en, por lo menos, 4 tipos de servicios sociales).

El plan se aprueba por Decreto 528 del 1 de febrero de 1949 y resulta efímero ya que, a los 45 días, la nueva Intervención a la Provincia lo suspende reinstaurando el Plan de Estudios de 1946, lo que implica un importante retroceso en cuanto a la formación profesional. En 1950, García (que había asumido como Ministro de Salud Pública y Bienestar Social) define directivas para la enseñanza brindada en la Escuela de Servicio Social, que refieren tanto a la orientación de la misma (por ejemplo, la insistencia en los aspectos vocacionales y la formación espiritual del alumnado; la complementación teórico – práctica y la necesidad de incluir la legislación vigente en cada una de las materias) como a cuestiones operativas. También indica prestar atención preferente a la formación de Auxiliares de Servicio Social, obligatoria para todo el personal del Ministerio que actúe en contacto con menores.

3.1. La Creación del Liceo Social de Santa Fe

En 1951, y con el objeto de adaptar el funcionamiento de las Escuelas de Servicio Social y de Visitadoras de Higiene a las necesidades de las instituciones médico asistenciales de la provincia, se crean por Decreto Nº 1897 dos Liceos Sociales -uno en cada circunscripción-. Los fundamentos de la creación de los Liceos son tres:

• Que las instituciones médico asistenciales requieren personal competente para el estudio y solución de los problemas individuales en el contexto de su grupo familiar y de la colectividad desde múltiples aristas.

• Que la fusión permite racionalizar los gastos, a partir de la función de dos establecimientos en uno.

• Que los Liceos responden a la formación requerida por las instituciones, al formar “técnicos en trabajo social con función polivalente sanitario – social”, que obtendrán el título básico de Visitadora Social, y certificaciones de especialización (a modo de post título) entre las que se encuentra la de “Asistente Social”.

Ese mismo año se comienza a discutir un nuevo anteproyecto de Plan de Estudios, lo cual pone de manifiesto diferencias sobre la conveniencia de la formación común de tres carreras (Visitadora de Higiene, Visitadora Social y Asistente Social). El desacuerdo gira en torno a la formación de un profesional integral y polivalente, que algunos objetan por considerarlo un híbrido que no tendría capacitación ni para una ni para otra profesión. También se polemiza sobre la relación entre cantidad de estudiantes, años de duración de cada una de las carreras y los puestos de trabajo disponibles, así como sobre la necesidad de diferenciar un escalafón, que graduara los salarios en función de la formación y responsabilidades.

Sin embargo, lo que se pone en juego son los perfiles y las incumbencias de cada una de las profesiones que tensionan entre una vertiente que liga la formación a la de un auxiliar médico con preparación social e higiénico sanitaria, y otra que apunta a un profesional de formación general para el campo de la asistencia, la protección y el bienestar social. Esta situación es advertida por Sánchez Rizza, quien critica la prevalencia de contenidos sobre administración sanitaria y la escasa relación con el Servicio Social, y reclama la organización de cursillos específicos para profesores y egresados.

A su vez, implica retroceso en relación con los estándares de formación acordados en la Asociación Argentina de Escuelas y lo dispuesto en el Plan Básico de Preparación Profesional elaborado en el año 1947 por Emma Guastavino de Ureta (directora de la Escuela en ese entonces). Ese documento postula una enseñanza centrada en los contenidos básicos de la práctica del Servicio Social, a saber: organización de la colectividad; bienestar público; administración de obras asistenciales sociales; caso social individual y de grupo; ética profesional; investigación social (estadísticas y encuestas); nociones fundamentales de información médica, psiquiátrica, jurídica, económica y social; sociología. Asimismo, alude a la necesidad de una formación práctica con orientación en la investigación social y metódica sobre un problema o aspecto del Servicio Social; como también, en la preparación espiritual con un bagaje fundado en la perspectiva de la vida. La particular pretensión de Guastavino Ureta por la formación técnico-administrativa, se anuda con las necesidades de preparar un profesional lo suficientemente capacitado para desempeñarse en las obras de asistencia social estatal. Podría decirse que este interés se reedita en este debate, con su propuesta de incorporación de trabajos prácticos en todas las asignaturas de la carrera, bajo la supervisión del equipo docente de Servicio Social.

Esta discusión omite la consideración del contexto y las exigencias que éste supone para la formación de Asistentes Sociales, lo que viene a plantear una distinción con el entrecruzamiento de la demanda estatal en los planes de estudio anteriores.

4. Notas finales para nuevas aperturas

En sus orígenes, el proyecto de creación de la ESS está imbricado con los lineamientos establecidos en la Ley de Asistencia Social N° 3069, lo cual contribuye a definir su mandato fundacional acorde a las necesidades del Estado de disponer de cuadros especializados para la implementación de la política de Acción Social -en un primer momento, las devenidas de esa ley, luego las derivadas de las decisiones del Plan Trienal-. A partir de esta lectura es posible inferir que, en los inicios la profesionalización de la Asistencia Social en Santa Fe se configura en un sentido que busca racionalizar las prácticas, dejándolas en manos expertas.

La dependencia directa de la Escuela respecto de los organismos de implementación de esas políticas y el hecho de que los funcionarios fueran -a la vez- docentes, favorece que esos lineamientos se tradujeran en directivas para la formación y la organización de la vida institucional de la Escuela, así como en órdenes administrativas que no se pueden eludir (considerando, además, la inestabilidad de los cargos docentes). De esta primera aproximación podría plantearse, entonces, que durante los años '40 y los primeros '50, la formación profesional se mantiene subordinada a la orientación de la política social y a las necesidades de cada gobierno de afianzar sus idearios.

En este contexto, las intervenciones estatales del gobierno justicialista en materia de asistencia social, expresan un viraje a efectos prácticos de asimilar las condiciones básicas de la población asistida a la de quienes eran integrados por las relaciones salariales formales. El corrimiento institucional de la Salud Pública, Asistencia Social y Trabajo, tiene incidencia en las lecturas sobre los problemas sociales, las acciones tendientes a resolverlos y el perfil profesional de los cuadros técnicos a cargo de su implementación.

Desde ese encuadre de interpretación, si bien la Asistencia Social puede pensarse como una profesión surgida como práctica de Estado, las particularidades que el proceso de formación adquiere en ese entramado, muestran un modo de respuesta que no se ajusta linealmente a la demanda. En cambio, involucra argumentos consistentes con la reforma social que encarnan especialmente en la figura de Emilio Sánchez Rizza. También es posible identificar la preocupación por escindir la formación profesional tanto respecto de la lectura política de los problemas como de la asociación de la intervención de las Asistentes Sociales con las de origen partidario.

En consonancia, al interior de la Escuela de Servicio Social, se entraman discursos en los que conviven el derecho a la asistencia y la responsabilidad estatal frente a la misma, la mirada religiosa, la cuestión moral, el aporte a la ampliación y preservación del capital humano, entre otros. Puede notarse que la formación ofrecida combina una mezcla de fundamentos que van de la justicia social al higienismo, de la técnica a la ética y el compromiso, de la razón al afecto y la pasión, del conocimiento a la virtud.

La formación inicial -de corte general- apunta a brindar los conocimientos que permitirían la adecuada preparación técnica y espiritual para la realización práctica de las obras de asistencia social, y la relevancia de los contenidos "específicos" de Servicio Social es escasa. El peso relativo de la formación general y específica, teórica y metodológica, básica y aplicada irá modificándose en los distintos contextos. Sin embargo, puede inferirse una correlación directa entre la participación de Asistentes Sociales en las discusiones y el incremento de asignaturas y espacios de formación específicos en Servicio Social en cada nuevo Plan de Estudios. Si bien, la primacía de la formación general resulta una constante en el período analizado, esta cierta diversidad de contenidos -que importa un riesgo de eclecticismo- parece compensarse con la coordinación permanente entre docentes en el ámbito del Consejo Directivo y a instancias de las distintas direcciones de la Escuela.

A inicios de la década del 50, con la organización de la Escuela en el Liceo Social, la carrera comparte un primer año de formación común con la de Visitadoras de Higiene Social, expresándose un viraje de la formación hacia contenidos y prácticas específicas del campo de la salud.

En esa línea de reflexión, otro aspecto a remarcar alude a la preocupación de quienes se desempeñan como docentes, directivos y estudiantes, respecto del nivel académico y estatus científico de la formación, lo cual se manifiesta de distintos modos, a saber: la distinción de la formación de Asistentes Sociales de la brindada en los Cursos de capacitación de Auxiliares de Servicio Social; la delimitación de las incumbencias profesionales respecto de las técnicas Visitadoras de Higiene Social; la organización de conferencias de divulgación sobre temas sociales, a cargo de las estudiantes, de manera de “obligarlas” a realizar investigación; el interés en estar a la altura de las exigencias universitarias -tanto en la planificación de las asignaturas como en la calidad educativa- para llegar a ser parte de la oferta académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; el intercambio con otras instituciones de formación, nacionales y extranjeras a través de instancias de movilidad, la participación en eventos académicos, la traducción de libros publicados en inglés (con un curso optativo de ese idioma destinado a estudiantes y la incorporación de una traductora a la planta del personal); la publicación de la Revista de la Escuela de Servicio Social, que desde su creación, incluye acuerdos de reciprocidad con otras Escuelas y el consecuente acceso a sus producciones, posibilitando la inscripción en el circuito de divulgación académica; la necesidad de incluir en el curriculum, conocimientos sociológicos para el estudio de los problemas sociales, y conocimientos estadísticos para dar cuenta de la realidad y de la eficacia de las prácticas.

Las iniciativas consignadas nos permiten hablar de algunas persistencias en la formación profesional de Asistentes Sociales de Santa Fe, a la vez que, nos desafía a continuar indagando acerca de cómo este mandato del origen se reformula y actualiza conservando como eje inamovible el formar los profesionales que implementen las políticas de gobierno en materia social, quedando abierto para próximas producciones el análisis de la vigencia de ese mandato en otros momentos históricos y sus formas actuales.

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Fuentes

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Notas

Notas de autor