1. Introducción

A pesar del largo camino recorrido por las mujeres a nivel nacional e internacional, camino que podríamos decir, ha estado signado por grandes saltos que le han permitido al colectivo de mujeres ocupar lugares (Barrancos, 2002); aún siguen ausentes o tienen dificultades para acceder a lugares del poder (Archenti y Tula, 2014).

En los últimos treinta años, los estudios feministas han aportado de manera colectiva para generar un cambio de paradigma (Lagarde, 2000). Sin embargo, vemos todavía que estamos muy lejos de poder decidir en términos de democracia paritaria (Archenti y Tula, 2014). Gran parte de las actividades de nuestras sociedades siguen estando absolutamente masculinizadas, más aún si miramos aquéllas que hacen a la vida pública y política.

Entonces, sigue siendo relevante hablar de la participación política de las mujeres y las diversidades en términos de calidad democrática. Y es que la democracia se construyó basada en la exclusión de las mujeres. Entonces, para poder pensarla se torna necesario concebir que, históricamente, lo público quedó reservado para los varones y la reproducción y el trabajo de cuidados fue dejado en manos de las mujeres.

Sobre esas bases se diseñaron las instituciones que hoy son las democracias liberales. Tal como lo sostiene Pateman (1996, p. 4) “(...) la doctrina de «separados pero iguales», así como el patente individualismo e igualitarismo de la teoría liberal, difuminan la realidad patriarcal de una estructura social caracterizada por la desigualdad y la dominación de las mujeres por los hombres”.

Cambiar este paradigma es realmente un desafío que implica no solamente una modificación de las normas, de las reglas que regulan los procesos electorales o permiten conformar los cuerpos legislativos, los ejecutivos o de la justicia, sino también modificar las reglas privadas, los contratos sociales y las reglas al interior de cada uno de los hogares para poder hacer posible esa transformación.

Ocurre que ese orden que aparenta ser universal, igualitario, en realidad oculta la sujeción de las mujeres a los varones. Entonces, todas las regulaciones que parecen neutrales, en realidad, tienen un sesgo de género y es por eso que recurrimos a las llamadas acciones afirmativas o discriminaciones positivas, como las cuotas de género o las leyes de paridad.

De esta manera, el presente trabajo intenta realizar un recuento de las medidas afirmativas llevadas adelante en el nivel nacional y subnacional en términos de calidad democrática, pensando a partir de la realidad argentina, cuáles son los desafíos que quedan hacia el futuro.

2. Una visión general sobre la participación de mujeres en Argentina

Si tuviéramos que expresar en pocas palabras cuál es la situación de la participación de mujeres en la Argentina deberíamos decir que es errática y depende del contexto local que se mire al interior del país. En algunos organismos y organizaciones existen reglas que contemplan la integración de mujeres a través de cuotas o paritariamente, pero en otras no.

El estudio “Sexo y Poder. ¿Quién manda en Argentina?” elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA, 2021) que elabora el Índice de Participación de Mujeres (IPM), reflexiona sobre la presencia de mujeres en diversos ámbitos y actividades (Ver Gráfico 1). Así, en el arte, un 54% de mujeres están representadas. Este porcentaje pertenece, por ejemplo, a directoras de museos y de centros culturales y gerentas o gestoras culturales de esos espacios. Pero si pensamos en un orden distinto de análisis, considerando a quienes protagonizan los recitales o exposiciones en los museos, seguramente la presencia femenina cae.

Gráfico 1.
Participación de mujeres en puestos de mayor jerarquía.
Fuente: Material elaborado por la autora a partir del relevamiento del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA, 2021).

En otro orden, lo que se denomina tercer sector -fundaciones, ONGs, organizaciones sin fines de lucro- suelen contar con una elevada participación de mujeres, principalmente en aquellas organizaciones relacionadas con acciones de intervención social, donde muchas se involucran realizando tareas de voluntariado.

En la actividad política, el estudio de ELA informa una participación de mujeres que ronda el 46%, lo cual refleja la influencia de las acciones positivas que permiten una democratización más horizontal de los parlamentos o legislaturas. Sin embargo, la integración de mujeres comienza a decaer si se piensa en otras actividades, como la ciencia. Por ejemplo, en nuestro país no existen cupos para rectoras o directoras para institutos de CONICET, que son los lugares que más representan esta actividad. Algo similar ocurre en salud, con las directoras de hospitales. Mientras que la educación es un ámbito históricamente feminizado, la salud sigue siendo jerarquizada para los varones. Estos números siguen cayendo si consideramos otras actividades como los medios de comunicación, la economía y la defensa. En promedio, según el IPM que elabora ELA, solo el 18% de los puestos de mayor jerarquía y decisión son ocupados por mujeres en Argentina.

Nos encontramos ante el dilema de la igualdad legal versus la igualdad real. Esto implica que más allá de las discusiones, incluso de cambios normativos, persisten barreras que son estructurales y que limitan el acceso de mujeres a determinadas posiciones. Esto se manifiesta cada vez que se promueven o impulsan actividades para mujeres, para identidades de la diversidad sexual o para colectivos trans. Permanentemente, se reitera una postura hegemónica: tienen el mismo mérito, las mismas capacidades que cualquier ser humano, entonces tienen que llegar por mérito propio y no impulsados por ninguna acción afirmativa. Ejemplo de ello, fue la discusión por la paridad electoral:

“[...] Tanto desde voces políticas como periodísticas se sostiene que la participación en política debe darse a partir de las capacidades individuales de las personas, sin reparar en la posible existencia de contextos estructurales desiguales de participación según el género [...] Ejemplo de ello son las siguientes expresiones: “Me parece que hay suficiente capacidad y desarrollo en las mujeres argentinas como para que puedan lograr sus lugares por méritos y no por obligación” (Diario La Capital, “Fascendini: Lo que se aprobó es un desmérito para la mujer", Edición del 21 de octubre de 2016, Rosario)” (Perri, 2022, p. 20).

Dicha meritocracia choca con otros discursos que, antagónicos, reproducen la estructura patriarcal y hacen referencia a posibles vínculos personales que llevaron a mujeres incapaces a esos lugares de poder.

De esa manera, se construye un discurso en donde las mujeres que llegan a ocupar espacios de decisión se transforman en ejemplo de una realidad construida respecto de que todas tienen la posibilidad de llegar pero luego, al hacerlo, ese mérito no les pertenece sino que les fue dado por alguien más -un varón- y sus vínculos personales. Esas barreras estructurales que se transparentan en los discursos, promueven espacios vedados para las mujeres, siempre vinculados a los cargos de máxima jerarquía y los espacios donde se disputa poder.

Esto refleja un entramado denominado patriarcado, que promueve prácticas que están muy consolidadas y que profundiza las diferencias estructurales. Se entiende por este término a “la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general” (Lerner, 1990[1986], p. 340)

Dichas estructuras expresan que hay reductos que no son para las mujeres o a los que ellas deben acceder a través del mérito; dejando de lado otras realidades, como por ejemplo, que desde los años ‘80, hay mayoría de mujeres en las aulas universitarias. En primer lugar, las mujeres representan un 57% de los ingresos a las universidades pero también se gradúan más, en menos tiempo, con mejores promedios. Las mujeres hacen más posgrados, son habitualmente más formadas en idiomas. Entonces, se abren un abanico de preguntas que interpelan respecto de ¿cuál es el mérito?, ¿cuál es la capacidad que se busca?, ¿dónde está escrito?.

Y, en respuesta a estos interrogantes lo que ocurre es que cuando las mujeres comienzan a cumplir con las metas exigidas, las estructuras patriarcales modifican las condiciones para acceder. Es decir, cuando las mujeres empiezan a ser primeros promedios, lo que se comienza a argumentar es que el promedio no refleja tanto la inteligencia, cuando es el criterio que históricamente se utilizó para medirla.

3. Patriarcado y Política

En la política ocurre algo similar: cuando una mujer cumple todo ese recorrido, hace “cursus honorum” para ir ganando todas las preseas, resulta que hay que saber ‘rosquear’, que hay que ‘tener pavimento’, ser una buena lideresa. Es decir, se van sucediendo las dificultades y nuevas condiciones a cumplir.

Entonces, para una real igualdad de oportunidades hay que hacer un reconocimiento explícito de las asimetrías, de las diferencias de poder. Las mujeres están subordinadas a los varones y para poder modificar dicha situación se hace necesario generar acciones que, de alguna manera, no reproduzcan estas desigualdades. Es aquí donde aparece lo que se conocen como acciones afirmativas y, más específicamente en el ámbito de lo legislativo, las cuotas de género.

Las acciones positivas son las herramientas y el medio para lograr una real igualdad de oportunidades. Toda herramienta legal (o no) que se suponga neutral al género es en verdad sesgada, ya que reproduce la desigualdad. En este punto es cuando toman relevancia las acciones en materia legislativa para promover oportunidades.

Podemos identificar dos tipos de acciones para el legislativo que se condicen con dos momentos históricos. En primer lugar, las cuotas legislativas, se aprobaron en 1991 en el nivel nacional y en 1992 en el nivel provincial. Y, en segundo lugar, las leyes de paridad, sancionadas en el año 2017 en Argentina y durante 2020 en la Provincia de Santa Fe.

Gráfico 2.
Representación femenina legislativa a partir de las acciones afirmativas, Argentina, 1991-2015.
Fuente: Material elaborado por la autora.

Diversas son las autoras que expresan la incapacidad que presentaron las acciones afirmativas implementadas en los años ‘90 para romper ciertas lógicas patriarcales, se habían transformado en un techo electoral, en vez de ser el piso mínimo que se debía respetar (Archenti y Tula, 2014). No solo se observa un techo cercano al 40% en la participación de mujeres en el Congreso Nacional, sino que cuando se analizan las listas se observa una lectura burocrática y minimalista de la ley: cada dos varones aparecía una mujer (Archenti y Tula, 2009; Perri, 2022) (Ver Gráfico 2).

Estas prácticas muestran cómo el patriarcado se expresa en política; y cómo aún con la existencia de leyes de paridad, persisten. Las mujeres, por ejemplo, en términos generales tienen un solo período como legisladoras, no reeligen; mientras que los varones repiten sucesivamente su postulación y retienen sus bancas (Perri, 2022).

A su vez, este tipo de acciones positivas tienen un límite. En este sentido, la presencia de mujeres en el poder legislativo no tiene una traducción directa en otros poderes del Estado, por ejemplo, en la conformación de gabinetes ministeriales a nivel provincial. La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (2021) entrega interesante información al respecto (Ver Gráfico III): La Pampa no tiene ninguna ministra. Le siguen un grupo de provincias que oscilan entre un 8% y 19% del gabinete ejecutivo con integración de mujeres -Corrientes, Chubut, Salta, Formosa, La Rioja y Córdoba-. La mayoría de los gabinetes provinciales ronda el 30-35% de composición femenina -San Luis, Jujuy, Catamarca, Tucumán, San Juan, Misiones, Mendoza, Santiago del Estero, CABA, Santa Cruz, Buenos Aires, Rio Negro, Santa Fe-. Solo dos provincias –Entre Ríos y Neuquén- superan el 40% de integración de mujeres encabezando ministerios, mientras que Chaco y Tierra del Fuego son los únicos dos distritos donde las mujeres ministras son mayoría, representando el 57% y 67%, respectivamente.

Gráfico 3.
Representación de mujeres en gabinetes ministeriales, Argentina, 2021.
Fuente: Material elaborado por la autora en base a información obtenida de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (2021).

Cuesta mucho todavía en los ejecutivos integrar mujeres, sobre todo, porque hay una división horizontal del trabajo también en estos ámbitos. Escobar-Lemmon y Taylor-Robinson (2005, 2009) establecen que es posible dividir a los ministerios entre gabinetes de bajo, de mediano y de alto prestigio, lo cual es determinado por el control que tienen sobre las políticas y los recursos.

Las ministras, generalmente, atienden problemas que se llaman “de cuidado institucional”, es decir, vinculados al trabajo doméstico institucional, porque son áreas blandas (niñez y familia, cultura, ciencia y tecnología, asuntos de la mujer o ministerios transitorios). Se vuelve difícil encontrar ministras de gobierno o ministras de economía. En general, en cualquiera de las áreas más duras -como los ministerios de finanzas, de relaciones exteriores, de gobierno o de defensa- suelen estar en manos masculinas.

Esto señala la necesidad de repensar otros espacios a los cuales las cuotas no llegan y que, sin embargo, también hacen a la cuestión de las mujeres en política y a la discusión por la distribución del poder en términos de género. Principalmente, se vuelve necesario observar las múltiples causas que llevan a esa situación y el lugar en ello de los estereotipos respecto de los roles de género y las estructuras patriarcales.

4. Las discusiones pendientes en materia de políticas de género

El presente trabajo buscó repensar el desarrollo en materia legislativa respecto de la participación política de mujeres en Argentina. Para ello, se analizaron las leyes de cuotas y paridad a nivel nacional y cómo fue la representación femenina en el Congreso, para luego pensar los niveles subnacional y la traducción que todo ello tiene sobre el nivel ejecutivo.

Entonces, después de 20 años de leyes de cuota y, con la vigencia de la ley de paridad, las limitaciones y obstáculos que tienen las mujeres para participar políticamente quedan expuestos.

Lo primero que se considera es la necesidad que existe todavía en Argentina en cuanto al entrenamiento de género, a la posibilidad de pensar que nuestras preferencias están supeditadas por la estructura patriarcal. Lo que les ocurre a las mujeres es que tienen menor grado de libertad debido a los roles de género, ya que la lógica patriarcal se fundamenta en una división sexual del trabajo.

Así, pensar también el tema de los cuidados y la medición de las horas de cuidado que las mujeres dedicamos es necesario, aún si pensamos en la participación política. Hace 10 años estaba totalmente naturalizado que esos trabajos debían realizarlos solo las mujeres, hoy hay un avance en el discurso público respecto de esta discusión.

Otro tema pendiente es el relativo a la violencia política contra las mujeres, sobre todo en las redes sociales. Existe socialmente el castigo a las mujeres políticas, a las que osan salir del lugar de lo privado y disputar poder (Albaine, 2021). Esto transparenta una lógica de disciplinamiento, que se materializa en ataques permanentes para que la mujer vuelva donde se supone que no debería salir, que es el lugar de lo privado y de la no disputa de poder. Lo pendiente aquí es generar una estrategia colectiva en respuesta a estas acciones, de cómo defenderse ante esos ataques.

En este sentido, las redes de políticos son redes de varones que deciden ‘cuestiones’, donde las mujeres tienen un lugar secundario o minoritario. Mientras que las mujeres tienen redes mixtas, donde se trabaja mancomunadamente con varones y mujeres, porque nunca cuentan con la cantidad suficiente de aliadas para conformar solo redes femeninas. Las mujeres en política están en proceso de conformar tejidos de estrategia, de defensa, de contención, pero no son redes de decisión, como las que tienen los hombres.

Esta situación nos plantea un interrogante, si las tramas de vínculos que construyen los varones suelen ser hostiles entonces, ¿por qué las mujeres querríamos ir a esos lugares? Solo lo van a hacer las transgresoras o las que cuentan con ciertas herramientas conceptuales y materiales para afrontar ese proceso.

Y si pensamos en esos espacios no puede dejar de considerarse a los partidos políticos como instituciones que expulsan o que son hostiles para el colectivo femenino. Por ello, también será fundamental la formación política con perspectiva de género. Un caso puede ser el del Partido Socialista que cuenta con una Escuela de Formación Política en donde se está trabajando con la capacitación en Ley Micaela a nivel federal.^[1]

De esta manera, se crea un cambio para pensar en instancias de mejora en el nivel partidario, recuperando los inicios de la militancia y construyendo otra relación entre varones y mujeres militantes.

A partir de estos elementos, será posible plantear modificaciones de la cultura política patriarcal desde las células políticas más mínimas, aquellas que hacen a la militancia y a los partidos políticos, lo que después podrá traducirse a los niveles electorales y públicos.

Pensar estas cuestiones allanará vías para plantear nuevas maneras de promover la participación política paritaria y en igualdad de condiciones en organizaciones sociales, partidarias y en el Estado.

Bibliografía

Albaine, L. (2021). Violencia política contra las mujeres por motivos de género en América Latina. Estrategias legales y el rol de los organismos electorales. En Revista Elecciones. Pp. 163 - 188. Lima.

Archenti, N. y Tula, M. I. (2009). Representación política, sistemas electorales y género. Análisis de las listas partidarias en cinco distritos subnacionales, Argentina 2007. Ponencia presentada en el IX Congreso Nacional de Ciencia Política. Organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe.

Archenti, N. y Tula, M. I. (2014) La representación política imperfecta. Logros y desafíos de las mujeres políticas. Buenos Aires:EUDEBA.

Barrancos, D. (2002) Inclusión/Exclusión. Historia con Mujeres. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (2021). Sexo y Poder.¿Quién manda en Argentina?. Buenos Aires.

Escobar-Lemmon, M. y Taylor-Robinson, M. (2005). Women Ministers in Latin American Government: When, Where, and Why?. En American Journal of Political Science. Vol 49 Nº4. Pp. 829-844.

Escobar-Lemmon, M. y Taylor-Robinson, M. (2009). Getting to the Top. Career paths of women in Latin American Cabinets. En Political Research Quarterly. Vol. 62 Nº 4. Pp. 685-699.

Lerner, G. (1990[1986]). La creación del Patriarcado. Barcelona: Editorial Crítica.

Pateman, C. (1996). Críticas feministas a la dicotomía público-privado, Barcelona: Paidós.

Perri, M. E. (2022). Selección de Candidatos/as y Trayectorias Políticas. Disparidad en la construcción de carreras políticas de legisladores en la Provincia de Santa Fe (1983-2015). Tesis de doctorado. Universidad Nacional de Rosario.

Notas

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