1. Metodología de Investigación

En el presente trabajo a partir de una revisión bibliográfica de las temáticas abordadas, y a partir de los distintos autores estudiados, en un primer momento, pudimos construir lo que entendimos como marco teórico y con ello los conceptos base, que luego los aplicamos a los casos estudiados a la realidad. Cabe destacar que su análisis fue realizado con autores de distintas esferas académicas: del derecho, las relaciones internacionales, la comunicación social y la sociología, posibilitando así un enfoque interdisciplinario del presente estudio. Esto nos permitió analizar los discursos, la manera que se construyen y el mensaje que se entrega a través de los distintos actores de este escenario político-económico-internacional. En este sentido, recopilamos distintos mensajes brindados por actores importantes en este escenario, desde medios de comunicación, comunicados de prensa y Tweets personales. Sin embargo, en la presente búsqueda consideramos que sean abordadas las temáticas previamente descritas desde distintos sectores políticos, económicos y sociales. Así observamos la construcción del discurso predominante actual. Ello fue posible mediante una comparación, y conteo de los distintos mensajes brindados por los diversos actores y el enfoque con que fueron brindados. Así, observamos el impacto que generan los discursos legitimantes que permiten el accionar indiscriminado de un sistema que no se encuentra penalizado

2. Marco teórico

Nuestra búsqueda se basó en identificar qué material informativo no técnico encontrábamos respecto a las actividades como la explotación del litio, el fracking, la actividad petrolera, etc. Asimismo, investigamos qué información se podía encontrar respecto a las protestas sociales en contra de estas actividades. En este sentido, buscamos identificar la existencia o no, de un discurso unificado respecto a ambos polos, y, en caso de que existiese, cuáles son sus características y puntos de relación. Ahora bien, para ello primero debimos investigar respecto a qué entenderíamos por extractivismo y cómo podría vincularse con el ejercicio de violencia del Estado. A continuación, detallaremos los resultados de nuestro marco teórico que permitieron identificar las características del extractivismo, sus complejidades y los aportes que la criminología puede realizar para entender la causa de su falta de penalización mientras que sí ello ocurre con las comunidades que lo desafían. Toda la información recolectada respecto a discursos fue considerada desde el prisma conjunto del maldesarrollo y la criminología verde del sur.

2.a. Extractivismo

A partir del enfoque epistemológico del Sur, que buscamos visibilizar con este trabajo, proponemos una aproximación a lo que entendemos como definición del extractivismo. Esto se debe a que este último fenómeno nos permite adentrarnos en otros conceptos que explican la problemática aquí estudiada.

Así, siguiendo a Gudynas el extractivismo es promovido por actores importantes en el campo sociopolítico, como Estados y compañías transnacionales, que mediante su accionar permiten la expansión de las explotaciones de recursos naturales hasta los lugares más alejados en virtud de generar réditos económicos, sin considerar las denuncias realizadas por los múltiples impactos generados (Gudynas 2015, 7). De modo que detrás del “oscuro” discurso de desarrollo y progreso económico, que muchos Estados latinoamericanos proponen desde sus gobiernos, promueven así el extractivismo mediante medidas a nivel nacional y compromisos internacionales que lo facilitan (Lander 2017, 84/90). En este sentido, el autor Gudynas define al extractivismo como “un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo. (Gudynas 2015, 9/17). De esta manera, explica que se deben presentar estas tres condiciones simultáneamente cuando se trata de extractivismo. Asimismo, retomando lo señalado previamente esta definición contiene la perspectiva local/nacional porque la extracción de estos recursos naturales se realiza en un territorio delimitado y así afecta a determinadas comunidades y ecosistemas, mientras que por el otro lado, plantea la cuestión internacional, por su vínculo e impacto en el comercio exterior.

No obstante es necesario destacar que este fenómeno es plural,^[1] ya que se presenta en distintas materias, e histórico, donde se ubica a América Latina, por su riqueza ecosistémica, como proveedora de recursos naturales desde los tiempos de la colonia. De esta manera, los actores económicos que más poder tienen, como en este caso son los Estados, las empresas transnacionales y las organizaciones internacionales, adquieren y promueven una perspectiva productivista del desarrollo vinculada a una concepción antropocéntrica de la naturaleza -ontología dualista en el vínculo entre sociedad y naturaleza- (Svampa y Viale 2020, 175; Ulloa y Coronado 2016, 26).^[2] Esta postura es la que prioriza a los valores económicos que responden a esta posición geopolítica sobre los valores culturales locales, donde este imaginario productivista, ilimitado, capitalista, separa entre lo material y lo simbólico (Ulloa y Coronado 2016, 25; Betancourt Santiago y Porto-Gonçalves 2017, 182). Por lo que para algunos autores,^[3] la región latinoamericana se ubica en esta perspectiva colonialista que se mantuvo a lo largo de los tiempos, incrementado con el fenómeno de la globalización a partir del siglo XXI, donde el comercio exterior toma un rol sumamente importante y el de otros actores transnacionales, como pueden ser los medios de comunicación, lo que se mantiene actualmente.^[4]

En este sentido, y siguiendo a Svampa y Viale, esta región pasó del llamado Consenso de Washington^[5] al “Consenso de las Commodities”, el primero se caracterizó por un ajuste estructural en los aparatos económicos estatales y una especial relevancia del capital financiero transnacional, mientras que el segundo se apoyó en la exportación a gran escala de bienes considerados primarios, donde se produjo un crecimiento en las economías de estos países y una gran expansión del consumo-predominio de una perspectiva productivista del desarrollo-(2020,172). En línea con lo que señalaba Gudynas, los aparatos económicos tendieron a la llamada “reprimarización”, es decir que se orientaron hacia actividades primario extractivas con poco valor agregado -economía adaptativa-. De esta manera, cualquiera sea la tendencia política gobernante se asumió como “normal” el rol de América Latina en la geopolítica de dependencia de las grandes potencias, donde exporta los bienes obtenidos de sus recursos naturales, sin consideración de los impactos ambientales y socioeconómicos que implica -exportadora de naturaleza- (Svampa y Viale 2020, 188; Ulloa y Coronado 2016, 26). Entonces, el comercio que se presenta entre el conocido Norte y Sur Global^[6] resulta ser asimétrico, donde el segundo también asume los costos pasivos de la contaminación que produce el primero, y que, a su vez, promueve el cuidado medio ambiental del propio consumo que busca abastecer (Svampa y Viale 2020, 187; Betancourt Santiago y Porto-Gonçalves 2017, 184).^[7] De esta manera se define así una geopolítica en relación con la naturaleza, donde se articulan otras dinámicas políticas sobre el acceso, control, distribución y toma de decisiones del propio territorio, y, sobre lo que se comprende y considera como naturaleza-demandas de los pueblos indígenas y campesinos por autonomía territorial y ambiental-(Ulloa y Coronado 2016, 27; 48).^[8] Por lo que todo esto implica tanto una técnica de producción, y de poder, que involucra relaciones sociales y de poder coloniales, que se implantan verticalmente sobre poblaciones y territorios para lograr una acumulacion incremental del capital (Betancourt Santiago y Porto-Gonçalves 2017, 181/182; (Machado Araoz 2017, 195; 207). Así, autores como Lander entienden que estos procesos debilitan la democracia como tal y promueven la desindustrialización de los mismos Estados proveedores de recursos (2017, 84/85).

Asimismo, es necesario agregar que en los últimos tiempos se vive en un mundo multipolar, donde las hegemonías/potencias ya no se encuentran en uno o dos actores ni en una región particular, sino que hay diversas variantes de potencias estatales, como pueden ser consideradas también las emergentes.^[9] En este sentido, resulta clave considerar el papel predominante que poseen otros actores en el escenario internacional, los organismos internacionales en clave económico financiero, desde tribunales de arbitraje hasta instituciones internacionales de financiamiento y los medios de comunicación, que desde el comienzo de la era digital tomaron mayor relevancia e influencia. En resumen, se vive en un mundo globalizado, regido por el comercio internacional, y siguiendo las normas de mercado liberal a mayor demanda de un bien aumenta el precio del mismo. En esta línea, los Estados latinoamericanos se ubicaron y asumieron este rol de ofrecer bienes a bajo valor (poco valor agregado) con el “objetivo” (ilusorio) de mejorar sus economías y balanzas comerciales (Svampa y Viale 2020, 177), pero sin considerar las consecuencias que ello generó, tanto a nivel socioeconómico como ambiental.

Cabe retomar que al tratarse de territorios ricos en recursos naturales por lo que se encuentran a grandes distancias de las grandes ciudades, y es en aquellos territorios donde viven comunidades indígenas y campesinas. Estas comunidades vulnerables no cuentan con los recursos para enfrentar a estos poderosos actores promotores y defensores de las actividades extractivas, ni tampoco para subsanar los efectos contaminantes que éstos generan (Svampa y Viale 2020, 185; Lander 2017, 89). En este sentido, cabe destacar que, parte del etiquetamiento regional de América Latina como exportadora de recursos naturales, mencionado previamente, es lo que fomenta la distancia social entre la población directamente afectada y la directamente no afectada, como consecuencia de esto las personas del primer grupo son percibidas como víctimas culturalmente legitimadas (Böhm 2020, 153). De esta manera, y siguiendo a Ulloa y Coronado, los procesos extractivistas involucran el desplazamiento de poblaciones locales, y con ello el control territorial y la apropiación de los recursos locales mediante prácticas violentas y conflictivas (2016, 25; Lander 2017, 83), que llevan a los conflictos socioambientales, o también llamados territoriales-^[10] y una criminalización de las comunidades afectadas-criminalización de las resistencias-.

En línea con ello, específicamente en Argentina se promueve la flexibilización normativa, tributaria y financiera para el ingreso de industrias transnacionales que realizan actividades extractivas, así se acrecienta desde la colonia, pasando por el consenso de Washington, el llamado consenso de las commodities, como mencionamos previamente, y en los últimos 10 años de gobierno aproximadamente a lo que se conoce como la ampliación de las fronteras de las commodities o de energías extremas (fracking, offshore, entre otras) (Ulloa y Coronado 2016, 25)-”extracción destructiva” (Betancourt Santiago y Porto-Gonçalves 2017, 181)-.^[11] En otras palabras, los procesos extractivistas se mantienen solo que cambian sus accionantes. No obstante, se ha destacado que ciertas demandas desde lo normativo han sido atendidas por los gobiernos progresistas latinoamericanos de la última década, aunque su implementación enfrentó grandes dificultades en virtud de la profundización de un modelo económico basado, justamente, en el extractivismo, lo que favoreció la explotación de recursos naturales en territorio indígena por parte de empresas de capitales extranjeros (Böhm 2020, 73). Asimismo, esta situación se incrementó especialmente con la pandemia y con el nivel de endeudamiento del Estado argentino con las instituciones financieras internacionales. Se destaca que las actividades extractivas durante el aislamiento social preventivo obligatorio, durante la pandemia de SARS Covid 19, eran consideradas esenciales.^[12] En otras palabras, actividades que podían mantener su ejercicio, pero surge la siguiente consulta ¿quiénes controlaban si cumplían con los compromisos en materia ambiental y de derechos humanos si el resto de las actividades eran consideradas no esenciales? Por lo tanto, la desigualdad social persiste y se incrementa en virtud de que la normativa benéfica para las élites corporativas, y sus intereses económicos, normativa que no fue modificada (Svampa y Viale 2020, 184), y últimamente se encuentra en plena expansión para la atracción de nuevas inversiones extranjeras.^[13] De esta manera, reiteramos que no se buscó ni se busca una redistribución de la riqueza, ya que se mantiene que ésta quede solo para unos pocos (Svampa y Viale 2020, 185),^[14] tal como se refleja en los índices de aumento de desigualdad social que nos acontecen.^[15]

Argentina cuenta con una extensa variedad de recursos naturales en materia minera, hidrocarburífera, hídrica, eólica, solar, suelos, entre tantas. Retomando lo mencionado previamente, la actividad extractiva tiene una gran presencia a lo largo de la Argentina, especialmente en manos de capitales transnacionales. En este sentido, vale mencionar que la industria minera mantiene la estabilidad de sus normativa en distintas materias desde los años 90 hasta el día de la fecha, a ello debe agregarse que en los últimos años el descubrimiento de grandes reservas de litio en el país le otorgaron una gran preponderancia. Esto se debió a que este recurso es considerado como esencial para la transición energética hacia el menor uso de energías fósiles,^[16] sin tener en cuenta la modalidad de extracción del mismo y sus consecuencias.^[17] En esta línea también destacamos el caso de Vaca Muerta y el fracking^[18] en materia de hidrocarburos, un yacimiento en especial que bajo la modalidad de extracción y explotación del fracking recibió y recibe enormes críticas alrededor del mundo.^[19] Por lo que en varios países está prohibido su uso pero que en Argentina es presentado como la gran promesa energética y de ingreso de divisas extranjeras para la recuperación económica y la reducción del déficit en la balanza comercial. En consecuencia, se brindaron y brindan beneficios de todo tipo a las industrias que se dedican a ello y, en muchas ocasiones se criminaliza la protesta social que se genera al respecto (Svampa y Viale 2020, 177). Como así también observamos que en los últimos meses está sucediendo de manera similar con las recientes aprobaciones de los proyectos en materia del offshore, a fin de explorar y en su caso explotar los recursos que se encontrarían debajo del mar a superficies ultraprofundas, actividad que cuenta con muy poca o casi nula antigüedad en el país.^[20] Esta actividad recibe constantes cuestionamientos por las comunidades que podrían ser afectadas, actualmente deslegitimados a nivel judicial. Asimismo, esta actividad está definida para algunos sectores como “el potencial de Vaca Muerta”.^[21] Estos últimos casos tomaron especial relevancia en estos tiempos a partir de la crisis energética mundial e incrementada por el conflicto bélico Rusia-Ucrania, donde el relato promocionado gira en torno al potencial energético de la Argentina y su posible posicionamiento como futura potencia internacional en la materia.^[22] No obstante, con otros recursos naturales suceden cuestiones similares y de manera paralela, como es el caso del uso autorizado de agrotóxicos en los suelos en pos de una mayor y más rápida productividad de los mismos.^[23]

Todo esto, algunos autores^[24] lo conocen bajo el nombre de mal desarrollo (o mal vivir), y lo abordan desde distintas esferas ya que, como mencionamos previamente, sus impactos son múltiples. Entonces si los Estados del Norte Global buscan las inversiones en energías renovables y “limpias”, y la desinversión en sus propios países en los combustibles fósiles (Svampa y Viale 2020, 188), nos preguntamos ¿qué es lo que lleva a los Estados del Sur Global a creer y promover una mayor inversión en esta industria, los llevará a un mayor desarrollo y progreso económico? De modo que en este cuestionamiento también surge saber ¿dónde se encuentra el respeto por las culturas y creencias de las comunidades afectadas, como en este caso particular los pueblos indígenas? En efecto, cabe retomar que su consideración acerca de la naturaleza se basa en el mantenimiento de relación material/simbólica/mítica, con los recursos dados o donados por la naturaleza, por la Pacha para la reproducción de la vida, es decir no son contemplados como bienes productivos (Betancourt Santiago y Porto-Gonçalves 2017, 182). De esta manera el presente fenómeno debe ser también comprendido con su vínculo y desde la perspectiva de la criminología verde, la que será desarrollada a continuación.

2.b. Criminología verde

Para que se puedan instalar políticas extractivistas que violentan los derechos de los pueblos indígenas, los Estados tienden a utilizar como herramienta de imposición la faz represiva. De esta manera, mientras se habilitan las actividades extractivistas se persigue, reprime y criminaliza a quienes intentan evitar o problematizar estas acciones. Por eso entendemos que el aporte de la criminología es fundamental para analizar y entender este fenómeno dual. En consecuencia, en el presente apartado daremos algunas líneas generales respecto a qué es la criminología verde, de dónde surge y por qué entendemos que es pertinente utilizarla.

En los primeros años del siglo XX, con la intromisión de la sociología en el pensamiento criminológico cambió la forma en la que se pensaba el delito. Así, se abandonó el determinismo positivista, que estudiaba al llamado delincuente y las condiciones innatas que lo determinaban a delinquir, para pasar a estudiar a la ciudad y desde allí ir ampliando el objeto y la percepción acerca de las relaciones socio económicas en el mundo de la cuestión criminal (Anitúa, 2010). A partir de ese cambio, es que pudieron evidenciarse las relaciones de poder que subyacen a la aplicación de poder punitivo e incluso su selectividad. Así, algunos/as autores/as empezaron a señalar que no solo las personas pobres y racializadas cometen delitos, sino que en el marco de las empresas también ocurre, dando nombre al fenómeno de los delitos de cuello blanco (Sutherland, 1999).

Hacia los años 60, con el auge de la crítica al status quo y el sistema capitalista, algunas corrientes llegaron a cuestionar el concepto mismo de delito. Por ejemplo, Howard Becker habló acerca de que el delito es una construcción social, por lo que el eje no debe estar en estudiar al infractor etiquetado o las causas de su accionar, sino que es necesario estudiar cuál es la reacción social ante un hecho que consideran ajeno y a partir del cual imponen la etiqueta de desviado (Becker, 2009). Estos quiebres darán lugar a lo que luego se conocerá como criminología crítica, la cual tendrá una reconfiguración que permitió pasar de la mera protesta a la propuesta en los años 70 y sucesivos. La criminología crítica tendrá múltiples vertientes con notorias diferencias entre sí, pero el punto común sería la crítica al sistema capitalista, al funcionamiento del sistema penal hasta el momento, hacía la forma de abordar la política criminal y a las definiciones cerradas y juristas, entre otros aspectos enfocados en la problematización de lo conocido hasta el momento (Anitua, 2010).

En la misma década del 60, en línea con la crítica al establishment también surgieron los movimientos enfocados en la mega depredación ambiental causada por el sistema capitalista. El cambio climático y la destrucción de plantas, animales y del ambiente en su conjunto pasó a formar un movimiento internacional multitendencial que se fue expandiendo y reconfigurando con los años.

En múltiples ocasiones el factor ambiental y la criminología crítica se cruzaron, pero fue en 1990 cuando se suele ubicar el acto fundacional de la criminología verde. En The greening of criminology, Michael Lynch identificó que había múltiples puntos de contacto entre los cuestionamientos de la criminología crítica (o radical en su texto) y el movimiento ambientalista. A su vez, entendió que ambos abonaban por un resultado que implicaba el cambio radical de la sociedad (Lynch, 1990). Allí explicó brevemente cómo ambos enfoques evidencian los daños del sistema capitalista entrecruzando la teoría con la militancia política, identificando cuestiones como los crímenes de corporaciones. Así, impulsó lo que él denominó criminología verde (en adelante, CV), señalando que incluiría el estudio de los crímenes cometidos contra la humanidad a través de la destrucción del ambiente, el marco normativo que lo legitima o prohíbe, la efectividad de los gobiernos para proteger el ambiente y lo que habita en él, las prácticas empresariales o estatales que ponen en peligro de destrucción al planeta sean dolosas o negligentes y la relación de estos aspectos con cuestiones como la hambruna, entre otros aspectos (Lynch, 1990).

En ese momento no se intentó hacer un cambio epistemológico introduciendo una teoría nueva, sino que se buscó entrecruzar las discusiones y encauzar una corriente verde dentro del amplio marco de la criminología crítica.

Para circunscribir su objeto algunos autores han incluido únicamente aquellos hechos que dañan al ambiente a través de contaminación, pérdida de biodiversidad o la experimentación (Potter, 2017). Otros entendieron que consistía en crímenes de tres tipos: aquellos que implican un daño directo (primarios), los que derivan del accionar ilegal o negligente (secundarios) y los que derivan de la respuesta deliberada al daño ambiental (terciarios) (Potter, 2017).

En cuanto a las víctimas también hubo diversos enfoques. Se habla de un enfoque antropocéntrico para aquellos que sólo evalúan el daño a seres humanos; biocéntrico para quienes incluyen en pie de igualdad los daños a humanos, animales y vegetales; y ecocéntrico al que incluye al ambiente en general como sistema con animales, humanos y vegetales dentro de él (Jarque, 2021).

Así, la criminología verde ha ido teniendo múltiples debates internos según la mayor o menor oposición al sistema económico, la perspectiva de abordaje, la amplitud del objeto, entre otros aspectos. Sin embargo, en mayor o menor medida han tomado características que devienen de enfoques de la criminología crítica, sobre todo del abolicionismo. Por ejemplo, al no circunscribirse únicamente a lo que la ley establece como delito, sino que amplían el objeto de estudio a aquello que genera un daño social, criminalizado o no. O bien, al hecho de no buscar ampliar el poder punitivo, sino que la mayoría critican el sistema penal, abogando por otros mecanismos de abordaje de estos conflictos.

En este contexto han surgido denominaciones como “criminología ecoglobal” (White, 2010) o “criminología de conservación” (Gibbs, Gore, McCarrell y Rivers III, 2010). Sin embargo, el término más aceptado y usado comúnmente es el de criminología verde.

Los puntos hasta aquí expuestos nos hacen coincidir con aquella visión que ubica a la CV como parte del universo de la criminología crítica y desde allí, como autoras latinas, nos parece fundamental posicionarnos desde la perspectiva epistemológica del Sur global. En otras palabras, produciendo teoría y práctica desde y para el contexto social, político, económico e histórico del Sur Global, sobre todo en un tema tan representativo para estas latitudes. Por ejemplo, la Dra. María Laura Böhm explica que los países latinoamericanos son más pobres en términos macroeconómicos formales que los centroeuropeos. Sin embargo, cuentan con enormes cantidades de recursos ambientales en los que se interesan las grandes potencias económicas y empresas transnacionales (Böhm, 2017), que no explotan esos recursos en sus países de origen ya que lo hacen en países del Sur Global.

En conclusión, definiremos entonces a la criminología verde como una perspectiva dentro de la criminología crítica que aborda los daños sociales contra el ambiente, sean primarios, secundarios o terciarios y producidos contra humanos, animales, plantas y/o contra todo el planeta tierra y lo que en él habita o con él se relaciona que pueda llevar al perjuicio o destrucción del mismo. Reconociendo el marco teórico antes señalado, al hablar de criminología verde nos estaremos posicionando en lo que Valeria Vegh Weis denominó “criminología crítica verde del sur”, señalando que “está llamada a entender como indispensable el establecer una conexión entre el daño ambiental, la selectividad de las agencias penales y el contexto socio-económico en el que se producen estos fenómenos teniendo en cuenta las características, necesidades, recursos y conocimientos específicos del Sur Global. En particular, desde esta perspectiva, se propone utilizar la noción de "selectividad penal" para exponer el funcionamiento discrecional del sistema de justicia penal en relación al tratamiento de daños ambientales en el sur global” (Weis, 2019, pág. 55).

Para finalizar, es importante mencionar un concepto desarrollado en el marco de la criminología que vincula los análisis penales criminológicos con la violencia desarrollada en el apartado de extractivismo. Al hablar de extractivismo explicitamos cómo la política extractiva del Norte Global tiene como consecuencia directa el empobrecimiento, la muerte y la mayor desigualdad en el Sur Global. Todo ello fundamentado en la idea del supuesto “desarrollo”, que solo beneficia al Norte Global, se destruyen así los territorios del Sur Global, incluso pudiéndose mencionar como zonas de sacrificio. Este proceso ha sido denominado por varios autores como maldesarrollo, de entre los que destacamos a Svampa y Viale que lo retoman y profundizan (Svampa y Viale, 2014). En relación con este concepto, la Dra. Maria Laura Bhöm propuso la categoría del delito de maldesarrollo, al cual define como: “el conjunto de interrelaciones y actividades en el contexto de políticas y emprendimientos económicos internacionales, transnacionales, regionales y nacionales que conllevan o han concretado el riesgo de obstaculizar la satisfacción de necesidades básicas en el nivel colectivo y participan así en forma directa o indirecta en el ejercicio de la violencia cultural, estructural o física que impide el desarrollo sostenible e integral de una población en términos de paz económica, cultural y legal” (Bhöm , 2019, pp. 79-80). Esta categoría permite ubicar al maldesarrollo en la esfera de lo penal para cruzarlo con los conceptos criminológicos, por ejemplo, entendiéndolo como una forma agravada del delito de cuello blanco. A pesar de que no puede ser propuesta como tipo penal en términos dogmáticos, sí permite darle un encuadre y estudio profundizado a la concatenación de delitos que se llevan a cabo para poner en marcha el maldesarrollo, establecer responsabilidades, entender, además, los mecanismos de legitimación del mismo, su forma de desarrollo global pero con ciertas particularidades locales, como su vínculo con la precarización de la vida, entre otros aspectos (Bhöm , 2019).

Así, ambas categorías se relacionan y son de utilidad para entender lo que describimos y estudiamos en este trabajo. Desde esta perspectiva es que intentaremos analizar aquellos discursos que permiten la producción de daños ambientales y legitiman la selectividad penal perjudicial para quienes se enfrentan a dicha violencia, recortando el enfoque en esta oportunidad a pueblos indígenas.

3. Desarrollo

A continuación, desarrollaremos el análisis de las notas recopiladas, con el fin de evidenciar los posibles discursos (estatales, de medios de comunicación y/o empresariales) que se reproduzcan, desde la óptica de los conceptos de criminología verde y extractivismo antes desarrollados.

Es necesario aclarar que la selectividad de notas es acorde a resaltar las cuestiones previamente explicadas, sin embargo, ello demuestra que todo esto se visibiliza en los hechos de la realidad. En este caso en particular a partir de la selección de notas periodísticas, comunicados de prensa y Tweets, se refleja lo planteado a partir de los discursos de ciertos actores, que consideramos como influyentes y principales. Todo lo recopilado fue sistematizado en un cuadro comparativo, que adjuntamos a este trabajo, el cual facilita la identificación de un discurso, así como su desglose y lectura. De esta manera, buscamos con el presente cuadro, con su análisis y explicación, aplicar los conceptos teóricos estudiados, y la relación, no casual, entre ellos en la realidad argentina.

Partimos de considerar como un actor fundamental a los medios de comunicación. Así, siguiendo las teorías de la comunicación, y considerando que se vive en un mundo globalizado donde las telecomunicaciones juegan un rol fundamental,^[25] debemos prestar especial atención a la manera, y la perspectiva que colocan para comunicar hechos de la realidad. Entonces nos preguntamos ¿qué rol tienen en este entramado de actores nacionales e internacionales que impactan en la realidad de la sociedad argentina?, en otras palabras, ¿qué mensaje dan/buscan dar con la perspectiva que aplican a la hora de comunicar un hecho? En este sentido, siguiendo a Mc Combs y Evatt, la “agenda setting”, que está incluida por la cobertura de los medios de comunicación y la experiencia personal, tiene una mayor influencia en la política que los propios hechos en sí, es decir que la agenda de los mencionados medios conforma en gran parte la agenda pública (1995). Además, esta agenda comprende también las imágenes y perspectivas, es decir que se tiene en cuenta los temas en sí y sus aspectos (Ibid.). De esta manera, los autores a partir del estudio de esta agenda setting establecen que los medios de comunicación pueden influir en la manera en que las personas piensan las temáticas de la agenda pública, en palabras textuales “lo que subrayen los medios-trátese de los temas o de sus aspectos, se convertirá en algo importante para el público”. Además, explican que a partir de sus estudios observaron que cuando las personas más incertidumbre tienen sobre un tema existe una mayor probabilidad en que se vean influenciados por los medios de comunicación. En conclusión, estos autores indican que los medios de comunicación influyen en el modo en que las personas piensan sobre esas cuestiones. Entonces, en los temas que planteamos del extractivismo y criminalizacion donde se habla sobre impactos económicos en supuestos exorbitantes números positivos, donde se explican con tecnicismos los métodos que se utilizan para la exploración y explotación de recursos naturales, la represión a grupos vulnerables que se encuentran alejados de las grandes ciudades, entre estas cuestiones, podemos entender que son temas que no todo el cotidiano de la sociedad conoce ni comprende. Esto se debe a que en la mayoría de los casos se habla sobre términos específicos y es por ello que su influencia en la opinión es aún mayor. A esto se debe tener en cuenta que retoma temáticas como la economía, crisis actual que se mantiene, energía, y dólares, como otros temas familiares que causan gran impacto en la opinión pública. Es por esta razón que analizaremos con qué enfoque los medios comunican las noticias relativas al extractivismo y criminalización de los pueblos indígenas. No obstante, como mencionamos previamente, se vive en un mundo globalizado donde a partir del avance del desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones la difusión de la información corre a grandes velocidades y llega a una gran cantidad de lugares (CEPAL 2002: 19). En este sentido, el rol de los medios de comunicación toma aún más fuerza e importancia, tal como establece la CEPAL, que influye también en la construcción de la identidad social-”efecto de demostración” y reafirma las brechas sociales en el acceso a la información (2002: 24).^[26]

En referencia a esto, es necesario tener en cuenta la clasificación de medios en Tier, que se ejerce en los ámbitos de medios de comunicación,^[27] donde se considera el nivel de audiencia. En nuestro caso, optamos por explicar que los considerados: Tier 1, son aquellos que tienen alcance nacional y que más audiencia poseen y que más impacto generan en la agenda de medios; mientras que los Tier 2 son aquellos más zonales o sectoriales, con un gran alcance; y por último los Tier 3 son aquellos conocidos como de nicho, que menor alcance tienen por lo que menos impacto generan en la agenda de medios. Esta clasificación es relevante al momento de saber cuales son los medios que comunican los hechos y la manera en que los comunican, tal como explicamos previamente. En este sentido la perspectiva que proponen para la difusión de una noticia generará cierto recorte e interpretación de la realidad para quien lo lee y en este caso si la audiencia es amplia o de gran alcance, su impacto será mayor y llegará a una gran cantidad de personas.

Es por lo previamente explicado que el análisis de los comunicados de prensa, de noticias y Tweets seleccionados en el cuadro, ubicado en el anexo, nos arrojaron los siguientes números: del total de 28 piezas, 20 manifiestan expresamente o en vínculo explícito con alguna temática sobre el extractivismo, de esas 20 piezas hay 20 que legitiman al extractivismo, de estas 20: 12 pertenecen a medios considerados Tier 1. Entre estos últimos identificamos a: Clarín, Infobae, Página 12, Ámbito Financiero, TN. De aquellas 20, 4 pertenecen a Tier 2, de los cuales hay dos que son de origen local-provincial, es decir que se los identifica como medios principales en sus provincias (Diario Río Negro y La Mañana Neuquen). Mientras que de esas 20, solo una pertenece a Tier 3. Por otro lado, hay solo 2 notas que cuestionan o rechazan la criminalización de las comunidades indígenas, de estas 2, una pertenece a un Medio Tier 1, en este caso es Página 12, y la otra a un Medio Tier 3 (Resumen Latinoamericano). El restante de las piezas corresponden a Tweets de funcionarios públicos, tanto oficialistas como opositores, o de cuentas oficiales de ministerios o secretarías. En este sentido ninguno de ellos cuestiona el extractivismo ni la criminalización de las comunidades indígenas. Por el contrario, de esas 6 piezas señaladas 3 legitiman el extractivismo y 3 legitiman la criminalización.

A partir de los datos descritos entendemos lo siguiente, los mensajes de legitimación del extractivismo son ampliamente mayores respecto al cuestionamiento de la criminalización de los pueblos indígenas. A ello se le agrega que el mensaje en el primer caso está dado por los medios de mayor difusión y llegada en el país, por lo que considerando lo explicado previamente son formadores de opinión, y teniendo en cuenta que también los mensajes que legitiman el extractivismo y (en su mayoría) la criminalización de las comunidades proviene de funcionarios públicos, el mensaje predominante pareciera ser uno solo. Ahora la pregunta es si este mensaje predomina porque los actores que lo promueven son actores con poder tanto político, como económico y hasta tecnológico.

En consecuencia, es necesario atender que la relación entre el extractivismo y la criminalización de la protesta de pueblos indígenas ha sido estudiada por varios autores. Los pueblos indígenas suelen ser de los más afectados por ciertas actividades extractivistas como las llevadas a cabo por petroleras, fracking y demás. Frente a ello llevan adelante movilizaciones y hasta acciones directas que son reprimidas y dejan un saldo de varias personas detenidas. En todas las latitudes del país hay conflictos entre pueblos indígenas y empresas extractivistas. En un trabajo realizado hace ya tiempo por Maristella Svampa y Claudio Pandolfi explicaron que en el sur de la Argentina hay procesamientos por recuperaciones de tierra que fueron catalogadas judicialmente como “usurpaciones”, cuando se trataron de medidas para evitar la contaminación de la empresa minera Meridian Gold. En el texto también dan cuenta de situaciones similares en enfrentamientos con petroleras en Neuquén o con empresas fumigadoras con agrotóxicos en Formosa (Svampa & Pandolfi, 2004). Si bien el texto de Svampa y Pandolfi es del año 2004, las notas recolectadas para este trabajo aportan evidencia respecto a que la represión de protestas ambientales es habitual y se mantiene. Uno de los conflictos más complejos actualmente se desarrolla en la Provincia de Salta, donde comunidades del pueblo wichí se encuentran intentando detener el desmonte y las fumigaciones en territorio que reclaman como ancestral, enfrentándose a denuncias penales en su contra, mientras no les dan respuesta a las que ellos manifiestan.^[28] Las formas de criminalización son variadas, incluyendo el intento de aplicar las “leyes antiterroristas” contras comunidades en reclamo.^[29] La criminalización alcanza además a organizaciones de otros sectores (territoriales, sindicales, etc) que se solidarizan con los reclamos de los pueblos y acompañan las luchas.^[30]

Este recuento realizado permite evidenciar una serie de entramados donde participan actores de los distintos sectores de poder del Estado, vulnerando sistemáticamente los derechos de pueblos indígenas, negando reconocimiento a su cosmovisión sobre el cuidado de la tierra y criminalizándolos en pos del uso extractivista de la misma. Los pueblos indígenas y el territorio quedan relegados bajo los intereses económicos que se busca satisfacer con el extractivismo. Esto se trata de algo estructural, que se refleja por ejemplo en la cámara de diputados de la Provincia de Mendoza que aprobó una declaración que le quita reconocimiento como pueblo originario al pueblo mapuche, a raíz de un conflicto territorial en zonas donde se pretende realizar explotaciones petroleras de Vaca Muerta.^[31] Previo a ello, los funcionarios que impulsaron la declaración fueron extremadamente explícitos en realizar la vinculación entre las tierras y la explotación petrolera. Traemos a colación las declaraciones del exdiputado Luis Petri (Juntos por el cambio) quien señaló en su cuenta de twitter que “El reconocimiento de la ocupación de la Comunidad Lof Limay Kurref genera un perjuicio inmenso a la Provincia porque afecta áreas petroleras”.^[32]De esta manera, el accionar conjunto de varios actores dio lugar a que el pueblo mapuche que habita la zona deje de ser entendido como un pueblo originario y pase a ser visto como un conjunto de usurpadores y, por ende, abrirse la puerta al sistema judicial y particularmente el penal para que intervenga frente a ese supuesto daño y no al daño que la explotación petrolera podría generar en la forma de vida de las comunidades y en el territorio en su conjunto.

Entendemos que lo que se evidencia con este trabajo es un tipo de violencia invisibilizada, enraizada en las relaciones desiguales de poder en la sociedad que se conforman de la mano del capitalismo, sistema que se ha valido del colonialismo y el extractivismo para generar acumulación de capital, tal como lo desarrollamos a lo largo del texto. En consecuencia, se trata de un tipo de violencia estructural, en otras palabras, una violencia sistemática insertada en la estructura misma de la sociedad (Galtung, 1969).

Ahora bien, en este estudio hemos realizado un detalle respecto a otra forma de violencia concatenada con la estructural, que es la cultural. La violencia cultural es definida por Galtung como “los aspectos de la cultura, la esfera simbólica de nuestra existencia –ejemplificada por religión e ideología, lenguaje y arte, ciencia empírica y ciencias formal (lógica, matemática)- que pueden ser usados para justificar o legitimar violencia directa o estructural” (Galtung, Cultural Violence, 1990, pág. 291). El rol de los medios de comunicación es fundamental para formar opinión social. Lo que reproducen -y lo que no- juega un papel importante en marcar la agenda social e influenciar el “sentido común” generalizado. Es por ello que la violencia que puedan ejercer es una parte de la violencia cultural de la sociedad, que apoya las legitimaciones de violencia que pueden ejercer otros actores como las empresas o el propio Estado (Penalva, 2002), hasta que ello decante en el ejercicio de violencia directa (como en este caso es la represión).

Al observar el accionar de los medios de comunicación observamos que, en principio, parecieran existir dos caras de una misma moneda. Por un lado, la legitimación del ejercicio del extractivismo y por el otro lado la legitimación de la criminalización de quienes lo contrarían, o bien, el descrédito de sus reclamos. Así, en términos de Becker, podríamos decir que los medios actúan como empresarios morales que forman opinión respecto a quienes son outsiders en la sociedad y por ende van a ser etiquetados como desviados, cometan o no una infracción a una norma (Anitua, 2010). Como vimos, en muchos casos esto se materializa en procesamientos penales concretos. En otros casos no ocurre, pero de todos modos limita la solidarización de otros sectores para con las luchas ambientales y desprotege a quienes integran pueblos indígenas en el marco de estos conflictos.

Además del cuadro adjunto, para realizar este trabajo hicimos el ejercicio de ver en Google Noticias cuáles son los primeros resultados de búsqueda de estos temas.^[33] Al buscar las palabras “litio” y “Vaca Muerta” en los títulos de las notas mayoritarias se repetían incansablemente las siguientes expresiones: potenciar exportaciones, desarrollo productivo/industrialización, transición energética, inversiones, impulso, auge, entre otras. Todas con un contenido y enfoque claramente positivo, que tienen un impacto comunicacional esperanzador. Poco hay sobre las dudas respecto a los posibles daños ambientales, y las escasas noticias al respecto las difunden los medios de comunicación de menor alcance, incluyendo los que se denominan alternativos o son de algún partido político de izquierda.

Paralelamente a la buena imagen extractivista, es más complejo encontrar notas respecto a reclamos ambientales pese a que, como explicamos anteriormente, hay reclamos que incluso se han vuelto continuos como algunos acampes. Además de que hay menor cantidad de noticias que evidencian los reclamos por posibles daños ambientales, las que lo receptan incluyen terminología ambigua. No se ve planteado como delictual el ejercicio de un accionar que puede implicar graves daños ambientales como el fracking, pero sí se problematizan las acciones de reclamo de las personas que quieren evitarlo, exponiéndolos como violentos o dando a entender que la represión estatal es un “enfrentamiento” donde se responde a la supuesta violencia de los manifestantes y así amortiguar la empatía social que pudiera generarse.^[34] Incluso hallamos una noticia donde se hace referencia a una supuesta “guardia ambiental”, conformada por personas de una comunidad Wichí de Chaco, que utilizaría armas y formas parapoliciales.^[35] Sin embargo, se usa esa terminología sin detallar concretamente qué vínculo hay entre lo ambiental y estas guardias o por qué se llegó a ese extremo si es que eso realmente ocurrió.

La elección de términos nunca es inocente ni inocua. En la comunicación, el uso de una terminología u otra es una decisión racional y estratégica que permite conformar un discurso a fuerza de repetición e identificación, construyendo un determinado sentido (Samar, 2016). El hecho de que exista tanta similitud en las palabras empleadas y se trate en general de los mismos medios de difusión resaltando el accionar de las mismas empresas y funcionarios públicos, es la prueba de la voluntad de configurar un discurso común en pos de intereses económicos. Es decir, la semejanza da cuenta de que no se trata de notas periodísticas aisladas que casualmente coinciden con declaraciones de funcionarios y acciones de empresas, sino que se trata de un ejercicio planificado y conjunto para configurar un discurso legitimante del extractivismo que a su vez necesita deslegitimar a todo aquello que se le enfrente o lo contradiga. No es un dato menor que los medios que sí toman las situaciones de represión a pueblos indígenas en lucha, desde una perspectiva de apoyo, suelen ser medios alternativos o de organizaciones sociopolíticas, es decir, medios Tier 3 y por ende con menos posibilidad de incidencia en la opinión pública, y en consecuencia en la política.

Esta unicidad se replica también por parte de varios partidos políticos, incluídos los mayoritarios y a excepción de partidos de izquierda. Los discursos legitimantes del extractivismo y criminalización de pueblos indígenas se manifiestan en las declaraciones de funcionarios como el mencionado Luis Petri (Juntos por el Cambio), el presidente Alberto Fernandez (Frente de Todos),^[36] el Ministro Sergio Massa (Frente de Todos),^[37] Miguel Angel Pichetto (Juntos por el Cambio),^[38] la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación Mercedes Marcó del Pont (Frente de Todos),^[39] el gobernador de Jujuy Gerardo Morales (Unión Cívica Radical),^[40] la diputada Victoria Villarruel (Libertad Avanza),^[41] entre otros. De igual manera ocurre con las acciones del Estado en sí, ejemplificadas en la declaración mendocina ya citada o las publicaciones de la Secretaría de Minería.^[42] Esto evidencia una complicidad de quienes disputan el poder en el gobierno con las políticas extractivistas. Además, son quienes también ejecutan las acciones de criminalización hacia pueblos indígenas. Este es un aspecto más para evidenciar la conformación de un discurso multisectorial, multitendencial y unificado. El extractivismo aparece como la respuesta para salir de las crisis tanto para los partidos de derecha o ultraderecha como para los partidos que se autoproclaman progresistas o de centro. En consecuencia, tal como desarrollamos en el marco teórico, se evidencia una verdadera política de Estado producto de las necesidades de un momento del sistema capitalista, que trasciende los matices entre los partidos políticos que ocupan momentáneamente el gobierno.

El reflejo de esta política legitimante y criminalizante impulsada por el Estado y las empresas y apoyada por los medios de comunicación da como resultado un discurso donde queda claro que el extractivismo supuestamente es una fuente de riqueza y progreso, mientras quedan algunas dudas respecto a cuánta oposición hay a estas prácticas, quien la encabeza y qué tan legítimas son sus demandas y métodos de protesta. Retomando el concepto de delito de maldesarrollo ya explicado, advertimos que los resultados que surgen de nuestra búsqueda son en parte una prueba de la actuación combinada de grupos de interés de información nacional junto a actores estatales para legitimar el delito de maldesarrollo (Bhöm, 2019).

La posible destrucción de territorios, convertidos en zonas de sacrificio donde pueden obstaculizar las necesidades básicas de los seres vivos, no es visibilizada. Entonces, los “violentos” a los que pueda atrapar el sistema penal no son los que pueden causar daños socio-ambientales, sino quienes reclaman por visibilizar ese daño real o inminente. Aquí cabe entonces una consideración respecto a la violencia y el sentido que se le atribuye, ya que al invisibilizar la violencia estructural inicial, el accionar directo de los manifestantes (la toma de una tierra, el lanzamiento de una piedra, la pintada de una calle, etc) se muestra cómo violencia directa original e irracional, es decir, inicial y sin ninguna causa anterior. De esta manera se pierde el contexto y se plantean desde juicios hasta propuestas sobre premisas falsas, con resultados inoperantes.^[43] Además, más allá de si la criminalización a luchadores sociales culmina o no con la condena y la privación de libertad, el mero hecho de iniciar una causa penal y una ceremonia de degradación con detenciones tiene un impacto. Estos ataques pueden causar desmovilización ya que las personas criminalizadas o su entorno puede asustarse, recluirse y/o cansarse, y optar por ya no reclamar. Asimismo, dificultan la solidaridad entre sectores en lucha.

Respecto a la forma en la que se abordan estas temáticas en los medios evidenciamos que hay un proceso de sobre e infra visbilización, inversamente proporcional a la sobre e infra criminalización de la que habla Valeria Vegh Weis. Esta autora explica que “Cuando abordamos específicamente los delitos ecológicos, la selectividad penal expone que, por un lado, el control penal se está utilizando intensamente en detrimento de los pueblos indígenas a pesar del hecho de que sus protestas no producen un daño social significativo e incluso están enmarcadas dentro de derechos constitucionales (sobre-criminalización). Por otro lado, la selectividad penal en la temática de delitos ecológicos expone que el sistema de justicia penal no se utiliza para abordar daños ecológicos ni el uso ilegal de la fuerza contra los pueblos originarios por parte de las agencias de seguridad del Estado, a pesar del daño severo que esos comportamientos producen contra el medio ambiente y las vidas e integridad física de las comunidades (infra-criminalización)” (Weis, 2019). Entonces, se sobre-criminalizan las acciones de pueblos indígenas, mientras que se infra-criminalizan los posibles daños ambientales. Inversamente, evidenciamos que los medios de comunicación infra-evidencian la legitimidad de los reclamos de pueblos indígenas, mientras que sobre-evidencian las supuestas ventajas del extractivismo pese a los daños ambientales que genera. De esta manera se completa el circuito de un discurso que integra la violencia cultural y así legitima la violencia estructural.

El rol que Latinoamérica tomó en la distribución internacional del trabajo en el mundo globalizado impactó al interior de los mismos Estados, a partir de la toma de diversas medidas para adaptarse económicamente a este rol asumido. Desde esta perspectiva los territorios eran socialmente vaciables con la finalidad de alcanzar un potencial desarrollo y crecimiento económico (que al final nunca llega para el sur y siempre va al norte). Por esta razón, las comunidades y sus territorios implicados pasan a ser invisibilizados a fin de responder a estos “intereses mayores”, como así también las consecuencias que éstos sufren por los proyectos desarrollados (Svampa y Viale 2020: 173; 176; Machado Araoz 2017: 195). Así, asumen y mantienen esas relaciones de subordinación y reivindican el relato de un desarrollo y crecimiento económico, que sigue sin arribar. El proceso de infra-visibilización al que hacemos referencia es la arista cultural de estas políticas.

A los fines de este trabajo, resaltamos la presencia de las demandas de los pueblos indígenas para así visibilizar que sus afectaciones suelen ser ocultadas, tal como lo mencionamos, en pos de una promesa económica que los excluye como así también al resto de la clase trabajadora. Esto último se refleja en los crecientes índices de indigencia y pobreza que acarrean los Estados latinoamericanos, por lo que aquellas promesas de crecimiento económico y redistribución de la riqueza por la venta de bienes extraídos de la naturaleza se mantiene incumplida y aumentan las afectaciones multidimensionales que estas poblaciones vivencian. Es así que el los conflictos socioambientales se encuentran en aumento por la situación de los Estados de querer incrementar sus rentas a partir de la apropiación de recursos naturales, en la búsqueda de materias primas con el fin de ser exportadas sin considerar la afectación a los territorios y los espacios de vida (Ulloa y Coronado 2016: 26). No se trata de no utilizar los bienes de la tierra, sino del cómo, para qué y para quién.

4. Conclusiones

A partir del marco teórico desarrollado entendemos que el extractivismo se presenta falazmente como una salida a crisis económicas. Pese a que responde realmente a los intereses de empresas transnacionales e instituciones financieras internacionales y no se refleja necesariamente en mejoras de la calidad de vida de la población, a la par que es potencialmente dañino para el ambiente y todo lo que en él habita. Las políticas extractivistas atentan, entre otros, contra los derechos de los pueblos indígenas, quienes además son criminalizados por sus reclamos y así marginalizados de la sociedad.

Con esa premisa realizamos un análisis de los discursos relacionados al extractivismo, provenientes de agentes estatales, empresas y/o medios de comunicación en Argentina. Nos valimos de diversas formas de búsqueda para rastrear opiniones y declaraciones. Además, hicimos un análisis de los medios de comunicación para entender las diferencias de alcance de cada medio. De igual manera registramos de qué partido político masivo provenían los discursos relacionados al tema, encontrando consonancia a excepción de los partidos de izquierda revolucionaria.

Los resultados obtenidos permiten inferir la existencia de un discurso unificado que opera como violencia cultural, legitimando la criminalización de pueblos indígenas que reclaman por sus derechos, invisibilizandolos como sujetos de derecho y desacreditando sus propuestas y objeciones, a la par que se legitima el extractivismo y se sobre-visibilizan las supuestas consecuencias positivas de su implementación sin desarrollo de sus peligrosidades.

De los resultados también extraemos que este discurso sincronizado y unánime es reproducido, al servicio del sector empresarial, tanto por actores estatales como por medios masivos de comunicación. Si bien el recorte de noticias aún es breve para poder afirmar con total certeza las generalidades descritas, debido a las extensiones cortas de una ponencia de estas características, entendemos que es un punta pie inicial y contundente para comenzar a desandar las lógicas discursivas que operan solapadamente para habilitar el accionar extractivista.

Ubicamos la importancia del análisis y desarme de estos discursos, en que se trata de empresarios morales que inciden categóricamente en la opinión pública. De esta manera buscan legitimar el delito de maldesarrollo, generando consenso social a su alrededor.

En este escenario es necesario el compromiso activo de investigadores/as y académicos/as del sur global, que tomen la tarea de estudiar y visibilizar estos fenómenos, para generar propuestas convincentes, cuestionadoras, críticas y efectivas en pos de los intereses y respeto de nuestros pueblos y territorios. Entendemos que de esta forma se promueve salir de la dependencia económica y epistemológica del Norte Global, pero para ello es necesario que existan esas acciones de visibilización que se cuestionen estos discursos armados y difundidos por los actores más poderosos. Creemos que la perspectiva crítica es fundamental para la construcción de una sociedad democrática donde se respeten y se garanticen las culturas y creencias de todos sus habitantes.

Bibliografía

ANITUA, G. I. (2010). Historia de los pensamientos criminológicos (1 ed. 2 reimp. ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editores del Puerto.

BECKER, H. (2009). Outsiders: hacia una sociología de la desviación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI.

BETANCOURT SANTIAGO, M. y PORTO GONCALVES, C. W. (2017). Cuestiones críticas sobre extractivismo y productivismo: un análisis desde el pensamiento crítico, la ecología política y las prácticas políticas de los grupos subalternizados. En: ALIMONDA, H; TORO PÉREZ, C. MARTÍN, F. (coords.), Ecología Política latinoamericana. Pensamiento crítico y horizontes emancipatorios en clave sur. 1ª ed.- Buenos Aires: CLACSO

BÖHM, M. L. (2017). Empresas transnacionales, violaciones de derechos humanos y violencia estructural en América Latina: un enfoque criminológico. Revista Crítica penal y poder (17), 41-65.

BÖHM, M. L. (2019). El Delito del Mal Desarrollo. En Letra: Derecho Penal. Año V, Número 8, pp-78-116. Instituto de Ciencia Jurídicas de la UNAM

BÖHM, M. L. (2020). Empresas transnacionales, recursos naturales y conflicto en América Latina: para una visibilización de la violencia invisible. 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Secretaría de Investigación /Departamento de Publicaciones.

GALTUNG, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 171.

CEPAL. (2002). Globalización y Desarrollo. Vigesimonoveno período de sesiones. Brasília, Brasil. 6 al 10 de mayo de 2002. Obtenido de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2724/2/S2002024_es.pdf

DUARTE, M. (2002). El Consenso de Washington y su correlato en la Reforma del Estado en la Argentina: los efectos de la privatización. En: Más allá del pensamiento único. Hacia una renovación de las ideas económicas en América Latina y el Caribe. Buenos Aires: CLACSO

GALTUNG, J. (1990). Cultural Violence. Journal of Peace Research, 27(3), 291.

GIBBS, C., GORE, M. L., MCCARRELL, E. F., & RIVERS III, L. (2010). Introducing conservation criminology: Towards interdisciplinary scholarship on environmental crimes and risk. British Journal of Criminology, 50(1): 124-144. Recuperado de BRISMAN, A.; RODRÍGUEZ GOYES, D.R.; MOL, H.; SOUTH, N. (2018). Una introducción a la criminología verde: raíces, teoría, métodos y temas de estudio, Bogotá, Editorial Temis, pp. 8.

GUDYNAS, E. (2015). Extractivismos: Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza. Cochabamba: CEDIB

HARVEY, D. (2005). El “nuevo” imperialismo : acumulación por desposesión. Buenos Aires : CLACSO

Jarque, M. A. (2021). ¿Qué es la criminología verde? Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística, 16, 84.

Lander, E. (2017). Neoextractivismo: Debates y conflictos en los países con gobiernos progresistas en suramérica. En: Alimonda, H.; Toro Pérez, C.; Martín, F. (coords.), Ecología Política latinoamericana. Pensamiento crítico y horizontes emancipatorios en clave sur. 1ª ed.- Buenos Aires: CLACSO

Lynch, M. J. (1990). The greening of Criminology: A perspective for the 1990s. Critical Criminologist, 2(3), 3-12.

Machado Araoz, H. (2017). “América Latina” y la Ecología Política del Sur. Luchas de re-existencia, revolución epistémica y migración civilizatoria. En: Alimonda, H.; Toro Pérez, C.; Martín, F. (coords.), Ecología Política latinoamericana. Pensamiento crítico y horizontes emancipatorios en clave sur. 1ª ed.- Buenos Aires: CLACSO

Mc. Combs M. y Evatt D. (1995). Los temas y los aspectos: explorando una nueva dimensión de la agenda setting en comunicación y sociedad. Comunicacion y sociedad, Vol. VII. N°1. Pamplona, pp. 5-32

Penalva, C. (2002). El tratamiento de la violencia en los medios de comunicación. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social(10), 395-396.

Potter, G. R. (2017). Criminología verde como ecocriminología: el desarrollo de una ciencia social del crimen ecológicamente informada. En Introducción a la Criminología Verde (págs. 33, 34 y 43). Bogotá: Fondo Editorial Universidad Antonio Nariño.

Samar, R. (2016). El medio es la violencia : cultura, comunicación y construcción de la realidad. Neuquén: Ediciones Con Doble Zeta.

Sutherland, E. (1999). El delito de cuello blanco. (R. Del Olmo, Trad.) Madrid: Ediciones de La Piqueta.

Svampa, M., & Pandolfi, C. (2004). Las vías de la criminalización de la protesta en Argentinav. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 292-293. Obtenido de http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/osal/20110307104017/32Svampa.Pandolfi

Svampa, M. y Viale, E. (2014). Maldesarrollo: La Argentina del extractivismo y el despojo. Buenos Aires: Katz

Svampa, M. y Viale, E. (2020). El colapso ecológico ya llegó. 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores

Ulloa, A. y Coronado, S. -eds-(2016). Extractivismos y postconflicto en Colombia: Retos para la paz territorial. 1ª ed.-Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Geografía ; Centro de Investigación y Educación Popular Programa por la Paz (CINEP/PPP)

Weis, V. V. (2019). Por una criminología crítica verde del sur. Análisis sobre selectividad penal, pueblos indígenas y daños ambientales en Argentina. Revista crítica penal y poder 16), 55.

White, R. (2010). Globalisation and environmental harm. En R. White (ed.), Global environmental harm: Criminological perspectives (pp. 3-19). Cullompton, uk: Willan. Recuperado de Brisman, A.; Rodríguez Goyes, D.R.; Mol, H.; South, N. (2018). Una introducción a la criminología verde: raíces, teoría, métodos y temas de estudio, Bogotá, Editorial Temis, pp. 8.

Notas