En materia de información se postula la inexistencia de un deber general de informar. Se ha efectuado una distinción entre deberes típicos y atípicos. En el caso de los denominados deberes atípicos, si bien su fundamento último es el principio de buena fe, para que la obligación de informar sea exigible, es menester tener en cuenta las siguientes circunstancias: Que exista desequilibrio informativo entre las partes; que el
acreedor de la información ignore ciertos datos y que le sea imposible objetiva y subjetivamente informarse; que el deudor de la obligación disponga de la misma o que pueda obtenerla a un costo menor o similar al que le insumiría al acreedor; que conozca la relevancia de la misma para su co-contratante.
Se entiende también que el deber de información reconoce límites que derivan no sólo del correlativo deber de lealtad que exige no actuar negligentemente, sino del costo de informarse, de la existencia de registros públicos o del derecho al secreto que pueda tener el titular del dato o el que le hayan impuesto sus detentadores.
Se ha efectuado una clasificación entre secreto objetivo y subjetivo y se analiza la relación de ambos con el contrato. También se analizan los límites del secreto, en especial el derecho a su revelación o de emitir alertas.
Finalmente se concluye que si bien información y secreto parecen términos antitéticos, la prevalencia de uno u otro debe ser analizada en concreto, conciliando ambos términos mediante un juicio de ponderación de los intereses en juego.
As regards information, the inexistence of a general obligation to inform is postulated. A
distinction between typical and atypical duties has been established. Even though the so-called atypical
duties’ ultimate foundation is the good faith principle, in order to impose the obligation to inform, it is
essential to take into account the following circumstances: an informational imbalance between parties;
that the creditor of the information ignores certain pieces of information and finds it impossible to be
objectively and subjectively informed; that the debtor of the obligation has access to it, or that he is able
to obtain it at a cost that is lower or similar to the creditor’s; that the person knows its relevance for the
co-contractor.
It is also understood that the duty to inform recognizes limits that derive not just from the correlative duty
of loyalty that demands not to act negligently, but also from the cost of being informed; the existence of
public records; or from the right to secrecy that the data owner may possess or may have been imposed to
the him by the data right holder.
A classification has been made between objective and subjective secret, and their relationship is analyzed
along with the contract. The limits of the secret are also analyzed, especially the right for it to be
disclosed or to alert.
It is finally concluded that, even though information and secret may seem antithetical terms, the
prevalence of one or the other must be specifically analyzed through a balanced judgment of the interests
at stake.
